LAS REGLAS DEL JUEGO (3ª parte)
La información es poder. Pero como todo poder, están aquellos que lo desean para sí.
El legado cultural y científico de todo el mundo, publicado a través de centurias en libros y artículos, está siendo digitalizado y bloqueado por un puñado de corporaciones privadas.
Se ha estado hurgando en agujeros y escalando cercas para liberar información bloqueada por las editoriales y poder compartirla.
Esto se conoce ahora como robo o piratería, como si compartir la riqueza y el conocimiento fuera el equivalente a abordar un barco y asesinar a su tripulación.
Esto se conoce ahora como robo o piratería, como si compartir la riqueza y el conocimiento fuera el equivalente a abordar un barco y asesinar a su tripulación.
Compartir información es un imperativo moral en oposición a un robo privado de cultura pública.
Aaron Swartz.
Le permitió lanzarse a la promoción de una política cada vez más audaz dirigida hacia la adquisición acelerada de tierras, riquezas y estados adicionales, con todo su prestigio y poder.
En otra falsificación papal, el papa Adriano I en el año 774 hizo entrega de una copia de la Donación de Constantino, la concesión de inmensas posesiones y vastos territorios a la Iglesia.
La Donación fue precedida y seguida de varios documentos papalmente falsificados en el nivel de la misiva del Beato Pedro, ‘Sucesor de la Llave del Cielos’, obra del papa Esteban, y su objetivo específico era dar poder, territorio y riqueza a los papas.
Su divulgación se entiende como prueba de que él había donado al Papa, no sólo Roma y los Estados Pontificios, sino también Istria, Véneto y de hecho toda Italia.
Llegaron a la conclusión que los recién nacidos Estados Papales, aunque de un tamaño considerable, eran demasiado pequeños para el Papa y los representantes de San Pedro.
Estos territorios tuvieron que ser ampliados para que coincidiera con el imperio espiritual de Pedro. Algo indiscutible por el cual a los a papas de forma inequívoca se les concedería por necesidad la propiedad de reinos e imperios enteros.
En este punto la Donación de Constantino es la más espectacular de todas las falsificaciones oficiales, que pretende haber sido escrita por el propio emperador Constantino, y que surgió de la nada.
El documento era una suma de las falsificaciones anteriores, pero a diferencia de fabricaciones pasadas fue definido, preciso y hablaba en términos muy claros de la supremacía espiritual y política otorgada a los papas como derecho inalienable.
El significado y las consecuencias de su aparición fueron portentosas para todo el mundo occidental.
La estructura social y el marco político de la Edad Media se moldearon determinados por su contenido.
Con ello el papado, habiendo hecho su intento más audaz en el dominio del mundo, tuvo éxito en su colocación por encima de las autoridades civiles de Europa, ya que afirma ser el poseedor real de las tierras gobernadas por los potentados occidentales y el árbitro supremo de la vida política de toda la cristiandad.
En lugar de la diadema, la Donación de Constantino le otorgó como símbolo el frigio, es decir, la tirara y la lorum que adornaba el cuello del emperador, así como las demás vestimentas suntuosas e insignias de la dignidad imperial.
El clero romano gozará desde entonces de los altos privilegios del Senado Imperial. Constantino renunciaba así a la soberanía restante sobre Roma, las provincias, las ciudades y pueblos de toda Italia y de las regiones occidentales, al Papa Silvestre y sus sucesores.
Con la segunda cláusula se hizo el jefe absoluto del cristianismo, hacia este y oeste, y de hecho de todas las iglesias del mundo.
Con la tercera cláusula se le hizo el único juez en relación con las creencias cristianas. Por lo tanto, cualquiera y cualquier iglesia que esté en desacuerdo con él era convertida en hereje, con todos los nefastos resultados espirituales y temporales de esto.
Por la cuarta cláusula, el Papa se rodeó con el esplendor y la insignia de la oficina imperial, como representación exterior de su condición imperial.
Con la quinta cláusula, todo el clero romano fue colocado en el mismo nivel que los senadores, patricios y los nobles del Imperio.
Por virtud de esta cláusula, el clero romano adquirió el derecho al más alto título de honor que los emperadores otorgan a ciertos miembros prominentes de la aristocracia civil y militar, y en las filas del patriciado consular, siendo en ese momento las más altas a la que la ambición humana podría apuntar.
Lo mismo ocurre con la afirmación que el clero romano debe tener el privilegio de engalanar sus caballos con cubiertas blancas, que en el siglo VIII era un privilegio de extraordinaria importancia.
