Frustración y rabia. De Melbourne a Montevideo, de París a Buenos Aires, de Nueva York a Londres, este es el sentimiento que nos invade tras conocer las cifras casi definitivas de ruegos aceptados para votar desde el exterior en las próximas elecciones generales.
Frustración y rabia. De Melbourne a Montevideo, de París a Buenos Aires, de Nueva York a Londres, este es el sentimiento que nos invade tras conocer las cifras casi definitivas de ruegos aceptados para votar desde el exterior en las próximas elecciones generales.
Las cifras son propias de los peores pucherazos electorales perpetrados en la historia reciente: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está integrado por 1.880.026 personas con derecho a voto. Gente que ha ido a la embajada, se ha inscrito en el Registro Consular -perdiendo con ello su cobertura sanitaria en España- y que ha rellenado la solicitud correspondiente.
De ellos, han conseguido terminar el complicadísimo proceso de ruego de voto apenas 115.055. Un mísero 6,11% de todo el padrón electoral exterior que ha tenido la suerte, o la habilidad, de completar la gimnkana burocrática de estas semanas. Y ni siquiera ellos tienen asegurado el poder ejercer su derecho al sufragio: quedan los imponderables, los retrasos de correos, las direcciones mal escritas, las distancias de quienes viven en un pueblo de Australia a 800 kilómetros de la oficina de correos importante más cercana. Tendremos suerte si llegan a 100.000 los votos emitidos en estas elecciones.
Desde Marea Granate hemos hecho todo lo posible para intentar romper las cadenas impuestas por esta Ley de Voto Rogado aprobada por el PSOE y mantenida contra viento y marea por el PP. Con la ayuda de decenas de personas, con el empujón de algunos medios de comunicación dignos de tal nombre y usando el ingenio y las redes hemos difundido, informado, denunciado y animado. El resultado, a la vista está, es decepcionante, por mucho que haya aumentado en un punto porcentual el número de ruegos aceptados en relación a otros comicios.
No nos rendimos y queremos que una cosa quede clara: esto es un pucherazo. No estamos ante una situación derivada de un error burocrático o de un retraso logístico. No: el privar a casi dos millones de personas de su derecho a voto en unas elecciones tan importantes como las próximas generales y hacerlo además por enésima vez, solo tiene un nombre: alterar el resultado de las urnas de manera ilegal. Porque esto no es muy diferente al acarreo de votantes o a la sustitución de urnas durante un recuento. Nos han estafado y, al menos, pedimos que no se utilicen subterfugios: el 20D no estaremos todas porque no nos dejan estar.
fuente: kaos en la red
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