Noticias de 25 de noviembre de 2023

MAS  NOTICIAS

Noticia:
La Policía irlandesa revisa 6.000 horas de grabaciones para garantizar la seguridad tras los disturbios
La Policía irlandesa está revisando 6.000 horas de grabaciones de vídeovigilancia en el marco de la investigación de los disturbios desatados el jueves en el centro de Dublín, promovidos por grupos de la ultraderecha tras el apuñalamiento múltiple que dejó cinco personas heridas, según la ministra de Justicia, Helen McEntee.

Noticia:
Milei destaca la actitud "colaborativa" del FMI con Argentina tras una conversación con su directora gerente
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha mantenido una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y ha señalado que el organismo se ha mostrado "colaborativo para encontrar las soluciones que Argentina necesita".

Noticia:
Tregua Israel-Hamás en Gaza | Directo: Las FDI atacan una "infraestructura terrorista" de Hezbolá
Los primeros trece rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante los ataques del 7 de octubre contra territorio israelí y puestos en libertad este viernes en el marco de la tregua alcanzada con Israel se encuentran ya en Egipto tras cruzar el paso de Rafá, en la frontera con la Franja de Gaza.

Noticia:
ONG y políticos vuelven a salir mañana divididos en Madrid y otras ciudades de España contra la violencia machista
Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado más de 40 movilizaciones para este sábado, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en varias ciudades y pueblos de España, en algunos casos, evidenciando la división del movimiento feminista, como es el caso de Madrid, Sevilla o Toledo.

Noticia:
25N | Directo: ONG y políticos vuelven a salir divididos en Madrid y otras ciudades contra la violencia machista
Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado más de 40 movilizaciones para este sábado, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en varias ciudades y pueblos de España, en algunos casos, evidenciando la división del movimiento feminista, como es el caso de Madrid, Sevilla o Toledo.

Noticia:
El PP lamenta los "retrocesos" en la lucha contra la violencia de género y pide al Gobierno sumar esfuerzos
El PP ha lamentado los "retrocesos" que recientemente se han dado en la lucha contra la violencia de género, culpando al Gobierno de "romper la unidad, hacer caso omiso a las advertencias y poner en práctica políticas partidistas" que cree que han tenido consecuencias "nefastas".

Noticia:
Sánchez asegura que no se dará "ni un paso atrás hasta acabar con la violencia machista"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que no se dará "ni un paso atrás hasta acabar con la violencia machista".

Noticia:
El alcalde de Irún, José Antonio Santano, será el secretario de Estado de Transportes
La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha felicitado este sábado al socialista José Antonio Santano, que pasará de ser alcalde de la localidad guipuzcoana de Irún a secretario de Estado de Transportes, para afirmar que, con él, "gana el Ministerio y pierde" el municipio que gestiona, aunque ha apuntado que, desde su nuevo cargo, también puede "ayudar al desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca".

Noticia:
Jucil reclama la ampliación de efectivos en Viogén para garantizar valoraciones de riesgo "sin manipulaciones"
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), mayoritaria en el cuerpo, ha pedido a la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que reclame la ampliación de efectivos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) para garantizar que se realizan valoraciones de riesgo de las víctimas "sin presiones ni manipulaciones".

Noticia:
Belarra pide a Podemos "aceptar el golpe y pasar página" tras su salida del Gobierno elevando su autonomía ante Sumar
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a su organización a "aceptar el golpe" de su exclusión en el Gobierno por parte de PSOE y Sumar, por mucho que haya "podido doler", y llama a "pasar página" para el futuro, haciendo valer su "total autonomía política" en el Congreso.

Noticia:
Gamara reafirma el compromiso del PP contra la amnistía manifestando que "ni nos rendimos, ni nos callamos"
La secretaría general del PP, Cuca Gamarra, ha reafirmado el compromiso de los 'populares' contra la amnistía, indicando que "ni nos rendimos, ni nos callamos, ni nos estamos quietos". "Mientras Sánchez ha venido para levantar un muro entre españoles, nosotros hemos venido a gobernar para todos", ha destacado, al tiempo que ha advertido al presidente del Gobierno de que "España no se rinde".

Noticia:
Ana Redondo apela a la "unidad" del feminismo porque dividirse es una "baza" para "Vox y la derecha"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este sábado a la "unidad" del feminismo, que hoy sale dividido a la calle en dos manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Noticia:
Hamás agradece la postura "clara y audaz" de Sánchez sobre la ofensiva israelí en Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha valorado positivamente la postura "clara y audaz" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro belga, Alexander de Croo, respecto a la ofensiva militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza.

Noticia:
Imanol Pradales será el candidato a lehendakari del PNV en sustitución de Iñigo Urkullu
El diputado foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, será el próximo candidato a lehendakari del PNV a las próximas elecciones autonómicas vascas y, por tanto, la persona que sustituirá a Iñigo Urkullu.

Noticia:
Miles de mujeres salen a las calles de España por el 25N contra la violencia machista y el negacionismo
Esta tarde tendrán lugar otras tantas manifestaciones por todo el país, que en algunas ciudades como Madrid evidencian la división del feminismo

Noticia:
Jorge Martín gana al esprint y lleva la lucha por el título de MotoGP hasta el domingo
El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial de motociclismo, que aprieta la lucha por el título con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deberá defender el domingo 14 puntos de renta en la general sobre el madrileño.

