ante determinadas intervenciones del PP y Vox sobrelos accidentes ferroviarios csbe recordar ...

No me hubiera gustado escribir sobre esto por respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y a sus familiares. Pero, ante determinadas intervenciones del PP y Vox, tampoco parece justo dejar que la memoria desaparezca del debate

Hay que investigar hasta el final, explicar qué falló y exigir todas las responsabilidades que correspondan. También al Gobierno actual. La vida de las personas no tiene precio y ninguna sigla debe servir de escudo.

Pero una cosa es reclamar respuestas y otra llamar a Óscar Puente «ministro de la muerte», como ha hecho Abascal. Eso no esclarece las causas ni mejora la seguridad: convierte una tragedia en una agresión política.

Y cuando el PP se presenta como ejemplo de gestión y responsabilidad, conviene recordar su trayectoria.

Prestige, 2002. Gobernaba Aznar; Álvarez-Cascos era ministro de Fomento; Rajoy, vicepresidente, y Fraga presidía la Xunta. Ni Cascos ni Rajoy dejaron sus cargos por aquella gestión.

Yak-42, 2003. Aznar presidía el Gobierno y Federico Trillo era ministro de Defensa. Trillo no dimitió como ministro por la tragedia. En 2017, Defensa reconoció formalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Metro de Valencia, 2006. Francisco Camps presidía la Generalitat. Las familias tuvieron que esperar casi catorce años para que cuatro exdirectivos de la empresa pública fueran condenados.

Madrid Arena, 2012. Ana Botella era alcaldesa cuando murieron cinco jóvenes en un recinto municipal. Ella permaneció en el cargo.

Angrois, 2013. El accidente del Alvia ocurrió con Rajoy como presidente y Ana Pastor en Fomento. Ninguno dimitió.

11M, 2004. Los responsables de los asesinatos fueron los terroristas yihadistas. Lo que corresponde recordar del Gobierno de Aznar y de su ministro del Interior, Ángel Acebes, es su insistencia en atribuirlos a ETA mientras avanzaban los indicios de otra autoría. El apoyo de Aznar a la invasión de Irak fue su detonante. Aún no ha pedido perdón.

Dana de Valencia, 2024. La Generalitat de Carlos Mazón tenía competencias esenciales en la gestión de la emergencia. Su prolongada comida en El Ventorro y las distintas versiones sobre aquella tarde exigían explicaciones. Sí, acabó dimitiendo: un año después, pero le dieron otro carguito.

¿Son estos los antecedentes desde los que pretenden dar lecciones? Gobernar cuando sucede una tragedia no convierte automáticamente a nadie en culpable. Pero ese mismo criterio debe aplicarse a todos.

Y la exigencia de transparencia también vale para Vox. Según sus cuentas, había transferido casi trece millones de euros a Disenso, la fundación presidida por Abascal, desde su creación y hasta mediados de 2026. Es legítimo exigir claridad sobre el destino y los beneficiarios de ese dinero. También sobre las relaciones económicas publicadas entre empresas de su entorno y su esposa, Lidia Bedman, sin dar por probada ninguna ilegalidad.

La memoria importa igualmente cuando hablan de independencia judicial. No se ha olvidado aquel mensaje de Ignacio Cosidó sobre controlar la Sala Segunda del Supremo «desde detrás». El objetivo ahora es el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, ninguno debe convertirse en instrumento de un partido.

Nos jugamos una gestión pública responsable, unas instituciones independientes y unas prioridades que protejan las pensiones, los salarios, la sanidad, la educación y la dependencia.

Hay cosas que corregir y responsabilidades que exigir. Todas. Pero reclamar soluciones no obliga a entregar la confianza a quienes utilizan una vara de medir cuando gobiernan y otra cuando están en la oposición.

Si eres de izquierdas, participa y vota a la izquierda. La clase trabajadora y la clase media tenemos demasiado en juego.

Iñaki Gabilondo.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado una declaración institucional en la que expresan sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos en el terrible accidente de Urda

 

El Ejecutivo autonómico ha aprobado una declaración institucional en la que expresan sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos en el terrible accidente de Urda

Paula Baena

30 oct. 2026 - 13:35

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por boca de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este viernes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) que, por el momento, se ha cobrado 69 vidas.

«Óscar Puente nunca debió haber sido ministro de Transportes. Les pedimos que dejen de poner excusas, que abandonen la política y dejen de hacer daño», ha señalado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado los presupuestos del año que viene.

«Ya se le han terminado las excusas y deben abandonar la política para siempre. Se lo deben a los 115 fallecidos y a sus familiares de los dos últimos accidentes ferroviarios en nuestro país», ha insistido.

En ese Consejo también se ha aprobado una declaración institucional sobre el accidente en la que el Ejecutivo pide «por respeto a las víctimas y a sus familias, el total esclarecimiento de lo sucedido y la inmediata asunción de responsabilidades».

