El gasto en programas de armamento (I)
El próximo Gobierno heredará una deuda de 21.400
millones en armamento
Los Programas Especiales de Armamento se
crearon en 1997 para modernizar los recursos del Estado y costarán a España, en
total, 30.076 millones de euros
Una petición de información de
eldiario.es permite conocer el coste de unos programas hechos para “necesidades
de defensa de hace 20 años”, según el analista Bernardo Navazo
Cuatro grandes empresas especializadas
para fabricar estos dispositivos se llevarán 97 de cada 100 euros
España debe 21.389 millones de euros a empresas de armas por los 22
programas (dos sin adjudicar todavía) de armamento que se han comprometido
desde 1997. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, si
durante los próximos tres años el Ministerio de Defensa dedicara su presupuesto
entero (5.700 millones de euros sin modificaciones) a pagar estos importes,
todavía quedarían por abonar 4.300 millones de euros.
Tras varios años de informes, análisis, comparecencias, modificaciones y
publicaciones, por fin se revela cuánto debe el Gobierno, a día de hoy, a la
industria de defensa por los programas de armamento. Gracias a una
petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, es
posible conocer los detalles de cada uno de los programas y qué ha comprado el
Gobierno con ellos.
Los Programas Especiales de Armamento se iniciaron en 1997 con el objetivo
de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de
grandes vehículos militares, armas y municiones. Una política que se extendió
en la mayoría de países europeos tras el final de la Guerra Fría.
A día de hoy, el coste total de todas las adquisiciones que ha realizado el
Ministerio a través de estos programas se sitúa en 30.000 millones de
euros. Equivale al 3% del PIB español.
Comprar armas para defendernos de la URSS
Tras más de dos décadas de programas de armamento, ¿qué ha comprado el Gobierno
con ellos? Carros de combate, aviones, submarinos, buques de guerra, misiles o
helicópteros. “Hemos recibido dispositivos para cubrir peligros de
Defensa de hace 20 años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.
Uno de los ejemplos de esta situación son los cazas Eurofighter, que cuando
se adquirieron en 1997 solo eran operativos para ataques aire-aire. “Estaban
preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega,
investigador especializado en los programas de armamento y presidente del
Centro Delàs de Estudios por la Paz. El programa de estos aviones será
el más costoso de todos, con un precio final de 10.600 millones de euros.
Todavía quedan por abonar a la industria 5.800 millones.
Aunque no son los únicos artefactos con dudosa utilidad estratégica, según
los analistas. En 1998 se adquirieron 235 carros de combate Leopard. Son
tanques alemanes adaptados al Ejército de Tierra con capacidad para cuatro
tripulantes y un peso total de 60 toneladas. Ortega se pregunta para qué quiere
España estos blindados “si no puede ser invadida por Tierra”.
El Ministerio de Defensa esgrime que algunos materiales comprados
"tienen una función más directa" en las operaciones de las Fuerzas
Armadas y otros tienen "capacidades más disuasorias". "Todos
responden a una capacidad necesaria para escenarios muy diversos",
explican fuentes del Ministerio.
Coste final y pagos
pendientes de los 22 programas de armamento
Dos programas están todavía sin adjudicar. Datos en
millones de euros
Fuente: Ministerio de Defensa
Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, admite que los Leopard “no
se encuentran a la vanguardia de lo que hoy se llamaría como prioritario” pero
matiza que la concepción y fabricación de estos programas lleva aparejado “un
amplio periodo de tiempo” donde las necesidades estratégicas pueden cambiar. De
los 2.500 millones de euros comprometidos para estos carros de combate, todavía
quedan por pagar 1.500.
“Lo que se hizo fue una política de industria de defensa más que una
política real de defensa, es como empezar la casa por el tejado”, apunta Irene
Lozano, ex diputada de UPyD y miembro de la comisión de Defensa en el Congreso
la última legislatura.
Euforia y opacidad
“Está claro que la mayoría de estos programas tienen su origen cuando nos
vinimos arriba en la burbuja”, explica Navazo, analista de Defensa. El
84% de los compromisos con la industria se hicieron entre 1997 y 2004, durante
las legislaturas del Gobierno de Aznar, aunque se iniciaron cuando Felipe
González era presidente del Ejecutivo. La entrada de España en la OTAN fue
determinante para la promoción de estas adquisiciones.
“Todo esto se firmó en un cuarto”, cuenta Navazo, que critica que la
decisión de aprobar estos programas “la tomó muy poca gente con muy poco
control externo”. Una apreciación en la que coincide con el anterior
secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que concluyó en su
evaluación de los programas que la “concentración de las contrataciones en el
tiempo” dificultaron la aplicación de una “buena técnica contractual y un buen
control financiero”.
Desde el Ministerio defienden que cada adquisición se hizo "en función
de las necesidades operativas que entonces expresaba cada ejército".
