El patrón detectado en Albaida del Aljarafe podría no ser un caso aislado
Se estrecha el cerco sobre el pucherazo electoral del PSOE en Albaida del Aljarafe: un 46% de votos fueron modificados en la propia oficina de Correos

La causa se remonta a 2019, aunque cobró nuevo impulso cuando la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir el procedimiento en 2022. El tribunal fue especialmente crítico con la decisión inicial de archivar la investigación, señalando que el juzgado instructor había cerrado el caso de manera prematura y sin analizar adecuadamente los indicios disponibles. En su resolución, la Audiencia sostuvo que los hechos denunciados no podían considerarse irrelevantes desde el punto de vista penal y que era necesario profundizar en las diligencias.
Uno de los elementos que despertó la alerta de los investigadores fue el extraordinario incremento del voto por correo en la localidad. Mientras que la media nacional en las municipales de 2019 se situó alrededor del 3,6%, en Albaida del Aljarafe alcanzó el 14,92%, una proporción inusualmente elevada para un municipio de pequeño tamaño. Esta circunstancia, unida a diversos testimonios y a la revisión de documentos, llevó a la Guardia Civil a examinar con detalle el proceso de tramitación de los sufragios.
Según los informes recabados, varias solicitudes de voto por correo fueron presentadas en las mismas fechas, especialmente durante los meses de abril y mayo de 2019. Sin embargo, los sobres que debían enviarse de inmediato a la oficina principal de Olivares —donde se custodian los votos en una caja fuerte— no se trasladaron de forma inmediata. En numerosos casos permanecieron retenidos en la oficina auxiliar de Albaida y se enviaron posteriormente de forma escalonada, incluso hasta veinte días después.
Fuentes cercanas a la investigación explican que esa estrategia respondía a un objetivo concreto: evitar que el elevado número de solicitudes registradas en determinados días llamara la atención de las autoridades electorales o de los responsables de Correos. Para ello, los envíos se habrían dosificado progresivamente hacia la oficina principal, creando un sistema que permitía canalizar los votos sin generar sospechas.
Las pesquisas también han identificado un supuesto método de captación de votos que combinaba diferentes prácticas irregulares. Entre ellas se encuentran la suplantación de identidad, presiones sobre los electores y la promesa de empleo temporal en el Ayuntamiento a cambio de apoyar al PSOE mediante el voto por correo.
Uno de los testimonios incluidos en la causa corresponde a un vecino del municipio identificado como J.M.M., quien aseguró que se le ofreció un contrato municipal si cedía su voto. Según su relato, ni siquiera tuvo que acudir personalmente a la oficina postal: entregó su documento de identidad a B.D.A., entonces encargado general del Ayuntamiento y marido de la teniente de alcalde, quien presuntamente se encargó de tramitar el voto sin que él participara en el proceso ni firmara la documentación.
La investigación también sitúa en el centro del caso a un trabajador de la oficina local de Correos, identificado como A.G.D. Los investigadores sostienen que este empleado habría gestionado solicitudes de voto en nombre de otras personas sin que los votantes estuvieran presentes. Según las diligencias, su papel habría sido clave para tramitar las solicitudes y facilitar el proceso dentro de la oficina postal.
El procedimiento judicial también pretende aclarar si existió algún grado de responsabilidad institucional dentro de la empresa pública. En ese contexto, la Justicia ha citado a declarar como testigo a Olga García Sáez, directora de operaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con el objetivo de esclarecer cómo se gestionaron las solicitudes de voto por correo y qué controles se aplicaron durante el proceso.
Los documentos analizados sugieren además que el patrón detectado en Albaida del Aljarafe podría no ser un caso aislado. Según la información recopilada, prácticas similares habrían aparecido en otros municipios de distintas provincias, como Almería, Murcia, Tenerife, Melilla o Ciudad Real. En todos ellos se repiten elementos comunes: gestión de votos por parte de terceros, promesas de beneficios a cambio del sufragio, utilización de documentos de identidad ajenos y manipulación de trámites en oficinas de Correos.
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