«Dos catástrofes ferroviarias, como la ocurrida en Adamuz (Córdoba) hace nueves meses y ahora en Urda, requieren una respuesta inmediata y a la altura de su gravedad. España necesita recuperar la confianza en un sistema ferroviario que fue ejemplo de modernidad y seguridad», señala la declaración.

El consejero también ha opinado que este accidente «se podría haber evitado si se hubiera tomado nota de la catástrofe de Adamuz y por tanto se hubieran tomado las medidas oportuna».

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Policía local de GetafeAyuntamiento de Getafe

 

El PSOE se borra de la comisión impulsada por Ayuso que estudiará los efectos de la ley de nietos en Madrid

Sesión constitutiva de la comisión de estudio de la ley de nietos en la Asamblea de MadridAsamblea de Madrid

La Asamblea de Madrid ha constituido la comisión de estudio para abordar el impacto de la ley de nietos en la región. Una iniciativa impulsada por el grupo parlamentario popular, capitaneado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para analizar los efectos de esa ley en Madrid después de que varios municipios hayan dado la voz de alarma por incrementos inusuales de sus inscritos en el CERA.

Fue el pasado 15 de octubre cuando el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el apoyo de PP y Vox, la creación de esta comisión que, finalmente, quedó constituida el pasado miércoles, sin la presencia del PSOE.

Los socialistas ya advirtieron en ese Pleno de su intención de no participar en una comisión que consideran «propaganda». Lo avanzó el diputado Fernando Fernández Lara, quien aseguró que el PSOE no «rehúye el debate», pero «no va a legitimar una operación que convierte los derechos de los ciudadanos en propaganda y una controversia jurídica en un espectáculo político».

«No vamos a colaborar en una puesta en escena que pretende manipular al electorado, alimentar el miedo y sembrar desconfianza hacia ciudadanos españoles», esgrimió.

Comunidad de Madrid

De esta forma, los socialistas se borran de una comisión que quiere analizar por qué el censo exterior de la Comunidad se ha incrementado casi un 40 % -en 132.771 personas- desde la aprobación de la denominada ley de nietos en octubre de 2022.

Precisamente este miércoles, el mismo día que la comisión quedó constituida con los diputados de Partido Popular, Más Madrid y Vox, el Gobierno de Pedro Sánchez hacía entrega al Tribunal Supremo de la lista con la identidad de las 163.355 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto, de las cuales tan solo 901 han acreditado su condición de descendientes exiliados «certificada por los cónsules».

De acuerdo con los datos de la Abogacía del Estado, un total de 163.020 nacionalizados en virtud de la ley de nietos habían sido incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las medidas cautelares dictadas por el Supremo aseguran que solo quienes puedan demostrar documentalmente que descienden de exiliados podrán ejercer su derecho de voto en la próxima cita con las urnas el 29 de noviembre.

Así las cosas, la comisión de la Asamblea de Madrid estudiará el número y evolución de las adquisiciones de nacionalidad en la región capitalina, así como su desglose estadístico, el número de nacionalizaciones efectuadas a través de la instrucción de Sofía Puente y su incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de la ley de nietos.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoEuropa Press

Sobreclasificado: Presidentes mantenidos en la oscuridad por contacto extraterrestre

Sobreclasificado: Presidentes mantenidos en la oscuridad por contacto extraterrestre

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29 de octubre de 2026,

Documentos redactados, cuadernos y una botella de tinta crean un misterioso espacio de trabajo de investigación.

OVERCLASSIFIED@overclassifiedx

¿Presidentes mantenidos en la oscuridad por contacto extraterrestre?

¿Qué pasaría si figuras no electas dentro del aparato de seguridad nacional hubieran ocultado deliberadamente encuentros confirmados con inteligencias no humanas a sucesivos ocupantes de la Casa Blanca, operando fuera de cualquier autoridad constitucional clara mientras naves con ingeniería inversa provenientes de recuperaciones de accidentes continuaban circulando a través de canales compartimentados?
El cuestionamiento de Ross Coulthart llega al núcleo de esa posibilidad, planteando si una red en la sombra dentro de los círculos de defensa e inteligencia podría aislar a los presidentes de todo el alcance de la actividad de los UAP, los productos biológicos y los programas de recuperación de tecnología que han funcionado durante décadas.
¿Es la cobertura legal simplemente una manta elástica “de seguridad nacional” estirada para proteger las desviaciones de fondos ilegales, o apunta a algo más deliberado que involucra al propio NHI dirigiendo el ocultamiento?
La tensión aumenta a medida que cada capa de sesiones informativas retenidas sugiere que es posible que los verdaderos tomadores de decisiones no se sienten en la Oficina Oval en absoluto, lo que deja al público e incluso al comandante en jefe reaccionando a una versión desinfectada de los hechos mientras las fuentes originales de los fenómenos siguen en control.
Fuente(s):
https://x.com/overclassifiedx/status/2115671680773509338  https://operationdisclosureofficial.com/2026/10/29/overclassified-presidents-kept-in-the-dark-on-alien-contact/

 

Abascal: sacrificios para inmigrantes, partidos y sindicatos

Abascal asegura que si gana las elecciones los sacrificios serán para inmigrantes, partidos y sindicatos

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los sacrificios no serán para los humildes ni para el conjunto de los españoles, sino para los inmigrantes que han “invadido las fronteras”, para los partidos y para los sindicatos “que han estado callados como muertos” durante ocho años y ahora convocan una huelga general “contra la oposición”.

