El Fondo de Reserva de las Pensiones, la desvergüenza del PP

20-01-2017

El Fondo de Reserva de las Pensiones, la desvergüenza del PP

Edmundo Fayanás Escuer

Rebelión

Lo que ha sucedido con la gestión del Fondo de Reserva de las Pensiones realizada por el gobierno del PP de Rajoy Brey y con Fátima Bañez como ejecutora, es un escándalo. Algún día, esta gestión deberá ser llevada a los Tribunales y debería hacer reflexionar a los millones de jubilados que votan al PP, deben hacérselo mirar. Con sus votos y su apoyo explicito consiguen, que se saquee un dinero que es suyo y sea utilizado de manera...

Mientras la prensa nacional calla, sobre lo que sucede en el Fondo de Pensiones, la prensa internacional denuncia la gestión, que realiza Fátima Bañez. El 4 de enero de 2013, el diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwischten titulaba asi un artículo “Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del Gobierno de España” y en dicho artículo decía “al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español convertidas en bonos de España. Especula con el dinero de sus jubilados, arriesgando más que sus ahorros”.

El diario The Wall Street Journal, publicó un artículo el 3 de enero de 2013, titulado “España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana”. El artículo decía “España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 millones de euros, unos 85.700 millones de dólares, ha sido invertido en deuda española con cada vez más riesgo, de acuerdo con cifras oficiales y el gobierno ha empleado para realizar pagos de emergencia”.

El conocido diario Financial Times calificaba a Mariano Rajoy como “político provinciano” y a Luis de Guindo como “el peor ministro de economía de Europa”. El semanario alemán Der Spiegel considera que el gobierno español está saqueando el Fondo de Reserva de las Pensiones. “España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el fondo de reserva de la seguridad social debido a sus dificultades financieras”.

Ha leído vd. algo de esto en la prensa escrita española ¿Existe prensa española realmente libre? Como vemos, NO.

Otro aspecto muy llamativo es, que habiéndose iniciado la crisis en 2008, a lo largo de la legislatura de Zapatero, el Fondo siguió creciendo en aportaciones. Justo cuando entra el PP, no sólo no aumenta, sino que se empieza a sacar dinero. En los años 2014 y 2015 a pesar de haber más trabajadores que en la época de Zapatero se extrajeron 26.800 millones y en 2016 no sólo se volvieron a extraer más de 15.000 del Fondo de Pensiones y además la Seguridad Social presenta un déficit de 16.000 millones de euros ¿Cómo es esto posible? No nos dicen, que cuantos más trabajadores haya en la Seguridad Social, el sistema funcionara mejor. La realidad no es como nos la cuentan y, nos deberían explicar seriamente cuales son las cañerías por donde se escapa el dinero, que debería ir destinado exclusivamente a los jubilados.

¿Qué ha pasado con el Pacto de Toledo? ¿Tenía la ministra Fátima Bañez autorización para sacar dinero del Fondo de Reserva? ¿Se ha pedido permiso al Pacto de Toledo en casa extracción de dinero? Si no se ha hecho ¿Por qué se ha sacado? ¿Qué han dicho de esto los sindicatos? Nos deberían explicar todo como por ejemplo ¿Quién ha decidido donde se invertían el Fondo de Reserva? Todo debe ser aclarado con luz y taquígrafos por una comisión independiente y de paso ya solicitar la dimisión de la ministra Fátima Bañez, se dedique a rezar a la virgen del Roció tras la desastrosa gestión para los trabajadores y pensionistas y agua bendita bañada en oro para los empresarios.

Recientemente, ha aparecido en algún medio de comunicación una entrevista con Julia López catedrática de Derecho y de la Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y dice “Lo que se ha producido es un expolio de las pensiones, se está sacando dinero del Fondo de Reserva, que tiene una asignación directa finalista y se está utilizando para otras cosas. Hay un incumplimiento del Pacto de Toledo, que dice que el Fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución (los poderes públicos mantendrán un sistema público de pensiones). Por tanto, lo primero que hay que hacer es devolver ese dinero”.

