Patriotas exige que Bruselas haga públicos los contratos millonarios con ONG para imponer el Pacto Verde en toda Europa
El grupo europeo Patriotas por Europa ha exigido que Bruselas divulgue los miles de contratos con ONG financiados por la UE que se sellaron para hacer activismo político progresista e imponer el Pacto Verde Europeo. La petición se produce después de que el Tribunal de Cuentas Europeo hiciera público un informe demoledor que respalda muchas de las acusaciones formuladas por esta formación en los últimos meses.
Entre 2021 y 2023, se destinaron aproximadamente 7.400 millones de euros de fondos comunitarios a unas 12.000 organizaciones no gubernamentales. Lo más llamativo, según detalla el informe, es que cerca del 40% de ese dinero —unos 3.000 millones— fue a parar a apenas 30 entidades. Este hecho ha avivado las sospechas de que existe una estructura de favoritismo y reparto dirigido, donde las ONG con mayor alineación ideológica con Bruselas reciben una parte desproporcionada del presupuesto.
El eurodiputado Csaba Dömötör, del partido húngaro Fidesz y portavoz de PfE, confirmó que su grupo ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Europeo. La oficina de este último ya ha aceptado el caso, abriendo una investigación que podría sumar presión institucional sobre la Comisión. No obstante, Dömötör advirtió que el Ejecutivo comunitario suele desoír las resoluciones del Defensor, especialmente en asuntos relacionados con la falta de transparencia, como ya ocurrió en casos anteriores, incluido el escándalo conocido como Pfizergate.
El comunicado de prensa de PfE, emitido el pasado 9 de abril, subraya que la opacidad del actual sistema de financiación a ONG contradice frontalmente los principios democráticos que la UE proclama defender. «Lo que llaman sociedad civil no es más que una red de activistas políticos sostenidos por dinero público», denunciaron, señalando que estas entidades impulsan agendas específicas en materia de migración, cambio climático o derechos LGBT con el respaldo financiero de Bruselas.
El informe del Tribunal de Cuentas no sólo da la razón a estas acusaciones, sino que también identifica una arquitectura institucional que dificulta intencionadamente el acceso a la información. Las plataformas digitales donde deberían aparecer los datos son incompatibles entre sí, y muchas veces contienen archivos mal clasificados, incompletos o directamente ocultos. Esto, según el tribunal, impide un escrutinio real por parte de los ciudadanos y los eurodiputados.
Desde PfE aseguran que la información existe y que se evita deliberadamente su publicación. Según Dömötör, algunos eurodiputados de la comisión de control presupuestario (CONT) ya han recibido las listas completas con nombres de beneficiarios, importes concedidos y objetivos de las subvenciones. «Lo único que pedimos es que esa misma información esté disponible para todos los europeos. No están ocultando documentos inexistentes, sino registros reales que ya han sido compartidos con ciertos miembros del Parlamento», remarcó.
En las últimas semanas, el grupo Patriotas ha remitido un total de 86 solicitudes de acceso a la información, dirigidas a esclarecer el destino de hasta 10.000 contratos de financiación europea que, afirman, están enterrados en bases de datos difíciles de consultar o han sido directamente excluidos del registro público. Hasta la fecha, la Comisión ha rechazado todas las solicitudes, lo que desde PfE consideran una vulneración deliberada de la legislación europea sobre transparencia.
