Las autoridades
estadounidenses amenazan con castigar a varios bancos por no haber denunciado
las actividades sospechosas en cuentas relacionadas con la FIFA, objeto de
numerosas acusaciones de corrupción. Los bancos estadounidenses JPMorgan, Bank
of America y Citigroup, los suizos Credit Suisse y UBS, así como los británicos
HSBC y Standard Chartered son algunos de los que mantienen conversaciones con
las autoridades estadounidenses en el marco de la investigación por corrupción
contra la FIFA, ha revelado este lunes el diario Financial Times. En el caso de
los bancos suizos, los investigadores estadouidenses quieren información sobre
la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sin las trabas de las
leyes sobre secreto bancario, afirma el diario, que cita fuentes próximas al
sumario. La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch. En sus actas de
acusación desveladas en mayo, la justicia estadounidense cifraba en 150
millones de dólares los sobornos que circularon en la cumbre del fútbol mundial
desde los años 1990. La fiscal general (ministra de Justicia) estadounidense,
Loretta Lynch, habló recientemente de 200 millones de dólares desde 1991.
EVERTH THENANSHED comandante interestelar de la Federación Galáctica de planetas libres.
14 de diciembre de 2015
Lo que Ciudadanos oculta sobre su contrato único
Una de las mayores propuestas del partido Ciudadanos
para disminuir el escandalosamente alto desempleo en España ha sido su
propuesta del contrato único, poniendo a Dinamarca como su modelo. Su candidato
para la Presidencia del gobierno español, el Sr. Albert Rivera, en un debate en El
País, subrayó que “creemos que un modelo de contrato único, como el
danés, que tiene un 6% de paro, nos parece el mejor ejemplo”. Lo mismo dijo
en su debate este lunes en La Sexta. Y su asesor económico, el Sr.
Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, ha repetido en
muchísimas ocasiones que el modelo de contrato único aplicado en Dinamarca es
el camino a seguir para reducir el elevado desempleo. En realidad, el modelo
danés del contrato único se ha convertido en el punto de referencia obligatorio
del pensamiento liberal publicado en la revista Nada es Gratis,
fundada por el Sr Garicano y financiada, hasta hace poco, por el IBEX-35, la
élite financiera y empresarial del país. El hecho de que el modelo de
Ciudadanos sea un país escandinavo, conocido –como los demás países del Norte
de Europa- por su sensibilidad social hace más atractiva su oferta.
Ahora bien, la propuesta de Ciudadanos, supuestamente
inspirada por el modelo danés, es parte de una gran manipulación, pues no dice
toda la verdad sobre este modelo. Se callan lo que es más importante, es decir,
la enorme protección que el sistema danés da a la persona afectada por el
contrato único. Veamos los datos. El contrato único, oferta estrella de
Ciudadanos, consiste en disminuir la protección jurídica al empleado, de manera
que, con él, es relativamente fácil para un empresario despedir al trabajador,
confiriendo así máxima flexibilidad al mercado de trabajo. Y de ahí el entusiasmo
de los liberales que, por lo general, siempre favorecen al empresariado. Ahora
bien, dicho contrato no se presenta de esta manera, sino que se muestra como un
contrato indefinido –que en realidad no lo es- pues puede despedirse al
trabajador en cualquier momento pagándole mucho menos de lo que ahora se paga a
los indefinidos. Así es en Dinamarca, y así será en España.
¿Cómo se aplica el contrato único en Dinamarca?
El lector se preguntará ¿cómo es posible que en
Dinamarca, un país escandinavo, que ha sido gobernado por las izquierdas desde
la mayoría del tiempo (desde que terminó la II Guerra Mundial, hasta ahora)
ofrezca tal tipo de contrato? Y la respuesta a esta pregunta es lo que
Ciudadanos, el Sr. Rivera y el Sr. Garicano se callan.
El sistema danés se caracteriza por una gran
flexibilidad, pero también por una máxima seguridad, de ahí que se conozca como flexiseguridad.