“Si de Vox depende, los sacrificios no van a ser para nuestro pueblo”, ha reiterado y ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez ya “ha sacrificado bastante” a los jóvenes, a los mayores y a las mujeres.

“Ahora es la hora de sacrificar a los partidos políticos, a los sindicatos, a los subvencionados y a todos aquellos que están viviendo de una política criminal y de una política corrupta de este gobierno”, ha añadido.

En este contexto, ha invitado a la población a votar el 29 de noviembre “con tranquilidad”, con “miedo” por lo que pueda pasar y con la “ilusión y esperanza” de que los españoles no están condenados a sufrir.

Para Abascal, en los últimos ocho años “no hay nada que haya mejorado”, algo que hay que cambiar “radicalmente”. Al respecto, ha censurado las políticas de vivienda llevadas a cabo por el Ejecutivo central, que han provocado un encarecimiento en la compra y el alquiler.

También se ha referido a las pensiones y ha señalado que el peligro en este apartado tiene “nombre y apellido”: “Se llama Pedro Sánchez”, ha sostenido y ha asegurado que su propuesta aboga por pagar las pensiones “como sea”. “Si hay alguien que ha privatizado el poder en España y el sector público es el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que pretenden dirigir España como si fuera una dictadura pactando con todos aquellos que odian a España”, ha agregado.

Además, ha defendido la “prioridad nacional”, ha apuntado que España se ha convertido en el “paraíso de la inmigración ilegal”, ha expresado la necesidad de “recuperar Ceuta”, un territorio “que ha sido invadido por 80.000 tipos” y ha apostado por “echar a la mafia que gobierna”.

Santiago Abascal ha protagonizado en la Plaza Mayor de Ponferrada (León) el primer acto de precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en la Comunidad, un acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, y el diputado de Vox por León, Pablo Calvo Liste.

Advierte de que velará para que el proceso electoral sea “limpio” y pide no confiar en las encuestas

Abascal, ha asegurado este martes que velará para que el proceso electoral sea “limpio” y ha pedido a la población que no confíe en las encuestas de cara al 29 de noviembre.

Abascal se ha referido a la ‘ley de nietos’ y ha señalado que el PSOE continúa con la “trampa” de meter a 180.000 personas en el censo electoral español “que en realidad no deberían votar en estas elecciones”. Por ello, ha aseverado, estará “muy atento” para que el proceso electoral sea “limpio”, “transparente” y para denunciar cualquier tipo de irregularidad.

El líder de Vox se ha mostrado convencido de que el PSOE sacará “otros conejos de la chistera” para hacer “trampas”: “Lo han intentado también con una ley de nietos que ya conocéis todos y que hace seis meses no conocía a nadie”, ha incidido. “Pedro Sánchez pretende sustituir a un pueblo al que odia dando el voto en las elecciones a personas que nunca han vivido en España”, ha agregado.

En este contexto, ha censurado que el Gobierno “domine” el Tribunal Constitucional “con la ayuda del Partido Popular”. Al respecto, ha apuntado que el PP “ha tenido muchas debilidades durante estos años”, algo que confía en “arreglar” tras la cita con las urnas el 29 de noviembre.

“El día 29 de noviembre todos los españoles votarán, los que tienen derecho y algunos que no deberían tenerlo (…) Quiero pediros que no confiéis en ninguna encuesta, que no os creáis ningún titular y que ese día 29 de noviembre no haya nadie que se quede en su casa”, ha recalcado.

Además, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que explique a qué se refiere al decir que continuará en el Gobierno cuatro años más “de una manera o de otra”. “La manera de Sánchez ya sabemos cuál es: comprar votos, regalar nacionalizaciones. ¿Y cuál es la otra? ¿Perseguir jueces a los que liquidar?, ¿perseguir a los jueces y a sus familias?, ¿vigilarlos?, ¿eliminarlos? Que es exactamente lo que ha estado pasando durante todo este tiempo con la mafia que operaba precisamente en la sede del Partido Socialista”, ha añadido.

En este sentido, ha declarado que si no se obtiene el voto de los españoles, no se gobierna. En su opinión, Pedro Sánchez “ha tenido un lapsus y el subconsciente le ha traicionado” porque “está dispuesto a hacer cualquier cosa para gobernar, aunque sea en contra de la voluntad de los españoles”. “Es capaz de robarnos las elecciones y es capaz de robar la voluntad al pueblo español”, ha apostillado.