Noticia:
Feministas recorren Madrid y piden unidad con lemas por el fin de la prostitución y contra la Ley Trans
Feministas -2.000 según la Delegación del Gobierno y 25.000 según las organizadoras- han recorrido la Gran Vía madrileña tras una pancarta en la que piden "unidad" frente al machismo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado 25 de noviembre. Si bien, también han coreado lemas por la abolición de la prostitución y contra la Ley Trans, que les separan de la Comisión 8M, convocante de la otra marcha que recorrerá la capital esta tarde. Este año, sin embargo, no se han escuchado, como en anteriores, proclamas contra la exministra Irene Montero.

Noticia:
Arranca la segunda manifestación por el 25N en Madrid al grito de "aquí estamos las feministas"
La manifestación convocada por la Comision 8M con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha arrancado en Madrid pasadas las 18:00 horas de este sábado al grito de "que viva la lucha de las mujeres" y "aquí estamos las feministas".

Noticia:
Feministas convocadas por la Comisión 8M recorren Madrid por el 25N al grito de "Se Acabó" y con banderas palestinas
Feministas convocadas por la Comisión 8M, 7.000 según Delegación del Gobierno y más de 50.000 según las convocantes, han recorrido las calles del centro de la capital tras una pancarta con el lema '25N Se acabó, nuestra lucha es global', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado 25 de noviembre. Las participantes han coreado lemas como "se acabó",, "la calle y la noche también son nuestras". La marcha ha arrancado al grito de "Aquí estamos las feministas".

Noticia:
El feminismo vuelve a salir dividido en Madrid en el Día contra la violencia machista
Entre 2.000 y 25.000 mujeres han acudido a la marcha del Foro de Madrid y entre 7.000 y 50.000 a la de la Comisión 8M

Noticia:
Hamás libera a 17 rehenes más, que ya están en Israel
Un grupo de 17 rehenes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha sido liberado este sábado por la noche. Los rehenes han sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que los ha trasladado a través de Rafá hasta territorio egipcio y desde allí han entrado en territorio israelí por Kerem Shalom.

Noticia:
Medio millar de personas vuelven a protestar de forma pacífica en Ferraz este sábado, la cifra más baja de la semana
Un total de 500 personas, según ha confirmado la Delegación del Gobierno, han participado en la manifestación de este sábado en Ferraz contra de la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los partidos independentistas, en la que es la protesta con la cifra más baja de la semana, en contraste con la de este viernes, que reunió a unas 3.000 manifestantes.

El exdiputado del PP Alberto Casero apuesta por la justicia del ciudadano normal y renuncia a la del Supremo

 

El exdiputado del PP Alberto Casero apuesta por la justicia del ciudadano normal y renuncia a la del Supremo

La foto del ya exdiputado por el PP, Alberto Casero, fue tomada

 en los pasillos del Congreso de los Diputados. Foto: EP.

Alberto Casero, exdiputado del PP, ha solicitado al Tribunal Supremo que devuelva a los tribunales de Trujillo la causa abierta contra él por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, cometidos cuando era alcalde de dicha ciudad, entre 2017 y 2018.

Y lo ha hecho con la conciencia de que tendrá mejor defensa que en el Tribunal Supremo. Por una razón muy simple: los aforados como lo era él –hasta que dimitió– solo tienen una posibilidad de defensa efectiva.

Si el tribunal de la Sala de lo Penal que se pudiera haber formado –son siete magistrados– hubiera fallado en su contra no habría tenido opción de apelar a ningún tribunal por encima del Supremo.

Un ejemplo muy claro, en la mente de todos, es el juicio del «procés».


Volviendo a ser un ciudadano normal, Casero tendrá tres posibilidades de defensa: En primera instancia, ante la Audiencia Provincial de Cáceres; en segunda instancia (apelación), ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y, por último, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si las anteriores fallan, en casación.

Su carrera política, es cierto, al dimitir, se ha acabado, al menos durante los próximos años en los que va a estar ocupado luchando por su inocencia en relación a los cinco contratos que firmó como alcalde sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, supuestamente.

«Al haber perdido su condición su condición de aforado, remita la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo para que continúe su tramitación», ha señalado la defensa del exdiputado en un escrito remitido al alto tribunal.


Volviendo a ser un ciudadano normal, Casero tendrá tres posibilidades de defensa: En primera instancia, ante la Audiencia Provincial de Cáceres; en segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y, por último, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, si las anteriores fallan. Ante el Supremo solo tenía una

El abogado ha incidido en que tras la renuncia del escaño, y «al no haberse dictado aún auto de apertura de juicio oral», la causa «debe ser devuelta» al juzgado de origen, el de Trujillo.

En este sentido, cabe recordar que el Supremo abrió la causa contra el exdiputado en marzo de 2022, tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo, que había abierto diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018.

Dicho Juzgado elevó el asunto al alto tribunal al considerar que carecía de competencias para investigar a un aforado.

Desde que el Supremo asumió el caso en marzo de 2022, Casero acudió a declarar en una ocasión ante el magistrado instructor Andrés Palomo. Según las fuentes jurídicas consultadas, el entonces diputado aseguró que, aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos, no ha habido prevaricación alguna por su parte.


El dirigente llegó a presentar luego un escrito para pedir el archivo de la causa al no ver indicios de delito.

