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8 de octubre de 2016

Rusia y Argentina firman un memorando de colaboración sobre medios de comunicación

El acuerdo de colaboración entre Rusia y Argentina incluye varios compromisos, entre ellos, el relanzamiento de RT en el país sudamericano.
Hernán Lombardi, ministro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos de Argentina y Nikolái Nikíforov, ministro de Comunicaciones y Medios de Rusia, participan en la suscripción del acuerdo de cooperación.
Hernán Lombardi, ministro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos de Argentina y Nikolái Nikíforov, ministro de Comunicaciones y Medios de Rusia, participan en la suscripción del acuerdo de cooperación.RT

Las autoridades de Rusia y Argentina han firmado este sábado 8 de octubre un memorando de cooperación sobre medios de comunicación, que incluye varios acuerdos específicos. Entre ellos, el relanzamiento de la emisión de RT en Argentina.

La confirmación de un compromiso de renovación

El 19 de septiembre pasado, en un acto que contó con la participación del ministro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, Hernán Lombardi, el presidente provisional del Senado de Argentina, Federico Pinedo y el embajador de Rusia en Argentina, Víctor Koronelli, se anunció el acuerdo para la renovación de RT en Argentina.



Firma del memorándum de la colaboración entre Rusia y Argentina en la esfera de medios de comunicación @nnikiforov@herlombardi
En aquella oportunidad, el embajador de Rusia en Argentina recalcó que el desempeño de RT evidencia el buen momento de las relaciones entre Argentina y Rusia. "La presencia de RT en Argentina refleja el nivel de las relaciones entre nuestros países, el nivel de asociación estratégica e integral confirmada por nuestros presidentes", indicó Koronelli.

Dos años de trabajo en Argentina

En octubre de 2014, el presidente ruso, Vladímir Putin, y la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dieron inicio durante una videoconferencia a la emisión de RT en Argentina. Sin embargo, el 9 de junio pasado Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), tomó la decisión de suspender la emisión de RT en el país sudamericano.
Posteriormente, el 15 de julio, las autoridades del país sudamericano y los directivos de RT en Españolacordaron la renovación del convenio de transmisión de la señal en territorio argentino después del 27 de octubre, fecha de la finalización del acuerdo. El ministro Hernán Lombardi confirmó en una entrevista exclusiva a RT que los televidentes argentinos continuarán disfrutando de la señal después de la expiración del contrato.
© RT Organización Autónoma sin Fines de Lucro

¿Puede evitarse aún la guerra generalizada por Siria?


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¿Puede evitarse aún la guerra generalizada?

por Thierry Meyssan

Se aceleran los acontecimientos alrededor de la crisis siria poniendo así de manifiesto la real envergadura del conflicto entre el bando de los atlantistas y el bloque ruso-chino. 

Luego de haber señalado el creciente peligro de generalización de la guerra convencional, o incluso nuclear, Thierry Meyssan analiza las maniobras de Estados Unidos y las respuestas de Rusia.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, se reúne en Moscú con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

Después de la destrucción, el 1º de octubre, del buque insignia de la marina de guerra de los Emiratos Árabes Unidos, los ejércitos de las petrodictaduras del Golfo vacilan en cuanto a proseguir solos la guerra contra la República Árabe Siria. 

Resulta evidente para todos que el misil tierra-mar que destruyó el navío de transporte rápido qatarí es un arma extremadamente sofisticada nunca vista anteriormente en ningún campo de batalla. 

No lo dispararon los houtis, ni los partidarios del ex presidente yemenita Saleh, quienes no disponen de ese tipo de arma, sino Rusia, secretamente presente en Yemen desde este verano.

La idea de que Estados Unidos deje de participar en la coordinación de las fuerzas yihadistas y que esta pueda quedar únicamente en manos de los aliados locales de Washington resulta extremadamente inimaginable, sobre todo teniendo en cuenta que la rivalidad entre Arabia Saudita y Qatar ha socavado constantemente las etapas anteriores de la guerra.

Washington se plantea por lo tanto seriamente la única opción que le queda: el enfrentamiento militar directo.

Estados Unidos ha solicitado la cooperación de los 64 países y las 3 instituciones internacionales que participan en su coalición, supuestamente contra el Emirato Islámico (Daesh), para iniciar un ataque contra Damasco. En la práctica, sólo están presentes Canadá, Francia, Holanda y el Reino Unido. 

El plan sería lanzar misiles crucero contra Damasco y Latakia y bombardear al Ejército Árabe Sirio. Este proyecto ya había sido anunciado a los miembros de la OTAN en el Consejo Atlántico del 27 de septiembre. El senador John McCain lo respaldó en elWall Street Journal.

