Anticorrupción sostiene que la empresa de tecnología y defensa que dirigió durante 13 años ayudó a "aliviar las penalidades financieras" del Partido Popular
El juez del caso Púnica tiene que decidir si le imputa junto con las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes
El reglamento del Consejo de Administración de Prisa, la compañía que preside ahora, recoge la posibilidad de que se le exija la dimisión si es imputado
El currículum de Javier Monzón está lleno de puestos en grandes empresas. Caja Madrid y Telefónica, en las que ascendió rápidamente; Deloitte, de la que llegó a ser socio; Indra, que es prácticamente una creación suya y ahora Prisa, de la que está al frente desde 2017. Es además consejero del Banco Santander y dirige Openbank, su filial online. Estos días anda pendiente de si la Audiencia Nacional emborrona esa trayectoria con una imputación en el caso Púnica por colaborar en la financiación ilegal del PP de Madrid.
Su nombre aparece en la lista que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juez Manuel García Castellón para que les cite como investigados. En el escrito de 75 páginas están los nombres de los principales implicados en la trama que la Audiencia Nacional desbroza desde 2014. La novena pieza de Púnica es la que ahonda en las maniobras del PP de Madrid para superar el límite de gasto electoral en los comicios en los que Aguirre arrasó.
El nombre de Monzón no aparece en los informes policiales, pero encabezó el organigrama de Indra cuando la empresa colaboró en "aliviar las penalidades financieras" del partido tras las elecciones de 2011. Durante los últimos años se han sucedido imputaciones de sus colaboradores y los informes policiales sobre los tratos de la tecnológica con el PP de Madrid, sin que hasta ahora este empresario se haya visto involucrado. Pero eso ha cambiado.
El informe que ha desencadenado la petición de Anticorrupción tiene fecha de 29 de mayo y consta de 68 páginas, en las que se elabora un relato sobre el papel de Indra en la "canalización" de fondos solicitados por altos cargos del PP de Madrid. El origen de esa operación es una reunión celebrada el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid, y de la que los investigadores tuvieron conocimiento tras la denuncia ante la Fiscalía de Silvano Corujo, exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), una empresa pública de la Comunidad de Madrid.
A la reunión que, según los agentes, activa esta mecánica de financiación irregular acuden José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM, e Ignacio González. Este último le platea el problema: necesita un millón de euros para "sanear las cuentas del partido", muy tocadas después de todo lo que gastaron para las elecciones de 2011.
Según la Guardia Civil, esa petición se tradujo en que Indra –que recibía decenas de millones de euros de dinero público a través de ICM– iba a soportar "determinadas deudas" del PP con las empresas que había realizado trabajos de campaña. Y lo iba a hacer mediante "la facturación de servicios no realizados". Esas empresas que se iban a beneficiar eran las compañías de Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría, dos de los empresarios implicados en la trama de financiación irregular.
Los agentes rastrearon multitud de reuniones de los principales implicados justo después de la petición hecha por Ignacio González. El resultado de esos encuentros fue una carta en la que la empresa Formaselect Consulting SL, controlada por Sánchez Moyano, se ofrecía a Indra para realizar una "formación in company" –cursos dentro de la empresa– durante dos trimestres.
Así, los investigadores descubrieron que la multinacional de Javier Monzón había declarado compras a la sociedad de Sánchez Moyano por valor de 687.497 euros (566.497,58 en 2012 y 121.000 en el año 2.013). Formaselect Consulting tiene una peculiaridad: no hay personal en su plantilla ni se le conoce actividad comercial alguna. Es más, la práctica totalidad de sus ingresos declarados son los procedentes de Indra.
Los agentes creen que Formaselect era solo una empresa pantalla que luego repartía ese dinero entre las empresas de Sánchez Moyano y Madoz Echeverría. Entre ellas están las compañías de publicidad que habían hecho los trabajos de campaña para el PP de Madrid. Sostienen esta conclusión en que Indra no fue capaz de presentar pruebas de que esa supuesta formación por la que pagaron se produjo realmente. "No se ha encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados", admitió Indra en un escrito enviado a la Audiencia Nacional.
Este circuito de pagos sin justificar y las reuniones con altos cargos del PP de Madrid documentadas por los agentes les llevan a concluir que se produjo "una eventual contribución de la adjudicataria de ICM a aliviar las penalidades financieras de la formación política tras los comicios de 2011". Dentro de Indra señalan como principal responsable a Santiago Roura, director general de Operaciones, a quien incluyen en el circuito de reuniones y acuerdos para los contratos con Formaselect.
El informe termina con tres páginas de conclusiones en las que se asegura que Indra "pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en 2.007 y 2.011 como son las empresas de Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverría". La tecnológica que dirigía Monzón habría actuado de intermediaria, como ya hizo en otras ocasiones, según los agentes.
Porque la Guardia Civil recuerda la petición que hizo Salvador Victoria en 2012 para que Indra, también a través de ICM, pagase a una de las empresas del informático de la Púnica, Alejandro de Pedro. En aquella ocasión, como ahora, Indra "no fiscalizó los trabajos, limitándose a sufragar las facturas presentadas por De Pedro". El empresario dio los detalles de esos pagos durante su declaración en la Audiencia Nacional.
Ahora Monzón espera a ver si él tiene que hacer lo mismo y acudir a declarar al Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Según el código ético de Prisa, si eso ocurre deberá informar inmediatamente a la compañía. El reglamento del Consejo de Administración va un poco más allá y recoge que "en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito" se le podrá reclamar la dimisión de su cargo.
Todo depende de la decisión que tome primero el juez Manuel García Castellón, que analiza desde hace una semana el escrito de Anticorrupción que, entre otras cosas, desgrana los favores de Indra al PP de Madrid para salvar su balance.
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