El Gobierno gasta 25 millones de euros en asesores a dedo para los ministros
Cuatro eventuales cobran más que el presidente y 18, más que los ministros a los que asesoran
Madrid
El primer Gobierno de Mariano Rajoygastó al menos 25,6 millones de euros en contratar asesores eventuales para sus ministerios. Esa fue la cantidad que destinó entre 2012 y 2015 a pagar los sueldos de trabajadores que no pasan por ningún proceso selectivo para ocupar puestos retribuidos con más de 60.000 euros brutos de media al año. Entre 2012 y 2015, el gasto en asesoría creció un 16,7%
Cuatro de los asesores eventuales que trabajan directamente para ministros y secretarios de Estado cobran más que el propio presidente Mariano Rajoy. Tres de ellos asesoran a Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y uno, a Luis de Guindos en el de Economía. La directora de Comunicación de Montoro percibe hasta un 21% más que Rajoy porque roza los 100.000 euros; el sueldo del presidente en 2015 fue de 78.185 euros.
Cobrar más que un ministro
Hasta 18 de estos trabajadores cobran más que los propios ministros a los que asesoran. Estos últimos percibieron 68.982 euros de retribución bruta en 2015, y hay 18 consejeros cuyos sueldos anuales oscilan entre los 69.000 y los 99.000 euros brutos. Entre ellos hay directores de gabinete de secretarios de Estado, directores de comunicación, asesores parlamentarios y asesores de comunicación.
Pese a que trabajan para todos los ciudadanos y sus sueldos proceden de los Presupuestos Generales del Estado, los asesores de los ministros y del presidente del Gobierno eran hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia poco menos que un secreto de Estado: ni sus nombres ni sus retribuciones eran públicos. Organizaciones como Civio llevan años reclamando que se conozca quién asesora al Gobierno.
En 2015 el Gobierno publicó por primera vez un listado que los identificaba e informaba del servicio que realizan y su retribución en 2012 y 2013. Sin embargo, desde entonces no solo no lo ha actualizado, sino que ha tratado de evitar por todos los medios volver a dar los datos. Varios de los asesores que vieron sus nombres publicados se quejaron y el Gobierno decidió ocultarlos.
Sus currículos nunca han sido públicos, por lo que los ciudadanos no pueden comprobar si tienen la formación y experiencia necesarias para desempeñar su labor. Algunos son muy versátiles. Al menos cinco asesores han cambiado de ministerio en un mismo año. Ha habido trasvases de Exteriores a Educación, de Fomento a Presidencia, de Agricultura a Presidencia y de Educación a Justicia.
La diferencia con otros puestos es evidente. Cuando se nombra a un funcionario asesor por procedimiento de libre designación, es decir, se le cambia de puesto dentro de la Administración, sí se conoce porque se publica en el Boletín Oficial del Estado, con su nombre y dos apellidos.
Después de una serie de peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia, y de un trámite administrativo de casi año y medio, EL PAÍS ha conseguido los datos de 2014 y 2015 de los asesores de los ministros.
El gasto anual en este tipo de asesoría supone, de media, más de 490.000 euros al año por ministerio, según el análisis realizado a partir de estos datos. El ministerio más austero fue Exteriores, que en 2014 gastó 235.687 euros en los cinco asesores a los que retribuyó ese año. Industria empleó más del triple, 845.208 euros, en los sueldos de sus 19 asesores en 2015.
Por ahora no es posible comparar con Gobiernos anteriores, porque entonces no había una Ley de Transparencia que amparara este tipo de solicitudes.
Los asesores del presidente, un misterio
Al dato de los 25,6 millones de euros empleados en cuatro años para pagar las nóminas de estos trabajadores habría que sumar a los que asesoran directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pese a que son el grupo más numeroso, este diario no ha conseguido que Presidencia del Gobierno desvele quiénes son ni cuánto ganaron en 2014 y 2015. Sí se sabe, porque así lo hizo público el propio gobierno, que en 2013 eran 26 personas, y costaron más de 1,5 millones de euros al erario público.
"Celebramos que el Gobierno cumpla con la resolución del Consejo en un tema tan relevante para la transparencia y la rendición de cuentas. Esperamos que publiquen los datos del personal del ministerio de Presidencia también", asegura Alba Gutiérrez, portavoz de la organización Access Info. "Hacemos un llamamiento al Gobierno para que las retribuciones con dinero público de publiquen de forma proactiva y no haya que esperar un año y medio para conocer la información", añade.