Las políticas de empleo desarrolladas en sus cinco años de gobierno del PP, las conocidas exenciones sociales, los famosos “low cost”, o la exención de los primeros 500 euros, han supuesto un gasto en este periodo unos 16.000 millones de euros, que han ido a parar a las manos empresariales, sin coste alguno para el Estado y es un dinero que han pagado los pensionistas directamente a los empresarios ¿Se nos ha consultado alguna vez que deberíamos dárselo?

Julia López dice al respecto “se han utilizado la deducción de cotizaciones para crear entre comillas empleo, un tipo de empleo precario que mete a la Seguridad Social en un ciclo vicioso: primero porque no paga cotizaciones y luego porque no genera recursos. La Seguridad Social no puede ser un instrumento para alimentar las políticas de empleo. Estamos conectando la Seguridad Social con el mercado de trabajo de forma viciosa, mientras no rompamos eso, no arreglaremos el problema. La Seguridad Social tiene que recuperar su autonomía”.

Se le pregunta ¿Considera que el uso del Fondo de Reserva ha sido espurio?

“Completamente. Lo que no se puede hacer es una valoración política del Fondo de Reserva separado de todo lo demás. Ese dinero es finalista y no lo ha sido, en las cuentas del Gobierno tampoco queda nada claro que haya ido a pagar las pagas extra de los pensionistas. En cualquier caso, no se puede decir que se ha usado para pagar las pagas, mientras por el desagüe del sistema se iban las cotizaciones sociales regaladas a las empresas”.

Después de ver todo esto, quedan claro varias cosas. En primer lugar pedir una comisión independiente sobre la gestión del Fondo de Reserva de las pensiones. En caso de que se encuentren circunstancias no debidas, deben ser llevadas todas estas cuestiones a la justicia. Es imprescindible la dimisión inmediata de la ministra Fátima Bañez no solamente por la gestión del Fondo de Reserva sino también por la calamitosa reforma laboral que ella implantó.

Hay que pedir a todos los partidos que no sean el PP, el planteamiento de un voto de censura al gobierno de PP de Mariano Rajoy Brey por su escandalosa gestión del Fondo de Reserva, simplemente por dignidad como país. No puede permanecer ni un segundo más este gobierno, si no serán cómplices los demás partidos.

Los sindicatos deben hacer una profunda reflexión de sus últimos nueve años respecto al tema de las pensiones y hacer bandera total reivindicativa de la revisión del Fondo de Reserva y de la defensa de unas pensiones públicas justas.

Señores jubilados que habitualmente votan al PP, espabilen porque están desangrando el sistema público a costa de su dinero y de su futuro. Cuando quieran enterarse se habrán quedado sin pensiones. Ahora vamos a contemplar, ya en este año, cual ha sido el sistema para devaluar sus pensiones con el famosos 0,25% de revalorización aprobado por el PP. Nunca más les voten, si quieren seguir teniendo pensiones.

Terminare con dos reflexiones, decía Ortega y Gasset “cuando enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes”. Por favor duden de lo que digo pero háganlo también con el gobierno. La última es de Hipatia de Alejandría que dice “ Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto”.

Juntos podemos en la defensa de unas pensiones justas que nos den dignidad de vida.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El CETA o el laberinto jurídico del “libre comercio

ábado 21 de enero jornada de movilización contra el tratado

”

