El PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M

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Ingresó en metálico en la sucursal de Génova una docena de cantidades inferiores a 3.000€ en la cuenta de Fundescam, que servía para financiar las campañas.16 febrero, 2016 21:46


El PP de Madrid blanqueó donativos en negro por valor de al menos 30.000 euros durante la mañana de los atentados del 11 de marzo de 2004. Empleados de la formación política realizaron una docena de ingresos fraccionados en la sucursal de Caja Madrid del número 10 de la calle Génova con el objetivo de trocear los ingresos para no levantar sospechas.

Los fondos en metálico fueron depositados en una cuenta corriente de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) vinculada al partido y que en ese momento presidía Pío García-Escudero, actual presidente del Senado. García-Escudero también fue presidente del PP de Madrid hasta que en noviembre de 2004 se dio paso a la ya presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los resguardos de estos ingresos de dinero en metálico. Esta documentación fue custodiada tanto en las dependencias de la sede del PP madrileño, ubicada en la primera plante de las oficinas centrales de Génova, como en la tesorería nacional del partido en el mismo edificio. En estos momentos, estas pruebas han sido descubiertas en la investigación judicial que rastrea la financiación ilegal del PP madrileño.



Resguardos de los ingresos realizados el 11 de marzo de 2004.

El partido en Madrid realizó a lo largo del mes de marzo de 2004 numerosas operaciones de ingresos con dinero negro en la ventanilla de la sucursal más cercana de Caja Madrid, pero concentró algunas de las más importantes durante la mañana en la que se produjo la mayor matanza terrorista de la historia de Europa, que se saldó con 191 muertos y 1.857 heridos.
El resto de modalidades de blanqueo

El PP ha utilizado de manera sistemática durante los últimos años diversos sistemas para lavar donaciones en metálico entregadas por empresarios que luego eran empleadas para sufragar actividades del partido. Así, este periódico desveló hace varios días que una de ellas consistió en repartir dinero negro entre trabajadores de la sede central del partido para que, a continuación, acudieran al banco con cantidades individuales que rondaban los 200 euros.

En este sentido, acudían hasta de siete en siete empleados del Departamento de Auditoría o secretarias de la formación para ingresar el dinero simulando que se trataba de donaciones particulares. En este tipo de prácticas, tal y como documentó EL ESPAÑOL, participaron, entre otros, los antiguos responsables de las finanzas del partido, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Este último, tal y como acreditó este diario, llegó a realizar esta operación con 60.000 euros que transfirió primero al partido y, a continuación, le fueron reintegrados con cargo a la caja B del PP.

Por otra parte, el PP en la Comunidad Valenciana estableció una mecánica parecida. Consistía en que fueran los ediles del Ayuntamiento que dirigía Rita Barberá los que hicieran las donaciones con su dinero. Acto seguido, el partido les reintegraba los fondos, 1.000 euros a cada uno -en total 50.000- con dinero negro recaudado por el partido con donaciones de empresarios.
Fundescam como tapadera

En el caso que desvela hoy este periódico se utilizó como pantalla Fundescam, una entidad que no es la primera vez que aparece vinculada a la financiación ilegal del PP. No en vano, la investigación del denominado caso Gürtel ya ha acreditado que esta fundación sufragó facturas de las empresas de Francisco Correa por valor de más de 300.000 euros correspondientes a actos del PP madrileño.



El actual presidente del Senado y expresidente de Fundescam, Pío García-Escudero.

El diario Público desveló que a lo largo del mes de marzo de 2004 Fundescam llegó a recaudar un total de 154.250 euros de manos de empresas como Iberia o Unión Fenosa y de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández. Estos fondos, al igual que los desvelados por este periódicos, fueron destinados al pago de fines electorales.

Corrupción en el PP: La enchufada de Ana Pastor que ha llevado el caos a una empresa pública madrileña EC

El Confidente

EC

16/07/2018

Los trabajadores de la empresa pública madrileña Obras de Madrid están que trinan con su nueva consejera delegada, Lucía Molares Pérez, que fue recolocada por la Comunidad de Madrid después de que el PP perdiera el Gobierno central y Morales tuviera que abandonar su anterior destino como directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Aunque el Gobierno regional la nombró oficialmente el pasado 19 de junio (así aparece en el BOCM), Morales lleva desde entonces sin poder ejercer plenamente sus funciones porque las actas del consejo de administración que ratificaban su nombramiento no fueron elevadas a público hasta este viernes.