Ciudadanos se olvida de la segunda parte: de la enorme seguridad y protección
social que recibe el trabajador. Enfatiza la flexibilidad pero se olvida de la
seguridad que aporta el modelo danés. En realidad, más que olvidarse es
probable que lo oculten, pues es imposible que, al menos el Sr. Garicano, no
conozca lo que no dice. Dinamarca es uno de los países que ofrece mayor
protección social al trabajador y al ciudadano, en contraste con España, que es
uno de los países de la Unión Europea que ofrece menos protección social al
trabajador y al ciudadano. Es imposible que el Sr. Rovira y el Sr. Garicano no
sepan esto. Ofrecer máxima flexibilidad con tan poca seguridad como
ocurre en España es desproteger y dañar enormemente al trabajador a costa de
beneficiar al empresario, lo cual explica el entusiasmo por este tipo de
contrato por parte de los representantes del IBEX-35, los mayores proponentes
del Sr. Rivera y de su partido.
De nuevo, veamos los datos y comparemos las políticas
laborales y sociales de Dinamarca y las de España, país donde Ciudadanos quiere
aplicar la máxima flexibilidad.
1.
Dinamarca es uno de los países de la Unión Europea
(UE) con mayor porcentaje de la población empleada. España es uno de los países
de la UE con menor porcentaje de la población empleada. Esto se debe a muchos
factores, entre los cuales el contrato único pinta muy poco. Mucho más
importante que el contrato único es el gran desarrollo de los servicios
públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales,
escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros) que emplean un
porcentaje muy elevado de la población adulta, y que además facilitan la
integración de la mujer al mercado de trabajo, como es el caso de la amplia
existencia de las escuelas de infancia y de los servicios domiciliarios.
España, por el contrario, es uno de los países de la UE con menor porcentaje de
la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del
Bienestar. El desarrollo de los servicios de apoyo a las familias y a las
mujeres, citados anteriormente, están entre los menos desarrollados y financiados
en la UE. Ciudadanos, por cierto, no favorece una expansión ni del sector ni
del empleo públicos, ofreciendo poco apoyo al desarrollo de los servicios que
apoyen a las mujeres a integrarse al mercado del trabajo. En lugar de expandir
los poco desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar, quiere
aumentar su privatización e incluir sistemas de copagos.
El contexto económico y político de Dinamarca está en
el polo opuesto al español
2.
Dinamarca tiene uno de los salarios más altos en la
UE. España tiene uno de los salarios más bajos. De nuevo, ello no tiene nada
que ver con el contrato único. Tiene que ver con la fuerza y la cobertura de
los sindicatos por parte del mundo laboral. Los sindicatos tienen mucho más
poder y sus contratos tienen mayor poder normativo que los contratos en España.
En realidad, los sindicatos tienen mayor peso político y social que en España,
siendo ellos los que gestionan toda la aportación financiera del desempleo y
los programas de formación orientados al desempleado. Ciudadanos, cuya simpatía
por los sindicatos es limitadísima, apoyó (y no piensa revertir) la reforma
laboral del partido gobernante, PP, que ha sido la más responsable del
deterioro del mercado de trabajo español, incluyendo la bajada de los salarios y
el debilitamiento de los sindicatos.
3.
Dinamarca tiene uno de los seguros públicos de
desempleo más extensos y generosos en la UE, mientras que España tiene uno de
los más bajos. Autores de la revista Nada es Gratis niegan que
ello sea así, refiriéndose al supuestamente elevado porcentaje del salario que
el seguro de desempleo representa, ignorando que ello influya en un grupo muy
pequeño de los asalariados y que, como he indicado antes, los salarios son muy
bajos en España, con lo cual, aunque la tasa de desempleo sea relativamente
alta, la cantidad es muy pequeña.
El apoyo al trabajador en Dinamarca
4.
Dinamarca tiene en uno de los programas más activos
que hoy se conozcan en la UE (junto con Suecia) en reeducación y reinserción
del trabajador, gastándose un 0,21% del PIB en ellos. España es uno de los
países con menos programas activos para ayudar a la reinserción de los
desempleados, con uno de los gastos menores (un 0,07% del PIB). Ciudadanos,
retóricamente, hace mención a la necesidad de programas de inserción (mucho
menos ambiciosos que el danés), sin especificar el grado de compromiso del
Estado o de los agentes sociales en tales programas. En realidad, el sistema
danés está gestionado por los sindicatos (así como el seguro de desempleo),
siendo tales instituciones protagonistas en esta reinserción.
