INFORME TÉCNICO A FAVOR DE DEJARLE FUERA
BEATRIZ PARERA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) maneja un informe que apoya 'sacar' a uno de los tres jueces del tribunal que ha condenado a los principales protagonistas de la primera época de actividades de la trama Gürtel, el progresista José Ricardo de Prada, de la decisión final sobre los encarcelamientos que debe tomarse mañana. El magistrado, cuyo criterio ha sido determinante para condenar al PP por haberse lucrado de la red corrupta, ha solicitado participar en la decisión que determinará si Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y otra decena de personas deben ingresar ya mismo en prisión, pese a que ya no está habilitado para ello por haber sido designado para otro destino.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces aplazó el viernes la decisión y se reunirá de nuevo mañana a primera hora para resolver la solicitud del magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez De Prada reclama, en concreto, ser habilitado para asistir a las comparecencias en las que la Fiscalía Anticorrupción pedirá revisar la libertad de los condenados.
No obstante, sus miembros manejan ya un informe técnico en contra. En él, se explica que el magistrado se encuentra en situación administrativa de servicios especiales desde el pasado 23 de abril, después de ser designado miembro de los tribunales internacionales de Naciones Unidas en La Haya. Pese a esta situación, el CGPJ le autorizó a deliberar, redactar y firmar la sentencia, pero ahora no ve encaje legal para aprobar una nueva habilitación.
Según el texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, este acuerdo "delimitó objetiva y temporalmente la habilitación exclusivamente para la deliberación, redacción y firma de aquella sentencia de la vista en que había participado, y en todo caso hasta el día 31 de mayo de 2018". El informe se muestra contundente respecto a los argumentos que no permiten autorizarle a participar en las vistillas.
El CGPJ le autorizó a deliberar, redactar y firmar la sentencia, pero ahora no ve encaje legal para aprobar una nueva habilitación
"La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia, como cualesquiera otros incidentes procesales que a continuación pudieran producirse, lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial, ni existir razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita", dice.
También destaca que autorizarle provocaría crear "una composición arbitraria de aquel tribunal" y constituirlo de manera "especial y al caso". El informe técnico tampoco ve posible admitir una nueva habilitación para poder intervenir y decidir en una eventual solicitud de aclaración de la sentencia. Asegura que existe reiterada doctrina del CGPJ que ampara este criterio.
Por ello, propone que se acuerde una negativa rotunda a la solicitud de De Prada. El acuerdo que cierra el informe que deberán votar los miembros de la Comisión Permanente queda redactado de la siguiente manera: "Trasladar a José Ricardo de Prada, magistrado en situación administrativa de servicios especiales, que no procede en Derecho la habilitación para integrar el Tribunal que deba conocer de las pretensiones que, en su caso, se deduzcan en la pieza de situación personal de los acusados en el Procedimiento ni para rectificar o aclarar la Sentencia dictada en aquella causa". Contra la resolución, no cabe interponer por dicho magistrado recurso alguno, "por no ostentar en lo decidido derecho o interés legítimo alguno".
Con o sin la presencia del magistrado, el tribunal se reúne mañana a partir de las 10 y media para revisar la situación de los condenados. La decisión que adopte puede conducir de forma automática a la cárcel a 16 personas, a las que la Fiscalía ha pedido que se cite tras las condenas. Entre ellas figuran el extesorero del PP condenado a 33 años y cuatro meses y su esposa, con una pena de 15 años.También los más destacados excargos del PP que han sido considerados culpables: el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado a 38 años y tres meses, el de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses) y el exmiembro del comité ejecutivo y de la junta directiva regional del PP Alberto López Viejo, sentenciado a cumplir 31 años y nueve meses.
Si el CGPJ se inclina al final por dejar fuera a De Prada, otro juez ocupará su lugar en esta parte de las deliberaciones
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