Un olvido administrativo que había provocado que la empresa pública, que gestiona suelo e inversiones en la Comunidad de Madrid, viviera una especie de parálisis que ponía incluso en riesgo el pago de las nóminas de los trabajadores de este ente público. Entre otras cosas porque el consejero delegado es el encargado de autorizar cada mes estos pagos. Y Molares no podía firmar porque su nombramiento no era técnicamente legal. "Han sido días de parálisis", señalan desde el ente público. Tanto que hasta la propia consejera, militante del PP de Vigo, no dudó en faltar de su puesto de trabajo para ir a la ciudad gallega y participar en las primarias del PP que se celebraron el pasado 5 de julio. La consejera lleva ya también casi un mes sin entregar su declaración de bienes, algo obligatorio para todos los altos cargos.


Molares es una persona muy cercana a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. De hecho, Pastor, que fue ministra de Fomento, la colocó al frente de Sepes en enero de 2012. La relación entre ambas se fraguó hace muchos años, cuando Mariano Rajoy era ministro de Educación, Cultura y Deportes; Ana Pastor era subsecretaria del ministerio, y Molares era directora del gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes.

El esperpento vivido estos días ha sido tal que en el Registro Mercantil aún figura como presidente de Obras de Madrid el consejero de Presidencia Pedro Rollán, cuando legalmente el presidente debe ser otro consejero, el de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo. De hecho, cuando El Confidencial pidió a la Comunidad de Madrid este jueves información sobre estos problemas administrativos, los trabajadores de Obras de Madrid se tuvieron que movilizar rápidamente y concertar una cita con una notaría de la capital esa misma tarde para elevar a público varias actas del consejo de administración, entre ellas el nombramiento de Molares.

Lo malo es que faltaban papeles para completar el certificado notarial y todo se tuvo que posponer al viernes por la mañana. De hecho, el viernes, trabajadores de Obras de Madrid se tuvieron que trasladar a la sierra madrileña, donde el consejero Izquierdo estaba en un acto, para que firmara unos documentos que faltaban, entre ellos la ratificación de que es el nuevo presidente del ente público en lugar de Pedro Rollán. "En estas tres semanas de caos, el portafirmas de la empresa estaba a reventar. La consejera delegada no podía firmar ninguna decisión porque legalmente no era consejera", señalan fuentes de la empresa. De hecho, en el registro aparecía este viernes como consejera su predecesora, Susana Magro.

En septiembre de 2017, la Comunidad de Madrid decidió que la empresa pública Arproma se rebautizara como Obras de Madrid, y que a su vez esta nueva marca absorbiera otro ente público, Nuevo Arpegio, cuyo nombre ha quedado ligado irremediablemente a la corrupción y al caso Púnica. De hecho, Arpegio es una de las piezas del sumario de este caso que instruye la Audiencia Nacional, donde se investiga si Francisco Granados(expresidente de Arpegio) pudo amañar varios contratos licitados por esta empresa pública.

La comunidad decidió que la empresa pública Arproma se rebautizara como Obras de Madrid, y que a su vez esta nueva marca absorbiera Arpegio

Molares, por su parte, es licenciada en Económicas y Empresariales y tiene un máster en Gestión y Administración Sanitaria por la Universidad de Vigo. Según el currículo oficial que todavía figura en la web del Ministerio de Fomento, cursó estudios de Derecho en la UNED y de Alta Dirección en el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde 1993 es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia.

Sentencia Gurtel, muchos años pero poca gente

Agustín Vega Cortés

Rebelión

La detención de Zaplana, y la publicación de la sentencia de la Gurtel, ha vuelto a poner en primera plana la realidad de un país que no acaba de salir del agujero negro en el que le tienen hundido sus dirigentes. Sin embargo, decir que todos los políticos son iguales de corruptos, es tan estúpido como defender la plena inocencia de los millones de electores que con sus votos han mantenido en el poder, legislatura tras legislatura, a personas sobre los que se sabía, desde muchísimos lugares, que dedicaba más esfuerzos a conservar los cargos y saquear las arcas públicas en beneficio propio o de sus allegados, que a cumplir con las obligaciones de sus responsabilidades. Y, a pesar de ello, una gran parte de la ciudadanía les seguía votando mientras miraba para otro lado y pensaba que si bien podían “meter la mano un poco” acarreaban mucho dinero y prosperidad a la ciudad, o a la región. Valencia, Madrid, Baleares, o los casos de Marbella y Torremolinos, en tiempos de Jesús Gil, son paradigmáticos.

Hay, creo yo, una responsabilidad ciudadana en general, ante el fenómeno de la corrupción, por mantener con sus votos a las mismas personas al frente de las instituciones, pero hay una responsabilidad más acotada y concreta, y desde luego mucha más grave, de miles y miles de empleados públicos y funcionarios, cuya principal responsabilidad es velar por el pleno y escrupuloso cumplimiento de las leyes, y a los que ningún responsable político, por muy alto que sea su rango, puede obligarles, de ninguna manera, a permitir por acción u omisión, incumplir la ley, o permitir que otros lo hagan. Para eso tienen, entre otras cosas, un blindaje laboral de por vida que les hace prácticamente inmunes.

