El consulado en Buenos Aires no encuentra ninguna prueba de exilio entre 18.000 'nietos'
La sede consular en la capital argentina cumple sin agobios la orden de Albares gracias a una digitalización previa
Ni una sola. Entre los casi 18.000 expedientes revisados en el Consulado de España en Buenos Aires en los últimos días por la aplicación de la denominada ley de nietos, no hay ninguno que tenga alguna prueba de exilio político para la concesión de la nacionalidad española, por lo que estos beneficiados por la disposición octava de la ley de Memoria Democrática no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si el Tribunal Supremo mantiene las cautelares tal y como están fijadas a día de hoy.
En los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya se advirtió la pasada semana que solo 91 de los 31.390 expedientes revisados hasta el pasado 21 de octubre por el Gobierno de personas nacionalizadas gracias a la denominada ley de nietos habían obtenido el certificado que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para poder votar en los comicios del 29-N.
La Administración había examinado hasta ese momento casi una quinta parte de los 163.020 casos afectados por las medidas cautelares del Supremo, pero únicamente ha expedido 91 certificados, lo que representa apenas el 0,29% de los expedientes revisados. Se trataba de una cifra provisional que no implica que el resto de afectados no pueda acreditar posteriormente el cumplimiento de los requisitos y vote el próximo 29-N, pero el caso de Buenos Aires denota que el citado porcentaje apenas se moverá.
Hay que subrayar que ningún consulado estaba obligado a pedir pruebas de exilio a los demandantes de la nacionalidad española por la ley de nietos. Ello se debe a que la instrucción del Ministerio de Justicia que redactó Sofía Puente no lo exigía. «Ni la gente aportó documentos ni el consulado los pidió», subrayan fuentes diplomáticas. Con probar que un antepasado había salido de España entre 1936 y 1955 era suficiente. Y aun así, se han producido irregularidades en legaciones como la de México al aceptarse solicitudes de personas que no sufrieron la Guerra Civil ni el franquismo, tal y como ha demostrado THE OBJECTIVE.
José Manuel Albares metió prisas a los cónsules el pasado viernes con un telegrama urgente, en el que les apremió a tener este martes la lista cerrada que exigía el Supremo, un día antes de que finalice el plazo. Los magistrados pidieron a los titulares de Exteriores y Justicia una relación nominal de los 163.020 afectados por la suspensión del voto por la denominada ley de nietos bajo amenaza de multa de mil euros o exigencia de responsabilidad penal.
Ante el riesgo de multa económica o responsabilidad penal por obstrucción a la justicia, Albares subrayó a los cónsules que tendrían que asignar «todos los recursos de esa oficina consular hasta dar cumplimiento a la tarea, incluyendo durante los días 24 y 25, dentro de los límites permitidos por la legislación». Es decir, el ministro les ordenó trabajar durante el fin de semana, si era necesario, para expurgar a toda prisa el censo.
Además, los listados en los que se dice quién tiene prueba de exilio no son sencillos de elaborar. Toda la documentación previa a 2025 aún no está completamente digitalizada y la cifra de 163.020 personas afectadas por la decisión del Supremo no se puede cotejar si no era mirando los tomos uno a uno. Y ello, después de que el departamento de Albares crease en diciembre del año pasado el llamado Escritorio Unificado de Tramitación Consular (EUdT) para las altas de matrícula y la expedición de pasaportes, sin que funcione plenamente a día de hoy.
Los trabajos en Rosario y Caracas
Con todo, el principal problema que han tenido los cónsules es que no sabían hasta cuándo tenían de plazo para revisar las pruebas de exilio que el Supremo les ha ordenado revisar. En el caso de Buenos Aires, cumplió sin agobios la orden de Albares gracias a una digitalización previa. Por su parte, el consulado en Rosario (Argentina), uno de los señalados en las últimas semanas por su gran número de nacionalizaciones, revisó más de 50.000 expedientes hasta el pasado lunes, pero ha sido una excepción de toda la red consular. En Caracas, por ejemplo, el trabajo se ha desarrollado «en condiciones pésimas», a juicio de las citadas fuentes, por culpa de los efectos de los últimos terremotos que dañaron el edificio.