Esta operación implica una reorganización de la actual preparación de la liberación de la ciudad iraquí de Mosul, bajo control del Emirato Islámico. 

Imagen para el resultado de noticiasYa en este momento todos han podido comprobar que el objetivo de la coalición encabezada por Estados Unidos no es el que había anunciado sino un simple cambio de ocupante en Mosul. 

El verdadero objetivo no es la entrega de Mosul a autoridades que representen el gobierno central de Irak, ni a sus habitantes históricos sino únicamente a los sunnitas iraquíes para crear un «Sunnistán». 

La coalición no bombardeó a los yihadistas del Emirato Islámico, pero no vaciló en acabar «por error» con una milicia de voluntarios chiitas que realmente trataban de liberar la ciudad de Mosul del yugo oscurantista. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan destapó el caldero al declarar al diarioSabah que cuando se libere Mosul esa ciudad pertenecería a sus habitantes y que «sólo los árabes sunnitas, los turcomanos y los kurdos sunnitas podrán permanecer alli». 

Dicho de otra manera, la coalición encabezada por Estados Unidos se dispone a terminar el trabajo que Washington había confiado al Emirato Islámico. Su verdadero objetivo es avalar la limpieza étnica puesta en práctica por los yihadistas, fundamentalmente la expulsión o masacre contra los cristianos y los kurdos yazidíes, para crear un Estado confesionalmente homogéneo.

Como ya hemos anunciado varias veces, el Emirato Islámico tendría que migrar de Mosul (en Irak) hacia las regiones sirias de Raqqa y Deir ez-Zor, como ya sucedió cuando abandonó Yarablus, sin presentar combate, ante el avance del ejército turco.

En reacción ante el proyecto de bombardeo contra la República Árabe Siria, Rusia reveló la instalación en Siria de nuevas baterías de misiles antiaéreos S-300 y S-400. Según los expertos rusos, ese armamento de destruir en vuelo no sólo cualquier avión –incluyendo los aviones furtivos– sino también los misiles crucero. 

Por tratarse de una situación que no se ha presentado nunca en el campo de batalla, esto es algo que nadie sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que, desde hace siglos, los rusos no han mentido nunca en cuanto a las posibilidades de su armamento.

El anuncio ruso ha provocado gran agitación en Israel, donde los expertos están ahora convencidos de que fue ese armamento ruso el que derribó uno de sus aviones y averió otro cuando la aviación de Israel violó el cese de hostilidades durante la fiesta musulmana del Aid, el pasado 13 de septiembre. El estado mayor israelí ya dio por perdido el predominio aéreo de Israel, tanto en Siria como en Líbano.

Estados Unidos respondió haciendo que los yihadistas bombardearan la embajada de Rusia en Damasco. Y Rusia anunció la llegada al Mediterráneo de tres nuevos buques de guerra, mientras que su portaaviones –cuya llegada estaba planificada para julio– ya está en camino.

Consciente del peligro de guerra nuclear, Francia ha enviado a Moscú su ministro de Relaciones Exteriores. Este último ha presentado un proyecto de resolución que pretende proponer en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Alepo. Esta pudiera ser para los occidentales una manera de salir de esta confrontación con la frente alta. Todavía no he podido leer ese proyecto de resolución, así que no puedo comentarlo.

Pero la prensa francesa está publicando una avalancha de artículos sobre la crisis de Alepo basados en datos falsos. La parte oeste de Alepo alberga actualmente entre 1,4 y 1,5 millones de habitantes partidarios de la República Árabe Siria. 

Los barrios del este albergan entre 25 000 y 30 000 personas. 

La correlación no es por tanto de igualdad, como se pretende hacer ver, sino de entre 46 y 50 veces más habitantes bajo la protección del gobierno sirio. 

Fueron los yihadistas quienes no vacilaron en abatir a tiros a los habitantes del este de Alepo que trataron de huir durante la tregua del Aid. Fueron también los yihadistas quienes quemaron el convoy humanitario de la Media Luna Roja siria destinado a los civiles que ellos mismos retienen como rehenes en Alepo. 

Después de haber ofrecido, durante la tregua del Aid, a todos los habitantes del este de Alepo –tanto a los civiles como a los combatientes, a los sirios como a los extranjeros– la posibilidad de salir de la ciudad, el Ejército Árabe Sirio y sus aliados libaneses, rusos e iraníes iniciaron una operación contra los yihadistas, lo cual pone en peligro a los civiles aún retenidos como rehenes. 

