La UCO detecta pagos ocultos en la campaña del PSC en Cataluña para difundir noticias falsas y favorecer a Illa
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, una presunta "unidad de acción" en el seno del PSOE destinada a desestabilizar procesos judiciales contra el partido, sospecha que pudo haber pagos ocultos desde Madrid al PSC en la última campaña electoral en Cataluña.
En este contexto, la Audiencia Nacional requirió el pasado miércoles al PSOE toda la documentación relativa a los gastos en dichos comicios, en los que resultó vencedor su candidato y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El magistrado solicitó la información remitida tanto a la Sindicatura de Comptes como al Tribunal de Cuentas, incluyendo estados contables, contratos, facturas y gastos de propaganda y publicidad.
Las sospechas de los investigadores se centran en la posible financiación de una "campaña oscura" durante el periodo electoral catalán. Este tipo de campañas, destinadas a desmovilizar al electorado rival mediante estrategias engañosas o la difusión de noticias falsas, podrían constituir un pago irregular y vulnerar el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
El requerimiento judicial se enmarca en una investigación que sitúa su foco a comienzos de 2024, cuando —según el auto— la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización Santos Cerdán mantenían vínculos dentro de un supuesto grupo organizado orientado a la obtención de comisiones.
Las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024 marcaron un cambio político significativo al poner fin a los gobiernos liderados por formaciones independentistas. Según un informe de la Sindicatura de Comptes, el PSC dispuso de un presupuesto de 2,9 millones de euros para la campaña, detectándose que 6.607 euros se abonaron fuera de la cuenta electoral habilitada. Además, se señaló la existencia de financiación por parte de empresas que no declararon su facturación al partido pese a superar el límite legal de 10.000 euros.
La Guardia Civil está investigando, en concreto, un pago de aproximadamente 20.000 euros a la periodista Patricia López, ya fallecida, a través de su sociedad Grupo Crónica Libre. Según el auto, Santos Cerdán habría ordenado que este dinero se abonara mediante una "campaña de publicidad" ficticia integrada en el "plan de medios" del partido, gestionado por una agencia externa.
El objetivo de estos pagos y de la relación con ciertos medios era otorgarles un papel relevante en la difusión de informaciones interesadas, tales como grabaciones procedentes de los archivos del comisario Villarejo. Estas filtraciones buscaban impactar en causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno o del PSOE.
En las anotaciones intervenidas a Leire Díez, una de las principales investigadas, aparece la vinculación entre la "creación de un periódico" y lo que denominaban internamente como "Operación PSOE", sugiriendo una estrategia mediática controlada por la trama para influir en la opinión pública y en los tribunales. El juez apunta a que Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE, fue el encargado de gestionar el pago, comunicándole a la periodista Patricia López que la orden estaba "dentro ya del plan de medios" y que una agencia externa se pondría en contacto con ella para materializarlo.
El PSC lo niega
Por su parte, el PSC aseguró en un comunicado haber recopilado toda la información solicitada, previamente remitida a la Sindicatura, para ponerla a disposición judicial. "Hemos colaborado y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo necesario", señalaron, subrayando que el auto no establece ninguna vinculación entre la campaña catalana y los hechos investigados.
En el plano político, la reacción de Junts no se hizo esperar. Su líder en el Parlament, Mònica Sales, exigió la comparecencia de Salvador Illa para que ofrezca explicaciones públicas. "Que hagan pública toda la información y den todas las garantías", reclamó, denunciando además que su formación concurrió a las elecciones en condiciones de desigualdad.
Sales aseguró que su partido mantendrá una actitud de "lealtad institucional" y "respeto a los procedimientos judiciales", aunque también de "firmeza" en la defensa de la calidad democrática. "Cataluña no merece un Govern instalado en el silencio", afirmó.
En la misma línea, el expresidente Carles Puigdemont reclamó explicaciones al actual jefe del Ejecutivo catalán a través de redes sociales: "Menos victimismo y más explicaciones". Se trata de la cuarta ocasión en la que Junts solicita la comparecencia de Illa en el Parlament durante la presente legislatura
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