El gobierno nacionalizará las autopistas tras la quiebra de las radiales

Aunque pueda sorprender, el gobierno del Partido Popular también es partidario de la nacionalización de algún sector, en concreto el Ministerio de Fomento, con Ana Pastor a la cabeza quiere controlar el modelo concesional de las autopistas de peaje, un punto que ha causado enormes discusiones entre el ejecutivo y las grandes empresas. El principal motivo sería compensar las pérdidas que han generado una gran cantidad de autopistas y radiales en quiebra.

Según publica El Confidencial, se quiere utilizar la de idea de la crear una empresa de Autopistas Nacionales, que este controlada en su mayor parte por el Estado y que al menos el 51% de los beneficios repercutan para el ente público. Esta empresa iría adquiriendo concesiones de autopistas y radiales, la primera que tiene en mente sería la autopistas de peaje AP-1, entre Burgos y Guipúzcua. cuyo contrato con la empresa Itínere termina en el año 2018. Mas adelante, en el 2019, se iría por la AP7, que atraviesa todo el corredor del Mediterráneo y que actualmente está bajo el control de Abertis. De ganar las elecciones generales del 26 de junio, el Partido Popular impulsaría desde Fomento, todas estas medias.

RADIALES EN QUIEBRA

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Hay numerosas autopistas radiales en quiebra, el último ejemplo lo hemos visto con la R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y la autopista de circunvalación de Alicante quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume la gestión de las vías antes de esa fecha. Así se desprende del auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que se dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra, recoge Europa Press.

Los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda. No obstante, en este caso, el auto de liquidación se ha emitido "sin efectos suspensivos", esto es, no quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las empresas concesionarias lo recurran ante la Audiencia Provincial.