Sin embargo, y como confirman una tras otra las resoluciones judiciales, durante años y años, las leyes y procedimientos que regulan las adjudicaciones públicas de obras y servicios, las recalificaciones urbanísticas, las ayudas a las empresas como el caso de los ERES, los cursos de formación, o las ingentes cantidades de dinero procedentes de la UE para inversiones de todo tipo, han sido absolutamente burladas y pisoteadas, a través de unas “mecanismos de manipulación de la contratación pública”, y “sistemas de corrupción institucional”, según expresiones de la sentencia del caso Gurtel.

Cualquiera con un conocimiento mínimo del funcionamiento de los aparatos administrativos del Estado, sea el nivel que sea, sabe perfectamente que es imposible que se puedan mantener, con tanta intensidad y durante tanto tiempo, esos sistemas de corrupción institucional, sin la participación, sea por activa o por pasiva, de una gran parte del funcionariado. Puede que sea verdad que los políticos son los principales responsables de que nuestro país esté hoy señalado como uno de los más corruptos del mundo, pero son ellos, los pocos o los muchos que han sido juzgados hasta ahora, los únicos que están pagando por ello. Por eso no puedo evitar la terrible sensación de que esa “corrupción institucional” sigue incólume, normalizada y encarnada en todas las Administraciones Publicas, a través de miles y miles de personas a los que nadie hasta ahora les pide explicación de lo que han hecho o de lo que no han hecho.

Blog del autor: http://palabrasaltiempo2.blogspot.com.es/

Saquen el dinero del banco y compren legumbres: Cospedal, la jefa del ejército, tilda a Pedro Sánchez de ENEMIGO DEL ESTADO

Esta gentuza corrupta, mafiosa y golpista no va a saber perder, más que nada porque tienen miedo de terminar en Estremera o en Alcalá-Meco...

El exdirector de Caixa Galicia dice no recordar que la entidad perdonó 1,8 millones de deudas al PP

El antiguo director general de la gran caja del norte gallego alega por escrito ante el Congreso falta de memoria sobre la condonación de deudas a los populares en 1996

Jubilado justo antes de la fusión con Caixanova, Méndez vuelve a descargarse de cualquier responsabilidad en la operación

José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia, en una imagen de archivo XOÁN CRESPO

Por David Lombao22 may 201820:36


José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia durante tres décadas, fue coprotagonista de algunas de las imágenesque se han convertido en iconos de la fracasada fusión con Caixanova de la entidad que encabezaba. Sin embargo, Méndez ya no estaba cuando, el 29 de noviembre de 2010, las dos cajas gallegas firmaron su unión con una estilográfica Mont Blanc grabada para la ocasión por la Xunta. Las crónicas de la época cuentan que el Banco de España no lo quería en la fusión por su mala gestión en Caixa Galicia, pero la explicación oficial de su retirada fue la providencial llegada de la jubilación: había cumplido 65 años y abandonaba la actividad profesional.




Lejos de los focos y con una jubilación millonaria -se estima en unos 12 millones brutos-, jubilarse justo antes de la fusión le permitió esquivar los procesos judiciales que han acabado llevando a la cárcel a otros exdirectivos y tener que dar explicaciones públicas apenas una vez, cuando acudió en 2013 a comparecer a la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Galicia sobre el fracaso de Novacaixagalicia. Méndez fue llamado hace pocos meses a petición de En Marea a otra comisión de investigación, la que indaga en el Congreso de los Diputados sobre el rescate bancario; en esta acusión no ha acudido alegando problemas de salud, pero sí ha respondido por escrito. En sus respuestas el exbanquero mezcla una defensa cerrada de su gestión con alusiones a la falta de memoria sobre operaciones concretas, como los 1,8 millones de euros en créditos que Caixa Galicia perdonó al PP gallego en 1996, año de la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno de España.

Carteles electorales del PP a finales de los años 80 del siglo pasado © UAB. BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I HEMEROTECA GENERAL. CEDOC

En la segunda tanda de preguntas que Méndez ha tenido que responder, remitida al Congreso a finales de abril, el grupo de Esquerra Republicana recuerda al directivo que "en 1996, coincidiendo con la llegada al poder del señor Aznar, Caixa Galicia con usted al frente condonó al Partido Popular préstamos por 300 millones de pesetas". El partido catalán instaba a Méndez a aclarar si hubo "alguna relación" entre "aquella condonación" y "el señor Pablo Crespo", el actualmente ya condenado como uno de los máximos responsables de la trama Gürtel, pero en el momento de los hechos secretario de organización del PP gallego y antes, como resalta ERC en su pregunta, "director de una oficina de Caixa Galicia", concretamente en Vilagarcía de Arousa.