Disfrazar los planes de pago de “urgente necesidad”
Desde su llegada al Gobierno, Mariano Rajoy enarboló la bandera de los
recortes y la austeridad. El Congreso aprobó en sus primeros presupuestos, los
de 2012, un recorte en el ministerio que dirige Pedro Morenés del 14%. Sin
embargo, el gasto en Defensa al final de ese año aumentó en un 44% sobre lo
previsto y, finalmente, superó en un 9,22% el total de 2011.
Una medida hecha posible a través de créditos extraordinarios y
ampliaciones presupuestarias, modificaciones a golpe de decreto que
consiguen aumentar, por la puerta de atrás, el dinero que el Congreso destinó
al Ministerio de Defensa. El uso sistemático de este recurso durante la
legislatura de Rajoy,desvelado por medios como El BOE
nuestro de cada día, se han destinado en su mayoría a pagar las
deudas con la industria por los programas de armamento.
Avión Eurofighter de la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla EFE
Un informe de UPyD, promovido por la actual
candidata socialista Irene Lozano, denunció el uso de los créditos
extraordinarios para hacer frente a estos pagos. Según explican, este
gasto por decreto es “inconstitucional, opaco y engañoso”. Mientras que
entre 2002 y 2011, la variación entre lo que se presupuesta y lo que finalmente
gastó Defensa oscila entre el 12% y el 16%, con Rajoy estas desviaciones se han
situado entre el 33% y el 44%, tal y como desveló eldiario.es.
“Si tienes un calendario de pagos perfectamente definido, no puedes
justificar un crédito extraordinario por urgente y extraordinaria necesidad”,
avisa Navazo, analista de Defensa y autor del informe. Las ampliaciones
del presupuesto de Defensa durante la legislatura de Rajoy suman 8.717 millones
por encima de lo que se aprobó. Ni a través de ese mecanismo ha conseguido
reducir de forma significativa la deuda con la industria.
Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros
“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las
fuerzas armadas”, explica Navazo. Precisamente, las tres comparten un pasado
como empresas públicas. Navantia, antes Izar, es la primera empresa
de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y
propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la
adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de
los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522
millones de euros.
Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra.
Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del
ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de
Aznar en 2001 y vendida al grupo europeo General Dynamics.
Especializado en grandes vehículos blindados, es la adjudicataria de
los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por
3.856 millones de euros.
Nacida como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos
fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el
final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que
adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser
propiedad casi estatal en los años posteriores. Al igual, que Santa Bárbara,
fue privatizada en 1999, durante el Gobierno de Aznar, para pasar a formar
parte del Grupo Interés EconómicoAirbus y pasa a denominarse EADS CASA.
Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus
compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros junto con
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).
Nuevo Gobierno, ¿nueva solución?
Este año se adjudicarán dos nuevos programas de armamento, según los datos
suministrados por el Ministerio de Defensa. De cuantías menores, el Gobierno se
comprometerá a la compra de fragatas F-110 y vehículos acorazados VCR 8x8. Unas
adquisiciones de las que se tendrá que abstener el actual ministro de Defensa,
Pedro Morenés, según adelantó el BOE nuestro de
cada día, por su relación con empresas que se podrían presentar
al concurso.
Sin embargo, esta podría ser la última vez que Morenés se tuviera dar un
paso atrás en unas compras de ese calibre. Las próximas elecciones del 20-D
traerán un nuevo arco parlamentario. Por primera vez, dos fuerzas
políticas que no han participado en la adquisición de los programas de
armamento tendrán una voz importante en el Congreso, según vaticinan las
encuestas.
Hasta ahora, la solución del PP durante la legislatura ha sido renegociar
la deuda con las empresas (menos dispositivos a más coste) y hacer frente a los
pagos mediante créditos extraordinarios. En los programas electorales de las
cuatro principales formaciones para el 20-D, solo Podemos y C’s
proponen medidas específicas para los programas de armamento. PP no hace
mención en su programa y el PSOE no se refiere explícitamente a estas grandes
contrataciones.
Un modelo alemán de tanque Leopard 2 similar a los comprados por España
“Aunque sea indemnizando a las empresas, España saldría beneficiada”, propone Pere Ortega,
del Centro Delàs de Estudios por la Paz, sobre la posibilidad de cancelar parte
de los programas que todavía no han sido entregados. Aunque otros analistas
como Navazo coinciden en la existencia de esta posibilidad, los programas
electorales de C’s y Podemos de lo máximo que hablan es de una renegociación
con la industria. Para Fonfría, investigador y colaborador del Ministerio de
Defensa, la cancelación “no suele ser una solución por los costes financieros
en los que se incurre”.
A la espera de que se
celebren las elecciones, la deuda puede ser insostenible según el actual
programa de pagos. “Como se ha hecho en otros países, lo
fundamental es que te sientas a negociar con la industria ya que el Estado es
el principal cliente”, advierte Lozano. Hasta entonces, España seguirá
pagando la deuda a las empresas de armas hasta 2030.