La octava cláusula, en pocas palabras, colocaba al Senado a merced del papa.
Finalmente la novena cláusula, la más importante y la que tiene las mayores consecuencias en la historia de Occidente, hizo al Papa el soberano territorial de Roma, Italia y las regiones occidentales; es decir, del imperio de Constantino, que comprendía Francia, España, Gran Bretaña y de hecho todo el territorio de Europa y más allá.
Su viejo sueño, el dominio romano, se convirtió en una realidad en la que ya no era el Vicario de Cristo subordinado a los emperadores, sino que los emperadores estaban sometidos a los Vicarios de Cristo.
El resultado temprano concreto de la Donación de Constantino era dar una base legal a las adquisiciones territoriales de los Papas, y los hizo soberanos de derecho de una distinción muy importante y de vital importancia en la reclamación de los bienes futuros.
Aunque no hay pruebas que el documento fuera fabricado por el propio Papa, sin embargo, es indiscutible que el estilo de la donación es el de la cancillería papal en la mitad del siglo VIII.
Además, el hecho que el documento apareció por primera vez en la abadía de Saint-Denis, donde el Papa Esteban pasó el invierno de 754, es un indicio adicional de que el Papa estuvo implicado personalmente en su fabricación.
Una vez que los Estados Pontificios entraron en vigor, el documento fue ocultado hasta que se pensó podría ser utilizado con el emperador Carlomagno, quien había sucedido al rey Pinino, su padre.
La primera materialización de la Donación de Constantino fue vista cuando Carlomagno, el monarca más poderoso de la Edad Media, otorgó territorios adicionales a los Estados Pontificios y se fue a Roma para ser coronado solemnemente en la basílica de San Pedro por el Papa León III, como el primer emperador del Sacro Imperio Romano, en el año 800.
El reconocimiento de la supremacía espiritual del papado sobre emperadores y la resurrección del Imperio Romano, por fin se había hecho realidad.
La mejor manera de hacerlos obedecer era mediante el control de la administración civil en las provincias, como se había hecho en su centro con el emperador.
El Papa hizo vasallos de las autoridades civiles en las diócesis. De este modo el Papa, con una maquinaria jerárquica ciegamente obediente, controlaría a voluntad la administración civil de todo el imperio.
Fue para poner ese plan en vigor que apareció aún otra falsificación complementaria a la Donación de Constantino.
Su propósito aparente era dar una base legal a las quejas del clero en el imperio, apelando a Roma contra las fechorías de los altos prelados o de las autoridades civiles.
Aunque algunos de los contenidos de los Decretales son genuinos, una proporción colosal era ilegible, forjada, distorsionada o totalmente fabricada.
Esto fue con el fin de lograr su verdadero objetivo: obtener poder adicional para los papas, dando a los abades, obispos y clero autoridad general sobre la jurisdicción civil en todas las provincias, estableciendo así una base legal para evadir las órdenes de los gobernantes provinciales seculares.
El resultado fue que la Iglesia Romana obtuvo importantes privilegios, entre ellos la inmunidad en la operación de la ley secular, que la puso fuera del alcance de la jurisdicción de los tribunales.
De esta manera el clero adquirió no sólo una santidad peculiar que lo puso encima de la gente común, sino una inviolabilidad personal que les dio una ventaja enorme en todos sus tratos o conflictos con el poder civil.
Aún más, se encargaron que los estatutos de los emperadores y reyes, nada menos que el derecho civil de las naciones, fuera socavado y de hecho borrado por su omnipotencia recién adquirida.
Una vez arraigada en la tradición y fortalecida por la credulidad, desde el nacimiento de imperio Carolingo, las dudosas plántulas de la Donación de Constantino se convirtieron en un poderoso elemento de poder bajo la sombra del cual el autoritarismo papal prosperó.
Así lo hicieron, hasta que con falsificaciones adicionales y el ejercicio arbitrario del poder espiritual y temporal, estos documentos se convirtieron en la primera piedra formidable sobre la cual eventualmente habrían de levantar sus reivindicaciones políticas y territoriales, y el cimiento sobre el que se sitúa el conjunto de estructuras papales de la Edad Media.
A pesar de la disparidad de sus puntos de vista, todos estuvieron de acuerdo sobre una interpretación fundamental: la Donación dio la mayor autoridad al papado, el reino y la iglesia.