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

La Marea

El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello, en favor de los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), negociado entre la Unión Europea y Canadá y actualmente pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo —votación que tendrá lugar el 14 de febrero en Estrasburgo—, participa de esta lógica. Veamos cómo.Quiebra de las instituciones democráticas. La globalización neoliberal ha impulsado el papel de las instituciones público-privadas de carácter supranacional —como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el G8 primero y el G20 después, las agencias de calificación de riesgos, etc.— y de los instrumentos jurídicos que refuerzan la lex mercatoria , como los acuerdos de inversión y los tratados comerciales —llamados habitualmente de “libre comercio”, aunque no tengan nada que ver con un intercambio libre entre partes iguales—, que han ido creando un entramado institucional y un conjunto de normas jurídicas más privadas que públicas. Con sus propias lógicas de funcionamiento pero con efectos erga omnes, es decir, sobre las mayorías sociales del planeta. De este modo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o India están más condicionadas por las directrices que aprueban estas organizaciones que por las leyes que aprueban sus parlamentos nacionales. Y no estamos hablando de que exista un gobierno universal o una globalización jurídica, hablamos de un Derecho Corporativo Global al servicio de los intereses del capital y los negocios de las grandes corporaciones. El CETA se enmarca en este contexto.
Falta de legitimidad y transparencia. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados, forman parte de su metabolismo funcional. Y es que las normas de comercio e inversión se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Casi nunca son conocidos los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… mientras se envuelve el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre las partes negociadoras”; se toman decisiones al margen de los procedimientos parlamentarios y a espaldas de la sociedad civil, secuestrando los textos en discusión incluso a los representantes públicos. Los lobbies que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes, eso sí, forman parte del “poder legislativo” del que emanan los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. En el caso del CETA, las negociaciones se desarrollaron a puerta cerrada y el texto quedó cerrado y listo, sin ningún debate público, para su consentimiento por las autoridades correspondientes.
Procedimientos de diferentes velocidades. En su primera fase de aprobación, en el pasado otoño, el Consejo Europeo tuvo muchas dificultades para conseguir la unanimidad en relación al CETA —con una presión brutal sobre Valonia —; a la vez, en el parlamento español se eludía el debate y el gobierno en funciones lo ratificaba de manera casi clandestina. En esta segunda fase, es el Parlamento Europeo el encargado de ratificar el CETA en febrero. Así, la maquinaria burocrática se ha puesto en marcha y todas las interpretaciones más restrictivas y antidemocráticas de los procedimientos parlamentarios se están poniendo encima de la mesa. La moción cuyo contenido residía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizara la legalidad del Sistema de Tribunales de Inversión fue rechazada , sin debate alguno, por el pleno del Parlamento Europeo. Lógicamente, no quieren que se expongan las múltiples razones que juristas, magistrados y asociaciones de jueces sostienen frente a la falta de adecuación del modelo de tribunales de arbitraje al sistema judicial europeo. Y mientras la UE tiene mucha prisa y ya prevé la aprobación provisional del CETA una vez haya sido admitido por el Parlamento Europeo, incluyendo materias que entrarán en vigor antes de la ratificación del conjunto de los Estados miembros de la Unión, los derechos humanos se empantanan en procedimientos largos y repletos de burocracia sin límite.
Exceso de normas jurídicas. Según publica la Comisión Europea, el CETA consta de más de 1.600 páginas entre el texto central y los anexos, mientras los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU —conocidos como Principios Ruggie, que tendrían que servir para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos por las empresas transnacionales— tienen 32 páginas. Miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones; una asimetría jurídica que se consolida como el principio esencial de la globalización neoliberal. En el caso concreto del CETA, como tendencia general, la precisión y la claridad conceptual desde el punto de vista de los negocios de las grandes compañías colisiona con la indeterminación de las excepciones que garantizan los servicios públicos o los derechos sociales; de nuevo, una asimetría continua y profunda. Y, a pesar de que las dudas en torno a este acuerdo se han intentado solventar formalmente por medio de una Declaración interpretativa de 12 páginas de carácter vinculante, esta no aclara la mayoría de las cláusulas abiertas que forman parte de lo que hemos denominado Derecho vivo.
Privatización del poder legislativo. Con todos estos tratados y acuerdos comerciales de última generación se avanza en la privatización de los procedimientos legislativos: las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de las denominadas normas tipo. Dicho de otro modo: además de su poder fáctico, los lobbies tendrán presencia directa o indirecta en la propia elaboración de las normas. Y es que el Comité Mixto del CETA asumirá importantes competencias reguladoras e interpretativas —al igual que el Consejo de Regulación del TTIP—, alejándose de todo lo que tenga que ver con el control parlamentario y ciudadano. Se configura, así pues, un Derecho vivo en continua reelaboración a favor del capital y las empresas transnacionales: la alerta temprana, las evaluaciones de impacto, el intercambio de materias de regulación, el diálogo permanente entre las partes, los exámenes conjuntos de legislación para aligerar las cargas normativas sobre las empresas, las neutralidad de las regulaciones, la convergencia reguladora, el mutuo reconocimiento de reglamentaciones, la armonización normativa… son técnicas jurídicas que permiten construir un poder meta-legislativo que quiebra la separación de poderes y la reconstruye a favor de las grandes multinacionales.
Privatización del poder judicial. El Sistema de Tribunales de Inversión recogido en el CETA es un sistema paralelo al poder judicial —se trata de tribunales privados— y favorable a las empresas transnacionales, que quedan al margen de los poderes judiciales nacionales, comunitarios e internacionales. En la citada Declaración interpretativa se dedica el epígrafe más extenso a la defensa del polémico Sistema de Tribunales de Inversión; no obstante, los ejes centrales del sistema se mantienen . Además, tal y como Cecilia Olivet y otras autoras han analizado, las supuestas mejoras quedan cuestionadas por las diferentes interpretaciones en relación con la eficacia de los laudos arbitrales, las posibles excepciones que sirvan para “proteger la vida o la salud humana”, las reservas específicas presentes y futuras por parte de los Estados, etc. Por cierto, resulta muy sorprendente el apartado f) de la Declaración, ya que insiste en que los tribunales sobre inversiones son independientes, imparciales e inspirados en los sistemas judiciales públicos de la UE, sus Estados miembros y Canadá, así como en los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las preguntas, entonces, son obligadas: ¿para qué se crean estos tribunales? ¿Por qué no se encarga esta labor a los poderes judiciales ya existentes?
Armadura jurídica de dominación. Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jurídico universal la supuesta estabilidad financiera. Se disloca así la jerarquía normativa internacional, al situar los derechos empresariales por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales. En la Unión Europea, junto a ello, al CETA y al resto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones hay que sumarles el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); el programa de estabilidad y convergencia, los procedimientos de déficit excesivo, los sucesivos rescates, las recomendaciones por país… Todo ello conforma una nueva armadura jurídica de dominación. De ahí que los movimientos sociales europeos se enfrenten, “por arriba”, con la decisión de aprobar el TTIP, el CETA y otros nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones y, “por abajo”, con un blindaje jurídico donde los intereses del capital se juridifican al más alto nivel. Por eso nos movilizaremos el sábado 21 de enero, para provocar que el CETA descarrile y hacer que el TTIP quede definitivamente enterrado.
Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_ ) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad .
Fuente: http://www.lamarea.com/2017/01/20/ceta-laberinto-juridico-del-libre-comercio/ 

