La 'ley de nietos' llega a la Junta Electoral: los funcionarios piden que no pueda votar quien no pruebe relación con el exilio Las claves
La llamada ley de nietos ha salido de las tertulias y la polémica, ha dejado los despachos de Exteriores y Justicia y ha aterrizado en el de la Junta Electoral Central.
El sindicato CSIF, el mayoritario entre los funcionarios consulares, ha registrado un escrito en el que pide al árbitro de las elecciones una orden clara para contener el aumento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática.
El problema no es sólo jurídico, sino práctico y político.
Como desveló EL ESPAÑOL, las embajadas y consulados están promoviendo activamente la norma entre "bisnietos" e incluso "tataranietos" de españoles, como se ha visto en la campaña de la Embajada en Paraguay y en los mensajes del cónsul en Caracas animando a apurar el plazo.
Desde el Ministerio se aferran a que la norma es la norma, y que si hay errores en alguna oficina consular, no se puede buscar detrás de ella ninguna conspiración política a favor del partido del Gobierno.
Pero ese impulso institucional, por escrito en las oficinas consulares y en sus propias páginas web, con instrucciones, ha disparado las solicitudes, ha colocado a los funcionarios consulares en el centro de una tormenta perfecta, con la oposición del Partido Popular acusando a Pedro Sánchez de "ingeniería electoral".
Son los funcionarios los que tramitan los expedientes de nacionalidad. Y sobre todo, aplican las instrucciones internas del Ministerio de Justicia y comunican las nuevas altas al Registro Civil y, de ahí, al censo electoral.
Por eso CSIF considera que no puede mirar hacia otro lado, y así explica su condición de "parte interesada" ante la JEC.
Denuncia que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha "desnaturalizado" la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y ha convertido "la excepción" de los descendientes de exiliados en "una vía casi general" para cualquiera con un abuelo o bisabuelo español.
Medidas concretas
El escrito presentado a la Junta Electoral se centra en pedir medidas muy concretas.
La primera, una orden a la Oficina del Censo Electoral para que sólo se inscriba en las listas de votantes a "quienes hayan demostrado que el exilio de su ascendiente obedeció a razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual", tal y como exige la ley.
Esto supondría dejar fuera del censo a los nuevos nacionales que se han acogido a la llamada ley de nietos sin acreditar ese exilio, amparados únicamente en la presunción interna de Justicia sobre los que salieron de España entre 1936 y 1955.
CSIF quiere que esa presunción no tenga efectos electorales mientras no esté respaldada por pruebas concretas en cada expediente.
La segunda medida es trasladar la misma lógica a quienes ya viven en España cuando se inscribe su nacionalidad.
El sindicato pide que la Junta Electoral ordene a ayuntamientos y oficinas generales del Registro Civil que sólo den de alta en el censo a estos nuevos españoles si el expediente recoge de forma clara los motivos del exilio de su familiar.
La tercera petición tiene que ver con el mapa electoral.
CSIF reclama una instrucción específica sobre cómo determinar el municipio de "mayor arraigo" en España de quienes adquieren la nacionalidad viviendo en el extranjero, para evitar que la elección del lugar de voto quede al albur de decisiones poco controladas.
Semanas de polémica
La batalla que se abre en la Junta Electoral llega después de varias semanas de polémica política sobre la ley de nietos.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el Gobierno ha montado una "fábrica de españoles" y ha anunciado recursos contra la aplicación de la norma y contra la subcontratación de los trámites en algunos países de América.
El líder del PP sostiene que el Ejecutivo está usando la nacionalidad para influir en el censo, con un potencial de cientos de miles de nuevos votantes residentes en el exterior.
Esa acusación ha encendido al Gobierno, que le reprocha poner en duda el proceso electoral, y ha obligado a la dirección popular a matizar su discurso.
El propio PP ha tenido que recordar que fue el partido quien reclamó en 2022 una ley de descendientes de españoles. El mensaje es que Feijóo sigue defendiendo esa reparación histórica, pero no "por la puerta de atrás" ni con interpretaciones expansivas que desborden lo que el Parlamento aprobó.
Junta Electoral
En ese contexto, la iniciativa de CSIF introduce un actor nuevo en el debate.
El sindicato dice hablar en nombre de los empleados públicos que están ejecutando sobre el terreno las órdenes de los ministerios y que temen que se les responsabilice disciplinariamente si esas órdenes resultan ilegales.
Más allá de la política, el escrito del sindicato aporta argumentos estrictamente jurídicos.
Sostiene que una dirección general del Ministerio de Justicia "no tiene potestad reglamentaria" para modificar el alcance de una ley aprobada por las Cortes ni para crear presunciones de exilio que dispensen de probar los requisitos que fija la norma.
CSIF denuncia en concreto que la instrucción del 25 de octubre de 2022 "presume exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".
A su juicio, esa presunción convierte en beneficiarios de la ley a emigrantes económicos, estudiantes o trabajadores que nunca sufrieron persecución política, ideológica o religiosa.
El sindicato alerta de que esa interpretación ha permitido ya la inscripción de decenas de miles de nuevos nacionales en el censo sin una base probatoria suficiente sobre el exilio de sus ascendientes.
Y advierte de que esa ampliación "desmedida" del censo se está produciendo sin que la Junta Electoral haya fijado criterios propios para ordenar el trabajo de consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil.
Garante de la limpieza
Por eso el documento insiste en el papel de la Junta Electoral y de la Oficina del Censo Electoral como garantes de la limpieza del proceso.
Invoca los artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que les atribuyen la dirección de la Oficina y la facultad de dictar instrucciones a las autoridades encargadas de elaborar y actualizar el censo.
CSIF no pide que se derogue la norma ni que se cierre la vía de nacionalidad a los descendientes de exiliados.
Reclama que se aplique estrictamente lo que está escrito, y aprobado por las Cortes. Es decir, que no se presuma lo que debe probarse y que quienes han obtenido la nacionalidad sin acreditar el exilio de sus ascendientes no entren en el censo hasta que la Junta Electoral se pronuncie.
El sindicato remata su alegato con una apelación a la seguridad jurídica de los funcionarios.
Recuerda que la propia Ley del Registro Civil prevé "responsabilidades disciplinarias" para los encargados que acaten órdenes manifiestamente ilegales y advierte de que, si la Junta Electoral no actúa, la presión política por la ley de nietos acabará descargándose sobre quienes sólo deberían limitarse a cumplir la ley.