El inicio de esa ofensiva está en perfecta concordancia con la aplicación de lo enunciado en la resolución 2249 del Consejo de Seguridad de la ONU –adoptada el 20 de noviembre de 2015– cuyo texto solicita a los Estados miembros de las Naciones Unidas:


«poner fin a los actos de terrorismo perpetrados en particular por el EIIL, también conocido bajo el nombre de Daesh, así como por el Frente al-Nusra y todos los demás individuos, grupos, empresas y entidades asociados a al-Qaeda».

Esa es exactamente la misma lógica que plantean Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda y el Reino Unido cuando anuncian que se preparan para bombardear a los 1,5 millones de habitantes de Mosul.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, comunicó a su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault, varias enmiendas que quisiera ver incluidas en el proyecto de resolución. Propuso volver a los términos del acuerdo de cese de hostilidades del Aid. 

Pero es poco probable que Washington acepte ese regreso a la situación anterior, ya que eso sería reconocer que en Siria no hay rebeldes moderados. 

Con enmiendas o sin ellas, el proyecto será presentado el sábado al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Vladimir Putin viajará a Francia el 19 de octubre.

Mineras canadienses responsables de 200 conflictos sociales en A. Latina

  • Protesta frente a la embajada canadiense en la Ciudad de México contra la explotación minera.

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  • Manifestante contra empresas mineras.

Las empresas canadienses controlan casi el 50 % de las actividades mineras en América Latina, donde han generado al menos 200 conflictos sociales, que incluyen transgresión de los derechos laborales de pueblos indígenas y daños graves al medioambiente.
El Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”, denuncia el Ocmal.
Esta información se desprende de un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), en el que se advierte de que el Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”.

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De acuerdo con Ocmal, el Gobierno conservador del primer ministro, Stephen Harper, en caso de cualquier denuncia contra compañías de su país relacionadas con la minería, prefiere cuestionar el papel de los gobiernos latinoamericanos, a los que sindica de no hacer cumplir la ley en los territorios en torno a las minas.
Primer ministro canadiense, Stephen Harper.

Ocmal, una organización que defiende a las comunidades afectadas por la minería, se refiere a Canadá como la “sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta” y, de hecho, las compañías de este país han invertido más de 50.000 millones de dólares en la extracción de minerales en América Latina, donde aprovechan las brechas legales para incrementar sus ganancias, informó el viernes el canal venezolano de televisión Telesur.

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Citando una investigación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) -órgano que examina las violaciones sistemáticas de los derechos de las comunidades- el informe subraya que al menos cinco compañías canadienses están involucradas en violaciones de los derechos laborales y de los pueblos indígenas, daños graves al medioambiente y represión de protestas, entre los más de 200 casos de conflictos sociales detectados en la región.

En otra parte, menciona que el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con sede en Toronto (Canadá), contabilizó que en los últimos años 50 personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas en accidentes en los que están involucradas mineras canadienses. La nota añade que apenas se llevaron a cabo investigaciones sobre el caso.

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Ocmal denuncia que los habitantes que rechazan la extracción minera por motivos como daños medioambientales son objeto de persecución, amenazas o llevados a los tribunales tras ser acusados de realizar “actos terroristas”.

En este punto, menciona que alrededor de las minas explotadas por las canadienses Goldcorp y Torex en Guerrero (sur de México) se produjeron 16 secuestros y seis asesinatos entre febrero y marzo pasados.

Al respecto alude a un caso en Cuba, donde la canadiense Sherritt International Inc. es responsable, según los residentes de la región de Moa, en el oriente de la isla, de contaminar unos 12 kilómetros de zona costera con desechos sulfurosos.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en un informe presentado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pone de relieve que las compañías mineras canadienses, con escasa o nula vigilancia de los gobiernos latinoamericanos donde ejecutan sus extracciones, “han contaminado fuentes de agua potable, talado zonas boscosas y han forzado el desplazamiento de poblaciones”.

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La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Panamá, Perú, Rumania, Colombia, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, La India, Indonesia, Zambia y Sudán.

El informe concluye que los acuerdos de extracción de minerales firmados por las mineras les permiten, en muchos casos, obtener fabulosos beneficios. 

Los bajos salarios y el pago de derechos irrisorios convierten a varios países latinoamericanos en paraísos para esas compañías.

ncl/anz/mrk

hispantv.com

Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina


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Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina

The New York Times


Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. 

El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. 

Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. 

A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

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La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. 

Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá.

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. 

En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. 

Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Asimismo, uninforme de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. 

Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. 

La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. 

Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. 

Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. 

No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. 

Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. 

De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior

Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. 

Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. 

Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. 

Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal.

Jaime Porras Ferreyra es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal. Es consultor en temas internacionales y escribe en medios de España y América Latina.

Fuente: nytimes.com

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