Un nuevo informe sobre las bandas pedófilas del Reino Unido desvela que el 87% de los condenados son musulmanes
Un nuevo informe elaborado por el escritor Peter McLoughlin ha desvelado una panorámica polémica y muy discutida sobre las llamadas bandas de acoso sexual en el Reino Unido, un fenómeno que durante años ha sacudido a la opinión pública británica y ha evidenciado fallos graves en el sistema de protección de menores. El documento vuelve a poner sobre la mesa la magnitud del abuso, que afectó a miles de niñas, así como la incapacidad de múltiples instituciones para frenar una dinámica delictiva de pedofilia sostenida durante décadas.
Este tipo de redes delictivas, conocidas de forma imprecisa como grooming gangs, han sido estudiadas en repetidas ocasiones. En 2014, el Informe Jay sobre Rotherham ya apuntó que muchos de los condenados en aquella ciudad eran de origen pakistaní, aunque representaban solo una pequeña parte de la población local. Otros casos destacados, como los de Oxfordshire o Telford, mostraron patrones similares. Sin embargo, McLoughlin subraya que la etiqueta «pakistaní» no es exacta ni suficiente: por un lado, porque no todos los pakistaníes comparten las mismas creencias o prácticas; por otro, porque varias de estas bandas estaban compuestas por hombres de procedencias diversas.
McLoughlin argumenta que las definiciones habituales, como «bandas asiáticas» o «bandas pakistaníes», generan confusión: no reflejan que dentro de cada una de esas categorías hay comunidades que no participan en este fenómeno, ni representan adecuadamente la diversidad interna de cada colectivo. Por ello, sostiene que cualquier análisis debería evitar simplificaciones étnicas y centrarse en las dinámicas sociales, culturales y delictivas que confluyen en estos casos.
El autor también cita opiniones de figuras públicas como Trevor Phillips, quien en un artículo de 2017 señalaba que algunos de los agresores afirmaban actuar desde convicciones religiosas. McLoughlin insiste en que esto no significa que dichas creencias definan a la población musulmana en su conjunto, pero sí reclama un debate más claro sobre el papel que determinadas interpretaciones culturales o doctrinales podrían desempeñar.
El informe critica además que funcionarios y responsables públicos hayan evitado abordar ciertos ángulos del problema por temor a ser acusados de islamofobia, lo que —según el autor— habría impedido investigaciones más completas. Otros analistas sostienen que la dificultad real reside en la complejidad sociológica del fenómeno y en la falta de recursos suficientes para detectar patrones de explotación en contextos vulnerables.
En su texto, McLoughlin enumera ocho factores que, desde su perspectiva, podrían estar influyendo en la conducta de ciertos grupos delictivos: jerarquías de superioridad religiosa, dinámicas de control dentro de comunidades cerradas, visiones restrictivas del papel de la mujer, aislamiento femenino, prácticas matrimoniales no homologadas legalmente, percepciones sobre la sexualidad, interpretaciones sobre la esclavitud en textos históricos y el trato hacia minorías sometidas en contextos antiguos. Estas tesis son controvertidas y han sido contestadas por expertos en religión y en criminología, que piden evitar interpretaciones homogéneas sobre doctrinas complejas.
El informe concluye con once propuestas centradas en mejorar la transparencia en investigaciones, registrar identidades de víctimas y acusados con mayor precisión, formar a la policía para comprender mejor la influencia de creencias personales en testimonios o comportamientos, revisar prácticas matrimoniales no reconocidas legalmente y reforzar la prevención en barrios vulnerables. También pide que líderes religiosos condenen de forma explícita cualquier interpretación doctrinal utilizada para justificar abusos, y que los políticos actúen con prudencia a la hora de referirse a las creencias de comunidades minoritarias