Radiografía de una utopía. Una vida digna en el capitalismo

PCOE: Radiografía de una utopía. Una vida digna en el capitalismo

• By Odio De Clase, odiodeclase.blogspot.com
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Los datos de las propias instituciones burguesas describen al sistema capitalista como un freno para el desarrollo de la humanidad. 

A lo largo y ancho del mundo, ser un trabajador es ya sinónimo de miseria. 

Las condiciones en las que vive la clase obrera en la actualidad son las peores que ha conocido la historia mientras que la clase burguesa vive el momento de mayor acumulación de capitales jamás conocida.

Los diversos organismos al servicio de la burguesía, como Organizaciones No Gubernamentales financiadas por la clase dominante o la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU, se ven incapaces ya de disimular las cifras que se refieren a la situación de la clase obrera en el mundo. Su objetivo primordial es ponerlas al descubierto y atacar a cierta parte de la superestructura, la parte política, como responsable de las mismas.

Intermon Oxfam, en su estudio “Una economía para el 99%” nos muestra los datos, demoledores: 8 personas (sin decir qué personas ni cómo han obtenido esa riqueza) poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, 3.600 millones de personas.

Y el cómo la obtienen lo encontramos en las fábricas de Bangladesh de Zara donde los trabajadores cobran 50 euros al mes, hasta 50 horas a la semana. 

