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11 de marzo de 2024

Nueva ley responsabilizaría a los fabricantes de vacunas COVID por lesiones y muertes

 

Nueva ley responsabilizaría a los fabricantes de vacunas COVID por lesiones y muertes

Por Michael Nevradakis, Ph.D. El defensor

El representante Chip Roy (R-Texas) presentó el martes un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses demandar a los fabricantes.de las vacunas COVID-19 para eventos adversos relacionados con las vacunas, incluidas muertes, eliminando el escudo de responsabilidad de los fabricantes de vacunas.

La  Ley Permitir que los Estadounidenses Heridos Tengan Empoderamiento Legal , o Ley LIABLE, “permitiría a los estadounidenses que tomaron vacunas que fueron promovidas de manera engañosa y forzadas a muchos estadounidenses a través de mandatos federales a iniciar un litigio civil por sus lesiones”, según un resumen del proyecto de ley  publicado por Fox News .

“Estas vacunas recibieron autorización de uso de emergencia unilateralmente y no pasaron por el proceso normal de aprobación de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.]”, afirma el resumen.

Al comentar sobre la legislación propuesta,  la presidenta de Children's Health Defense  (CHD), Mary Holland, dijo:

“Los daños y muertes causadas por la vacuna COVID-19 exigen rendición de cuentas. Esta legislación representa un hito fundamental para rectificar estas injusticias y allanar el camino para un futuro más responsable. Esta legislación es crucial para responsabilizar a los fabricantes de vacunas”.

CHD se encuentra entre las organizaciones que apoyan la legislación.

Según la oficina de Roy , “las vacunas COVID-19 se consideran 'contramedidas' según la  Ley de Preparación y Preparación Pública (PREP) , que protege ampliamente a sus fabricantes de la responsabilidad civil relacionada con las pérdidas derivadas de las vacunas".

“En cambio, los estadounidenses lesionados deben buscar reparación bajo el oneroso  Programa de Compensación por Lesiones de Contramedidas  (CICP), pero solo   se han pagado 11 reclamaciones relacionadas con COVID-19 con cargo al CICP”.

Holland dijo que el CICP es “totalmente inadecuado e inconsistente con los principios constitucionales al brindar una reparación justa”.

La legislación propuesta eliminaría todas las protecciones de responsabilidad federal para la vacuna COVID-19, preservaría la capacidad de los estadounidenses lesionados de acceder a programas de compensación preexistentes, como el  Programa Nacional de Compensación por Lesiones por Vacunas  (VICP), y sería retroactiva, permitiendo a los estadounidenses vacunados. y lesionado antes de la aprobación del proyecto de ley para demandar.

En un comunicado, Roy dijo: “La larga serie de abusos cometidos por el gobierno y el sistema de salud pública en respuesta al COVID-19 seguirá impactando al pueblo estadounidense en los años venideros”.

Como resultado, Roy dijo que está “presentando la Ley RESPONSABLE para empoderar a los estadounidenses a eliminar  las protecciones de responsabilidad federal de compinches  para los fabricantes de vacunas COVID-19 y empoderar a los estadounidenses lesionados. El pueblo estadounidense merece justicia por la violación de su libertad médica personal y aquellos que han sufrido daños médicos merecen restitución”.

React19 , una organización sin fines de lucro que defiende a las víctimas de lesiones por vacunas, también acogió con satisfacción la legislación propuesta. El Dr. Joel Wallskog , un cirujano ortopédico de Wisconsin que ya no ejerce debido a las lesiones que sufrió por la vacuna Moderna COVID-19, es copresidente de la organización. Le dijo  a El Defensor :

“React19 apoya la Ley RESPONSABLE. La emergencia de salud pública del COVID-19  terminó en 2023 . A pesar de esto, las compañías farmacéuticas, el gobierno y las organizaciones de atención médica todavía están protegidas de toda responsabilidad a través de la Ley PREP  hasta al menos el 31 de diciembre de 2024 .

“Esta inmunidad general proporcionada por la Ley PREP priva al público estadounidense perjudicado por las inyecciones de COVID-19 de su derecho al debido proceso y a un juicio con jurado. Estamos relegados al CICP, lo cual es un fracaso evidente”.

"La retrospectiva mostrará que esto era absolutamente necesario"

Según Fox News, la Ley PREP “ limita la responsabilidad por la fabricación , desarrollo y distribución de contramedidas médicas relacionadas con una emergencia de salud pública”. Las vacunas contra la COVID-19 se distribuyeron en EE.UU. sobre esta base.

A su vez, la Ley PREP creó el CICP, “que tiene un plazo de prescripción de un año y solo proporciona compensación en caso de muerte o lesiones graves”, informó Fox News. Como resultado, los fabricantes de vacunas COVID-19 “son en su mayoría inmunes a demandas civiles, incluso si quienes buscan daños monetarios tienen pruebas médicas de sus lesiones relacionadas con la vacuna”.

“Millones de estadounidenses se vieron obligados a vacunarse contra el COVID-19 por miedo a perder sus medios de vida y con falsos pretextos”, dijo Roy a Fox News el martes, contrastando las 11 reclamaciones compensadas por el CICP con los 700 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. que han sido administrados en los EE.UU.