Aunque en un momento se reservó fecha en el calendario para tomar declaración a varios testigos, éstas no tuvieron lugar. El magistrado dio por finalizada la instrucción del procedimiento el 3 de marzo después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa.

En concreto, la Sala de Apelaciones dio la razón a Casero y estimó que el plazo de la investigación había concluido el pasado 15 de julio de 2022 y que todo lo investigado desde entonces era nulo y que no debía tenerse en cuenta a la hora de decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces dirigente ‘popular’.

Ante este escenario, el juez propuso juzgar a Casero. Pocos días después, el entonces diputado renunció a su acta en el Congreso. Prefirió la justicia del ciudadano normal.

Las maniobras de Indra para "sanear" las cuentas del PP de Madrid acorralan a su expresidente Javier Monzón

Anticorrupción sostiene que la empresa de tecnología y defensa que dirigió durante 13 años ayudó a "aliviar las penalidades financieras" del Partido Popular

El juez del caso Púnica tiene que decidir si le imputa junto con las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

El reglamento del Consejo de Administración de Prisa, la compañía que preside ahora, recoge la posibilidad de que se le exija la dimisión si es imputado

El presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón.

08 ago 2019 20:39

El currículum de Javier Monzón está lleno de puestos en grandes empresas. Caja Madrid y Telefónica, en las que ascendió rápidamente; Deloitte, de la que llegó a ser socio; Indra, que es prácticamente una creación suya y ahora Prisa, de la que está al frente desde 2017. Es además consejero del Banco Santander y dirige Openbank, su filial online. Estos días anda pendiente de si la Audiencia Nacional emborrona esa trayectoria con una imputación en el caso Púnica por colaborar en la financiación ilegal del PP de Madrid.

Su nombre aparece en la lista que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juez Manuel García Castellón para que les cite como investigados. En el escrito de 75 páginas están los nombres de los principales implicados en la trama que la Audiencia Nacional desbroza desde 2014. La novena pieza de Púnica es la que ahonda en las maniobras del PP de Madrid para superar el límite de gasto electoral en los comicios en los que Aguirre arrasó.

El nombre de Monzón no aparece en los informes policiales, pero encabezó el organigrama de Indra cuando la empresa colaboró en "aliviar las penalidades financieras" del partido tras las elecciones de 2011. Durante los últimos años se han sucedido imputaciones de sus colaboradores y los informes policiales sobre los tratos de la tecnológica con el PP de Madrid, sin que hasta ahora este empresario se haya visto involucrado. Pero eso ha cambiado.

El informe que ha desencadenado la petición de Anticorrupción tiene fecha de 29 de mayo y consta de 68 páginas, en las que se elabora un relato sobre el papel de Indra en la "canalización" de fondos solicitados por altos cargos del PP de Madrid. El origen de esa operación es una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid, y de la que los investigadores tuvieron conocimiento tras la denuncia ante la Fiscalía de Silvano Corujo, exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), una empresa pública de la Comunidad de Madrid.

A la reunión que, según los agentes, activa esta mecánica de financiación irregular acuden José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM, e Ignacio González. Este último le platea el problema: necesita un millón de euros para "sanear las cuentas del partido", muy tocadas después de todo lo que gastaron para las elecciones de 2011.

Según la Guardia Civil, esa petición se tradujo en que Indra –que recibía decenas de millones de euros de dinero público a través de ICM– iba a soportar "determinadas deudas" del PP con las empresas que había realizado trabajos de campaña. Y lo iba a hacer mediante "la facturación de servicios no realizados". Esas empresas que se iban a beneficiar eran las compañías de Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría, dos de los empresarios implicados en la trama de financiación irregular.

Los agentes rastrearon multitud de reuniones de los principales implicados justo después de la petición hecha por Ignacio González. El resultado de esos encuentros fue una carta en la que la empresa Formaselect Consulting SL, controlada por Sánchez Moyano, se ofrecía a Indra para realizar una "formación in company" –cursos dentro de la empresa– durante dos trimestres.

Así, los investigadores descubrieron que la multinacional de Javier Monzón había declarado compras a la sociedad de Sánchez Moyano por valor de 687.497 euros (566.497,58 en 2012 y 121.000 en el año 2.013). Formaselect Consulting tiene una peculiaridad: no hay personal en su plantilla ni se le conoce actividad comercial alguna. Es más, la práctica totalidad de sus ingresos declarados son los procedentes de Indra.

Gráfico de la Guardia Civil sobre el destino de los pagos de Indra en 2012.

Los agentes creen que Formaselect era solo una empresa pantalla que luego repartía ese dinero entre las empresas de Sánchez Moyano y Madoz Echeverría. Entre ellas están las compañías de publicidad que habían hecho los trabajos de campaña para el PP de Madrid. Sostienen esta conclusión en que Indra no fue capaz de presentar pruebas de que esa supuesta formación por la que pagaron se produjo realmente. "No se ha encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados", admitió Indra en un escrito enviado a la Audiencia Nacional.

Este circuito de pagos sin justificar y las reuniones con altos cargos del PP de Madrid documentadas por los agentes les llevan a concluir que se produjo "una eventual contribución de la adjudicataria de ICM a aliviar las penalidades financieras de la formación política tras los comicios de 2011". Dentro de Indra señalan como principal responsable a Santiago Roura, director general de Operaciones, a quien incluyen en el circuito de reuniones y acuerdos para los contratos con Formaselect.

