Casi la mitad de los españoles desconfía de la independencia del Tribunal Supremo

Un 44% de los españoles cree que la independencia del Alto Tribunal es bastante baja o muy baja y un 60% expresa poca confianza o ninguna confianza en los jueces españoles.

Un 44,2% de los españoles considera que el grado de independencia del Tribunal Supremo es “bastante bajo” o “muy bajo”. Es un dato que arroja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de julio y que no es nada baladí. El Alto Tribunal emitirá la sentencia del juicio al 1-O y el procés en los próximos meses. Sólo un 29,8% de los encuestados opina que el grado de independencia del tribunal es “muy alto” o “bastante alto”.

La cifra de los que desconfían de la independencia del Supremo sube al 66,2% en el caso de los catalanes. En Catalunya, sólo un 20,2% de los entrevistados cree que el grado de independencia es alto o muy alto.

Si se extiende la pregunta al total de los jueces, un 50,8% cree que el grado de independencia es “bastante bajo” o “muy bajo” y sólo un 29,4% lo ve al revés. En Catalunya, la desconfianza de los magistrados en general roza el 70%. En esa tesitura, casi un 60% –59,4%– expresa que tiene “poca confianza” o “ninguna confianza” en la figura del juez en España, mientras que un 34,1% opina lo contrario.

Además, un 48% cree que la Administración de Justicia “funciona mal o muy mal” y un 24,1% cree que es “regular”. En Catalunya, la cifra de los que opina que funciona mal o muy mal sube al 62,2%.

Entre los motivos más citados a la hora de emitir la valoración el más corriente es que las penas son blandas (31,6%), que la justicia está politizada (26,7%), que hay mucha burocracia (25,3%), que el trato es discriminatorio (24,8%) o que hay mucha corrupción (20,4%). De hecho, un 60,9% considera que las leyes españolas son “muy blandas” con los que comenten delitos de especial gravedad o con uso de violencia. Pero en Catalunya, el motivo más nombrado es que la justicia está politizada (35,5%).

Desconocimiento del Poder Judicial

Teniendo en cuenta todas las valoraciones anteriores, no es de extrañar que un 79,4% de los entrevistados vea muy necesaria o bastante necesaria una reforma de la justicia española. Pero un 47,7% de los encuestados desconoce la existencia del órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por un 51,7% que afirma conocer la institución. En esa línea, un 44,2% de las personas encuestadas no sabe como se eligen a los miembros del Poder Judicial y un 24% dice “tener alguna idea” pero no la certeza. Sólo el 16,4% afirma conocer el mecanismo.

Los jueces, mejor valorados que los políticos

El Poder Judicial está ahora pendiente de renovación. Las Cortes deben proponer los cambios y así se les ha reclamado en más de una ocasión desde el mundo judicial a los dirigentes políticos. Pero la mayoría de personas entrevistadas abogan porque sean los jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ (22,5%) o que haya un sistema mixto entre Congreso y Senado y los propios jueces (26,9%).

Pese a las valoraciones negativas sobre el sistema judicial, los ciudadanos depositan más confianza en los jueces (31,2%) que en el poder legislativo (16,5%) o el Ejecutivo (11,9%).Y es que en este barómetro, los políticos son la segunda preocupación para los españoles, sólo por detrás del paro, y por segundo mes consecutivo marcan máximos históricos. En Catalunya, no obstante, la institución que merece más confianza es el Parlamento (30,7%), por delante de los jueces (15,8%) y del Gobierno (11,3%).

La valoración que hacen los españoles en el barómetro del CIS sobre la justicia llega después de que en noviembre del año pasado se filtraran unos mensajes del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el marco de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. El popular, exdirector general del Cuerpo Nacional de la Policía, apuntaba a sus compañeros de bancada que aunque perdían la mayoría de vocales en el órgano de los jueces, con la presidencia de Manuel Marchena tenían controlada la Sala Penal “desde detrás”. No sólo la cuestión catalana es competencia de la Sala Penal (Sala II), los casos de corrupción de los partidos también acaban en esa misma sala.

Marchena es el presidente de esa sala y ha encabezado a los siete magistrados que juzgan el 1-O en el Alto Tribunal y será el ponente de la sentencia, prevista como pronto para septiembre. Era el hombre propuesto por el PP para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo –y la Sala especial 61, que resuelve sobre la ilegalización de los partidos políticos y las recusaciones–, un cargo que todavía ostenta Carlos Lesmes. Al salir a la luz pública los mensajes de Cosidó, el magistrado del Supremo rechazó la presidencia del CGPJ y el Poder Judicial ha quedado pendiente de renovación.

Las encuestas para elaborar el barómetro del CIS se realizaron entre el 1 y el 11 de julio, con el juicio a los líderes independentistas ya visto para sentencia y sin tener en cuenta la investidura fallida de Pedro Sánchez y el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos.

¿Confías en la justicia española?