Pero incluso tan importante como los programas de reeducación
del pasado son los programas de ayuda a la flexibilidad, como encontrarle al
trabajador, en caso de que deba desplazarse a otro lugar, hogar y escuelas para
los niños, consecuencia de la articulación de estos programas con los servicios
públicos del Estado del Bienestar. Ciudadanos ni siquiera toca este componente.
En realidad, su falta de sensibilidad hacia los enormes déficits de
financiación de los servicios públicos del Estado del Bienestar le hacen poco
creíble en su propuesta de reinserción.
La extensa cobertura social en Dinamarca
5.
Dinamarca tiene un elevado gasto público, incluyendo
gasto público social (España tiene el más bajo de la UE-15), que cubre las
transferencias públicas y servicios públicos del Estado del Bienestar, que
tiene carácter universal, siguiendo la tradición socialdemócrata (España es uno
de los países con menos gasto público social de la UE-15). Y su política fiscal
es de las más progresistas que, junto con la expansión del Estado del Bienestar
y el elevado porcentaje de la población que trabaja, incluyendo los servicios
del Estado del Bienestar (España es de los países que menos tiene), explica que
Dinamarca sea de los países menos desiguales en la UE-15. Las políticas
fiscales regresivas (cuya regresividad aumentará con las propuestas fiscales de
Ciudadanos) y el enorme deterioro del mercado laboral (resultado de las
reformas laborales que el Sr. Garicano y Ciudadanos aprobaron) han contribuido
a que España sea uno de los países con mayores desigualdades en la Unión Europea.
Pues bien, de todo el modelo danés, lo único que
Ciudadanos adopta es el contrato único, que significa
facilitar el despido del trabajador para aumentar la flexibilidad y con ello
reducir el desempleo. Repito, es el modelo de la flexiseguridad, sin seguridad.
En realidad, las propuestas de Ciudadanos reducirían todavía más la muy
menguante protección social que da seguridad al trabajador, aumentando la
precariedad, la reducción salarial y el crecimiento de las desigualdades. La
evidencia científica acumulada sobre ello es contundente. Si en realidad
Ciudadanos quiere disminuir el desempleo, tendría que inspirarse en todos los
otros componentes de la flexiseguridad que ni cita, ni por lo visto, el Sr.
Rivera conoce. Sus propuestas, sin embargo, van en sentido contrario. Su
declaración sobre blindar los derechos sociales (con escasa descripción de cómo
hacerlo) entra en conflicto con su compromiso de mantener tanto la austeridad
de gasto público (incluyendo el gasto público social) como la disciplina fiscal,
sin eliminar el cambio Constitucional que obliga al Estado a dar prioridad al
pago de la deuda pública sobre todo lo demás. Sus medidas son regresivas, como
el aumento de la privatización de la sanidad, de la educación y de las
pensiones, favoreciendo el aseguramiento privado en cada uno de estos sectores,
con ayudas fiscales para conseguir tal privatización. ¿Cómo puede
Ciudadanos llegar a este nivel de incoherencia entre su supuesta inspiración
por el modelo danés y sus propuestas tan distintas y opuestas a las seguidas en
aquel modelo?
Desmontando la Sanidad pública: todo atado y bien atado
En esta
campaña electoral los candidatos no hablan de la salud. Y deberían. El PP para
informar de lo que ha hecho con los servicios sanitarios y los demás para pedir
explicaciones. La sanidad pública es un pilar básico del Estado de bienestar; desde
que el PP accedió al poder ha sufrido el mayor ataque de su historia.
En estos cuatro años han aplicado con rigor una estrategia destinada a
desmantelar el sistema sanitario público para crear espacios de negocio a las
empresas afines y a las grandes multinacionales del sector.
