Ocho familiares del rey Juan Carlos pusieron en marcha una red de sociedades con sedes en Panamá e Islas Bermudas para repartirse la herencia de su tía, María Cristina de Borbón-Parma, y dejar el dinero en tres cuentas suizas protegidas por el secreto bancario. Así se desprende de la investigación
Los Papeles de Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es,
La Marea y
Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón
filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.
Las herramientas que utilizó la familia Borbón para no declarar la herencia de la prima del rey Juan Carlos –un dinero que no estuvo regularizado hasta la amnistía fiscal– son las mismas que aparecen en varios casos de corrupción que hoy investiga la Audiencia Nacional. La herencia superaba los 4,5 millones de euros: 4.470.078 euros en dinero y acciones, además de joyas por valor de 87.050 euros más. Las joyas se guardaban en la caja fuerte número 391 del banco suizo Lombard Odier. Entre ellas, se cuentan brazaletes de brillantes, colgantes con rubíes y zafiros, medallas de oro, una insignia española o la Insignia de la Orden de Santiago.
Para camuflar el reparto de esta opulenta herencia, la saga de los Borbones se valió de la misma gestora que ayudó al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a la familia Pujol a esconder sus fortunas, según consta en los distintos sumarios que les investigan. Además, aparecen en la operación varios testaferros y bufetes panameños que también usó el expresidente del FMI Rodrigo Rato para esconder parte de su patrimonio.
Una herencia organizada
El entramado societario para repartir la herencia de la prima María Cristina de Borbón-Parma Habsburgo-Lorena se empezó a planificar desde despachos de Panamá y bancos suizos en 2002, siete años antes de su muerte. La madeja de empresas para distribuir el dinero de las cuentas, las propiedades, los bienes y las joyas de María Cristina de Borbón incluye una fundación panameña, una sociedad radicada en Bermudas y otra empresa, Favona, que el banco suizo Lombard Odier con sede en Ginebra ponía a disposición de sus clientes más acaudalados para proteger sus identidades.
Como instrumento clave en toda esa ingeniería financiera, la familia puso en marcha la fundación Bamenda, constituida el 2 de abril de 2002 en Panamá con un capital inicial de 10.000 dólares y que quedó registrada al día siguiente. Los estatutos de la entidad, en poder de eldiario.es, prueban que esta fundación era una tapadera para repartir el patrimonio entre los sobrinos y sobrinos nietos de María Cristina –no tuvo hijos– y mantener el dinero fuera de España. Algunos de los herederos
afloraron esta fortuna en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó las ventajosas condiciones de la amnistía fiscal.
El acta que recoge el nacimiento de la fundación Bamenda está redactada en abril de 2002, siete años antes de la muerte de María Cristina de Borbón. En el acta ya queda claro que su única función era distribuir la herencia: "Cuando los activos sean distribuidos, la fundación Bamenda será liquidada".
La fundación recoge también entre sus estatutos posibles donaciones benéficas a "CICR" –las siglas del Comité Internacional de la Cruz Roja– pero dichas contribuciones son meramente testimoniales. El mismo reglamento también determinaba que las aportaciones de la fundación a la Cruz Roja no podrían superar el 1% de sus ingresos anuales.
De Panamá a Suiza
Todo el trámite de constitución de la fundación panameña para esconder los bienes de María Cristina de Borbón una vez repartidos a sus herederos en España se pilotó desde la oficina
Icaza, González Ruiz Alemán: un despacho de abogados de Panamá que brinda sus servicios a través de sucursales en paraísos fiscales como Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila, Belice, Uruguay, Seychelles y Singapur.
La fundación panameña, a su vez, estaba formada por otras empresas en paraísos fiscales con el clásico esquema de muñecas rusas habitual en este tipo de operaciones. El primer miembro del consejo de la fundación, Anasazi Limited, es una sociedad radicada en Hamilton, capital de Bermudas, otra zona de sombra para las transferencias financieras. Bamenda tuvo además como sociedad subsidiaria a la firma panameña Malkin Capital desde 2007. Tanto la fundación como la firma compartían administrador: Jedburght Limited, una sociedad opaca con sede en el paraíso fiscal de Bermudas.
Entre los testaferros de Malkin Capital, figuran dos administradores habituales en las empresas del expresidente del FMI, Rodrigo Rato, cuyo patrimonio investiga la justicia española: Lilia Judith Tovar de León y Delio José de León Mela. Los nombres y apellidos de estos dos testaferros, constan, según el registro mercantil de Panamá, en más de 15.000 sociedades nacidas en el despacho Quijano & Asociados, otro bufete especializado en la creación de firmas offshore.
La documentación que se presentó ante el registro de Ciudad de Panamá para constituir la fundación incluye el logotipo de Favona, una firma habitual en sumarios de corrupción como los que investigan a Bárcenas y el clan Pujol.
Favona pertenece al banco suizo Lombard Odier y tiene las oficinas en la calle Corraterie de Ginebra en el portal contiguo al de la sede central de esta entidad financiera. Es el mismo banco donde Francisco Granados y David Marjaliza ocultaban el dinero de las comisiones ilegales de Púnica. Los investigadores de la UDEF que han seguido el rastro de Favona creen que se trata de una "firma pantalla" para proteger el anonimato de sus clientes más exclusivos. Favona también constituyó para Luis Bárcenas en Panamá la fundación Sinequanon, a través de la que luego pudo abrir sus cuentas en Suiza.
Los porcentajes de la herencia
Los estatutos de Bamenda determinaban que el reparto de los bienes de María Cristina de Borbón se ejecutase de acuerdo con los siguientes porcentajes: un 40% para su sobrina Inés de Borbón y Borbón, un 30% para su otra sobrina, Teresa, y el 30% restante se lo repartirían sus sobrinos-nietos Pedro, Cristina, Inés, Victoria y María Paloma de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, hijos del infante Carlos de Borbón. La propiedad de las joyas se distribuyeron entre las dos sobrinas y un sobrino nieto: Inés, Teresa de Borbón y Pedro de Borbón y Orleans.
Cuando María Cristina de Borbón falleció, en 2009, la herencia se repartió siguiendo el protocolo pactado. El dinero y las acciones pasaron a cuentas que la familia ya tenía abiertas en el banco suizo Lombard Odier. Como los hijos del infante Carlos aún no tenían cuenta en Suiza, se creó una para ellos en la sucursal de Ginebra donde recibieron los fondos que establecía el testamento.
Los más de cuatro millones de euros de la herencia permanecieron desde 2009 y durante tres años sepultados bajo el secreto bancario de la entidad suiza; solo afloraron con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En noviembre de ese año, al menos dos de los herederos realizaron sucesivas declaraciones tributarias especiales y pagaron a Hacienda por el 10% de los rendimientos de sus inversiones en los últimos tres ejercicios. Cristina y Pedro de Borbón y Orleans regularizaron 355.470 euros y pagaron en impuestos 2.148 euros: solo el 0,6% del dinero que heredaron.
Ninguna de las personas mencionadas en esta información han querido atender las llamadas de eldiario.es. Solo Inés de Borbón-Dos Sicilias Orleans, hoy residente en Italia, respondió para negar que el nombre que aparece en la documentación sea el suyo. "Se confunden de persona, hay muchas personas con el mismo apellido y no soy yo, se confunden, lo siento", dijo antes de colgar el teléfono.