Las víctimas de crímenes de Estado existen en Colombia
Exigimos que nuestros derechos sean tenidos en cuenta en los acuerdos de paz y solicitamos a la Fiscalía que explique el estado de las investigaciones contra agentes estatales vinculados a la violación de Derechos Humanos
Colombia ocupa el escandaloso tercer lugar en la lista de países con mayor impunidad del mundo, sólo por detrás de Filipinas y México, según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (México), que mide de manera comparativa los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos de varios países del mundo. La impunidad supera el 98 %, cuando se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado.
Diversas investigaciones indican la dimensión de los crímenes de responsabilidad estatal. El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la Fuerza Pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública en el 84 % de los casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales[1].
Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y Fuerza Pública son responsables del 69% de los casos; o con 1.982 masacres, cuya responsabilidad en el 56 % de los casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto.
Las víctimas de crímenes de Estado somos una realidad en nuestro país.
El Estado ha cometido crímenes en contra de la población civil y, con políticas sistemáticas y generalizadas, ha perseguido al movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, sindical, estudiantil y de derechos humanos, entre otros sectores de la población.
Sin embargo, las víctimas de crímenes de Estado hemos sido invisibilizadas durante años por parte del Estado colombiano, que no ha reconocido a la sociedad los crímenes que sus distintos organismos e instituciones han cometido, agenciado y/o tolerado, ocasionando la negación sistemática de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
Es por eso que hoy nos encontramos ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una Jornada Nacional de Movilización de las víctimas de crímenes de Estado, que se realiza de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Barrancabermeja, Cali, Ibagué, Manizales, Sincelejo, Popayán y Villavicencio.
Nuestra presencia hoy aquí busca, en primer lugar, alzar la voz de inconformidad frente a la propuesta avalada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que la llamada Ley de Justicia y Paz sea la indicada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, en sustitución de la Justicia Transicional planteada en el acuerdo de La Habana.
La Ley 975 de Justicia y Paz fue impulsada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de los paramilitares.
Hoy, después de 10 años de su entrada en vigencia, sólo se conocen 46 sentencias, cifra que indica la ineficacia de dicho marco jurídico.
En segundo lugar, le recordamos a la sociedad colombiana que el aparato judicial colombiano ha cumplido un papel fundamental en la perpetuación de este conflicto armado, mediante la acción directa de muchos de sus funcionarios o a través de la omisión de su papel constitucional de investigar los crímenes de Estado. Hoy, la Fiscalía General de la Nación no puede continuar obstruyendo las aspiraciones de paz y de justicia que las víctimas hemos anhelado y exigido.
Es por ello que hemos solicitado, mediante un derecho de petición, que la Fiscalía aclare el estado de las investigaciones contra agentes estatales vinculados a la grave violación de derechos humanos.
En ese sentido, es también una obligación de la Fiscalía nombrar al equipo de apoyo de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, a cargo de Alexandra Valencia, para garantizar cuanto antes la no repetición del fenómeno paramilitar.
Más allá de lo que pase con los acuerdos, el Estado debe investigar y desmontar las estructurales criminales y sus vínculos con actores políticos, económicos y militares.
En tercer lugar, reiteramos que las víctimas de crímenes de Estado continuaremos defendiendo nuestros derechos, por eso, respaldamos los mínimos que han sido considerados en el punto 5 del acuerdo final firmado en La Habana y hemos decidido exigir y participar activamente del proceso de diálogos que se iniciará entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, como escenarios en los que avanzar cada día en el reconocimiento pleno de nuestros derechos.
El Estado debe responder al país por los crímenes cometidos, las víctimas de crímenes de Estado continuaremos nuestra lucha para obtener la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera.
Firman
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
- Asociación Regional de Mujeres de Oriente
- Campaña Paz Completa
- Casa de la Mujer
- Centro de Estudios Juan Gelman
- Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos
- Comisiones ciudadanas de Reconciliación y Paz de Arauca
- Comisión Claretiana Justicia y Paz e Integridad de la Creación
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
- Coordinación – Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU
- Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC
- Corporación Jurídica Libertad
- Corporación Sembrar
- Corporación Reiniciar
- Corporación Jurídica Humanidad Vigente
- Corporación CSOMIANCOL
- Fedeagromisbol
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
- Fundación Paz y Reconciliación
- Marcha Patriótica
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
- Organización de Ejecuciones Extrajudiciales del Eje Cafetero “Voces unidas exigiendo justicia”
- Red Universitaria por la Paz REDUNIPAZ – Nodo Centro
- Representante a la Cámara Ángela María Robledo
- Ruta Pacífica de las Mujeres
- Unión Patriótica
Colombia ocupa el escandaloso tercer lugar en la lista de países con mayor impunidad del mundo, sólo por detrás de Filipinas y México, según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (México), que mide de manera comparativa los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos de varios países del mundo. La impunidad supera el 98 %, cuando se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado.