La primera medida en esta dirección la adoptó el PP nada
más llegar al poder central. En abril de 2012 (tres meses después de la toma de
posesión) publicó en el BOE el funesto RDL 16/2012 -lo que hace sospechar que
ese texto ya estaba escrito cuando Rajoy prometía en los mítines que no tocaría
la sanidad ni las pensiones-. Esta norma introdujo copagos en sanidad,
excluyó medicamentos de la financiación y excluyó personas de la sanidad
pública: a los inmigrantes y a las personas que tienen estancias en el
extranjero superiores a 90 días. Este apartheid sanitario es una decisión injusta, inhumana,
peligrosa e inútil: no produce ningún ahorro económico y provoca, sin embargo,
un enorme sufrimiento personal y colectivo -además de significar un riesgo para
la salud pública-. Esta ley se encontró, desde el principio, con la oposición
de muchos profesionales -que hicimos objeción de conciencia-, y de todos los
grupos políticos (excepto Ciudadanos). El gobierno central se aplicó con rigor
en este retorno al pasado. Nos llevó a un tiempo preconstitucional: las
personas ya no tenemos derecho a la atención sanitaria por nuestra condición de
ciudadanos sino en cuanto estemosasegurados.
El derecho a la sanidad vuelve a estar condicionado por la cotización previa.
Mientras tanto las CCAA en su poder continuaron con las
políticas ya iniciadas años atrás: recortes y privatizaciones al por mayor. La disminución del gasto sanitario en
las CCAA ha llegado al 21% y ha pasado del 6.8% del PIB en 2008 a representar
el 5.9% en 2013. En 2015 el sistema sanitario público tiene 55.000 trabajadores
menos (con menos salario, peores condiciones laborales y mayor precariedad
-10.300 médicos/as y 6.500 enfermeros/as han huído al extranjero-),
mientras las empresas sanitarias han conseguido mantener e incluso
aumentar sus beneficios a costa de los presupuestos públicos. Numerosas áreas
relacionadas con la sanidad (limpieza, cocina, mantenimiento, logística,
tecnología, etc) han pasado a manos privadas (en concesiones para años, lo que
hace más difícil su rescate) y, además, ya sabemos -lo cuenta con detalle un
informe de la FADSP- que la construcción de nuevos hospitales mediante la
colaboración público-privada incrementó el coste, el nivel de endeudamiento y
favoreció la corrupción; muchos de estos centros tienen problemas legales y los
nuevos gobiernos de las CCAA estudian fórmulas para rescatarlos.
Todas estas medidas no son consecuencia de la crisis, no
son equivocaciones ni decisiones tomadas en contra de su voluntad: obedecen a
una estrategia diseñada por el PP (en connivencia con los grandes lobbys sanitarios) durante los años de
oposición y aplicada ahora con todo rigor en busca de un
objetivo: conseguir que la salud sea un negocio y no un derecho de los
ciudadanos. Por eso, en su último mes de mandato, el gobierno de Rajoy ha
aprobado (procurando pasar desapercibido) tres iniciativas de una enorme importancia
en la política sanitaria y
que pueden condicionar el futuro del sistema público. Han aprobado la
desgravación fiscal para los seguros privados (una medida muy demandada
por el sector), han firmado un acuerdo con
Farmaindustria para garantizar el gasto farmacéutico ligándolo al
incremento del PIB y
han recurrido y paralizado la decisión del nuevo gobierno valenciano de
devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Lo
que pretenden con estas decisiones es dejar el futuro atado y bien atado -tal
como hizo Franco-, para que los próximos gobernantes no tengan más remedio que
seguir el camino trazado. Habrá que buscar fórmulas para evitar ese destino. La
salud de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de ello.
deuda pública
España (como si no fuese pobre) condonará 1.709 millones de euros (1.879.9 millones de dolares) a Cuba por los intereses generados por el retraso drl paho de su deuda que asciense a 7.731,3 millones de euros (8.500illomes de dolares)
¿En qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de recortes y gobiernos de la derecha?
¿En
qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de
recortes y gobiernos de la derecha?