Los Papas actuaron sobre esto, con el argumento como base para aumentar su dominio territorial, y la nueva inevitable acumulación de riqueza que iba con ello, concentrando la jurisdicción espiritual y política en sí mismos para administrar el Imperio de Occidente como un feudo papal.
Ello implicaba la extensión de su dominio temporal sobre los reyes y reinos de la Tierra y por lo tanto sobre sus riquezas temporales.
La captura de Jerusalén y el éxito de la primera cruzada dio un prestigio incalculable a los pontífices.
Esto se hizo empleándolos como palancas militares y políticas, que nunca dejaron de producir ventajas territoriales y financieras durante toda la Edad Media.
Por esta razón la Iglesia Romana sostiene que el reino occidental ha sido entregado a su posesión por Constantino, y exige tributo y pleitesía de ellos desde entonces hasta el día de hoy.
La Donación de Constantino significaba realmente la donación ‘de la tierra y el imperio celestial al sacerdocio real de la silla romana’.
El Papa Inocencio II (1198-1216), el más enérgico defensor de la supremacía papal, afirmaba para sí la supremacía temporal sobre todas las coronas de la cristiandad, porque como sucesor de San Pedro, él era simultáneamente el jefe supremo de la verdadera religión y el soberano temporal del universo.
Sus esfuerzos se encargaron de que la gobernación papal se extendiera sobre tierras y reinos diversos.
El poder dado por la Donación a la Iglesia Romana se vio reforzado por aquello inherente al propio papado. Como sucesores directos de Pedro, los papas eran los únicos verdaderos herederos del poder de la Iglesia, y por tanto de lo que sea y cualquiera que estuviera bajo su autoridad.
Cada monarca, incluso el más poderoso, posee solamente tanto poder y territorio como el Papa le ha transferido a él o encuentra bien permitirlo’.
Esta teoría fue apoyada por la mayoría de los teólogos medievales, y se convirtió en la firme convicción de los papas, por la que quería decir que el dominio espiritual del papado tenía que tener su contrapartida también en el dominio papal sobre todas las tierras, territorios y riquezas del mundo entero.
Ni siquiera los emperadores más ambiciosos del Imperio romano antiguo se habían atrevido a reclamar tanto.
Tan pronto como se desató la carrera por la conquista del hemisferio occidental, el Papa llegó a la vanguardia como amo y árbitro de los continentes a ser conquistados.
Porque si todas las tierras a ser descubiertas y conquistadas pertenecían por derecho a San Pedro, todas las riquezas, tesoros y abundancia en cualquier forma también pertenecía a los papas, sus sucesores. De este modo el nuevo mundo se había convertido por anticipado en la posesión del papado.
El 3 de octubre de 1.213, el Rey Juan Sin Tierra, como ´Rey de Único de la Corporación de Inglaterra´, reclamó la autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y los asignó al Papa, quien, como Vicario de Cristo, reclamó el dominio sobre el entero mundo. A cambio, el Papa concedió potestad ejecutiva a la Corona Inglesa sobre todos estos dominios.
En otras palabras, la Corona es la Jefa Ejecutiva y el Vaticano es el propietario, aunque, por supuesto, el verdadero propietario es quienquiera que controle al Vaticano.
Esto es el porqué Londres resulta el centro del nivel máximo de operaciones. Los ciudadanos de los Estados Unidos de América, ´Tierra de los libres´, han sido sometidos por este engaño y continúa siendo así.
El acuerdo del Rey Juan con el Papa presumiblemente cedió la soberanía de Inglaterra a Los Templarios, la Banca Internacional.
La Compañía de Virginia y el Rey James decretaron que las cortes criminales en las colonias americanas serían controladas por el Derecho de la Ley del Almirantazgo del Tribunal Marítimo Británico.
Todo y cualquier juzgado penal en los Estados Unidos tienen tal fleco de oro. Lo mismo pasa con muchas otras construcciones oficiales.
Haciendo hincapié que esos juzgados penales ´estadounidenses´ están dirigidos bajo el Derecho Marítimo Británico de la Corona.
Los jueces estadounidenses son completamente conscientes que sus salas de tribunal son controladas por el Derecho Marítimo Británico, pero se mantienen al respecto en remunerado silencio.
El ideólogo nazi Carl Schmitt
Esta doctrina es casi una copia de los escritos del jurista nazi Carl Schmitt (1888-1985).