En los ministerios hay muchas decenas más de trabajadores eventuales nombrados a dedo que en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración aparecen, por ejemplo, bajo la figura de "consejero técnico". Habría que sumarles para conocer el gasto total del Gobierno en asesores de confianza, como a los funcionarios de carrera nombrados a dedo para un puesto en el que cobran más que en su plaza. Estos datos, por ahora, son imposibles de obtener.
Nombres que no aparecen
EL PAÍS también ha detectado varios casos de errores y omisiones, tanto en el listado hecho público con datos de 2012 y 2013 como en los datos que los propios ministerios han aportado gracias a la Ley de Transparencia. Hay asesores dedicados a tareas de comunicación cuyos nombres no aparecen (ni sus salarios). Otros han estado contratados por empresas públicas pese a dedicarse a asesoría en gabinetes de secretarios de Estado. Ni el Ministerio de Presidencia ni el de Hacienda y Función Pública explicaron qué criterio se sigue para facilitar unos nombres y no otros.
El número de asesores que pueden tener los miembros del Gobierno se recoge en el Real Decreto 1887/2011. Los gabinetes de los ministros están formados por un director, con rango de director general, y por un máximo de cinco asesores.
Los gabinetes de los secretarios de Estado también tienen director y un máximo de tres asesores. Los directores son altos cargos y se da cuenta de sus nombres y retribuciones en una relación que sí se publica en el Portal de Transparencia. A diferencia de lo que ocurre con los asesores, también se pueden consultar sus currículos.
Los nombres y sueldos de los asesores eventuales deben ser públicos, según el criterio conjuntoelaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, porque ocupan "un puesto de especial confianza" y están en él por "un procedimiento basado en la discrecionalidad". Como en el caso de los altos cargos, estas plazas, obtenidas a dedo y donde trabajan directamente bajo las órdenes de ministros y secretarios de Estado, prima el interés público sobre la protección de datos y la intimidad, concluyen los dos organismos públicos.
"No deberíamos tener que esperar tanto para conocer las retribuciones de cargos públicos; si hubiera verdadera voluntad de transparencia se publicarían de forma proactiva", afirma Gutiérrez. "Este cumplimiento de la resolución del Consejo demuestra la importancia de disponer de una Ley de Transparencia", añade.
Qué hacen otras Administraciones
La Comunidad de Madrid (PP) publica en su página web los nombres y sueldos brutos anuales de sus asesores. Tiene unos 140 que cuestan a los madrileños alrededor de 7,5 millones de euros al año. La Generalitat de Catalunya (Junts pel Sí) también mantiene un listado actualizado mes a mes de sus altos cargos y asesores, con mención incluso a la fecha en la que empezaron a trabajar.
El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Ganemos Madrid, publica asimismo mucha información sobre sus cargos a dedo: son 134 asesores que cuestan casi 8,8 millones de euros. Incluye los currículos, de forma que cualquiera pueda comprobar qué formación y experiencia tienen.
investigacion@elpais.es
TRANSPARENCIA FUERZA A GUINDOS A REVELAR QUIÉN LE ASESORA
El único ministerio que se negó oficialmente a desvelar las retribuciones de la mayoría de sus asesores fue el de Economía. Ocho de los 12 trabajadores a dedo del departamento de Luis de Guindos, entre ellos su directora de comunicación, alegaron cuestiones relativas a protección de datos de carácter personal, y su propio ministerio aceptó esas alegaciones. Sin embargo, sus datos no se consideran especialmente protegidos, es decir, no entran en las excepciones que prevé la ley (ideología, afiliación sindical, religión...). De hecho, los nombres de algunos de ellos figuran en la página web del ministerio. Lo que pretendían ocultar, por tanto, era únicamente su sueldo.
El Consejo de Transparencia tuvo que remitir en enero de 2017 un oficio de reiteración a Economía instando a cumplir su resolución de julio de 2016 en la que daba la razón a EL PAÍS. "No se entiende las razones por las cuales se ha estimado necesario abrir un trámite de alegaciones", afirma el oficio, que recuerda que la propia Administración publicó datos sobre personal eventual en 2015que siguen disponibles online. Finalmente, y después de casi año y medio, todos los ministerios tuvieron que entregar la documentación.
fuel pais
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