Ana Castaño | Nuestra
sanidad pública, desde hace un tiempo ha venido perdiendo su excelencia de
manera progresiva, llegando a la situación actual, a la que califico de
desastrosa sin ninguna duda, y esto lo podemos confirmar utilizando el
barómetro Sanitario del CIS, por cierto nada sospechoso, que mide la proporción
de ciudadanos que consideran que ha habido un deterioro en los diferentes
niveles de atención, por poner un ejemplo: en el año 2009, el porcentaje en
Atención especializada de insatisfacción era de un 9,7% pasando en 2014 a
un 37,3%. Esto es un buen reflejo de cómo los recortes, en donde ha habido una
disminución del personal sanitario que es difícil de cuantificar, ya que esto
incluiría también el aumento de contratos precarios, ha afectado de forma
directa a la atención sanitaría que recibimos. No sólo se trata de recortes,
tenemos el grave problema de la externalización de servicios de mantenimiento
que son esenciales para un adecuado cuidado y una pésima gestión en todo lo
relativo a la Salud Pública, listas de espera o el colapso en las urgencias.
Como se ha venido escuchando en las convocatorias de la Marea Blanca, nuestra
sanidad se desangra.
Financiar la sanidad pública sigue siendo el
caballo de batalla de todos los gobiernos. A su juicio, ¿cuál sería la partida
presupuestaria óptima para garantizar una cobertura universal?
La financiación debe ser suficiente y permitir dotaciones
orientadas a reformar e innovar las estructuras del sistema de Salud. Es
necesaria la voluntad política que apueste por no disminuir el % del PIB que se
asigna a gasto sanitario, que no ha dejado de disminuir en esta legislatura.
Somos conscientes que estamos en un momento difícil, en donde los efectos de la
crisis continúan, aunque se nos diga lo contrario, por lo que no vamos a decir
cifras imposibles sino realistas, viables, por eso una partida presupuestaría
válida sería incrementar en torno a 9 mil millones de euros en el primer año,
justo lo que se ha ido perdiendo, suficiente para garantizar la cobertura
Universal. De todos modos, en el corto plazo deberíamos ir dando prioridad a
hablar de euros por habitante y no dejarlo todo a expensas de un PIB que mide
muchas cosas pero no se encuentra en relación con las necesidades de la
población, que debería ser el indicador principal de ajuste de la financiación.
La sanidad pública es una competencia
transferida a las CCAA. Ustedes defienden la necesidad de revertir los procesos
de privatización llevados a cabo en algunas autonomías, especialmente en
Madrid, Valencia y Galicia, entre otras. ¿Cómo se puede actuar desde la
administración central para devolver a la gestión pública los servicios
privatizados, entre ellos, por poner un ejemplo, las donaciones de sangre?
Desde La
administración central hay una cuestión fundamental que se puede llevar a cabo
desde el minuto cero: La derogación de la ley 15/97 de
1997 impediría nuevas privatizaciones en la sanidad pública sobre la habilitación de nuevas formas de gestión en el
SNS, que es el punto de partida para la ruta de la privatización. Derogar esta
ley impediría nuevas privatizaciones y en relación a los procesos que ya están
en marcha, tienen que ser revisados uno por uno y asegurar que cumplen los
compromisos reflejados en el contrato, es decir, auditorias como un mecanismo
de transparencia. Precisamente en lo referente a las Donaciones de sangre,
cuyos trabajadores están padeciendo el abuso de la privatización, no se están
cumpliendo los acuerdos pactados, con lo que se podría valorar la posibilidad
jurídica de revertir el recurso privatizado sin necesidad de recompensar por
lucro cesante.
¿Eliminará Podemos los copagos en la sanidad
pública?
Sí, es uno de nuestros compromisos. Blindar los derechos
sociales como uno de los cinco ejes constitucionales que planteamos desde Podemos,
exige que la salud adquiera el status de un derecho fundamental, lo que
terminaría con la exclusión, la falta de equidad y las diferencias en el acceso
a la atención sanitaria. En esta línea, eliminaríamos los copagos de forma
progresiva para evitar que haya personas que no realizan sus tratamientos
adecuadamente por falta de medios económicos, lo que llamamos pobreza
farmacéutica, y que puede acarrear descompensaciones importantes de un cuadro
clínico. La disminución (hasta su eliminación) de los copagos debe hacerse
priorizando aquellos que mayor daño hacen a la salud de la población y que más
repercuten sobre el gasto directo que los usuarios hacen.