El informe termina con tres páginas de conclusiones en las que se asegura que Indra "pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2.007 y 2.011 como son las empresas de Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría". La tecnológica que dirigía Monzón habría actuado de intermediaria, como ya hizo en otras ocasiones, según los agentes.

Porque la Guardia Civil recuerda la petición que hizo Salvador Victoria en 2012 para que Indra, también a través de ICM, pagase a una de las empresas del informático de la Púnica, Alejandro de Pedro. En aquella ocasión, como ahora, Indra "no fiscalizó los trabajos, limitándose a sufragar las facturas presentadas por De Pedro". El empresario dio los detalles de esos pagos durante su declaración en la Audiencia Nacional.

Ahora Monzón espera a ver si él tiene que hacer lo mismo y acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Según el código ético de Prisa, si eso ocurre deberá informar inmediatamente a la compañía. El reglamento del Consejo de Administración va un poco más allá y recoge que "en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito" se le podrá reclamar la dimisión de su cargo.

Todo depende de la decisión que tome primero el juez Manuel García Castellón, que analiza desde hace una semana el escrito de Anticorrupción que, entre otras cosas, desgrana los favores de Indra al PP de Madrid para salvar su balance.

El escándalo de la 'caja B' del Partido Popular salpica a Prisa, Indra y Santander

• Noticias del Grupo Prisa

03/08/2019 05:00

La petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Indra y a Javier Monzón por la presunta financiación irregular del Partido Popular, conocida el viernes por la tarde, no solo afecta ala compañía de defensa y tecnología, que Monzón presidió durante el periodo que cubren las pesquisas. También salpica al Grupo Prisa, donde es presidente no ejecutivo, y a Banco Santander, entidad en la que ejerce de presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online, y de consejero independiente de Banco Santander España.

Las primeras informaciones que vincularon a Indra con este caso surgieron en 2017, después de que laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara, en el marco de la instrucción del caso Púnica, movimientos de fondos de sospechosos que iban desde la multinacional tecnológica hacia la caja B de Génova por un importe total de al menos 600.000 euros. Averiguaciones posteriores permitieron arrojar luz sobre ese presunto desvío de fondos, que habría superado el millón de euros entre 2008 y 2013, coincidiendo con la peor fase de la crisis económica. La fiscalía también ha pedido la declaración en calidad de imputada de Esperanza Aguirre, máxima autoridad del Gobierno madrileño y de la formación durante el periodo investigado, y de Cristina Cifuentes, también expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Indra, Santander y Prisa

Monzón acabó en el Santander tras su destitución en 2015 como primer ejecutivo de Indra, a petición precisamente del Gobierno del Partido Popular. Indra tiene al Estado como uno de sus principales accionistas, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y desde ahí fue ocupando nuevos cargos de responsabilidad. En primer lugar, Ana Botín, presidenta de Santander, nombró a Monzón consejero independiente de Banco Santander España, la matriz española, pero no cotizada, al poco tiempo de salir de Indra. Después le propuso como presidente no ejecutivo de Openbank,la apuesta tecnológica del grupo. Y finalmente Monzón ocupó sillón en el consejo de administración de Prisa, de la que el banco es accionista destacado y el mayor acreedor de varios de los inversores más relevantes, como la familia Polanco.

A finales de 2017, Santander aconsejó su designación como presidente en sustitución de Cebrián. Opción que no cuajó en una primera instancia, pero que en enero de 2018 se subsanó con su nombramiento como vicepresidente en un momento en el que el grupo propietario de 'El País' y Cadena Ser necesitó recurrir a una ampliación de capital de 565 millones de euros para salir de la insolvencia. El Santander fue el banco que lideró aquella colocación de acciones y la posterior que se hizo este año por 200 millones adicionales para financiar la compra del 25% de Santillana. En ese momento, Monzón ya era presidente no ejecutivo de Prisa.

Javier Monzón

Por tanto, el Santander es la entidad de cabecera de Prisa, cuyos estatutos, renovados recientemente a propuesta del propio Javier Monzón, incluyen la puesta a disposición del cargo "cuando se viesen negativamente afectadas, de manera significativa, la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la Sociedad".

Más en Portada

Porque Monzón, según estos estatutos, tiene que informar de inmediato al secretario del consejo de administración de la petición de imputación por parte de la Fiscalía y, "en su caso, dimitir en aquellos supuestos que le afecten y puedan perjudicar al crédito y reputación" de la compañía. Los estatutos dicen que el presidente no ejecutivo de Prisa deberá poner el cargo a disposición si fuese declarado "investigado, si resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito".

En este caso, el consejo de administración examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible y, previo informe de la comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, "adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés social". En estos supuestos, el órgano de gobierno podrá "requerir al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas". Por su parte, los estatutos del Santander también contemplan, aunque de forma menos precisa la dimisión, y, al tratarse de una entidad financiera, el supervisor bancario europeo, el BCE, también podría interesarse por el asunto y analizar la idoneidad del ejecutivo para el puesto.

La situación es también embarazosa para Indra, en cuyo consejo hay dos hombres en nombre del PSOE, en representación del 18,7% que tiene el Estado a través de la SEPI. Aunque la empresa, ahora presidida por Fernando Abril-Martorell, ha colaborado con la justicia desde el primer día para esclarecer los hechos de la etapa anterior, ver su nombre en un caso de corrupción golpea su reputación.