El derrumbe de la fábrica Rana Plaza, en Bangladesh, que arrojó un saldo de mil 138 muertos y alrededor de 2.500 heridos, en 2013 dejó bien claras las condiciones laborales de miles de trabajdores, de la industria textil, que a diario maquilaban millones de prendas de vestir para poderosas firmas de occidente, entre ellas Zara-Inditex.

En México, como explican los telefonistas mexicanos, a partir de que el Carlos Slim se convirtió en socio mayoritario de Telmex y posteriormente de América Móvil, 

se congeló el crecimiento de la plantilla de trabajadores bajo el contrato Telmex-STRM y de sus principales filiales, 

para después reducirla un 35% en 25 años, pasando así de 43.000 telefonistas bajo el contrato principal en 1990 a 29.500 a fines de 2014.

Exactamente igual que hizo en España Cesar Alierta en Telefónica. 

En 1993 Telefónica de España tenía una plantilla de 74.340 personas, todas con las mismas condiciones laborales. 

Hoy en la empresa matriz apenas quedan 20.000 personas en plantilla. 

La empresa ha conseguido, sin tener que enfrentarse a ningún tipo de conflicto, deshacerse de unos 50.000 puestos de trabajo estables y con condiciones salariales dignas que se han perdido para la sociedad. 

Esos 50.000 trabajadores propios se han sustituido por cientos de miles de personas subcontratadas atrapadas en una espiral de precariedad, de accidentabilidad laboral, de incertidumbre y acoso laboral.

Ambos son competidores por el mercado de la telefonía, por lo que las prácticas para la explotación laboral se acentúan con el objetivo de reducir sus precios, ganar cuota de mercado y obtener más beneficios que la competencia. Esta es la consecuencia lógica del sistema de producción capitalista.

La Organización Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU, en su reciente informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2017” indica que “Tanto el decepcionante rendimiento económico registrado en 2016 como las perspectivas por debajo de la tendencia para 2017 generan preocupación sobre la capacidad de la economía de: 

i) crear una cantidad suficiente de empleos; 

ii) mejorar la calidad del empleo en el caso de quienes ya tienen un trabajo; y iii) garantizar que los beneficios del crecimiento sean compartidos de manera inclusiva. 

En todo el mundo, los países afrontan el doble desafío de reparar los daños provocados por la crisis y de crear oportunidades de empleo de calidad para los nuevos participantes en el mercado de trabajo”.

Un reto que el capitalismo no puede afrontar, puesto que -como reza el propio informe- “se espera que la tasa de desempleo mundial registre un incremento y pase del 5,7 por ciento en 2016 al 5,8 por ciento en 2017. 

Este aumento supone 3,4 millones más de personas desempleadas en todo el mundo, con lo cual el desempleo total superaría los 201 millones en 2017”.

El empleo “vulnerable”, como califica la OIT al empleo con un alto nivel de precariedad por su escasa o inexistente remuneración y dificultad para acceder a programas de protección social, supone a día de hoy el 46% del empleo global, lo que equivale a unos 1.500 millones de personas con este tipo de trabajo. 

El empleo vulnerable afecta más a las economías en desarrollo ya que los trabajadores que pierden sus empleos, según e,l jefe de la unidad de las tendencias mundiales del empleo de la OIT, Lawrence Jeff Johnson “no tienen acceso a esquemas de protección social. Estos, en vez de convertirse en desempleados, con frecuencia aceptan diversas formas de empleo, trabajando por cuenta propia o colaborando con las empresas familiares”. 

Trabajar sin cobrar, para la OIT, 

cuenta como trabajo activo en lugar de desempleo. Eso sí, calificado como empleo “vulnerable”.

Los trabajadores pobres, en 2016, supusieron nuevamente un problema, para la OIT: 

“casi la mitad de los trabajadores de Asia Meridional y casi dos tercios de los trabajadores de África Subsahariana viven en situación de pobreza extrema o moderada (es decir, con menos de 3,10 dólares de los Estados Unidos diarios en paridad de poder adquisitivo)”. 

Y la tendencia no es esperanzadora: 

“En los países en desarrollo, la cantidad de trabajadores pobres está aumentando. 

Mientras que en los países emergentes las tasas y la cantidad de trabajadores pobres han registrado rápidos descensos, en los países en desarrollo esta disminución no ha podido mantener el ritmo del crecimiento del empleo. 