También plantean ampliar la cartera de
medicamentos financiados por la sanidad pública. ¿De qué medicamentos estamos
hablando?
Nos preocupa es la
medicalización excesiva, somos uno de los países de la UE con mayor consumo de fármacos
De aquellos
medicamentos que han demostrado un beneficio terapéutico, que no necesariamente
han de ser los de coste más elevado. Hay que hacer una revisión muy seria sobre
el coste y la eficiencia de los medicamentos, teniendo en cuenta la repercusión
en la calidad de vida. Las decisiones de qué medicamentos se van a incluir o no
ha de ser una decisión basada en criterios técnicos y procedimientos solventes,
rigurosos y transparentes, no una decisión política resultante del equilibrio
inestable de querer contentar a diversos grupos de presión. Apostamos por una
política responsable de genéricos y por el desarrollo de la investigación en
nuevas moléculas. Otro asunto importante que nos preocupa es la medicalización
excesiva, somos uno de los países de la UE con mayor consumo de fármacos, y no
olvidemos que existen los efectos adversos que pueden ser dañinos. Queremos
revisar esta tendencia medicalizadora frente al malestar con propuestas que
permitan otros modos de actuación.
¿Y qué opina de las empresas farmacéuticas?
¿Ve necesario algún tipo de legislación que salvaguarde el derecho de los
pacientes por encima de los intereses de estas empresas como ha sido el caso de
los tratamientos contra la hepatitis B?
No estamos en contra de las empresas farmacéuticas pero
si nos parece razonable que den cuenta, en todo momento, del proceso de
fabricación de un fármaco, para que el margen de beneficio no sea un “hacer
caja” sino un beneficio lícito. Si se está comprometido con la Democracia, no
se debe temer a los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Defendemos la justicia como forma de distribución, tanto para las cargas como
para los beneficios. Cuando existen conflictos entre intereses privados y
públicos, un Estado debe de tomar las decisiones que sean favorables a la
ciudadanía y no a las corporaciones.
¿Qué se puede hacer en materia de atención
primaria tan devaluada en los últimos años?
La atención primaria es el pivote central del Sistema y
hay que mimarla porque su labor es fundamental para una atención integrada y
coordinada. Todos los partidos dicen que es el eje principal del sistema pero a
la hora de financiar se sigue repartiendo el dinero con los ojos en el
hospital. Uno de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos
años es la atención a la cronicidad, en donde la gestión del cuidado en la
proximidad es una pieza clave. Hay que invertir en el desarrollo y la
innovación de la Atención Primaria para que el paso por el hospital sea algo
puntual y resolutivo. Una Atención Primaria con competencias, liderazgo y apoyo
a l@s profesionales que durante años han ido sosteniendo una parte fundamental
del sistema con una infrafinanciación vergonzante.
¿Ve necesario impulsar el desarrollo de la
medicina preventiva que muchos facultativos ven como una política apropiada
incluso para ahorrar costes al sistema público de salud?
Una de las
resoluciones más votadas en nuestra Asamblea Constitutiva de Vista Alegre,
justo hace un año, resaltaba la importancia de la Salud en todas las políticas
públicas, porque efectivamente es mejor prevenir que curar, es decir una
sociedad que genere salud como un valor. La actuación sobre los determinantes
sociales es prioritaria, porque además de generar desigualdades y aumentar la
brecha social, repercute directamente en el Estado de salud de los ciudadanos
así como los determinantes medioambientales, donde vemos cómo el incremento de
la contaminación incide en el estado de salud. El cambio climático ha empezado
a cambiar los modos de enfermar. Estamos empeñados en recuperar La salud
pública y traerla de nuevo a la escena sanitaría. Prevenir, sí, pero no
quedándonos solo en la medicina preventiva, sino caminando cascada arriba hacia
los demás determinantes sociales de salud. El cambio climático
ha empezado a cambiar los modos de enfermar
El debate sobre la muerte digna ha entrado de
lleno en la precampaña electoral. ¿Cuál es su posición al respecto? Y en cuanto
a terminología, ¿eutanasia o muerte digna?