La caja B del PP

Los más probable es que el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, dé su visto bueno a la petición de la Fiscalía, ante los indicios que forman parte del procedimiento. La UCO ha reconstruido el grueso de las operaciones en sus informes. El último, del pasado junio, ha resultado decisivo. Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, el primer paso radicaba en que el Gobierno de Aguirre concedía contratos millonarios a Indra para la prestación de servicios tecnológicos.

Después, directivos de la empresa participada por el Estado desviaban una parte de las adjudicaciones hacia una red societaria controlada por el empresario del sector de la educaciónÓscar Sánchez Moyano. El trasvase del dinero se encubría como pagos por supuestos servicios de 'formación in company' que, en realidad, Indra nunca disfrutó. Del último paso se encargaba Sánchez Moyano. El empresario usaba el dinero recibido de la tecnológica para pagar directamente las deudas que había contraído el PP con las agencias de comunicación y publicidad que hacían sus campañas electorales.

Como adelantó este diario, el informe de la UCO de junio apuntaba directamente a Aguirre. La exdirigente del PP era la máxima responsable del Gobierno que adjudicó los contratos públicos bajo sospecha y, también, la principal beneficiaria del dopaje electoral que recibía Génova. Además, fue presidenta de Fundescam, la fundación vinculada al PP por la que circularon presuntas donaciones ilegales de empresarios que terminaron igualmente en la caja B de los populares.

El juez también cuenta con un testimonio cualificado que implica a Monzón e Indra: el de la propia compañía. El presidente de la multinacional desde enero de 2015, Abril-Martorell, empezó a colaborar con la Audiencia Nacional en el otoño de 2017. Después de revisar toda la documentación que tenía sobre estas operaciones, la empresa ha admitido los pagos a la red de Sánchez Moyano y ha reconocido que, efectivamente, no hay ni un solo documento que le permita justificar por qué se efectuaron.

Ahora solo falta por ver si el juez acepta la petición de la Fiscalía para escuchar al menos qué tienen que decir Aguirre, Monzón e Indra, pero parece bastante probable que así sea.

Fuente: elconfidencial.es

Más de dos tercios de la deuda pública española procede de la gestión del PP

Alrededor de medio billón de euros de los 753.000 millones que ha crecido el endeudamiento institucional en la última década se debe a la gestión de equipos de gobierno municipales, autonómicos y estatales del partido de Pablo Casado.

Según cálculos del diario Público, casi la mitad de los 753 millones de euros que ha aumentado la deuda de las administraciones españolas desde 2007 es consecuencia de decisiones tomadas por los gestores estatales del PP: los 306.000 millones de aumento de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, que cerró el 2011 con 624.238, casi el doble de los 318.869 de 2007, se vieron rebasados por los 316.212 de la primera de Rajoy, que sumaría otros 55.669 entre enero de2016 y junio de 2017 para alcanzar los 996.149.

En este capítulo del endeudamiento autonómico destacan varios gestores de los conservadores, tal y como ha recordado esta misma semana el Tribunal de Cuentas al analizar las cuentas del ejecutivo de María Dolores de Cospedal, cuya gestión aportó en cuatro años 6.540 millones de deuda, más de la mitad de los 12.431 que ha aumentado la deuda manchega en una década.

Ocurrió algo similar en Aragón, donde los equipos económicos de Luisa Fernanda Rudi, que generaron en un cuatrienio 3.527 de los 6.642 de avance de todo el decenio 2007-2017; en Baleares, donde José Ramón Bauzá emitió en cuatro años 4.056 de los 6.805 millones del decenio; en Cantabria, donde el aumento con Ignacio de Diego alcanzó los 1.384 frente a los 2.611 de toda la década, y también, aunque en menor medida, en la Extremadura de José Antonio Monago, con 1.555 de 3.548.

Las joyas de la corona

A esas cifras hay que añadirles las que aportan las joyas de la corona autonómica de los conservadores. Galicia ha pasado con Alberto Núñez Feijóo de 4.859 millones de deuda que dejó contratado el bipartito PSdG-BNG a 11.363 en siete años y medio, mientras el PP de la Comunidad de Madrid lleva, con 3.869 millones en año y medio, camino de mejorar la imagen como gestora de Esperanza Aguirre, que sumó casi 18.000 en ocho años. Y, en Valencia, el aumento de 30.097 en ocho años no se vio frenado hasta la llegada de la coalición PSOE-Compromís, que ha bajado el ritmo de emisión a 2.972 en año y medio.

Las tres comunidades que mantienen gobiernos presididos por el PP desde 2007, Castilla y León, La Rioja y Murcia suman otros 18.838 millones en ese decenio, mientras la alianza de partidos de izquierda que lidera Uxué Barkos ha intensificado en Navarra el ritmo de endeudamiento de los conservadores Miguel Sanz y Yolanda Barcina, con 445 millones en año y medio frente a 2.677 en ocho.

122.000 millones de euros: el coste por corrupción del PP en España

El Partido Popular se ha convertido en una organización criminal. Y no lo decimos nosotros, lo ha setenciado el juez de la Audiencia Nacional encargado de la trama Gürtel que ha condenado a la organización conservadora por un delito de partícipe a título lucrativo. Con esto, el PP se convierte en el primer partido político europeo condenado por corrupción.