Abascal ha animado a los españoles a que desconfíen de una persona que habla de esta forma con la que “desprecia tanto a la voluntad popular”

Denuncian a nueve cónsules por irregularidades en la ley de nietos

Marlaska y Sánchez. LA GACETA

• 19 de octubre de 2026

Nuevo golpe a los planes electorales de Pedro Sánchez en plena controversia por las nacionalizaciones concedidas a través de la ‘Ley de Nietos’. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra nueve responsables consulares españoles destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela, a los que atribuye presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de nacionalidad. La organización solicita investigar posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, ante las sospechas de que se hayan concedido ciudadanías sin comprobar debidamente el cumplimiento de los requisitos legales.

La iniciativa, promovida por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, está fechada el pasado 14 de octubre y señala a los responsables de los consulados de La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas. El sindicato reclama que se examinen las actuaciones realizadas en estas oficinas diplomáticas y se esclarezca si las autoridades españolas admitieron documentación insuficiente para autorizar las nacionalizaciones.

Una de las principales acusaciones gira en torno a la supuesta aprobación de solicitudes mediante simples fotocopias, sin las comprobaciones necesarias para garantizar su autenticidad. Según sostiene Manos Limpias, determinados consulados habrían flexibilizado los procedimientos de verificación ante el elevado número de peticiones recibidas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. La denuncia plantea que estas prácticas podrían haber permitido reconocer la nacionalidad a personas que no reunían las condiciones exigidas.

El escrito también cuestiona la aceptación de documentos relativos a antepasados españoles que emigraron antes del 18 de julio de 1936, una circunstancia que los denunciantes consideran especialmente relevante para determinar si se está aplicando correctamente la legislación. No obstante, la existencia de ascendientes que abandonaron España antes de esa fecha no supone automáticamente una irregularidad, ya que la norma contempla diferentes supuestos para acceder a la ciudadanía.

La controversia vuelve a situar en el centro del debate a Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente y antigua directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La responsable del Ministerio de Justicia firmó el 25 de octubre de 2022 una instrucción que desarrolló la aplicación de la ‘Ley de Nietos’ y estableció criterios administrativos para resolver las solicitudes presentadas por descendientes de españoles.

Entre otras disposiciones, aquella instrucción introdujo una presunción de exilio para quienes hubieran abandonado España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, siempre que pudiera acreditarse documentalmente su salida. Para determinados desplazamientos posteriores, hasta finales de 1978, se establecieron requisitos adicionales de justificación. Manos Limpias sostiene que una instrucción administrativa no puede ampliar los derechos reconocidos expresamente por una ley, por lo que reclama examinar si las decisiones adoptadas por los consulados respetaron ese límite.

La denuncia llega, además, cuando el Tribunal Supremo ha cuestionado los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La controversia judicial afecta a alrededor de 163.000 españoles residentes en el extranjero y ha provocado una disputa sobre su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo ha acudido al Tribunal Constitucional para cuestionar las restricciones cautelares acordadas sobre su derecho al voto.

Manos Limpias advierte de que las posibles irregularidades en la concesión de nacionalidades podrían tener consecuencias sobre la composición del censo electoral, dado que los nuevos ciudadanos españoles adquieren derechos políticos cuando cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, la denuncia no acredita que exista una operación organizada para alterar las elecciones ni que las personas nacionalizadas hayan cometido fraude electoral.

El sindicato fundamenta su petición en los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal, relativos a distintas conductas de falsedad documental y prevaricación administrativa. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si los hechos denunciados justifican la apertura de diligencias y si existen indicios suficientes para investigar individualmente las actuaciones de los responsables consulares.

La presentación de la denuncia abre así otro frente jurídico sobre la aplicación de la ‘Ley de Nietos’, una normativa que ha permitido acceder a la nacionalidad española a numerosos descendientes de emigrantes. El examen de los expedientes y de las comprobaciones efectuadas por los consulados será determinante para establecer si las concesiones cuestionadas se ajustaron a derecho. Por el momento, no existe una resolución judicial que declare ilegales las nacionalidades a las que se refiere Manos Limpias.

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Delcy entregó monedas de oro en Barajas y lingotes en Caracas a Ábalos y Koldo: la UCO indaga si fue para financiar al PSOE

Las monedas de oro fueron entregadas por la entonces vicepresidenta de Venezuela la noche del 'Delcygate', el 20 de enero de 2020, en el Aeropuerto de Barajas.

La ahora presidenta encargada de Venezuela trajo las monedas de oro junto a otros "regalos" para Pedro Sánchez y sus ministros, con los que tenía una cena agendada en un chalet del barrio de El Viso de Madrid que había alquilado Víctor de Aldama.

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Estas piezas estaban acuñadas con la imagen de Simón Bolívar y eran de oro de 24 quilates. Delcy Rodríguez trajo a España estas monedas para regalárselas al Gobierno y se las entregó a Ábalos y Koldo en el aeropuerto.