Nuestra posición es muy clara, Derecho a una Muerte
Digna. Pensamos que al igual que el Estado del Bienestar procura el buen vivir,
también debe ocuparse del buen morir. No es una cuestión ideológica la que está
en juego sino la aplicación de un derecho. En cuanto a la terminología nos
decantamos por muerte digna porque la palabra Eutanasia, aunque significa la
buena muerte, produce más equívoco.
¿Cree necesario poner coto al conocido como
‘turismo sanitario?
El “turismo
sanitario” fue la coartada para que Ana Mato implementara el Apartheid sanitario es decir la exclusión, fue la coartada para implementar
por Ana Mato. El usuario del turismo sanitario no tiene nada que ver con
el inmigrante en situación irregular y no son equiparables. La principal
diferencia es que en el turismo se trata de personas con recursos, de
ciudadanía europea y que vienen con el único fin de recibir tratamiento aquí.
Para estas situaciones existen mecanismos en vigor y convenios bilaterales para
que la atención se facture a los países de origen y no supongan una carga
económica para nuestro sistema. Hay un pequeño detalle, no hay manera de encontrar
en las publicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, cual ha sido el
supuesto ahorro de aplicar este decreto.
Como doctora en Psiquiatría, háblenos de la
situación de los centros públicos de salud mental. ¿En qué situación se
encuentran?
La situación es muy crítica, lo que a mí me apena
profundamente porque estuve muy implicada en sus inicios y ahora se les está
dejando morir, al no dotarlos adecuadamente, reducir plantilla y modificar su
dependencia administrativa. Los dispositivos de salud mental comunitaria
precisan de equipos multidisciplinares y del trabajo en red en los distritos
con diferentes agentes. El abordaje socio comunitario del sufrimiento psíquico
es fundamental para que el Sujeto encuentre un modo de estar en el mundo. He de
decir que, al igual que en el resto de la Sanidad Pública, la atención se
sostiene por el gran esfuerzo y el compromiso de todos los profesionales.
Y por último, ¿Qué amenaza supone el TTIP
para los sistemas de salud públicos, en concreto en España? ¿Y qué se puede
hacer al respecto?
El TTIP es una clara amenaza
para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud porque toma a la salud como un nicho de negocio y da
prerrogativas a las farmacéuticas y a las grandes corporaciones privadas. Esto
tendría un impacto directo en el acceso a los medicamentos y en la Salud
Pública. Si a esto sumamos las políticas de privatización que se han llevado a
cabo durante estos años, en el sector sanitario, con cargo a la financiación
pública, la corrupción está servida: tráfico de influencias, opacidad en la
gestión económica, puertas giratorias.
La posición es No al TTIP, informando y movilizando a la
Sociedad Civil del engaño que encierra este tratado. Desde Podemos, en el
Europarlamento, nuestros representantes están muy activos denunciando y
presionando para que se paren estos acuerdos.
LA FALSIFICACIÓN DE JUGUETES CAUSA PÉRDIDAS ANUALES DE 1.400 MILLONES EN LA UE
La falsificación de juguetes provoca pérdidas anuales a los
fabricantes de la Unión Europea (UE) por 1.400 millones de euros, según calcula
un estudio de la Euroagencia de la Propiedad Industrial e Intelectual, la OAMI.
El
informe de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en
Alicante, revela que el 12,3 por ciento de las ventas del sector de juegos y
juguetes en el mercado europeo se pierden debido a las falsificaciones, que
llegan, según Bruselas, de China en el 97 por ciento de los casos y en el 2 por
ciento de la vecina Hong-Kong.
MERKEL ADVIERTE DE QUE LA CRISIS ECONÓMICA NO PUEDE DARSE POR SUPERADA .
Agencia EFE
La canciller de Alemania, Angela Merkel,
advirtió hoy de que pese a los "éxitos" y al "crecimiento
económico en Portugal, España y especialmente en Irlanda", no hay que
bajar la guardia en la UE porque la crisis "no se ha superado
completamente".
