Reclaman la aplicación de las sentencias europeas que anulan las cláusulas abusivas
La PAH se moviliza ante los juzgados para exigir la paralización de los desahucios
Los laberintos del derecho y el sufrimiento de las personas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciaba el pasado 26 de enero contra las cláusulas de “vencimiento anticipado” en las hipotecas. Esta cláusula “abusiva”, que figura en la mayoría de los préstamos hipotecarios, permitía la apertura de un procedimiento de ejecución hipotecaria y el desahucio en caso de que el afectado dejara de pagar varias cuotas. Así, por el impago de generalmente tres mensualidades (incluso una en muchos casos), el banco podía declarar finalizado el contrato y reclamar toda la deuda pendiente además de los intereses. Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de todo el estado se concentraron ayer frente a las puertas de los juzgados, para exigir el archivo de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. El argumento esgrimido es precisamente la sentencia del TJUE, que declara la cláusula de vencimiento anticipado “ilegal” y “nula”. La generalización de este requisito abusivo permite concluir, según la PAH, que son ilegales todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios llevados a término desde 1995.
Pero las idas y venidas por los tribunales no han concluido. El pasado dos de marzo la Audiencia Provincial de Madrid acordó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por “vencimiento anticipado” en los juzgados madrileños. El motivo radica en que la Audiencia Provincial está a la espera de que el TJUE responda a las cuestiones que le ha planteado el Tribunal Supremo español sobre la sentencia del 26 de enero. También la Audiencia Provincial de Castellón ha adoptado el criterio de mantenerse a la expectativa. Además, estas decisiones judiciales ya han tenido efectos prácticos. El Juzgado de Instrucción número tres de Navalcarnero resolvió el pasado dos de marzo la suspensión de una vista, al hilo de las instrucciones de la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes de la PAH recordaron asimismo que el Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid suspendió el 24 de febrero los procedimientos en que los deudores hubieran alegado como “abusiva” la cláusula de vencimiento anticipado.
En un comunicado difundido antes de la concentración ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, la PAH subraya que el TJUE “está dejando en evidencia la posición de algunos jueces y tribunales españoles, reticentes a archivar las ejecuciones hipotecarias por las numerosas cláusulas abusivas que figuran en la práctica totalidad de los contratos”. La sentencia recuerda a las instancias judiciales españolas “una vez más, que tienen la obligación de atenerse a la normativa comunitaria, en concreto a la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, destaca la nota de prensa de la PAH. Se da la circunstancia de que en la sentencia del 26 de enero, el alto tribunal europeo analizó el caso presentado por un juez de Santander, en el que el impago de siete cuotas mensuales sobre un total de 564 que integraban el préstamo dio lugar al vencimiento anticipado de la hipoteca. Pero se trata de una sentencia más. El 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó que las entidades financieras del estado español tendrían que devolver, con carácter retroactivo, el importe de las cláusulas “suelo” aplicadas de manera abusiva en las hipotecas.
En la Ciudad de la Justicia de Valencia, portavoces de la PAH se entrevistaron con el magistrado-juez decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, y con el presidente de la Audiencia Provincial, Fernando de Rosa, a quienes les preguntaron por su posición sobre la sentencia del TJUE. “Les hemos pedido que se paralicen los procedimientos hipotecarios pendientes de resolución, y se declaren nulos cuando incluyan cláusulas de vencimiento anticipado”, informa Jesús González, activista contra los desahucios. La respuesta recibida apunta a que los juzgados de primera instancia actuarán según las directrices de la Audiencia Provincial de Valencia, y que ésta ha decidido por unanimidad que los juzgados de lo civil continúen con los procedimientos y examinen “caso por caso” si existen cláusulas de vencimiento anticipado. Fuentes de la PAH señalan que hubieran preferido la suspensión, como en Castellón y Madrid, aunque no consideran negativo el criterio de la Audiencia Provincial de Valencia, ya que los juzgados “están archivando los procedimientos en caso de encontrar cláusulas opacas”.