Por ello se espera que en los países en desarrollo la cantidad de trabajadores con ingresos inferiores a 3,10 dólares de los Estados Unidos diarios aumente en 3 millones cada año durante los próximos dos años”.

Más trabajadores y más pobres. 

Menos oportunidades de empleo y en peores condiciones.

Más ricos y más ricos, en cantidad y en calidad. 

Esas son las conclusiones de los informes de la OIT y de Intermon Oxfam. Sus propuestas, también idénticas, son reformas políticas que van en contra del desarrollo capitalista actual y que, sin un cambio de sistema, jamás se adoptarán echando la culpa a los políticos por ello.

No se llevarán nunca a cabo por un motivo: 

La superestructura política -a la que se culpa- viene impuesta por su base económica -el sistema capitalista de producción-. Sin acabar con la base económica, no puede cambiar su superestructura. 

Así lo apuntaba Marx en su Contribución a la Crítica de la Economía Política: 

“El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. 

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general.No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. 

Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella.”

La conflictividad social, a raíz del desarrollo del capitalismo en todo el mundo, también aumenta. 

Movimientos espontáneos de indignación de los pueblos en prácticamente todas las naciones en contra de las consecuencias del desarrollo del capitalismo se observan por todo el globo.

En México, donde el llamado “gasolinazo” ha movilizado al pueblo trabajador contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto por la subida del precio de los combustibles y la liberalización el mercado -hasta ahora en manos exclusivas de Pemex y en adelante repartido entre multinacionales-. 

Un ejemplo de estado fallido, en el que se agudiza la lucha de clases a pasos agigantados.

En Perú, donde hay movilizaciones en rechazo al alza en las tarifas en los peajes en la vía Panamericana ya que el contrato de concesión, liderado por Odebrecht, nació de una iniciativa privada de esta empresa presentada al Concejo de Lima y adjudicada directamente sin haber mediado ninguna licitación pública, a pesar de ser un proyecto de más de 590 millones de dólares. 

El contrato, que se firmó en enero del 2013, está dentro del periodo (2005 a 2014) en el que los máximos directivos de Odebrecht han confesado ante autoridades de Brasil y los Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios públicos peruanos por un total de 29 millones de dólares para conseguir contratos públicos de obras y concesiones.

En Grecia, donde el Gobierno socialdemócrata oportunista de Alexis Tsipras ha sufrido 5 huelgas generales por la insostenible situación del pueblo trabajador. 

En Francia, donde se ha aprobado, pese a la movilización de los trabajadores, la Reforma Laboral a la española.

La propia OIT lo advierte en su informe: “Asimismo, habida cuenta de la incertidumbre mundial creciente, el riesgo de malestar social o descontento ha aumentado en casi todas las regiones. 

El índice de malestar social de la OIT, cuyo objetivo es vincular el malestar expresado con la situación socioeconómica de los países, indica que el malestar social mundial promedio aumentó entre 2015 y 2016. 

De hecho, entre 2015 y 2016, ocho de once regiones registraron incrementos en la medida del malestar”.

Las tasas de crecimiento mundial son, igualmente, decreciente año tras año, lo que indica que, lejos de salir de la recesión a nivel mundial, nos sumimos en una nueva sin haber salido de la anterior. 

Los datos los aporta el Fondo Monetario Internacional, otra institución burguesa al servicio del capital y certifican la putrefacción del sistema capitalista, evidencia que este sistema es un freno para el desarrollo humano y que bajo sus leyes el pueblo trabajador no puede esperar más que miseria e indignidad.

Los trabajadores, como ha quedado demostrado, no podemos tener ninguna esperanza en el actual sistema de producción capitalista, que nos somete y explota a diario y con el que ensanchamos las ya opulentas cuentas bancarias de nuestros explotadores mientras el pueblo trabajador se muere de hambre. 

Al contrario, nuestra misión histórica es acabar con él cuanto antes y mandarlo al estercolero de la historia, donde está su sitio. 