Esta entrega de oro ha sido confirmada a EL ESPAÑOL por varias fuentes del caso y conocedoras de la operación.

El objetivo de Delcy era que el Gobierno de Pedro Sánchez cambiara su posición respecto a Venezuela y no apoyara a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A partir del 'Delcygate' el Gobierno de Sánchez viró su posición, convirtiéndose en un aliado del chavismo y alejándose de la oposición venezolana.

Estas monedas de oro no fueron el único pago de Venezuela por el apoyo del Ejecutivo de Sánchez y meses después Delcy Rodríguez ordenó entregar más oro.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a una foto de un lingote de oro de 24 quilates, de un kilogramo de peso y de un valor de 50.000 euros en 2020, que fue enviada por el entonces ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa a Víctor de Aldama tras el 'Delcygate'.

Lingotes como el de la imagen habrían sido entregados a Ábalos y Koldo García en Caracas (Venezuela).

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga si una parte del oro entregado por el chavismo fue para financiar al PSOE.

La fotografía del lingote es una de las encontradas por la Guardia Civil en uno de los dispositivos requisados a Víctor de Aldama durante su detención en 2024.

Este periódico se ha puesto en contacto con Víctor de Aldama, que ha confirmado la entrega de monedas y lingotes a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.

El empresario declaró ante el juez Ismael Moreno, que investiga la posible financiación ilegal del PSOE en la Audiencia Nacional, que Ábalos y Koldo le dijeron que una parte de las comisiones recibidas iban destinadas a Ferraz para costear gastos del partido.

Estos pagos habrían servido para que el Gobierno de España y el PSOE se convirtieran en un firme aliado de Nicolás Maduro desde 2020.

La imagen enviada por el ministro de Economía y Finanzas venezolano, Simón Zerpa, es la primera prueba gráfica de los pagos en oro realizados por el chavismo y que tuvieron como intermediario a Víctor de Aldama.

Monedas y txistorras

Sobre las monedas de oro entregadas a Ábalos y Koldo por Delcy Rodríguez en Barajas, la UCO también investiga diferentes mensajes del exasesor con su entonces esposa Patricia Úriz.

Koldo García y Patricia Úriz nombran "las monedas" junto a las ya famosas "txistorras", el término empleado para los billetes de 500 euros, que el propio exasesor reconoció como palabra en clave durante el juicio en el Supremo.

Los mensajes fueron hallados en los móviles examinados al exasesor de José Luis Ábalos durante su arresto, en febrero de 2024. EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a estas conversaciones.

Uno de esos intercambios se produjo el 22 de julio de 2020 a las 08:52, Koldo escribe: "Las monedas". Tres minutos después añade: "Trae dinero para mi 2000 [sic]" y "trae una Txistorrs [sic]". Patricia replica: "Ok".

El exasesor corrige luego y finaliza con una nueva solicitud: "Y solo tráeme 20 txistorras por favor [sic]". De acuerdo con la equivalencia establecida por los investigadores, esos 20 billetes equivaldrían a 10.000 euros.

El encuentro de Barajas

El origen del Delcygate se remonta a la madrugada del 20 de enero de 2020. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en Barajas pese a tener prohibida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018.

José Luis Ábalos acudió al aeropuerto y se reunió con ella. En la recepción participaron también Koldo García y Víctor de Aldama, mediador en los contactos con el Gobierno venezolano.

El ministro presentó inicialmente el encuentro como un saludo fortuito. Sin embargo, los mensajes recuperados por la Guardia Civil permitieron reconstruir una visita planeada con antelación.

El 16 de enero de 2020, Ábalos había informado a Pedro Sánchez de que Delcy quería verlo discretamente. El presidente respondió: "Bien". Aldama organizó además una agenda con atención médica y reuniones empresariales, aunque ese programa no llegó a concretarse.

El Supremo archivó las querellas contra Ábalos en noviembre de 2020. Consideró incumplida la prohibición europea, pero no apreció el delito de prevaricación denunciado. La Audiencia de Madrid confirmó después el archivo de la causa inicial.

Los lingotes

La fotografía del lingote de oro venezolano publicada por EL ESPAÑOL incluye un documento con el sello de Metales Caroní, C. A. El justificante aporta una referencia comercial para reconstruir la procedencia de la pieza y las operaciones relacionadas con ella.

La imagen la envió Simón Zerpa, ministro de Economía y Finanzas de Nicolás Maduro en 2020 a Víctor de Aldama.

Zerpa, quien está en prisión desde abril de 2024 por el caso PDVSA-Cripto, fue detenido y su reclusión preventiva fue anunciada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en el marco de la investigación por la trama de corrupción estatal relacionada con la petrolera.

La empresa que figura en la imagen del lingote estaría relacionada con Caroni Company CA Inc., una sociedad registrada en Florida (EEUU). En esta última, el abogado Eddwin Erwin Solórzano Custodio figuraba como vicepresidente.

