La población entre 25 y 29 años con estudios inferiores a la educación obligatoria es de aproximadamente el 25% en Puente de Vallecas y Usera, y de en torno al 7% en barrios madrileños ricos como Salamanca o Chamberí.
Ese dato es un fiel reflejo de la desigualdad existente entre los distintos enclaves de Madrid, que con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella (PP), entre 2003 y 2015, vieron cómo la brecha social y económica que les separaba aumentó provocando la ‘expulsión’ de la clase trabajadora.
El informe de la Auditoría municipal ciudadana llevada a cabo por el actual Ayuntamiento de Madrid concluye que las políticas llevadas a cabo durante esos años del PP supusieron una regresión en los derechos sociales básicos de muchos madrileños, particularmente el de los residentes en barrios humildes.
El informe de la Auditoría municipal ciudadana llevada a cabo por el actual Ayuntamiento de Madrid concluye que las políticas llevadas a cabo durante esos años del PP supusieron una regresión en los derechos sociales básicos de muchos madrileños, particularmente el de los residentes en barrios humildes.
El mejor ejemplo de ello fueron las medidas dedicadas a la educación infantil, único marco competencial del Ayuntamiento en Educación.
Así se podrían resumir las políticas educativas de Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella, que optaron por la privatización de la oferta municipal de plazas de educación infantil, de forma que se ha institucionalizado el modelo llamado “de gestión indirecta”.
De hecho, de la red de escuelas municipales solamente dos no se gestionan a través de esta fórmula de subcontratación al sector privado. Según el informe de la Auditora, la fórmula elegida para la gestión del sistema de educación infantil municipal cambió el criterio de los pliegos mediante los que se valoraban las ofertas para la concesión de escuelas, pasando a valorar más el proyecto económico que el educativo y estableciendo como requisito un volumen de negocio mínimo de 200.000 euros.
Estos cambios facilitaron la entrada en el sector de la educación infantil “pública” de grandes empresas sin ninguna experiencia en el ámbito educativo (Eulen, Clece) y la expulsión de pequeñas empresas y cooperativas.
Por ejemplo, como detalla el informe municipal, en las renovaciones que se llevaron en 2010, 28 de los 50 concursos resueltos fueron a parar a grandes grupos empresariales.
Además de estos procesos, el recorte en el presupuesto y en la oferta de plazas públicas se suma a la presión para el incremento de ratios de alumnos, rebajas o poco control en los requisitos de instalaciones, espacios escolares o recursos escolares, menor control sobre la titulación profesional requerida para el personal -casi siempre colocado a dedo-, el encarecimiento del servicio y la consiguiente ‘expulsión’ de las clases más desfavorecidas.
Por ejemplo, desde 2010 puede estimarse una reducción del 40% en las partidas que concentran el grueso del gasto educativo municipal.
Como consecuencia, a partir del curso 2010-2011 la reducción de matrículas es significativa, declive que se concentra en los distritos con menor nivel de renta de la ciudad, como Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas, Latina, Puente de Vallecas y Usera.
El sistema que se establece es el privado, y no el público, y muchas empresas deciden no instalarse en barrios con ingresos bajos de media.
“Hay que considerar que entre las familias que no escolarizan a sus hijos se encuentran tanto aquellas que en el contexto actual no intentan hacerlo, como aquellas que sí lo intentan pero por diversas razones no consiguen acceder a una plaza de titularidad pública ni privada, por lo que se ven abocadas a la búsqueda de otras opciones no escolares”, afirma el informe, que no duda en concluir que la década del PP al frente del Consistorio abrió (aún más) la brecha de la desigualdad entre los barrios, informa El Boletín.
El Ayuntamiento de Madrid pagará 21 millones de euros hasta 2019 a la secta de los jesuitas, a la que pertenece el capo del Estado Vaticano Bergoglio y la más poderosa y rica de la mafia católica con el Opus Dei, por el alquiler de un aparcamiento de tres plantas en la zona de Chamartín que no alcanza el 1% de ocupación. Según los registros municipales, en 2015 funcionó al 0,8% de su capacidad.
CDC defiende la "legalidad" del robo de dinero público de guarderías para la mafia del Opus
La 'consellera' de Ensenyament Meritxell Ruiz ha defendido la "legalidad" de la transferencia de dinero público de las guarderías para conciertos educativos con la mafia nazicatólica.
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"Mire si es legal lo que se hizo y las modificaciones presupuestarias son muy habituales, que otro año, el 2009, cuando no había crisis, se hicieron 41 en el departamento de Ensenyament, y en el 2010, el Govern entonces también hizo transferencias de crédito desde la partida de las guarderías al pago de las nóminas de las concertadas".
Los representantes de dos empresas han admitido este viernes en el juicio por el saqueo del Palau de la Música que no trabajaron para la entidad y que las facturas que figuran en la causa son falsa.
Según el testimonio de la acusada Gemma Montull, los exresponsables del auditorio utilizaron para justificar ante Hacienda los pagos en efectivo que fueron a parar a Convergència Democràtica (CDC).
El juez ordenó anoche prisión para dos rumanos y el exjefe de sala de Tito's, detenidos por coaccionar a los extrabajadores del empresario que han desvelado las fiestas para policías.
Cuando se cumplen tres semanas del ingreso en prisión de Bartolomé Cursach, el magnate del negocio nocturno mallorquín, los investigadores han detectado los primeros movimientos para presionar y coaccionar a los testigos que han aportado información que implica al empresario en esta trama de corrupción con la corrupción en la Policía Local y la mafia del PP.
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