El Socialismo, la máxima aspiración del proletariado, y la Dictadura del Proletariado deben imponerse cuanto antes, pues de ello depende nuestra vida y la de nuestros hijos y, para ello, es fundamental fortalecer el Partido de vanguardia del proletariado -fiel defensor del Marxismo Leninismo como lo es en España el Partido Comunista Obrero Español- y las organizaciones de clase y combativas de todo el mundo, como las adscritas a la Federación Sindical Mundial.

D. García – Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

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El Sistema Financiero no son únicamente Bancos: estos son los Actores que lo componen

El Sistema Financiero no son únicamente Bancos: estos son los Actores que lo componen

AURELIO JIMÉNEZ

El sistema financiero español es una estructura compuesta por un conjunto de intermediarios que, bajo la regulación del sector público, se encarga de canalizar el ahorro de recursos hacia la financiación del consumo familiar, la inversión empresarial y el gasto público. 

En otras palabras, capta dinero y lo distribuye de acuerdo a las necesidades de las personas, de las empresas y del propio Estado.

Es bastante común hablar sobre el sistema financiero para hacer referencia a los bancos. Sin embargo, como vamos a comprobar, esto no es así. En contra de lo que muchos pudieran pensar, no todos los intermediarios financieros son bancos, más bien estos pueden clasificarse en intermediarios financieros bancarios y en intermediarios financieros no bancarios.

Intermediarios financieros bancarios

Los intermediarios financieros bancarios lo forman la banca privada, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Estos tienen capacidad para crear dinero a través de los depósitos de sus clientes. La ganancia de estos es la diferencia entre los intereses que cobra y los que paga a unos y otros.

En España, la entidad pública que los supervisa a estos y otros intermediarios es el Banco de España, que actúa como banco de bancos supervisando las actuaciones de todas las entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias. 

Debido a escándalos como el de Bankia, esta labor supervisora ha sido bastante cuestionada durante la última crisis económica. No obstante, las funciones del Banco de España no acaban ahí. 

También realiza estudios económicos y financieros, elabora estadísticas y ejecuta la política monetaria única del BCE respecto a las entidades de crédito españolas, por ejemplo, a través de las facilidades permanentes.

Repasemos el funcionamiento de los tres intermediarios financieros bancarios de España:

• Banca privada. Santander, BBVA, CaixaBank, ING Direct, Bankia... Como cualquier empresa privada, estos bancos comerciales necesitan captar fondos con los que llevar a cabo sus actividades, por lo que obtienen financiación de los depósitos de sus clientes a través de la emisión de títulos de renta fija o variable. Posteriormente, financia a familias, a empresas o al estado, principalmente vía préstamos. De paso, crean dinero bancario, como ya explicamos en otra ocasión a través de este vídeo:

• Cajas de ahorro. Muy mermadas tras los escándalos financieros de las que fueron víctimas (y verdugas) en la última crisis, funcionan prácticamente igual que la banca privada, con dos diferencias: no pueden emitir títulos de renta variable y reciben un tratamiento fiscal más beneficioso que los bancos debido a que realizan algunas actividades benéficas.
• Cooperativas de crédito. Son asociaciones de personas, físicas o jurídicas, con intereses y necesidades comunes, que desarrollan una actividad financiera, pero cuyos resultados económicos (denominados excedentes), tienen como prioridad la atención de unos fondos comunitarios previamente pactados. En las cooperativas prima el interés social y no el ánimo de lucro. Como es lógico, estos organismos suelen encauzar sus préstamos hacia las actividades que desarrollan sus propios cooperativistas.

Además de estas instituciones hay más vida en el sistema financiero. Nos referimos a los intermediarios financieros no bancarios.

Intermediarios financieros no bancarios: la Bolsa de valores

Los intermediarios financieros no bancarios lo forman la Bolsa de valores, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), las compañías aseguradoras, los fondos de pensiones privados, las sociedades y fondos de inversión, las empresas de leasing, las empresas de factoring, otras empresas de servicios de inversión y las sociedades de garantía recíproca, entre otros.