A pesar de las pruebas y la condena, el PP sigue mirando hacia otro lado sin asumir sus errores ni pedir perdón. Entre los argumentos de defensa de los populares y los que los apoyan se encuentran perlas del tipo "son todos iguales", subrayando que en otros partidos también hay casos de corrución; y el siempre recurrente "son casos aislados" para dejar ver que en en su caso se trata solo de unas pocas ovejas negras.

La desfachatez del PP llegó a su máximo exponente la protagonizó Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, cuando valoró la propuesta de moción de censura de podemos asegurando que en realidad se trataba de "un invento de Pablo Iglesias para desviar la atención de su chalet". Sí, equiparó el saqueo de los fondos públicos con la hipoteca millonaria del líder de la formación morada e Irene Montero.

Durante muchos años han engañado y saqueado a los españoles, sin embargo, sus mentiras ya no se pueden sostener y han de tener algún coste político. De ello se ha encargado la web Casos Aislados, que ha recopilado datos para demostrar que de "casos aislados" nada de nada.

La corrupción del PP: 112.038 millones de euros

"El coste de la corrupción por partido"

En España encontramos nada más y nada menos que 387 casos de corrupción. Una cifra vergonzosa que el PP ha querido protagonizar pues la formación aporta 193 "casos aislados", acaparando así la mitad de la corrupción. La medalla de plata es para el PSOE con 77 casos y la de bronce para el PNV con 16.

Las cifras se agravan cuando descubrimos el coste de la corrupción por partido. El partido que preside M.Rajoy copa el 86% del coste, lo que supone 122.038 millones de euros. Muy por dentras le siguen los socialistas con un coste de 10.566 millones de euros, y Convergencia Democrática de Catauña (CDC) a 5.078 millones de euros.

Andalucía, con más casos, pero Madrid donde más cuestan

"El coste de la corrupción por comunidad"

Si echamos un ojo al mapa corrupto de España, descubrimos que Andalucía es la Comunidad Autónoma con más casos de corrupción con 74 baja el paraguas socialista. Con el sello de la gaviota le siguen la Comunidad Valenciana con 56 y la Comunidad de Madrid con 44.

Respecto al coste por corrupción en el ámbito estatal, las corruptelas nacionales se llevan la palma con 109.422 millones de euros. La Comunidad de Madrid saca pecho encabezando al clasificación regional y demuestra que roba a lo grande dejando una cifra de 46.982 millones.Valencianos y gallegos le siguen con 14.552 millones y 11.940 millones respectivamente. 

El PP, denunciado por "acarrear" ancianos "con demencia" para votar por correo en un pueblo de Lugo

El alcalde de Riotorto (BNG) asegura que varios "testigos" acreditan que "candidatos del PP andan moviendo a personas con demencia" hasta oficinas de Correos para que soliciten el voto postal pese a no estar "capacitadas"

Feijóo ofrece este sábado un mitin en el pueblo junto al portavoz del PP en el Senado y presidente provincial del partido

Casa consistorial de Riotorto / Xas

16 may 201512:42

El pequeño Ayuntamiento de Riotorto, de apenas 1.400 habitantes, es uno de los marcados en rojo en el tablero electoral del PP lucense. Actualmente está gobernado por una coalición del BNG -4 concejales- y el PSdeG -1 concejal-, mientras que la oposición está formada por 4 ediles conservadores. A pesar de a sus escasas dimensiones, Riotorto es una plaza relevante para otra batalla, la codiciada Diputación de Lugo. Posiblemente por eso este sábado Alberto Núñez Feijóo acude personalmente a ofrecer un mitin allí. Para el alcalde y candidato a la reelección, Federico Gutiérrez, la presencia del presidente de la Xunta equivale a un "aval" a las prácticas que acaba de denunciar ante la Junta Electoral: el "acarreo" de ancianos con "demencia" para tramitar el voto por correo a pesar de no estar capacitados, dice.

"Hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral porque tenemos testigos", explica Gutiérrez en declaraciones a este diario. En las últimas semanas, asegura, "los candidatos del PP andan moviendo a personas ancianas", de las que "nos consta que están solicitando certificados médicos" por tratarse de "gente que tiene demencia". Las llevan, dice, a oficinas de Correos como la del ayuntamiento vecino de A Pastoriza para solicitar el voto postal en las elecciones del 24 de mayo. Lo hacen a pesar de "ser gente que no saben dónde están, que no se pueden ni mover" y que, en su mayoría, habitan en residencias de mayores por no poder valerse por sí mismas.

Al contrario de lo denunciado por el alcalde socialista del ayuntamiento ourensano de Amoeiro, en este caso no existe oferta de los servicios de un notario para hacer el trámite. "Si tienen que hacerse con un poder notarial les resulta un proceso más complicado", y en este caso para el PP local es "mucho más operativo el coche, llevarlos a la oficina de Correos, arreglarles los papeles, y listo". Esto sucede, entre otros motivos, asegura, porque uno de los candidatos populares "tiene un taxi y ya se encarga él de mover a las personas". Esta manera de actuar incluso "ha provocado algún enfrentamiento con trabajadores de Correos", dadas las dificultades de las personas transportadas para comprender los documentos.