Wallskog dijo que CICP “tiene una tasa de denegación del 98%” y, hasta el 1 de enero, ha emitido un total “de alrededor de $41,000” para las 11 reclamaciones que ha compensado, un promedio de aproximadamente $3,700 por reclamación.

Ray Flores, abogado externo senior de CHD, es un experto en la Ley PREP y CICP. Le dijo a The Defender que “estaría encantado” de que se eliminara la protección del fabricante de la Ley PREP. “Algún día, la retrospectiva demostrará que esto era absolutamente necesario”, dijo Flores.

Flores señaló que  las garantías  otorgadas por el gobierno de EE. UU. a los fabricantes de vacunas al principio de la pandemia prohibían al gobierno “usar o autorizar la vacuna COVID-19” a menos que estuvieran “protegidos de responsabilidad en virtud de una declaración emitida en virtud de la Ley PREP, o una PREP sucesora de COVID-19”. Declaración de acto de igual o mayor alcance.”

“Si este proyecto de ley avanza, este será el campo de batalla”, dijo Flores.

Las demandas ayudarán a determinar si las vacunas COVID eran tan "seguras y eficaces" como se afirma

Las grandes farmacéuticas  no acogieron con agrado la legislación propuesta. En una  declaración  compartida con Fox News,  Andrew Powaleny , director senior de asuntos públicos de  PhRMA  [Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos], un grupo comercial de la industria, dijo:

“La COVID-19 ha sido un recordatorio de por qué necesitamos vacunas seguras y eficaces. Todas las vacunas, incluidas las de la COVID-19, están sujetas a un riguroso proceso de revisión de seguridad y eficacia y a un seguimiento poscomercialización.

"Al modificar el marco de responsabilidad existente en el que confían los fabricantes para proporcionar un desarrollo de vacunas predecible, nuestra capacidad para abordar futuras amenazas a la salud pública estará en riesgo".

Pero otros expertos no estuvieron de acuerdo. En un artículo del martes en  The Blaze , el comentarista y autor Daniel Horowitz preguntó: “¿Un producto que está completamente financiado, comercializado, monopolizado y luego ordenado por el gobierno debería ser menos responsable que Toyota por sus bolsas de aire?”

Horowitz añadió: “Lo ideal sería que la NCVIA [la  Ley Nacional sobre Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986 ] y la Ley PREP fueran derogadas por completo”.

Aun así, acogió con agrado la legislación propuesta por Roy. "Dar a los consumidores su día en los tribunales será la manera perfecta de determinar si los productos de Pfizer y Moderna son tan seguros y eficaces como afirman", escribió.

"Es muy probable que decenas de millones de personas no tengan actualmente ningún recurso para obtener compensación por un producto que estas compañías, en connivencia con el gobierno federal, impusieron fraudulentamente al pueblo estadounidense", dijo Horowitz. "Sabiendo eso, el proyecto de ley de Roy es un alivio bienvenido".

Según Fox News, “Roy ha liderado la lucha contra esos mandatos de vacunas, incluido el liderazgo de los esfuerzos para hacer retroceder  los mandatos de vacunas COVID-19 en el ejército de EE. UU .”.

Los copatrocinadores del proyecto de ley  incluyen a los representantes Lauren Boebert (R-Colo.), Josh Brecheen (R-Okla.), Eric Burlison (R-Mo.), Michael Cloud (R-Texas), Warren Davidson (R-Ohio). ), Bob Good (R-Va.), Clay Higgins (R-La.),  Thomas Massie  (R-Ky.), Mary Miller (R-Ill.), Barry Moore (R-Utah),  Ralph Norman  (RS .C.), Randy Weber (R-Texas), Troy Nehls (R-Texas), Andy Harris (R-Md.), Paul Gosar (R-Ariz.), Eli Crane (R-Ariz.), Russ Fulcher (R-Idaho), Scott DesJarlais (R-Tenn.) y  Andy Biggs  (R-Ariz.).

"Los estadounidenses heridos por las inyecciones de COVID-19 merecen algo mejor", dijo Wallskog. “Hicieron lo que pensaron que era lo correcto para ellos, sus familias y la nación. Ahora están abandonados. Esta legislación les da la oportunidad de recibir una compensación justa”.

"Ha llegado el momento de que nuestra nación reconozca estas lesiones y les permita recursos legales", añadió

8 de febrero de 2024

Los bulos medioambientales (y no solo) que se están infiltrando en las protestas agrarias

 

Los bulos medioambientales (y no solo) que se están infiltrando en las protestas agrarias

Una mujer protesta contra la "sequía provocada" el año pasado en una manifestación del mundo rural.s

Raúl Rejón



Las protestas de los agricultores están creciendo como una marea. Desde las manifestaciones en Francia se han extendido por Europa y han llegado a España con múltiples tractoradas cortando carreteras esta semana en una docena de comunidades autónomas. Las acciones de este martes y miércoles no estaban convocadas por organizaciones agrarias como UPA o COAM. Tampoco por la patronal Asaja. La organización al frente se conoce como Plataforma 6F.