M.L.N., ecuatoriano de 53 años y 18 viviendo en Valencia, logró en octubre paralizar su desahucio con la ayuda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Actualmente desempleado, “lucho por lograr el alquiler social”, afirma al terminar la concentración frente a los juzgados valencianos. En 2006 compró un piso por 72.000 euros y para ello firmó una hipoteca con la CAM (hoy Banco Sabadell). Después de varios meses de impago, la entidad financiera inició un procedimiento de ejecución hipotecaria y para ello se acogió a la cláusula de vencimiento anticipado. A pocos metros se halla Jazmín, hondureña de 30 años, una de las personas que moviliza en las últimas fechas la solidaridad de los activistas. Vive de alquiler en el municipio de Mislata, con la particularidad de que se ha gastado 4.200 euros en reformas de la vivienda; “y ahora la propietaria me quiere echar”, lamenta. Fuentes de la PAH informan que la dueña del piso es una “gran tenedora” de viviendas, que reside en el centro de Valencia y utiliza procedimientos similares con otros inquilinos, muchos de ellos inmigrantes. “Cuando los pisos están reformados, les aumenta el precio del alquiler”.
Jazmín tiene firmado un contrato de arrendamiento por el que paga 240 euros mensuales, y en el que no figura referencia alguna a la reforma del inmueble. “La propietaria cobra el dinero en mano, nunca quiere que se le ingrese en una cuenta”, explica la afectada. Madre soltera con tres hijos a su cargo, Jazmín percibe actualmente una renta mínima de 426 euros al mes. La PAH de Valencia empezó ayer a difundir las circunstancias de esta madre inmigrante, sobre la que ya pesa una denuncia en el juzgado y una orden de desahucio. El jueves nueve de marzo hay organizada una concentración en la puerta del domicilio donde reside, en la calle Maestro Serrano número nueve de Mislata. En los días previos, los activistas de la PAH están acopiando documentación e intentando contactar con el Ayuntamiento y los Servicios Sociales.
Las concentraciones han tenido lugar pocas fechas después que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informara de la cifra de desahucios en el estado español durante 2016, que se eleva a 63.037 y la mayoría afectó a alquileres. Agencias y medios de comunicación destacaron que la cifra es inferior en un 6,4% a la de 2015 y la más baja en el último cuatrienio. La autonomía con mayor número de desahucios fue Cataluña (14.069), seguida de Andalucía (9.998) y el País Valenciano (9.635). Pero en un comunicado la PAH de Madrid rebate este optimismo oficial y señala un “panorama desolador”. A los datos del CGPJ “hay que sumar los miles de desahucios –invisibilizados- de familias que se han visto obligadas a escoger entre la calle y ocupar una vivienda vacía”. “No queremos entrar hasta el último decimal de los números”, señala la plataforma antidesahucios, sin embargo advierte que caben muchas versiones de las cifras, por ejemplo, puede hacerse referencia a los 166 desahucios diarios. Ocho años después de la constitución de la plataforma, recuerdan que a los números subyace “el estigma del empobrecimiento”, por lo que apelan al apoyo para “cambiar las leyes injustas y criminales”. Subrayaron asimismo el inicio de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunidad de Madrid para revertir la situación actual.
Pero las idas y venidas por los tribunales no han concluido. El pasado dos de marzo la Audiencia Provincial de Madrid acordó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias por “vencimiento anticipado” en los juzgados madrileños. El motivo radica en que la Audiencia Provincial está a la espera de que el TJUE responda a las cuestiones que le ha planteado el Tribunal Supremo español sobre la sentencia del 26 de enero. También la Audiencia Provincial de Castellón ha adoptado el criterio de mantenerse a la expectativa. Además, estas decisiones judiciales ya han tenido efectos prácticos. El Juzgado de Instrucción número tres de Navalcarnero resolvió el pasado dos de marzo la suspensión de una vista, al hilo de las instrucciones de la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes de la PAH recordaron asimismo que el Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid suspendió el 24 de febrero los procedimientos en que los deudores hubieran alegado como “abusiva” la cláusula de vencimiento anticipado.En un comunicado difundido antes de la concentración ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, la PAH subraya que el TJUE “está dejando en evidencia la posición de algunos jueces y tribunales españoles, reticentes a archivar las ejecuciones hipotecarias por las numerosas cláusulas abusivas que figuran en la práctica totalidad de los contratos”. La sentencia recuerda a las instancias judiciales españolas “una vez más, que tienen la obligación de atenerse a la normativa comunitaria, en concreto a la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”, destaca la nota de prensa de la PAH. Se da la circunstancia de que en la sentencia del 26 de enero, el alto tribunal europeo analizó el caso presentado por un juez de Santander, en el que el impago de siete cuotas mensuales sobre un total de 564 que integraban el préstamo dio lugar al vencimiento anticipado de la hipoteca. Pero se trata de una sentencia más. El 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó que las entidades financieras del estado español tendrían que devolver, con carácter retroactivo, el importe de las cláusulas “suelo” aplicadas de manera abusiva en las hipotecas.