Estos intermediarios tienen capacidad para crear dinero aunque realizan funciones de intermediación. A diferencia de lo que ocurre en el sistema anterior, los intermediarios financieros no bancarios no hacen suyo el dinero que se intercambia, sino que su función no va más allá de poner en contacto a ahorradores e inversores en los mercados financieros.

Su principal objetivos es, por tanto, facilitar la negociación de cualquier valor de forma competitiva, ordenada y continua. Los valores más importantes que se negocian son los de renta fija y los de renta variable:

• Renta fija. Se denominan bonos, pagarés u obligaciones, según su plazo de vencimiento, y son valores que representan un porcentaje del préstamo concedido a una determinada empresa o Administración Pública. Su remuneración es un interés fijo pactado en el momento de la emisión.
• Renta variable. Las más populares son las acciones, títulos que representan un porcentaje de propiedad sobre el capital de una sociedad. Tal y como su nombre indica, la renta variable no asegura percibir una renta en el futuro.

Al hablar de mercados financieros es importante diferenciar entre los dos grandes tipos que existen: los mercados primarios o de emisiones y los mercados secundarios. Los primarios son los de emisión de títulos, cuando salen por primera vez a la venta; mientras que los secundarios son los de intercambio de títulos previamente emitidos y que ya figuran en posesión de los inversores. El mercado secundario más importante de todos es la bolsa de valores.

Al igual que el resto de intermediarios financieros no bancarios, la bolsa es un mercado financiero en el que se ponen en contacto los ahorradores, que ofrecen sus ahorros, y los inversores, que necesitan los recursos de los anteriores, a cambio de los correspondientes títulos; en este caso, las acciones de las empresas. De su supervisión se encarga el Ministerio de Economía, bajo la vigilancia del Banco de España y se encuentra regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Es importante resaltar que la mayoría de las empresas que operan en las distintas bolsas de valores lo hacen a través de un sistema informático denominado Mercado continuo o SIBE, que posibilita la negociación de valores en tiempo real. El SIBE actúa como un sistema de interconexión informático entre las cuatro bolsas españolas.

Otros intermediarios financieros no bancarios

Como señalamos un poco más arriba, la Bolsa es el intermediario financiero no bancario más importante, aunque no el único. Repasemos brevemente el funcionamiento de los otros:

• Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este organismo funciona bajo las instrucciones del gobierno concediendo ayudas a sectores económicos con dificultades. También financia infraestructuras.

• Compañías aseguradoras. Emiten pólizas de seguro, contratos por el cual el asegurador queda obligado en caso de que se produzca un determinado suceso a indemnizar al asegurado. Esto lo hace, lógicamente, a cambio de una prima.
• Fondos de pensiones privados. Durante su vida laboral, los asociados de las mutualidades realizan aportaciones periódicas a sus planes de pensiones para complementar las pensiones públicas por jubilación que paga la Seguridad Social.
• Sociedades y fondos de inversión. Son grupos de inversores que se asocian para acceder con más facilidades a la Bolsa de valores.
• Empresas de leasing. Se encargan de los arrendamientos financieros o leasing, sistema de financiación mediante el cual las empresas pueden incorporar, en régimen de alquiler, un bien de capital a cambio de una cuota periódica de arrendamiento.
• Empresas de factoring. Es otra forma de financiación empresarial que consiste en la venta de los derechos pendientes de cobro a una empresa que, proporcionando liquidez inmediata a la empresa que cede tales derechos y a cambio de una comisión, se encarga de hacer efectivos tales cobros.

• Empresas de servicios de inversión. Pueden ser brókers, si se limitan a poner en contacto a compradores y vendedores de activos de alta liquidez; o dealers, si además compran y venden por cuenta propia.
• Sociedades de garantía recíproca. Permiten a sus asociados, normalmente pymes, el acceso a la financiación actuando como avalistas de los créditos que estas obtengan.

En definitiva, comprobamos como no sólo de bancos se alimenta el sistema financiero español, sino que este es bastante extenso. ¿El más sólido del mundo como una vez dijeron? Sobre eso ya tenemos más dudas.

En El Blog Salmón | ¿Quién y cómo se crea el dinero?

Imagen | Tomás Fano