Entre sus reivindicaciones y las que han aireado algunas de sus caras visibles –junto a otras voces que han copado la atención que suscitaban las protestas– se están colando diversos bulos relacionados con el campo que ya pululaban desde hace tiempo y que, al calor de las manifestaciones, encuentran nuevos ecos.

El espantajo del lobo

Ha resonado este miércoles una vez más en el Congreso de los Diputados desde la bancada de Vox. “Vale más un lobo que una vaca”. Y sale en las medidas que piden las manifestaciones de este martes y miércoles: eliminar al lobo del listado de especies protegidas en España. ¿Por qué? Porque así podría cazarse, con la idea de que si pueden matarse lobos no habrá ataques al ganado.

En realidad, la estrategia actual de gestión del lobo ya permite lo que llaman “control”, que es poder abatir un lobo considerado problemático si no hay otra solución. Lo que ocurre es que hay que justificarlo. De hecho, la matanza de ejemplares es inefectiva e incluso contraproducente para reducir los ataques, según un estudio de 2018 elaborado a petición del Parlamento Europeo. “La literatura científica ha demostrado que la gestión letal [eliminación y caza] tiene poco efecto, o efectos contrarios, al resultado deseado: mitigar la depredación”, concluía el trabajo.

Destrucción de presas en plena sequía

En la batería de exigencias de 6F aparece un “plan hidrológico nacional” para que “no se destruyan ni presas, ni azudes, modificando o derogando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos”. En algunos canales de comunicación usados para coordinar las protestas de los agricultores se ha difundido una guía para actuar “en caso de denuncia policial” que remite como ayuda a la abogada Pilar Esquinas. Esquinas ha sido incansable a la hora de difundir la idea de que hay una estrategia oculta en la desaparición de presas y azudes (obsoletos, peligrosos y en desuso).

La realidad es que la eliminación de barreras en los ríos es una medida para corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (de ahí la necesidad de derogarla que pide esta plataforma). Más de la mitad de los ríos en España están en mal estado. De hecho, la mayoría de las barreras que se han quitado no tenían ninguna función para el abastecimiento de la población o los regantes y, mientras, España es el país de Europa con más grandes presas en sus cursos.

La idea de tener más y más embalses (aunque luego no les llegue agua) responde al concepto aireado por el PP y Vox de que dejar que los ríos desemboquen en el mar es un “desperdicio”. Un concepto agitado en esta actual coyuntura por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y varios diputados de ultraderecha en el Congreso.

Fumigación (de personas)

En la presentación de 6F ha sonado el nombre de Lola Guzmán. Más allá de sus vinculaciones políticas pasadas con Vox, a Guzmán se le ha podido ver en vídeos difundidos en redes sociales alimentando el bulo de que las estelas de aviones en el cielo (generadas por la expulsión de vapor de agua y gases de las turbinas) son una fumigación letal. “Eso no son nubes. Eso es el veneno que nos han soltado esta noche. Estamos enfermando las personas porque según estas élites aquí sobramos la mitad”, asegura.

“Nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”

Otra de la ideas que se está agigantando es la de que se está produciendo una invasión de productos agrícolas generados fuera de España. Una de las voces que suenan estos días es la de Natalia Corbalán en representación de una organización que se llama SOS Rural –también es la CEO de la Fundación Ingenio, el mayor lobby agrario de la Región de Murcia–. Corbalán ha dicho que “nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”, en referencia a las importaciones de hortalizas desde Marruecos.

La realidad es que “España es el segundo exportador de frutas y hortalizas de la UE y cuarto mundial”, según los informes del Ministerio de Agricultura. Se exporta en torno al 50% de la producción y en algunas hortalizas de invernadero (como la lechuga o el limón) se llega al 70%. Los datos de la campaña son: en 2022, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron 13,2 millones de toneladas por valor de 18.616 millones de euros. Las importaciones fueron de 4,78 millones de toneladas y 5.855 millones. Se vendió algo menos fuera que en 2021 porque se produjo menos derivado en parte de la sequía.

Eso dejó, por un lado, un saldo positivo de 12.700 millones de euros (un 2% menos que el año anterior) y por otro, un volumen enorme de productos para ensalada cultivados en España que no alimentaron las mesas españolas sino que se vendieron fuera.

La Agenda 2030 y las políticas ambientales

Estos días ha pululado por las cámaras un agricultor presentado como Víctor Viciedo que asegura que el sector padece “políticas radicales desde el punto de vista medioambiental”. Ese anatema cristaliza en la Agenda 2030.

Lo cierto es que la Agenda 2030 pide “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores”. También incluye que haya “acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas”.

No para ahí la Agenda 2030 en cuanto al mundo rural. Pide también “aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola”. Y “corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales”.

Lo que aparece en la batería de reivindicaciones de estos días es eliminar las regulaciones sobre el uso de fertilizantes, de pesticidas o la ley de cambio climático. La Comisión Europea ha cedido en cierta manera al retirar su propuesta de reducción de fitosanitarios y eliminar la mención al sector agrícola en los objetivos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero

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