El juez José Castro ha salido este jueves al paso de las críticas vertidas contra él ante el hecho de que sus opiniones sobre el caso Nóos pudieran estar "contaminadas", respondiendo al respecto que "ni tengo el ébola ni estoy manchado de chapapote".
En declaraciones a los medios a las puertas de los Juzgados de Vía Alemania de Palma, el magistrado ha respondido así a las afirmaciones efectuadas en este sentido por el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Diego Gómez Reino. Castro ha manifestado, sin embargo, que si por "contaminado" se refiere a alguien que ha instruido durante años una causa "no está diciendo más que la absoluta verdad".
Y es por ello que, ha alegado Castro, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que "los que instruimos un caso no podemos fallarlo después" puesto que esto derivaría en una "contaminación procesal".
En declaraciones a los medios a las puertas de los Juzgados de Vía Alemania de Palma, el magistrado ha respondido así a las afirmaciones efectuadas en este sentido por el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Diego Gómez Reino. Castro ha manifestado, sin embargo, que si por "contaminado" se refiere a alguien que ha instruido durante años una causa "no está diciendo más que la absoluta verdad".
Y es por ello que, ha alegado Castro, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que "los que instruimos un caso no podemos fallarlo después" puesto que esto derivaría en una "contaminación procesal".
El martes, Castro consideró una "falta de respeto" que se diga que Hacienda "no somos todos". "Lo de que Hacienda no éramos todos, era algo que uno ya se temía, pero que te lo digan a la cara, me parece una falta de respeto hacia a quienes ingenuamente hemos pagado nuestros impuestos creyendo en ese principio", declaró.
Así se manifestó, en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que la Abogacía del Estado en el caso Nóos defendiese durante la primera sesión del juicio la aplicación a Cristina de Borbón de la denomina doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente acusa la acción popular, a no ser que concurra la defensa del interés público
La abogada del Estado, Dolores Ripoll, rechazó que que esta posibilidad pudiera basarse en que "Hacienda somos todos" porque ésta es una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y no puede ser aplicada al derecho, ya que los intereses de Hacienda los defiende la propia Hacienda.
Diego Gómez Reino dio un toque de atención a Castro tras sus manifestaciones públicas mientras el tribunal delibera sobre el procesamiento de la infanta. A este respecto, dijo que las declaraciones del juez Castro eran respetables pero "no hay que olvidar que tiene cierta contaminación y predisposición".
Gómez Reino fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Palma en marzo de 2015 por parte del Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes, coautor de la reforma legal del Gobierno del PP que limitó este órgano constitucional y que concentró todo su poder en el presidente.
Así se manifestó, en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que la Abogacía del Estado en el caso Nóos defendiese durante la primera sesión del juicio la aplicación a Cristina de Borbón de la denomina doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente acusa la acción popular, a no ser que concurra la defensa del interés público
La abogada del Estado, Dolores Ripoll, rechazó que que esta posibilidad pudiera basarse en que "Hacienda somos todos" porque ésta es una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y no puede ser aplicada al derecho, ya que los intereses de Hacienda los defiende la propia Hacienda.
Diego Gómez Reino dio un toque de atención a Castro tras sus manifestaciones públicas mientras el tribunal delibera sobre el procesamiento de la infanta. A este respecto, dijo que las declaraciones del juez Castro eran respetables pero "no hay que olvidar que tiene cierta contaminación y predisposición".
Gómez Reino fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Palma en marzo de 2015 por parte del Consejo General del Poder Judicial que preside Carlos Lesmes, coautor de la reforma legal del Gobierno del PP que limitó este órgano constitucional y que concentró todo su poder en el presidente.
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