José Couso, víctima del permiso autoconcedido por las autori- des militares de E.E.U.U . para escarmentar a los periodistas que van por libre.
Según el Pentágono, los tratados de derechos humanos, son principalmente aplicables a la relación entre un Estado y los individuos en tiempos de paz.
El rostro del soldado que disparó contra José Couso, un cri- men impune justificado por la ralea de tertulianos pagados con petrodólares ensangrentados del tito Sam
Es significativo que las palabras ‘libertad de expresión’ y ‘libertad de prensa’ no aparezcan en el manual del Pentágono.
Una nota al pie incluye la advertencia que ‘esta sub-sección se centra únicamente en lo que está permitido por la ley de la guerra y no se ocupa de las posibles consecuencias de la censura bajo la Primera Enmienda de la Constitución’.
El manual es una expresión de la incompatibilidad del militarismo imperialista y la democracia. En los 27 años transcurridos desde la liquidación de la Unión Soviética, y en especial durante los 16 años transcurridos desde el lanzamiento de la llamada ‘guerra contra el terror’, Estados Unidos ha estado perpetuamente en guerra, tratando de compensar su decadencia económica por las amenazas y la violencia militar en todo el mundo, difícilmente se puede esperar que permanezca fiel a la ley y los principios democráticos de la nación.
El "Manual de Guerra del Departamento Defensa de Estados Unidos", en realidad una Ley del Pentágono para la guerra, sostiene que el derecho de guerra es independiente y reemplaza a todas las otras ramas del derecho, incluidos los tratados internacionales de derechos humanos y la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, nada menos que una fórmula para la ley marcial, la dictadura militar y la suspensión de la Constitución.
Citando un tratado jurídico titulado ‘Derecho Militar y de los precedentes’, el manual indica que el derecho de la guerra puede prevalecer sobre la Constitución ‘en el teatro real de las operaciones militares’, y como está señalado por un juez ‘las leyes ordinarias de la Tierra se sustituyeron por las leyes de la guerra’.
La jurisdicción de todo magistrado civil se suspende, y ‘la autoridad militar y la fuerza sustituyen efectivamente su autoridad original, en los poderes de guerra del Congreso y del Ejecutivo, y por lo tanto en su fuente constitucional, el derecho de la guerra puede en su ejercicio reemplazar sustancialmente de manera temporal incluso la propia Constitución’.
Con el mundo entero declarado campo de batalla en la ‘guerra contra el terror’, esta es una fórmula del Pentágono para imponer la dictadura militar en todo el planeta.
Cuando el Pentágono se refiere al ‘derecho de la guerra’, no se está refiriendo a los precedentes históricos o tratados internacionales. La frase ‘ley de guerra’, en el contexto del manual, es un eufemismo de ‘ley de acuerdo con al Pentágono’.
Bajo tal marco pseudo-legal, el ‘derecho de la guerra’ es una fuente independiente de la autoridad judicial que anula todos los derechos democráticos y arbitra las sanciones por la regla de los militares.
‘Aunque el derecho de la guerra es generalmente visto como ley prohibitiva, en algunos aspectos, sobre todo en el contexto de la legislación nacional, el derecho de la guerra puede ser visto como permisivo o incluso como una fuente de autoridad’.
El ideólogo nazi Carl Schmitt
En ‘Estado de excepción’ bajo condiciones de una emergencia nacional, al ejecutivo se le permite anular las protecciones democráticas y no tener en cuenta el estado de derecho.
Bajo esta doctrina, los derechos democráticos no son derogados formalmente, pero se suspenden indefinidamente.
La doctrina de ‘Estado de excepción’ de Schmitt fue utilizada en 1933 como una justificación legal de la ‘Ley para aliviar la angustia de las personas y el Reich’, también conocida como la ‘Ley Habilitante’, que codificó la dictadura de Adolf Hitler.
El manual del Pentágono invoca la teoría de Schmitt en todo menos en el nombre. Habiendo afirmado que el derecho de la guerra es una disciplina ‘especial’ de la ley, en lugar de una disciplina ‘general’, el manual indica que ‘la norma especial prevalece sobre la ley general’. Para el efecto, una máxima legal agregada se cita como ‘lex specialis derogat legi generali’.
Así, según el Pentágono, el derecho de la guerra es la excepción a la general ley de tiempos de paz, nada menos que una doctrina legal nazi incorporada por el Pentágono en un documento político crucial, por el cual cada vez que la política de conflictos del Pentágono entre en disputa con los tratados de derechos humanos, éstos deben ser ignorados.
