La Plaza Arriba España, la calle
Caídos de la División Azul, la Plaza del Caudillo... el abogado Eduardo Ranz ha
contado hasta 168 calles, plazas y otos centros públicos con denominación
franquista en el callejero madrileño.
El juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha admitido a
trámite este martes la demanda contra el Ayuntamiento de
Madrid presentada el pasado 24 de noviembre por el letrado para exigir
la retirada inmediata de la simbología franquista de
la capital.
En su demanda, Ranz detalla la amplia
presencia de estos símbolos en la ciudad de Madrid, que va del callejero a la
denominación de colegios y otros espacios espacios públicos. "Ahora
serán los jueces, y no los políticos, los que decidan sobre la Ley de memoria
histórica", celebra el letrado en declaraciones a Europa Press.
Ahora Madrid paralizó
el plan
La abstención de Ahora Madrid
hizo que la propuesta presentada como moción de urgencia por el PSOE para
adaptar el callejero de Madrid a la Ley de Memoria Histórica no saliera
adelante el pasado mes de noviembre. La decisión del consistorio sorprendió a
todos ya que Manuela Carmena había expresado en varias ocasiones su intención
de acabar con el callejero franquista. La portavoz del consistorio Rita Maestre
argumentó que no quería que esta materia fuera usada por los partidos con fines
electoralistas dada la proximidad de las elecciones.
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena presentará este miércoles un Plan de Derechos Humanos para el
Ayuntamiento de la capital que tiene como objetivo garantizar la aplicación de la ley
de Memoria Histórica por lo que parece que la cosa no
llegará a mayores.
El Confidencial llevó a cabo un estudio
sobre lo que costaría cambiar el nombre de 162 calles y plazas de Madrid. El
montante ascendía a 53.000 euros.
Ranz ha insistido en varias ocasiones con
este tema a los diversos gobiernos de Madrid. La última petición fue registrada
en julio de 2015, tras el cambio de gobierno municipal.
Además en febrero de este año, Ranz
denunció a 38 alcaldes por incumplir la Ley de Memoria
Histórica y mantener símbolos franquistas, entre ellos Ana Botella y Xavier
Trías. "El Ayuntamiento ya fue requerido el 14 de abril y el 22 de julio
de este mismo año, es decir, con dos alcaldesas diferentes", afirma
Eduardo Ranz.
El juez da un plazo de 20 días al
Ayuntamiento de Madrid para que aporten el expediente administrativo
"completo". Contra la resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días.
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