Eddwin Solórzano es un abogado y hombre de negocios venezolano relacionado con la compraventa de oro. Ejerció su profesión durante unas dos décadas en AGA Consultores, un bufete de Caracas dedicado a la defensa penal de empresas.

Su recorrido aúna la labor legal con operaciones de metales valiosos en Estados Unidos y República Dominicana. En Florida apareció como vicepresidente de Caroni Company CA Inc., fundada en mayo de 2018.

Asimismo, admitió ser el dueño del avión interceptado en septiembre de 2019 en Fort Lauderdale (Florida, EEUU) con unos 104 kilogramos de oro camuflados. Solórzano afirmó desconocer la mercancía y negó su implicación en el tráfico ilegal.

Su conexión conocida con la cúpula venezolana se centra especialmente en el ámbito judicial. El informe de la organización C4ADS recoge los vínculos entre Solórzano y Maikel Moreno, en aquel momento presidente del Tribunal Supremo de Justicia y una personalidad fundamental del sistema judicial chavista.

La causa secreta

Las investigaciones actuales sobre una presunta financiación irregular del PSOE se llevan a cabo en la Audiencia Nacional. El magistrado Ismael Moreno mantiene las actuaciones bajo reserva y revisa los documentos de los abonos en efectivo del partido entre 2017 y 2024.

La instrucción incluye asimismo las afirmaciones de Víctor de Aldama acerca de transacciones petroleras venezolanas. El empresario compareció como declarante el 12 de marzo de 2026 y entregó un sobre de PDVSA con un escrito sobre una cuota de petróleo valorada en 250 millones de dólares.

Aldama atribuye el traspaso a Delcy y conecta la operación con el sostenimiento económico del PSOE y de la Internacional Socialista. Volvió a testificar el 8 de julio. La dirigente venezolana desmiente haberle proporcionado el sobre y ha exigido por vía legal su desmentido.

La UCO indaga, aparte, el encuentro de Koldo con Delcy en Caracas el 8 de octubre de 2021. Los mensajes posteriores contienen propuestas para obtener una autorización bancaria y fundar una institución digital de crédito.

Los encargados de la investigación persiguen la pista de esos tratos y de los fondos que pretendían canalizar. A lo ya conocido bajo investigación se une ahora el tráfico de lingotes y monedas de oro con Delcy Rodríguez como protagonista.

 

Moncloa reconoce en privado que es "imposible" solucionar el problema de la vivienda "a corto y medio plazo"

Los decretos sólo atajan los efectos colaterales de la falta de oferta de pisos públicos

Pedro Sánchez, esperando a Emmanuel Macron en el Palacio Real.AFP

La frase más olvidada de nuestra Constitución está oculta, a modo de cruel paradoja, dentro del artículo más citado de todos, el 47, que consagra el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Después de eso, la Carta Magna obliga de manera indiscutible a los poderes públicos a regular «la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Y esa frase -que leída hoy, así a pelo, da la risa- es clave para solucionar la gran pandemia económica del acceso a la vivienda.

Porque la especulación no se evita taponando las múltiples goteras legales del mercado del alquiler a base de reales decretos, sino, efectivamente, movilizando el suelo «de acuerdo con el interés general». Poniéndolo a disposición de la demanda con un aluvión de viviendas públicas asequibles que presione los precios a la baja. Y que no pueda salir jamás al mercado libre.

Y eso, claro, no va a ocurrir. Aunque sobre el papel haya mimbres para un pacto de Estado, no hay voluntad política para recuperar los consensos que forjaron nuestra arquitectura sistémica. Precisamente, ése es, tras la vivienda, el segundo gran problema de España: la compartimentación estanca de los dos bloques políticos. Traspasar la frontera del «muro» ahora es cosa de traidores. O, peor, de pusilánimes.

Por eso, antes de aprobar los dos decretos, fuentes gubernamentales reconocieron a EL MUNDO que han hecho estudios, estimaciones, informes... y no ven posible darle a la vivienda pública el impulso que merece. Ni siquiera, el que prometió Pedro Sánchez. La falta de pisos sociales «es un problema imposible de resolver en el corto y medio plazo», aseguran en privado. «Lo hemos mirado todo y analizado todo. No hay mano de obra para construir, no es fácil y no se consigue tan fácilmente poner en marcha el parque que hace falta», apuntan. «A largo plazo hace falta un pacto de Estado y ahora mismo es imposible».

¿Y en el PP? «Nada que pactar con este PSOE sanchista». No habrá acuerdo de Estado: ni Sánchez se lo va a ofrecer ni Feijóo lo va a aceptar. Menos aún cuando Abascal ya lo presiona con la brillante idea de deportar inmigrantes para que así los españoles tengan acceso a pisos más baratos. Por descarte matemático.

Ahora no queda otra que repartir cartas de nuevo en las elecciones generales y ver por dónde salen los electores. Los consensos son cosa del pasado y no se atisban en el (muy) largo plazo. Mientras tanto, Moncloa celebra haber salvado en buena medida la coyuntura de indignación de su electorado con los dos decretos que responden al desahucio de Maricarmen, y el PSOE se aferra al «milagro» de poner de acuerdo a la vez a Junts y Podemos, opuestos pero aritméticamente inseparables.