Diversas investigaciones indican la dimensión de los crímenes de responsabilidad estatal. El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la Fuerza Pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública en el 84 % de los casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales[1].
Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y Fuerza Pública son responsables del 69% de los casos; o con 1.982 masacres, cuya responsabilidad en el 56 % de los casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto.
Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y Fuerza Pública son responsables del 69% de los casos; o con 1.982 masacres, cuya responsabilidad en el 56 % de los casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto.
Las víctimas de crímenes de Estado somos una realidad en nuestro país.
El Estado ha cometido crímenes en contra de la población civil y, con políticas sistemáticas y generalizadas, ha perseguido al movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, sindical, estudiantil y de derechos humanos, entre otros sectores de la población.
El Estado ha cometido crímenes en contra de la población civil y, con políticas sistemáticas y generalizadas, ha perseguido al movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, sindical, estudiantil y de derechos humanos, entre otros sectores de la población.
Sin embargo, las víctimas de crímenes de Estado hemos sido invisibilizadas durante años por parte del Estado colombiano, que no ha reconocido a la sociedad los crímenes que sus distintos organismos e instituciones han cometido, agenciado y/o tolerado, ocasionando la negación sistemática de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
Es por eso que hoy nos encontramos ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una Jornada Nacional de Movilización de las víctimas de crímenes de Estado, que se realiza de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Barrancabermeja, Cali, Ibagué, Manizales, Sincelejo, Popayán y Villavicencio.
Nuestra presencia hoy aquí busca, en primer lugar, alzar la voz de inconformidad frente a la propuesta avalada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de que la llamada Ley de Justicia y Paz sea la indicada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, en sustitución de la Justicia Transicional planteada en el acuerdo de La Habana.
La Ley 975 de Justicia y Paz fue impulsada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de los paramilitares.
Hoy, después de 10 años de su entrada en vigencia, sólo se conocen 46 sentencias, cifra que indica la ineficacia de dicho marco jurídico.
La Ley 975 de Justicia y Paz fue impulsada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de los paramilitares.
Hoy, después de 10 años de su entrada en vigencia, sólo se conocen 46 sentencias, cifra que indica la ineficacia de dicho marco jurídico.
En segundo lugar, le recordamos a la sociedad colombiana que el aparato judicial colombiano ha cumplido un papel fundamental en la perpetuación de este conflicto armado, mediante la acción directa de muchos de sus funcionarios o a través de la omisión de su papel constitucional de investigar los crímenes de Estado. Hoy, la Fiscalía General de la Nación no puede continuar obstruyendo las aspiraciones de paz y de justicia que las víctimas hemos anhelado y exigido.
Es por ello que hemos solicitado, mediante un derecho de petición, que la Fiscalía aclare el estado de las investigaciones contra agentes estatales vinculados a la grave violación de derechos humanos.
En ese sentido, es también una obligación de la Fiscalía nombrar al equipo de apoyo de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, a cargo de Alexandra Valencia, para garantizar cuanto antes la no repetición del fenómeno paramilitar.
Más allá de lo que pase con los acuerdos, el Estado debe investigar y desmontar las estructurales criminales y sus vínculos con actores políticos, económicos y militares.
Más allá de lo que pase con los acuerdos, el Estado debe investigar y desmontar las estructurales criminales y sus vínculos con actores políticos, económicos y militares.
En tercer lugar, reiteramos que las víctimas de crímenes de Estado continuaremos defendiendo nuestros derechos, por eso, respaldamos los mínimos que han sido considerados en el punto 5 del acuerdo final firmado en La Habana y hemos decidido exigir y participar activamente del proceso de diálogos que se iniciará entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, como escenarios en los que avanzar cada día en el reconocimiento pleno de nuestros derechos.
El Estado debe responder al país por los crímenes cometidos, las víctimas de crímenes de Estado continuaremos nuestra lucha para obtener la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera.
Firman
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
- Asociación Regional de Mujeres de Oriente
- Campaña Paz Completa
- Casa de la Mujer
- Centro de Estudios Juan Gelman
- Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
- Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
- Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos
- Comisiones ciudadanas de Reconciliación y Paz de Arauca
- Comisión Claretiana Justicia y Paz e Integridad de la Creación
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
- Coordinación – Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU
- Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
- Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC
- Corporación Jurídica Libertad
- Corporación Sembrar
- Corporación Reiniciar
- Corporación Jurídica Humanidad Vigente
- Corporación CSOMIANCOL
- Fedeagromisbol
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
- Fundación Paz y Reconciliación
- Marcha Patriótica
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
- Organización de Ejecuciones Extrajudiciales del Eje Cafetero “Voces unidas exigiendo justicia”
- Red Universitaria por la Paz REDUNIPAZ – Nodo Centro
- Representante a la Cámara Ángela María Robledo
- Ruta Pacífica de las Mujeres
- Unión Patriótica
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