INFRAESTRUCTURAS
Para la sostenibilidad a largo plazo El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a frenar el AVE 'irracional'
El Tribunal de Cuentas insta al Ejecutivo a «introducir el principio de racionalidad» en las decisiones de inversión para asegurar la sostenibilidad El Estado debe inyectar otros 2.700 millones hasta 2018
El Tribunal de Cuentas se suma al coro de advertencias sobre la insostenibilidad de los 3.000 kilómetros de la red de alta velocidad si no se racionalizan las inversiones pendientes y se asegura la financiación de la deuda acumulada, que este año superará los 18.000 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado.
Parar el AVE es uno de los debates abiertos en un año electoral, muy dado a inauguraciones de este modo de transporte en el que España es líder mundial. Pero para el órgano fiscalizador de las cuentas públicas no hay dudas: o se cambia el modelo o la infraestructura de alta velocidad será insostenible a largo plazo. «Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, los problemas de financiación, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de ADIF-AV a largo plazo, es especialmente aconsejable en las inversiones deficitarias introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto público, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias», afirma la institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda.
El análisis del Tribunal de Cuentas se centra en la situación de Adif -la empresa que soporta toda la deuda de la red de alta velocidad- en los años 2011- 2013 es rotundo al pedir al Gobierno que recapacite sobre la necesidad de completar un proyecto de 70.000 millones de euros del que, en las fechas de elaboración del informe, quedaban por ejecutar 30.000 millones.
También le pide que reestructure los cánones que cobra a Renfe para que Adif pueda cubrir sus costes; que reconsidere sus criterios de amortización de las vías hacia previsiones más realistas y que sea más transparente en la presentación de cuentas. En buena medida, la situación de la infraestructura ferroviaria en España ha llegado a tal límite en los últimos años que el Gobierno ha dedicado la mayor parte de la legislatura a reestructurar el AVE.
Entre las medidas adoptadas están la supresión de soterramientos en los proyectos de entrada del AVE a las estaciones de las capitales, la emisión de bonos con los que refinanciar deuda para continuar inversiones o la puesta en marcha este año de 1.000 kilómetros de red que en algunos casos resta prestaciones de alta velocidad, como tramos en vía única. En total, Fomento estima que de los 30.000 millones por invertir, finalizar el AVE costará la mitad.
A día de hoy, según la agencia de calificación financiera Fitch, Adif gastará 12.000 millones de euros de los que un 55% será financiado a través de deuda. Aunque con todos los recortes y el aumento en el número de viajeros la empresa pueda alcanzar beneficio operativo, el déficit provocado por su pasivo exigirá inyecciones de capital de 2.700 millones de euros por parte del Estado.
El informe del Tribunal de Cuentas hace además una segunda advertencia sobre la red convencional, frecuentemente eclipsada por la red AVE. Según la institución, la falta de financiación sobre estos 11.000 kilómetros que cargan 25 millones de viajeros al año en trenes de media y larga distancia hace conveniente garantizar recursos por un periodo de cuatro años para» asegura la seguridad y la eficiencia de su gestión».
En 2013 Adif tuvo que pedir al Ministerio de Hacienda una inyeción extraordinaria para arreglar determinados tramos en los que la velocidad había sido reducida a 30 km/h por seguridad. Las últimas liquidaciones de activos de Adif como el solar de Azca comprado por El Corte Inglés por 136 millones han sido destinadas a este fin, según la empresa.
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