Lo primero que habría que preguntarse es cómo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tenía semejante cantidad en su tesorería y, además, en un solo banco cuando su misión es, precisamente, el de proteger y generar competencia entre las empresas privadas.
La cantidad en sí, teniendo en cuenta que la CNMC cobra las multas impuestas a grandes compañías o grandes lobbies, puede estar justificada por esta razón. Sin embargo, lo que no se justifica en modo alguno es la retirada de esos depósitos.
Las instituciones públicas retiraron en los días previos a la incautación del Popular un total de 14.000 millones de euros. Entre estas instituciones se encontraba el Gobierno de Canarias y la propia Tesorería de la Seguridad Social.
Las instituciones públicas retiraron en los días previos a la incautación del Popular un total de 14.000 millones de euros. Entre estas instituciones se encontraba el Gobierno de Canarias y la propia Tesorería de la Seguridad Social.
Pero hubo más: Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entidades dependientes directa o indirectamente del Gobierno de Rajoy del PP.
Sin embargo, que sea un organismo dependiente directamente del Ministerio de Economía y Competitividad nos da una idea de que la filtración al resto de instituciones públicas tuvo que partir del ministerio de Luis de Guindos.
La consecuencia fundamental de estos movimientos fue una pérdida importante de depósitos y, por tanto, de liquidez que fue una de las causas que se argumentó para intervenir al Popular.
Sin embargo, hay otros muchos movimientos oscuros, algunos de los cuales ya han ido apareciendo en estas páginas, sobre todo en lo referido a la documentación y a los datos que se utilizaron para la intervención y la posterior venta por un euro del Popular al Santander.
Según fuentes consultadas por Diario16, no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR.
Según quienes están metidos en la operación de rescate al Santander, fue Emilio Saracho quien informó de que el banco no tenía liquidez para, siquiera, abrir las oficinas al día siguiente.
Esto no fue así. Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario para hacerlo. Por otro lado, ese documento, de ser cierta su existencia, no es legal porque no fue pasado por el Consejo de Administración que es quien, según los Estatutos, tiene que aprobar esa comunicación.
Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de Saracho cobraron 7 millones de euros, de los que 4 correspondían al propio presidente que llevó al Popular a ser intervenido. Ese Consejo pudo cobrar esa cantidad por la comunicación que ellos no firmaron.
La duda es: ¿cómo pudieron cobrar esa cantidad cuando la entidad no era viable y no disponía de liquidez?
Otro aspecto importante para tener en cuenta es el ya famoso informe de Deloitte y la negativa constante de la JUR a hacerlo público o a que sea consultado.
Se lo ha negado a los abogados de los afectados, se lo ha negado a europarlamentarios españoles, se lo ha negado hasta al propio Congreso de los Diputados.
¿Hasta dónde va a llegar la desfachatez de las autoridades económicas europeas que niegan el acceso a documentación que debería ser pública a los representantes legítimos de un Estado soberano y miembro tanto de la Unión Europea como de la Eurozona?
¿Qué esconde ese documento para que se niegue ese acceso?
Es tanto el oscurantismo que, incluso, se duda de que el informe de Deloitte exista y, de ser así, el escándalo ya sería de proporciones bíblicas.
Lo mismo que con las actas de la subasta que llevó a que el Popular fuera entregado por un «justiprecio» de 1 euro.
El propio presidente del FROB, Jaime Ponce, reconoció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados contemplaba un escenario positivo para el Popular pero que no fue tenido en cuenta porque no se podía aplicar con la normativa actual.
Esto ya lo afirmamos en Diario16 hace dos meses y ahora es el propio FROB quien lo reconoce. ¿
Qué es eso de que no se podía aplicar?
En juego estaba el patrimonio económico de más de 300.000 familias a las que les ha sobrevenido la ruina, familias de trabajadores, autónomos, pensionistas, jubilados, etc., no grandes inversores o especuladores, que también los hay, pero en menor número.
Sorprende que la Audiencia Nacional, en concreto, el juez Fernando Andreu, no actúe de oficio teniendo conocimiento de todos estos datos e información sobre los hechos acaecidos en todo el proceso que llevó a la intervención del Popular, sabiendo que Europa se niega a facilitar al pueblo español el informe de Deloitte sobre el que se fundamenta el ultraje, la presunta estafa, la connivencia con el beneficiario; conociendo la manipulación de la CNMV o del Banco de España; con la evidencia todos los espurios comportamientos permitidos por el Gobierno de España y, más concretamente, por Luis de Guindos, presunto cómplice en el expolio y la ruina de más de 300.000 familias españolas.
Es sorprendente que la Justicia no acepte frenar esta sangría de penas, ruinas, maltratos, vulneración de los derechos humanos o provocación de muertes y enfermedades a miles de españoles sin sentir nada en su conciencia.
¿Tanto importan las minutas, regalos, gratificaciones, concesiones, donaciones más o menos espurias o no justificadas?
Todo lo que rodea a la operación del Popular es oscuro, como lo fue la Edad Media, pero todo lleva al mismo destino:
proteger al Santander sin importar un ápice la ruina de 300.000 ciudadanos, de los cuales más de 240.000 son pensionistas, más del 70% del total.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el jefe del Estado -Rajoy y su corte del PP- tienen que demostrar que no están prevaricando en el caso Santander-Popular.
Tienen que demostrar en qué se diferencian o pueden diferenciarse sus comportamientos de responsabilidad, justa o no, sobre el desafío catalán de la dejadez y presunta connivencia con los 300.000 arruinados por la intervención del Popular en favor del Santander y de terceros.
El propio Mariano Rajoy y su gobierno no paran de decir que la ley hay que cumplirla cuando se refieren al referéndum catalán.
Sin embargo, la ley se ha vulnerado en la incautación del Popular y no se ha oído al ministro de Justicia, al de Hacienda, al presidente, a Felipe de Borbón ni, por supuesto, a Luis de Guindos defender la ley en este caso.
La ley está para cumplirla por todos, tanto por los catalanes como por el Santander o por el propio Gobierno, informa Diario16.
La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander.
Nuevamente, las instituciones europeas -en manos de la derecha neoliberal y corrupta- están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de otros 300.000 ciudadanos españoles sirviera para rescatar al Santander, banco del franquismo nazional.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá este martes a las cinco de la tarde en la comisión del Congreso para explicar por qué su departamento designó al exministro José Manuel Soria para un alto cargo del Banco Mundial pese a que había tenido que dimitir en abril por aparecer en los ‘papeles de Panamá’.
El Gobierno en funciones del PP insistió este lunes en desatenderse de la designación de José Manuel Soria como aspirante a director ejecutivo del Banco Mundial, pese a que se acrecientan las críticas al nombramiento incluso en sus filas.
No se trata de la primera vez que la promoción de dirigentes vinculados al PP causa malestar.
Ángel Ron (54 años) cobrará 1,1 millones de euros al año de forma vitalicia, según fuentes del banco.
El vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera, dijo a los accionistas que la pensión sería "hasta su jubilación".
Para cubrir esta pensión, el banco ha dotado un fondo que asciende a 24,21 millones. Ángel Ron fue relevado ayer de su puesto tras algo más de 12 años al frente de la entidad.
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