Por José Antonio Gómez
El fraude de los dividendos cum-ex, que ascendería a 55.200 millones de euros se extiende principalmente a Alemania, donde la fiscalía de Colonia está llevando a cabo investigaciones que incluyen al Santander.
El Santander está siendo investigado en el mayor escándalo de fraude fiscal de Europa, que el diario francés Le Monde ha denominado «el robo del siglo» y que es conocido como el escándalo de los dividendos cum-ex. La cifra presuntamente defraudada superaría los 55.200 millones de euros. Diferentes testigos de entidades financieras involucradas han hecho referencia al papel activo del Santander que se habría beneficiado con la financiación y las transacciones que dieron lugar a cientos de casos de fraude fiscal.
La investigación en Alemania comenzó en abril de 2013 y, desde principios de septiembre, se está juzgando en el Tribunal Regional de Bonn el primer caso derivado de las investigaciones de la Fiscalía de Colonia. La primera sentencia está prevista para principios del año 2020. El caso de los dividendos cum-ex sigue siendo investigado y se prevén más juicios en los que podría ser acusado el Santander por su intervención en el presunto fraude.
La fiscal jefe de Colonia, Anne Brorhilker, tras cinco años de investigación solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que se registrase la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla. Sin embargo, el fiscal español Luis Rodríguez Sol se negó a ello y tan sólo remitió un requerimiento escrito al banco que fue despachado con una simple contestación de cuatro páginas y varios documentos adjuntos. El fiscal español tras la negativa a ejecutar el registro, y después de 14 años en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, ha sido nombrado juez de enlace en Roma, destino ideal para un miembro del Opus Dei.
A diferencia del Santander otros bancos como el australiano Macquarie Bank, los franceses BNP Paribas y Societe Generale o el alemán Deutsche Bank si sufrieron el registro judicial.
Pese a la negativa al registro de la sede del Santander, la fiscal alemana no se amedrentó y comunicó a la entidad cántabra la apertura de una investigación penal por su presunta intervención en el fraude que afectaría a empleados y altos responsables del Santander, entre ellos a Stephen Woodhead, jefe del departamento de «short term equity trading» en Londres. La acusación de la fiscalía mantendría que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutarlas, el fraude debía ser conocido necesariamente por la alta dirección del banco.
El mecanismo del fraude operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos. Los presuntos defraudadores concertados entre si ejecutarían, en un breve periodo de tiempo, multitud de transacciones de compra y venta de un gran volumen de las mismas acciones de manera que aparentaría varios titulares de las acciones al mismo tiempo, que obtendrían certificados fiscales con los que reclamarían varias veces la misma devolución de impuestos que sólo habían sido pagados una vez.
Según la investigación, Santander ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indican las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también han manifestado que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.
La presunta relación de la entidad presidida por Ana Patricia Botín con el fraude sería directa ya que, además de ejecutar las compras de acciones «a corto» también facilitaban la financiación para esas compras por lo que llegaban a cobrar un porcentaje del dividendo en vez de una simple comisión.
El conjunto de indicios de la investigación contra el Santander, con la concesión de financiación multimillonaria a los defraudadores para la compra de acciones con complicadas «due diligence» de los prestatarios, las compras «a corto» de millones de euros ejecutadas por el Santander y el cobro de comisiones y reparto de un porcentaje de los dividendos netos, han llevado a la fiscalía alemana a considerar que la alta dirección de la entidad santanderina podría estar al corriente de la trama de evasión fiscal.
Uno de los testigos, abogado que fue mano derecha del asesor fiscal cerebro del fraude fiscal (Hanno Berger), ha denominado a la trama como «crimen organizado con trajes de banquero» y en la que estaba «involucrada toda una industria compuesta por una red de banqueros, asesores fiscales, abogados e inversores». El fraude alcanza una dimensión internacional que afecta a Alemania (31.800 millones de euros defraudados), Francia (17.000), Italia (4.500), Dinamarca (2.000), Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Noruega, Finlandia y España. El fraude ha sido calificado por expertos de la Universidad alemana de Mannheim como «el mayor fraude fiscal en la historia de Europa» que presuntamente ha saqueado más de 55.200 millones de euros de las arcas públicas de gran parte de los estados de la Unión Europea.
Alguno de los defraudadores aún vive fuera del alcance de la justicia europea cerca de St Moritz en los Alpes suizos (el cerebro de la operación, el asesor fiscal alemán Hanno Berger) o en una villa de lujo en Palm Islands en Dubai (el banquero de inversión de Londres de origen indio Sanjay Shah).
El caso es de tal trascendencia que el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, solicitó la comparecencia del Santander en la comisión sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscal del Parlamento Europeo para explicar su implicación en la trama del fraude fiscal y exige la retirada de licencias bancarias como sanción por la reiteración de fraudes.
La relación y reiteración del Santander con casos de fraude fiscal no es nueva y viene de largo con casos como las cesiones de crédito, los 2.000 millones de euros de la familia Botín ocultos en el HSBC de Suiza o la existencia de decenas de sociedades offshore en paraísos fiscales lo que unido a otros escándalos financieros implica una reiteración que podría llevar aparejada la retirada de la licencia bancaria.
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