La crisis de la vivienda no se va a solucionar con un decreto ni con dos, aunque sean necesarios para una protección social transitoria, para aplacar los ánimos o para desacampar la Puerta del Sol (cosa que no parece tan fácil). Son medidas paliativas que responden a una demanda social, pero no son suficientes. Ni de lejos. Porque el gran problema no es de demanda, sino de falta de oferta, fundamentalmente pública. Sólo un parque gigantesco de pisos sociales en alquiler, por renta, daría una salida justa a la ruina inmobiliaria de los españoles.

Hace 20 años, en pleno pico de la burbuja, esto del parque público sólo lo proponía IU. Los llamaban bolcheviques, dirigistas, estatistas. O locos. Julio Anguita siempre replicaba que lo verdaderamente revolucionario era cumplir la Constitución. Lo del suelo y el «interés general» y esas cosas. Dos décadas después, incluso el PP está de acuerdo en disparar la edificación de casas asequibles. Y una mayoría absolutísima del Congreso aboga por una nueva ley de suelo que agilice los procesos urbanísticos e incremente la oferta asequible, por multiplicar la plantilla de técnicos dedicados a agilizar la construcción y por levantar un parque público de verdad. A largo plazo, claro, pero sin posponerlo ni un día más.

Y sin embargo, toda esta pirotecnia discursiva sobre el ladrillo no va a cristalizar en un gran acuerdo.

Los datos duelen. En España se crean más de 200.000 familias nuevas todos los años y sólo se construyen 95.000 viviendas anuales, de manera que el déficit de pisos no para de crecer. De hecho, el Banco de España ya habla de un desajuste de más de 700.000 viviendas. Hay que construir el triple que ahora, y hacerlo con tipologías asequibles y públicas. Sólo así se presionará el precio a la baja. Sólo así se aliviará la crisis. Sin partidismos excluyentes y con sentido de Estado, otra de esas expresiones convertidas ya en pura mitología. Y que dan la risa.

No puede ser, y además es imposible

La falta de pisos sociales «es un problema imposible de resolver en el corto y medio plazo», aseguran en privado dirigentes del Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo hemos mirado todo y analizado todo. No hay mano de obra para construir, no se consigue tan fácilmente poner en marcha el parque que hace falta», apuntan. «Ahora mismo es imposible».

La estrategia 'currista' del PSOE: la clave no es lo que se ve, sino lo que se dejará de ver

El Gobierno sabe que los dos decretos que aprobó ayer -y que aún no cuentan con el apoyo de Junts- representan una solución transitoria para el problema estructural, que es el de la escasez de vivienda asequible. Pero el PSOE quiere recuperar el pulso de su electorado con una estrategia de movilización basada en la contraposición. El argumento es: «Esto es justo lo que no se verá con un Gobierno de PP y Vox». Es el mismo silogismo que se le aplicaba a Curro Romero: en las tardes de 'espantá', la gente no lo abroncaba por lo que había visto... sino por todo lo que había dejado de ver.

La regla de tres del ladrillo: triplicar los técnicos locales y liberar el triple de suelo

La patronal de las constructoras Seopan maneja un verbo clave para la vivienda: triplicar. «No hay suelo y no hay construcción de vivienda, hay que triplicar todo, incluido el personal de técnicos municipales para sacar adelante lo que hay que hacer. Hacen falta 300.000 viviendas al año, el triple que ahora. Pero el problema no es la mano de obra, como dice el Gobierno. La construcción es lo último, primero hay que agilizar los plazos y la burocracia». Y si ese cuello de botella se desatasca, entonces sí «se puede intensificar la formación profesional, y el mercado se adaptaría pronto».

 

La Junta Electoral estrecha el cerco sobre la identificación del votante y la formación del censo exterior de Sánchez

El árbitro electoral pide informes a la Oficina del Censo Electoral y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores sobre el DNI digital, las altas consulares en las nacionalizaciones y su traslado al censo de votantes CERA

Isabel Durán

28 sep. 2026 - 04:30

La Junta Electoral Central (JEC) solicita información sobre la trazabilidad de los electores los dos momentos decisivos de los procesos electorales: cómo se identifica a quien acude a votar y cómo se incorpora a una persona al censo exterior. Es la respuesta al escrito presentado el pasado 26 de agosto por el partido presidido por Luis María Pardo requiriendo al árbitro electoral la trazabilidad completa de las credenciales digitales, las altas consulares y su reflejo en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La resolución, correspondiente al expediente 209/365, ordena «solicitar informe» a la Oficina del Censo Electoral y a las direcciones generales de Política Interior del ministerio de Fernando Grande Marlaska y de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del departamento que dirige José Manuel Albares, «sobre las cuestiones planteadas en el escrito». La JEC abre así una fase de información que abarca tanto la comprobación de la identidad ante las urnas como el recorrido administrativo de los datos que terminan determinando quién puede votar desde el extranjero y en qué circunscripción