"No recuerdo la operación a la que hace referencia", señala Méndez cómo única respuesta, sin dar más aclaraciones sobre un perdón de deudas que el propio PP llegó a reconocer ante el Tribunal de Cuentas. En la página 82 del informe del ente fiscalizador sobre las cuentas de los partidos políticos correspondientes a 1996, hecho público en 1999, el Tribunal explica que la "sede regional de Galicia" del PP "canceló cinco operaciones de endeudamiento (...) con una caja de ahorros". Esas deudas se arrastraban desde 1986, 1987 y 1990 y eran formalmente de Alianza Popular, pero habían sido "asumidas por el PP en 1995".
Referencia a la deuda perdonada por Caixa Galicia al PP en la fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1996, aprobada en 1999 PRAZA.GAL

Siempre según aquel informe del Tribunal de Cuentas, los créditos pendientes sumaban algo más de 108 millones de pesetas -unos 650.000 euros- de capital y más de 322 millones de pesetas -1,93 millones de euros- en intereses. No obstante, el PP había pagado únicamente 133 millones de pesetas -algo menos de 800.000 euros-, cuantía que "coincide con la acordada para su liquidación con la entidad de crédito". Así, la caja dio por cancelada la deuda del PP sin cobrarle los 297,8 millones de pesetas que faltaban, esto es, el equivalente a 1,8 millones de euros.


Aunque aquel informe del Tribunal de Cuentas no mencionaba el nombre de la caja que le había perdonado los créditos al PP, fue el propio partido el que lo hizo en sus alegaciones a dicho informe. Como recordabaEl País en una información de 2005 sobre deudas bancarias condonadas a PP y PSOE, los populares argumentaban que "la Caja de Ahorros de Galicia consideró que la única posibilidad de cobro" de aquellas cantidades pasaba por la "devolución del capital prestado" y la realización de una "quita de los intereses teóricamente devengados". Este perdón era, en cualquier caso, "una práctica habitual en casos similares por parte de las entidades financieras", resaltaba el PP. El Tribunal de Cuentas recordaba en su informe, no obstante, que "la condonación de deuda no está incluida entre las fuentes de financiación" de los partidos políticos que la ley preveía en aquel momento.

El PP financió con dinero negro la web de Losantos

La caja B del partido sirvió para comprar acciones de ‘Libertad Digital’
RUBEN CORTÉS
# Federico Jiménez Losantos | Libertad Digital | Esradio | Partido Popular | Luis Barcenas | PP |
Jue, 24 Mayo 2018



Federico Jiménez Losantos lo admitió en septiembre de 2013. Entonces, el controvertido periodista ya reconoció en su programa en esRadio que pudo haber posibles inversiones por parte de Luis Bárcenas a ‘Libertad Digital’.

En 2014, el propio extesorero del Partido Popular presentó las pruebas ante la Justicia, enviando al juez Pablo Ruz unos documentos que probaban la compra de acciones de ‘Libertad Digital’ con fondos de la caja B del partido.

Y este jueves, la sentencia del ‘caso Gürtel’ ha acreditado definitivamente que, entre otras muchas cuestiones, con el dinero en negro del Partido Popular se adquirieron 1.270 acciones de ‘Libertad Digital’ por un valor de 139.700 euros.
Aunque estos hecho están siendo juzgados en otra pieza, lo cierto es que el tribunal ya da por probada la caja B:

"En el año 2005, también de la misma 'Caja B', sustrajo 149.600 euros, de los que, de acuerdo con su mujer [la de Bárcenas], Rosalía Iglesias, destinó a 149.000 euros a pagar unos inmuebles adquiridos por el matrimonio. En esta ocasión, el apoderamiento de los fondos de la 'Caja B', tuvo lugar mediante la compra de acciones de Libertad Digital, S. A., de manera que Luis Bárcenas, de acuerdo con su propia esposa, entregó a esta, extraídos de dicha caja, los 149.600 €, de los que dispuso el 29/10/2004 para adquirir 1.360 acciones de esa sociedad, que puso a nombre de Rosalía Iglesias. Compradas las acciones a su nombre, posteriormente las vende esta, el 15/03/2005, a Francisco Yáñez, por 149.600 euros, que no se reingresan al PP, sino que se queda con ellos el matrimonio, ingresándolos, mediante dos imposiciones que hace la propia Rosalía una el 16/03/2005, por importe de 74.000 euros, y otra el 21/03/2005, por importe de 75.600 euros, en su propia cuenta corriente, abierta en Caja Madrid"