El manual continúa: ‘Detrás de este enfoque está el hecho que el derecho de la guerra está firmemente establecido en el derecho internacional consuetudinario como un cuerpo bien desarrollado de ley que está separado de los principios de la ley de aplicación general en tiempos de paz’.
La implicación es que en tiempos de guerra, el inmenso establecimiento militar de Estados Unidos es una rama de separada e independiente del gobierno, sujeto a sus propias normas y sin rendir cuentas a nadie.
A pesar de las referencias a los poderes de guerra del Congreso y el ejecutivo bajo la Constitución de Estados Unidos, las concepciones del Pentágono son lo contrario del marco previsto por los redactores de la Constitución.
La Declaración de la Independencia, en su lista de quejas en contra de la monarquía británica, acusa que el rey ‘afecta para hacer independiente y superior lo militar al poder civil’, y describe al presidente como el comandante en jefe de la marina y el ejército como una forma de expresar la subordinación de los militares al poder civil.
Esta frase no estaba destinada a elevar los militares, con el presidente como su cabeza, en una especie de autoridad suprema sobre el resto del Estado y de la población.
José Couso, víctima del permiso autoconcedido por las autori- des militares de E.E.U.U . para escarmentar a los periodistas que van por libre.
Por lo tanto, en tiempos de ‘guerra contra el terror’ de alcance y duración indefinidos, los derechos humanos y otras garantías de las libertades civiles no se aplican, con argumentos presentados por el manual para justificar la suspensión de la Declaración de Derechos de todo tipo como una ley de ‘tiempos de paz’, que se sustituye mientras dure la ‘guerra contra el terror’.
Pero ¿por qué detenerse ahí? Las elecciones también forman parte de un sistema de leyes de aplicación general en ‘tiempos de paz’. ¿Qué pasa con otras libertades civiles? ¿Y el derecho a la libertad de expresión o el derecho a formar partidos políticos? ¿Qué pasa con el derecho a un juicio con jurado?
¿Y el derecho a la privacidad, y la prohibición de castigo cruel e inusual? ¿Qué pasa con las leyes contra la discriminación racial o el derecho a un salario mínimo?
Llevado a su conclusión lógica, la Ley del Manual de Guerra justifica la imposición de una dictadura militar, la suspensión de todos los derechos democráticos contra toda clase de disidentes como derecho y obligación de segregarlos de la comunidad normal durante la duración del conflicto, dejando al descubierto planes que se han discutido ampliamente, desarrollados y aprobados en los más altos niveles del Estado.
En tiempos de guerra, la ley se silencia.
Según el Pentágono, las masacres de civiles son permisibles si ayudan a lograr ‘objetivos operativos’.
De conformidad con este enfoque, un derecho democrático básico o principio jurídico se afirma en términos abstractos, y entonces será ‘equilibrado’ contra el principio autoritario, con el resultado que el principio básico será privado de sentido.
En otras palabras, después de aplicar la fórmula de ‘equilibrio’, resulta que es aceptable matar a civiles, si en conjunto se espera que una ´ventaja militar’ sea mayor que el daño a los civiles.
Esto hace efectiva la norma que prohíbe matar sin sentido a civiles. En la práctica, la fórmula de ‘equilibrio’ se traduce en el poder sin trabas de los líderes militares para ordenar asesinatos en masa y destrucción.
‘Por ejemplo’, dice el documento, ‘si un comandante determina que tomar precaución podría resultar en riesgo operativo (es decir, el riesgo de no poder cumplir la misión) o un mayor riesgo de daño a sus propias fuerzas, entonces la precaución no sería factible y no se requiere’.
Esto es un cheque en blanco para los asesinatos en masa de civiles si un líder militar decide que no hacerlo sería un ‘riesgo operativo’. Si el exterminio de la población de una ciudad hostil reduciría el ‘riesgo de daño’ a las fuerzas estadounidenses, entonces el Manual Pentágono lo permite.
El manual también codifica el término tendencioso de ‘escudos humanos’, en que las muertes de civiles se atribuyen a los objetivos de bombardeos indiscriminados.
‘Una incursión que está sujeta a un ataque podría no tomar las precauciones posibles para reducir el riesgo de daño a los civiles, por la separación de la población civil de los objetivos militares, la capacidad de discriminar y reducir el riesgo de daño a la población civil probable será disminuida por tal conducta enemiga’.