De los 2,4 millones de personas que en todo el mundo han manifestado su interés por optar a la nacionalidad española gracias a la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, más de la cuarta parte de todos estos expedientes —un total de 645.052 personas— se han presentado en el consulado español de la capital argentina. Ese altísimo número de solicitudes —el 26,8% del total recolectado en todo el planeta cuando la media en cada consulado es de 20.000 expedientes— fue registrado durante tres años, de octubre de 2022 a octubre de 2025, por la vigencia de la citada Ley de Memoria Democrática, pero no equivalen todavía a nacionalidades concedidas.
Hasta el pasado mes de julio, en Buenos Aires se habían recibido físicamente 220.000 de las 645.000 solicitudes. Los plazos que se marcan los diplomáticos españoles para esta recepción física de la documentación —una fase previa e independiente de la posterior evaluación y resolución de cada expediente— «se prolongarán, en el mejor de los escenarios, hasta 2030 o 2031».
De esos 220.000 expedientes físicos ya tramitados en Buenos Aires, solo se han resuelto algo más de 33.000 hasta el verano, a un ritmo de resolución de 1.800 al mes. Esos eran los potenciales votantes en las próximas elecciones generales. Antes de que entrase en vigor la ley de nietos, el volumen de españoles inscritos en Buenos Aires era de 337.980 personas. A escasos días de finalizar el pasado mes de junio, el cómputo ascendía a 359.263 personas, lo que supone un incremento que supera ligeramente el 6% desde 2022.
En el pasado, hubo largas colas en el consulado de Buenos Aires para efectuar gestiones como las altas consulares, las citas para la solicitud de nacionalidad o la inclusión en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), de donde se obtiene el Censo Electoral de Españoles Ausentes (CERA) con el que se organizan las votaciones cada vez que se convocan unas elecciones generales o autonómicas. Pero en la actualidad han desaparecido: cada día se dan citas para una media de 230 solicitudes de nacionalidad, 240 entregas de pasaportes y un centenar de altas de matrícula.
En todo caso, el Gobierno entregará este miércoles en tiempo el listado de afectados por la denominada ley de nietos sobre los que pesa la suspensión de voto el 29-N. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró este martes que el Ejecutivo «cumplirá con el plazo» de cinco días que le otorgó el Tribunal Supremo para remitir una relación de los 163.020 españoles nacionalizados gracias a la instrucción de Sofía Puente. «Los ministerios afectados están comprometidos», insistió Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares ya advirtió el pasado 18 de septiembre que era «materialmente imposible» hacer la distinción de quienes se habían nacionalizado gracias a la instrucción de Sofía Puente. En el documento requerían un plazo de seis meses para cumplir con la resolución del Supremo, ya que sostienen que el proceso para revisar si los perjudicados cumplían con la ley de nietos debía hacerse de manera manual y cada expediente supone más de 20 minutos de análisis.
El Supremo suspendió los efectos electorales de la ley de nietos el pasado 8 de septiembre, antes de que Sánchez convocara el adelanto electoral. Ese nuevo escenario complicó las tareas para expurgar del censo a los afectados por la suspensión de voto. Fuentes gubernamentales reconocieron a este diario la dificultad de cumplir con la resolución. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tumbó los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que reclamaban que se permitiera votar a todos los descendientes de los españoles en el exilio con el argumento de que no había tiempo material para revisar el censo de residentes en el extranjero antes de las generales.
Los magistrados decidieron el 12 de octubre mantener la suspensión del voto de los españoles nacionalizados a través de la ley de nietos, al considerar que debía «prevalecer la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral sobre el interés particular del ciudadano». El Defensor del Pueblo había recurrido el caso al Constitucional, pero la corte de garantías dio un portazo al considerar que era «prematuro» admitir el recurso porque el Supremo aún no se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión.
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