"Aquí nos conocemos todos", resume Gutiérrez, para constatar que esto "no es nada que no hayan hecho siempre". La única diferencia, mantiene, es que "esta vez es más intenso". El caso ya está en la mesa de la Junta Electoral y "ya se le comunicó a la Guardia Civil", aunque el alcalde teme que "quede en nada". "Por lo menos" que se sepa, reflexiona, mientras lamenta que Feijóo vaya a servir, con su presencia, de "aval a este tipo de prácticas". "No creo que los vaya a reprender" durante el mitin, en el que también está prevista la presencia del presidente provincial y portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.

La denuncia y la presencia de Feijóo en la campaña de Riotorto llega después de un mandato municipal en el que el alcalde de este pequeño Ayuntamiento ha mantenido enfrentamientos directos con la Xunta en varios asuntos, especialmente en lo referido al copago de medicamentos. Así, después de que el Ministerio de Sanidad anunciara la exclusión de varios medicamentos de la financiación pública el gobierno local de este pueblo anunció que se haría cargo del coste de los fármacos y el movimiento de oposición a este recorte sanitario llegó a ser apodado como "espíritu de Riotorto".

Fuente eldiario.es

Publicado por EVERTH THENANSHED, 1er Oficial de la Federación Galáctica de planetas libres.

Copyright © misteri1963 Todos los derechos reservados. Puede copiar y distribuir este artículo siempre que no lo modifique de ninguna manera, el contenido permanece completo, el autor recibe crédito y la URL se incluye en https: //misteri1963.blogspot. com y el aviso de copyright

La secta delOPUS DEI Y PODER JUDICIAL

La secta Opus Dei

Publicaciones y noticias sobre la peligrosidad social de la secta Opus Dei así como testimonios de sus víctimas

Es notable que en estos tiempos en los que  la corrupción asola España, y que la población empieza a reaccionar exigiendo un cambio, no exista una visión general de la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial para solucionar el problema de la corrupción.

Si hubiese una división de poderes como establece la Constitución Española, y una decente independencia del Poder Judicial que garantizase el Estado de Derecho, los políticos tendrían más cuidado en no delinquir ante la seguridad de que pagarían sus culpas ante un tribunal imparcial. Pero a pesar del insultante descaro con el que los políticos colaboran con la delincuencia económica, y la impunidad de estos, no parece haber reacciones contra los magistrados del Tribunal Supremo que permiten conductas consideradas por muchos como alta traición, al vender y hasta regalar los bienes públicos de España a intereses privados.

Pero la razón de este caos, donde España pierde su soberanía en beneficio de intereses representados especialmente por la banca privada y la Iglesia Católicaentre otros, parece estar fuera del alcance del entendimiento de la mayoría al no existir consciencia general de lo que supone que una secta como el Opus Dei controle el Poder Judicial. A esta situación contribuye de forma eficaz el toreo llevado a cabo por muchos medios de información, que de forma directa o indirecta están controlados por esta secta, ocultando entre otras cosas, que el bipartidismo fue diseñado en tiempos de Franco por el Opus Dei como una estrategia de perpetuarse en el poder con “maquillaje democrático”.

Gracias al testimonio de numerosas víctimas, está constatado que el Opus Dei, al igual que otras sectas peligrosas, difícilmente deja escapar a sus presas. Por esta razón, sería una gran ingenuidad creer que después de tener el monopolio del Gobierno en tiempos de la dictadura de Franco, dejase tan fácilmente los puestos neurálgicos del Estado. El Tribunal Supremo (T.S.), y en especial la Sala II de lo Penal, es uno de los puestos clave que esta secta nunca iba a dejar escapar de su control, especialmente si tenemos en consideración que de este control depende la impunidad de sus crímenes.

La imparcialidad del Poder Judicial que se garantiza por ley, en el Tribunal Supremo no existe, entre otras razones, porque si los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están elegidos por políticos, solo cabe esperar la consiguiente alineación de los miembros del T.S. y su parcialidad. El actual sistema por el que se nutre el T.S. es claramente inconstitucional en cuanto atenta contra los valores superiores de igualdad ante la ley y justicia, y por esta razón debería de garantizarse que sus  miembros fuesen reputados jueces por su imparcialidad, honestidad y rectitud en su carrera profesional, y no, como desgraciadamente está ocurriendo, por  sus  alineaciones ideológicas o políticas.

En cuanto a si estos juristas puestos por el PP-PSOEreconocen ser del Opus o no, recordar lo siguiente:

“En la constitución del Opus Dei, redactada en 1950, el artículo 191 afirma: “Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus”.

Aun negando muchos jueces su pertenencia a la secta Opus, según el juez Vidal de Jueces para la Democracia, al menos una tercera parte de los jueces es conocida su pertenencia al Opus Dei en España. Pero se entiende que este porcentaje puede ser mucho mayor. Lo cierto es que se sabe que el fundador del Opus, ya desde tiempos de Franco,  demostró un descarado interés en captar hacia la secta jueces y especialmente fiscales. El objetivo era evidente, conseguir la impunidad de la secta mediante los funcionarios que tienen como misión precisamente velar por la inviolabilidad de la ley. Las consecuencias no podían ser otras. Hemos visto como el tristemente famoso opusino Trillo, usó en repetidas ocasiones la misma estrategia contra los jueces que tuvieron la osadía de investigar la corrupción del PP (el brazo político del Opus Dei) en el caso Naseiro y más tarde en la trama Gürtel. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa, para después anular las escuchas telefónicas y cuanto “traiga causa de ellas”.