En la Ciudad de la Justicia de Valencia, portavoces de la PAH se entrevistaron con el magistrado-juez decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, y con el presidente de la Audiencia Provincial, Fernando de Rosa, a quienes les preguntaron por su posición sobre la sentencia del TJUE. “Les hemos pedido que se paralicen los procedimientos hipotecarios pendientes de resolución, y se declaren nulos cuando incluyan cláusulas de vencimiento anticipado”, informa Jesús González, activista contra los desahucios. La respuesta recibida apunta a que los juzgados de primera instancia actuarán según las directrices de la Audiencia Provincial de Valencia, y que ésta ha decidido por unanimidad que los juzgados de lo civil continúen con los procedimientos y examinen “caso por caso” si existen cláusulas de vencimiento anticipado. Fuentes de la PAH señalan que hubieran preferido la suspensión, como en Castellón y Madrid, aunque no consideran negativo el criterio de la Audiencia Provincial de Valencia, ya que los juzgados “están archivando los procedimientos en caso de encontrar cláusulas opacas”.
M.L.N., ecuatoriano de 53 años y 18 viviendo en Valencia, logró en octubre paralizar su desahucio con la ayuda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Actualmente desempleado, “lucho por lograr el alquiler social”, afirma al terminar la concentración frente a los juzgados valencianos. En 2006 compró un piso por 72.000 euros y para ello firmó una hipoteca con la CAM (hoy Banco Sabadell). Después de varios meses de impago, la entidad financiera inició un procedimiento de ejecución hipotecaria y para ello se acogió a la cláusula de vencimiento anticipado. A pocos metros se halla Jazmín, hondureña de 30 años, una de las personas que moviliza en las últimas fechas la solidaridad de los activistas. Vive de alquiler en el municipio de Mislata, con la particularidad de que se ha gastado 4.200 euros en reformas de la vivienda; “y ahora la propietaria me quiere echar”, lamenta. Fuentes de la PAH informan que la dueña del piso es una “gran tenedora” de viviendas, que reside en el centro de Valencia y utiliza procedimientos similares con otros inquilinos, muchos de ellos inmigrantes. “Cuando los pisos están reformados, les aumenta el precio del alquiler”.
Jazmín tiene firmado un contrato de arrendamiento por el que paga 240 euros mensuales, y en el que no figura referencia alguna a la reforma del inmueble. “La propietaria cobra el dinero en mano, nunca quiere que se le ingrese en una cuenta”, explica la afectada. Madre soltera con tres hijos a su cargo, Jazmín percibe actualmente una renta mínima de 426 euros al mes. La PAH de Valencia empezó ayer a difundir las circunstancias de esta madre inmigrante, sobre la que ya pesa una denuncia en el juzgado y una orden de desahucio. El jueves nueve de marzo hay organizada una concentración en la puerta del domicilio donde reside, en la calle Maestro Serrano número nueve de Mislata. En los días previos, los activistas de la PAH están acopiando documentación e intentando contactar con el Ayuntamiento y los Servicios Sociales.
Las concentraciones han tenido lugar pocas fechas después que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informara de la cifra de desahucios en el estado español durante 2016, que se eleva a 63.037 y la mayoría afectó a alquileres. Agencias y medios de comunicación destacaron que la cifra es inferior en un 6,4% a la de 2015 y la más baja en el último cuatrienio. La autonomía con mayor número de desahucios fue Cataluña (14.069), seguida de Andalucía (9.998) y el País Valenciano (9.635). Pero en un comunicado la PAH de Madrid rebate este optimismo oficial y señala un “panorama desolador”. A los datos del CGPJ “hay que sumar los miles de desahucios –invisibilizados- de familias que se han visto obligadas a escoger entre la calle y ocupar una vivienda vacía”. “No queremos entrar hasta el último decimal de los números”, señala la plataforma antidesahucios, sin embargo advierte que caben muchas versiones de las cifras, por ejemplo, puede hacerse referencia a los 166 desahucios diarios. Ocho años después de la constitución de la plataforma, recuerdan que a los números subyace “el estigma del empobrecimiento”, por lo que apelan al apoyo para “cambiar las leyes injustas y criminales”. Subrayaron asimismo el inicio de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunidad de Madrid para revertir la situación actual.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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