La verificación de la identidad del votante

En el primer ámbito, Iustitia Europa pide que se incorporen los antecedentes de los acuerdos que permitieron utilizar aplicaciones oficiales digitales como medio de identificación electoral. Reclama, entre otros documentos, la consulta de Interior que dio lugar al pronunciamiento sobre miDGT, los informes técnicos que pudieran acompañarla y los protocolos para comprobar la autenticidad y vigencia de las credenciales digitales. También solicita las instrucciones facilitadas a las mesas electorales y a Correos, así como información sobre incidencias y reclamaciones. Conviene recordar que Interior solicitó que los votantes pudieran utilizar su carné de conducir digital sin el QR de verificación para las elecciones municipales y autonómicas del del 28 de mayo de 2023 que provocaron el descalabro del sanchismo y el anticipo de las elecciones generales al 23 de julio, en plenas vacaciones de verano de millones de españoles.

El partido de Pardo reclama también explicaciones sobre el funcionamiento del Registro de Matrícula Consular digital: cómo se acredita la identidad, nacionalidad y residencia de quien solicita el alta; qué controles detectan duplicidades; y cómo se transmiten y corrigen los datos que llegan al PERE y al CERA. La petición se extiende al Número de Identificación Consular Central (NICC), a los certificados electrónicos consulares y a la asignación del municipio que determina la circunscripción electoral de los nuevos votantes del exterior.

Acuerdo de la Junta Electoral

La decisión de la JEC adquiere especial relevancia tras las investigaciones publicadas por El Debate que destaparon en escándalo inédito en Europa y en las democracias occidentales: que sea el propio Gobierno de una nación el que abriera una grieta de forma intencionada en el sistema electoral. Es lo que hizo el Ejecutivo de Sánchez solicitando la convalidación de sus dos aplicaciones digitales, miDGT y miDNI, sin verificación del código QR en las urnas. Interior defendió ante el árbitro que la mera exhibición de la pantalla permitía comprobar la identidad del votante. Los especialistas en seguridad e identidad digital consultados por este periódico advirtieron, por el contrario, de que mirar una imagen sin verificarla técnicamente dejaba abierta la posibilidad de suplantación. Tras las revelaciones de este periódico la JEC acabó prohibiendo el uso de las aplicaciones del Gobierno por falta de garantías en la identificación del votante.

Esta grave grieta de seguridad introducida por el Ejecutivo estuvo presente nada menos en los nueve procesos electorales en los que se admitieron las aplicaciones gubernamentales, incluidas las generales del 23 de julio de 2023. El número de personas que lo utilizaron es imposible de cuantificar, dado que no existe un control del método con el que se identifica cada elector; además, salvo que hubiera mediado denuncia, es imposible acreditar si produjeron suplantaciones de identidades puesto que su uso no deja rastro. Lo que sí quedó acreditado es lo fácil que era suplantar la identidad en las urnas, exactamente el meollo de lo denunciado por este periódico que el Ejecutivo y sus terminales mediáticas habían calificado de bulo. Precisamente por eso, la petición de los expedientes, protocolos e incidencias resulta relevante para establecer qué garantías existieron realmente.

La JEC adoptó esta decisión en su reunión del 24 de septiembre de 2026, el mismo día en que aprobó nuevas reglas para justificar el municipio al que se adscribe el voto exterior. Son dos actuaciones distintas que inciden en las garantías del proceso electoral: una examina el inicio de la cadena, la identificación y el alta de los electores; la otra fija cómo se determina la circunscripción en la que votan. Por ahora, la Junta ha pedido informes sobre el escrito de Iustitia Europa. Queda pendiente conocer qué responden los organismos requeridos y qué medidas adopta después.

«Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias»

 La titular de la cartera de Sanidad ha pedido «poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre»

El Debate

Agencias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvelado hoy que el Gobierno del que forma parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y ha avisado de que ya no valen «medias tintas ni parches».

Así se ha pronunciado a través de una entrada en su cuenta de la red X, tras la presión que está sufriendo el Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol tras la manifestación del pasado sábado para reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y prohibir los desahucios.

«Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros», ha advertido la ministra y líder de Más Madrid.

Dicho esto, ha respaldado la reivindicación de los manifestantes de «prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre» de las casas y «la prórroga de alquileres con renovación automática». Estas medidas, ha añadido, son el «punto de partida irrenunciable».

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MinistrosEuropa Press

«Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias», ha remachado la ministra.

Temas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una reunión con las organizaciones profesionales agrariasEuropa Press

Puede seguir las imágenes en directo a partir de las 9:20

El Debate

28 sep. 2026 - 09:35

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Bruselas. Previamente atiende a los medios de comunicación. Puede seguir las imágenes en directo pulsando en el reproductor de vídeo de la parte superior.