Ante el millar de delegados que asisten en la ciudad de
Karlsruhe al congreso federal de la Unión Cristianodemócrata (CDU), partido que
preside desde 2000, Merkel afirmó que seguirá defendiendo la necesidad de
mantener la competitividad y las cuentas públicas saneadas como vía para crear
los puestos de trabajo que necesitan "urgentemente" algunos países
europeos.
La luz, un 16,2% más cara
La luz, un 16,2% más cara con
el Gobierno de Rajoy que en la anterior legislatura
nada menos que 500 euros para el usuario
medio.
El kW de potencia contratada ha subido
un 64,6%, mientras que el kWh de energía consumida lo ha hecho un 7,2%
La factura de la luz durante el Gobierno
de Mariano Rajoy ha sido un 16,2% más cara que en la anterior
legislatura. La subida ha representado nada menos que 500 euros para el usuario
medio. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidores
en Acción sobre todas las tarifas eléctricas vigentes durante los dos últimos
periodos de Gobierno.
El PP de Madrid lleva desde 2008 descapitalizando el Canal de Isabel II
La
previsión presupuestaria para 2016 refleja una disminución en las inversiones y
un impresionante aumento de la deuda.
El reciente anuncio de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid sobre la congelación de tarifas de agua para el año
2016 y del refuerzo de la Bonificación por Exención Social, así
como lacifra destinada a inversiones para la red de abastecimiento
en la región, continúa poniendo en tela
de juicio la gestión del ejecutivo madrileño en lo relativo al Canal de Isabel
II y el futuro de la empresa.
Las halagüeñas previsiones del gobierno de la
Comunidad de Madrid en cuanto al aumento de los posibles beneficiarios de la
bonificación por exención social extendida ahora a todos los perceptores de la
Renta Mínima de Inserción, no dejan de sorprender a la Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II que entiende que el actual modelo
de bonificaciones al consumo de agua no ampara en modo alguno a la ciudadanía
madrileña con dificultades económicas para hacer frente a la factura
del agua y por tanto en riesgo de sufrir un corte o condena de suministro.
La ejecución de un corte o condena por impago de las
facturas supone además un incremento en la deuda del usuario que ha de hacer
frente a los gastos de restablecimiento del servicio y
que pueden llegar a alcanzar 870 Euros, cantidad imposible de afrontar para un
beneficiario de la RMI cuyo ingreso máximo mensual no supera los 563 Euros.
El exponencial aumento en los cortes de suministro a
raíz de la creación de la Sociedad Anónima en el año 2012, no sólo pone en
evidencia la efectividad de un sistema de bonificaciones que parece más
dirigido a rentas bajas que a familias en situación de exclusión social, sino
que trasluce el giro en la gestión de la empresa cada vez
más orientada a la consecución de beneficios que a la prestación de un
servicio público y de calidad.
La Plataforma denuncia que se estará conculcando el
derecho humano al agua potable y al saneamiento, hasta tanto el gobierno
madrileño no se comprometa a paralizar los cortes para todas aquellas personas
en situación de emergencia social y a rediseñar un sistema de bonificaciones al
consumo verdaderamente efectivo y acorde a la situación económico-social de la
población madrileña.
Más llamativo aún es el triunfalismo del que ha hecho
gala el gobierno de Cifuentes al presentar sus previsiones de inversión para la
red de agua madrileña.
Los 213 millones de Euros destinados a inversiones en
infraestructuras supone un 6,5% de disminución respecto de la cifra
presupuestada para el año 2015 y nada menos queun 32% menos con respecto a
los casi 315 millones de euros invertidos en 2012, año en el que empezó a
operar Canal de Isabel II Gestión SA.
Paralelamente, el desmedido
aumento en los gastos financieros presupuestados para 2016, que
llegan a cuadruplicarse con respecto a los estimados para 2015, no dejan lugar
a dudas sobre la progresiva descapitalización que el Partido Popular ha llevado
a cabo desde que en 2008 Esperanza Aguirre anunciara la privatización del Ente.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de
Isabel II, denuncia una vez más la línea de continuidad con respecto al
anterior gobierno en lo que respecta a la gestión del Canal de Isabel II, una
empresa en persistente decadencia y en serio riesgo de sostenibilidad
financiera.
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