Esto no es más que una justificación con otro nombre para el castigo colectivo. Si el Pentágono identifica un ‘objetivo militar’ en un área densamente poblada, a continuación, los militares supuestamente tienen el derecho legal a anular con explosivos el sitio por extenso que sea y culpar a la población civil por ser ‘escudos humanos’. El castigo colectivo es, según el derecho internacional, un crimen de guerra. Está diseñado para aterrorizar a una población y desalentar la resistencia.
El manual autoriza expresamente los asesinatos selectivos.
‘Las operaciones militares pueden dirigirse contra combatientes enemigos específicos, y las fuerzas estadounidenses a menudo han llevado a cabo este tipo de operaciones’.
El manual censura y focaliza a los periodistas como ‘beligerantes no privilegiados’, e incluso los trata como espías potenciales.
‘La presentación de informes sobre las operaciones militares puede ser muy similar a la recogida de inteligencia o incluso el espionaje’.
El Manual de Guerra del Pentágono pide por tanto ‘capturar y castigar’ a los periodistas, prohibirles trabajar de forma anónima, y requiere que los periodistas obtengan ‘permiso y documentos de identidad’ de los militares de Estados Unidos para llevar a cabo su trabajo’.
Dice: ‘Un periodista que actúa como espía puede ser objeto de medidas de seguridad y castigado si es capturado. Para evitar ser confundidos con espías, los periodistas deben actuar de manera abierta y con el permiso de las autoridades pertinentes.
La presentación de los documentos de identificación, como la tarjeta de identificación emitida a los corresponsales de guerra autorizados u otra identificación adecuada, pueden ayudar a los periodistas a evitar ser confundidos con espías’.
Los periodistas pueden ser sometidos a censura militar.
Declara que ‘puede necesitar censura el trabajo de los periodistas o tomar otras medidas de seguridad para que los periodistas no revelen información sensible al enemigo.
En el marco del derecho de la guerra, no existe un derecho especial para los periodistas de entrar en el territorio de un Estado sin su consentimiento o para acceder a las zonas de operaciones militares sin el consentimiento del Estado que realiza esas operaciones’.
En este marco legal propio de un estado policial autoritario, por ejemplo, se justificaría la creación de un campo de internamiento militar para encarcelar a cada periodista que publique material sensible.
No hay nada en el manual que prohibiría el Pentágono lanzar ataques aéreos contra periodistas específicos que considere estar actuando como ‘espías’, y argumenta que quienes critican la ‘guerra contra el terror están ayudando al enemigo’, y de tal manera deben ser tratados como ‘combatientes ilegales’ en el marco del derecho de la guerra, porque están trabajando al ‘servicio de los islamistas que buscan destruir la civilización occidental y volver a crear los califatos’, siendo culpables de ‘escepticismo del poder ejecutivo, socialización profesional, pacifismo pernicioso y cosmopolitismo’, y pueden ser considerados ‘objetivos legítimos’ del ataque militar en el marco del derecho de la guerra.
El manual del Pentágono codifica esta posición y autoriza a los militares para llevar a cabo medidas represivas contra los periodistas que cubren conflictos.
El rostro del soldado que disparó contra José Couso, un cri- men impune justificado por la ralea de tertulianos pagados con petrodólares ensangrentados del tito Sam
En una sección que establece la autoridad del Pentágono como ‘Potencia ocupante’, el manual indica que ‘a los efectos de la seguridad, una Potencia ocupante podrá establecer la regulación de cualquiera o de todas las formas de medios de comunicación (por ejemplo, prensa, radio, televisión) y entretenimiento (por ejemplo, teatro, cine), del correo y de otros medios de comunicación.
Por ejemplo, una Potencia ocupante podrá prohibir totalmente la publicación de periódicos que representan una amenaza a la seguridad, o puede prescribir normas para la publicación o difusión de los periódicos de otros medios de comunicación con el propósito de cumplir con sus obligaciones de restablecer el orden público’.
Presumiblemente, los autores sostienen que se aplica la Primera Enmienda sólo en ‘tiempos de paz’, y que está superada por la ‘ley especial’ del Pentágono en toda la duración de la ‘guerra contra el terror’.
El Manual de Guerra del Pentágono autoriza pues el asesinato de civiles durante los conflictos armados y establece un marco para las detenciones militares masivas.
Discute libremente el uso de armas nucleares, y no prohíbe el napalm, las municiones de uranio empobrecido, bombas de racimo y otras armas indiscriminadas.
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