Para dejar más claro hasta qué punto la independencia del Poder Judicial brilla por su ausencia, basta recordar lo “excepcionalmente” acelerados que han sido los procesos contra jueces como Elpidio o Garzón, ambos con el denominador común de haber enviado a prisión a imputados en la trama Gürtel, que contrastan con la impunidad del opusino Trillo en distintas imputaciones de graves delitos en casos como el Yak-42, etc. y la lentitud con la que se llevan en general los procesos en los que el PP (el Opus) está implicado.

Un estudio estadístico sobre las causas penales contra jueces demuestra que en realidad existen muchas causas contra jueces corruptos, pero el número de condenas es demasiado bajo. El hecho de que entre esos pocos jueces condenados se encuentren jueces como Garzón o Elpidio, y en estos casos sí que se ha dado mucha publicidad en los medios de comunicación, viene a confirmar mi sospecha de hasta qué punto está manipulada la prensa que no da publicidad a esas otras muchas denuncias contra jueces corruptos aunque existan pruebas, como ha ocurrido en mi caso.

El control que ejerce el Opus Dei sobre el Poder Judicial mediante sus miembros, que a todas luces anteponen su lealtad al Opus a su deber de velar por el Estado de Derecho,  hace que muchos ciudadanos no crean en la justicia y se inhiban de poner denuncias. Pero naturalmente hay excepciones que, por cierto, rara vez se publican en los medios de información. Por ejemplo, este caso de una mujer que fue estafada por el Opus Dei durante 18 años a la que se le niega compensación de ninguna clase. Tras denunciar la estafa en un juzgado y ganar en la primera instancia, la secta recurrió al Tribunal Supremo, donde sus jueces, como viene siendo norma habitual, se encargan de velar por los intereses de los “suyos”. Parece ser que es un fraude común practicado por esta secta lavar el cerebro de ciudadanos que caen en sus garras,  los cuales entregan  todo su dinero sin saber exactamente lo que están haciendo, sin exigir pagos a la seguridad social que los cubra, y desde luego engañados al creer que el Opus actúa de buena fe.

Pero este caso descrito es solo la punta de un iceberg. Mi propia experiencia me demostró que, a pesar de pedir a los más destacados medios de comunicación en España, y con insistencia, que publicasen las distintas querellas que interpuse contra jueces y magistrados por delitos de prevaricación y encubrimiento de otros delitos, aun teniendo pruebas documentadas, no conseguí que publicaran nada. Todos los redactores que vieron la documentación se interesaron en un principio. Pero mi caso nunca se publicó, según me dijeron, porque el redactor jefe de los respectivos medios no lo permitía.

Otro ejemplo de la “jurisprudencia” opusina, es este razonamiento del Tribunal Supremo que justifica la separación de sexos en colegios del Opus Dei pagados con dinero público. Esta otra noticia que revela la existencia de jueces que se han acogido a la amnistía fiscal  implica que, a pesar de que el Poder Judicial puede recabar la identidad de esos jueces, ninguno de ellos ha sido procesado por el Tribunal Supremo. Es evidente que esos jueces amnistiados por defraudar a hacienda, son de los “suyos”, porque de no ser así, ya se ha visto la celeridad que caracteriza los procesos contra jueces que les molestan por investigar corrupción. No olvidar que los vocales del CGPJ han sido elegidos a dedo por partidos que se ahogan en la corrupción, y en especial el PP que se está viendo que ha sido una organización criminal desde sus comienzos.

Para entender  los criterios que usa el PP para nombrar sus vocales en el CGPJ, basta recordar al juez Grande-Malarska, quien instruyó el caso sobre la tragedia del YAK-42, que se distinguió por sus continuos impedimentos  a la causa, y que fue “recompensado” por el PP nombrandolo vocal del CGPJ. También es representativo que el PP haya incluido como vocal del CGPJ al magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está actualmente recusado en los pleitos contra la privatización sanitaria en Madrid.

Por todo los expuesto, podemos concluir que las consecuencias de que el Opus Dei controle el Poder Judicial son entre otras:

• La completa impunidad de la secta ante sus continuos delitos económicos, contra la intimidad, contra la seguridad, contra la vida, etc. Y una absoluta indefensión de los ciudadanos ante los abusos de esta secta.
• Expulsar del Poder Judicial a cualquier juez que se atreva a amenazar sus intereses.
• Permitir que el Gobierno, sea del color que sea, traicione al país continuadamente con total impunidad.
• Intimidar a los posibles rebeldes a su tiranía y devastación de España.
• Fomentar la corrupción eliminando los jueces “molestos” y premiando los jueces que mediante actuaciones de dudosa honestidad favorecen sus intereses.
• Permitir que la Iglesia atente escandalosamente contra los bienes públicos apropiándose de lo que no le pertenece, con total impunidad.

PD: Las palabras más gruesas son enlaces a Fuentes de Información.

Ramón Martinez

Editado con anterioridad en El Espía Digital.

Fuente original 

Publicado por EVERTH THENANSHED, 1er Oficial de la Federación Galáctica de planetas libres.

Copyright © misteri1963 Todos los derechos reservados. Puede copiar y distribuir este artículo siempre que no lo modifique de ninguna manera, el contenido permanece completo, el autor recibe crédito y la URL se incluye en https: //misteri1963.blogspot. com y el aviso de copyright