• Sí40% (7818)
• No60% (11730)

La encuesta está cerrada Han votado 19548 personacopyright la vanguardiaPublicado por  THENANSHED 1er Oficial de la Federación Galáctica de planetas libres a través de Joan Ashtar  ©misteri1963 ésta publicación puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor/a, como fuente de la misma y se incluya esta URL https://misteri1963.blogspot.com y el aviso del Copyright

El Supremo confirma la nulidad de varias cláusulas de vuelo de Iberia por abusivas

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Gema Huesca

Iberia tendrá  que prescindir de algunas de sus cláusulas de vuelo después de que el Tribunal Supremo haya declarado como abusivas varias condiciones generales utilizadas por la compañía aérea en sus contratos de transporte aéreo de pasajeros; entre ellas, la bautizada como 'no show', por la que podía cancelar el vuelo de vuelta adquirido si no se hacía uso del de ida.

La Sala de lo Civil confirma de esta forma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía española. De esta forma, declara abusiva, en primer lugar, la cláusula que facultaba a la empresa para modificar las condiciones del transporte contratado "en caso de necesidad", al considerar que se trata de una expresión excesivamente genérica e imprecisa y, por tanto, se puede interpretar incluyendo supuestos que excedan las circunstancias extraordinarias en las que se debería aplicar.

En segundo lugar, el Supremo confirma igualmente la nulidad de la condición que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un enlace. De nuevo aquí la sentencia concluye que está redactada en términos excesivamente genéricos y, por tanto, deja la cuestión en "exclusiva voluntad" de la aerolínea, en claro detrimento de los consumidores.

Por último, analiza la cláusula conocida como 'no show', que autorizaba a Iberia a cancelar trayectos adquiridos en caso de que no se utilizase alguno ellos. La Sala entiende que la decisión de abaratar los precios para el caso de la venta conjunta de varios tramos es una opción legítima de la compañía aérea, pero no considera que le genere un perjuicio el hecho de que el viajero haga uso de uno de los dos billetes de ida y vuelta adquiridos puesto que ésta ya ha cobrado el precio íntegro del billete.

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Denuncian a Lesmes y a las “vacas sagradas” de la judicatura por amañar nombramientos que benefician al PP

El tribunal Supremo solicita una fianza 12 mil euros a los denunciantes para tramitar la causa




La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ha denunciado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y a más de 20 magistrados del alto tribunal y de la Audiencia Nacional por prevaricación
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes








CARLOS QUÍLEZ
24/06/18



La patata caliente está en manos del Supremo. La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ha denunciado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y a más de 20 magistrados del alto tribunal y de la Audiencia Nacional por prevaricación. Según se argumenta en la querella la cúpula judicial amañó el nombramientos de determinados magistrados y magistradas en puestos clave directamente relacionados con causas poro corrupción que afectaban al Partido Popular. Estos nombramientos, según la denuncia, sólo tenían por objeto colocar a “jueces amigos” para beneficio de esta formación política investigada en múltiples frentes por corrupción.

Ya lo avisó el GRECO

La querella hace múltiples referencia a las recomendaciones y denuncias del GRECO (grupo de países contra la corrupción vinculado a Naciones Unidas), sobre “la falta de reglamentación de los criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura posibilita, precisamente, lo que aquí se denuncia, es decir, que concretos nombramientos se efectúen como consecuencia de la vinculación política de los Jueces y Magistrados y no de los méritos y aptitudes jurídicas de los mismos”.



Beneficiar al PP

La querella, firmada por el ex magistrado José Elpidio Silva añade que “la presente querella se formula en atención a la constatación de un plan perfectamente diseñado por los querellados quienes, prevaliéndose de la manipulación y del abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales, propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico, asegurándose que las personas propuestas con tal criterio asumiesen el despacho de las causas deseadas”.

Con nombres y apellidos

La querella cita las diversas causa vinculadas con las trama Gürtel y enumera uno a uno esos nombramientos sospechosos.

Por ejemplo el de“ Concepción Espejel como Presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, modificación de los criterios de composición de los Tribunales de la Sección Segunda y auto atribución por la querellada de la Presidencia de los Tribunales encargados del enjuiciamiento de procedimientos seguidos contra el Partido Popular”.

La querella también cita como sospechoso el nombramiento del Magistrado Don Juan Pablo González“como miembro – y ponente– de los Tribunales encargados de enjuiciar cuatro causas que afectan directamente al Partido Popular”.

La denuncia enumera los datos y relaciones objetivas que vinculan a estos dos jueces con la estructura organizativa e ideológica del Partido Popular.

Manipulación de jueces y salas

También se hace referencia, entre otros, a la torticera constitución de salas de enjuiciamiento y apelación: “Se rescatan en 2017 las Salas de Apelaciones de la Audiencia Nacional creadas en el 2003 pero nunca formadas, y se atribuyen las mismas a D. Enrique López (de consabida vinculación y afinidad al Partido Popular) y a D. Eloy Velasco (consabido detractor del Partido Popular y que deberá inhibirse de oficio de conocer sobre los eventuales recursos de apelación interpuestos contra Lezo y Púnica)”. 


El magistrado instructor que analizará esta controvertida denuncia es el juez Antonio del Moral García que ha impuesto como cuestión previa a la Asociación denunciante una fianza de 12 mil euros. La asociación “Atenes juristes pels drets civils” ya ha depositado ese dinero.

Todos los ojos pendientes de este magistrado del Supremo y de si, contra pronóstico, iniciará una línea de indagación al respecto de las severas acusaciones recogidas en la querella.