Estos son los sospechosos contratos que firmó el Ministerio de Sanidad de Illa en los primeros meses de la pandemia
Adjudicaciones a empresas de dirección desconocida, sin trabajadores o sin especialización sanitaria, sobreprecios desorbitados, localizadas cerca de La Roca del Vallés, pueblo del ministro...
:quality(65)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/MITB7PMBEFAHNHOWQHRXG6BI6U.png)
Los primeros meses de la pandemia fueron un caos. Todas las administraciones, estatales, autonómica y locales trataron por todos los medios de conseguir material, sobre todo mascarillas y respiradores para suministrar a los hospitales, completamente desbordados por la situación. En esas circunstancias las compras de dicho material no escaparon de ese caos y en muchas ocasiones se pagaron cantidades especialmente altas por cosas que en condiciones normales se hubieran comprado mucho más baratas.
De hecho, el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente estaba el socialista Salvador Illa en aquel entonces, se vio salpicado por un sinfín de contratos cuanto menos sospechosos y de los cuales este diario fue informando puntualmente.
Tal fue el número de contratos irregulares que un año después, uno de los altos cargos que había firmado durante el primer año de pandemia contratos bajo sospecha tuvo que dejar su puesto: se trató de Alfonso Jiménez Palacios, hasta ahora director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
En la primera fase de esta grave crisis de salud pública, el Ministerio de Sanidad encargó a este organismo la política de adquisición urgente de productos como geles, guantes o respiradores, pero la falta de experiencia de sus responsables sobre el funcionamiento de los mercados internacionales, su lentitud a la hora de materializar las compras y la escasa dotación de personal provocaron un tapón que forzó al Ministerio de Hacienda a intervenir y a los gobiernos autonómicos a lanzarse por su cuenta a la adquisición de los equipos ante la grave situación que atravesaban sus hospitales al multiplicarse los contagios de enfermos y de sanitarios.
Con todo, el director del Ingesa rubricó durante varios meses decenas de operaciones bajo sospecha por los sobreprecios pagados con dinero público o por los proveedores e intermediarios elegidos, muchas veces desconocidos en el sector sanitario.
Jiménez Palacios es un médico especialista en Medicina Interna afín al PSOE. De hecho, ocupó puestos en el Ministerio de Sanidad con todos los ministros de este partido desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, fue secretario general de Sanidad y Política Social, director general de Farmacia y Productos Sanitarios, y director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Una de las operaciones más polémicas firmadas por el Ingesa con Alfonso Jiménez Palacios al frente fue la compra de hisopos para realizar pruebas PCR, mascarillas y dispositivos de ventilación mecánica, entre otros productos o equipos, a doce empresas de dirección desconocida por un importe global de 313 millones de euros. El Ingesa obvió el domicilio en un total de 14 expedientes.
El procedimiento administrativo seguido en gran parte de los contratos firmados por el Ingesa durante el último año fue uno «negociado sin publicidad acelerado», bajo la justificación de la situación de extrema urgencia motivada por la Covid-19, y la empresa adjudicataria era la única que optaba al contrato. En numerosas ocasiones, la formalización de estos contratos se publicó con meses de retraso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Otra operación que estuvo envuelta en la polémica fue la compra por 9,922 millones de euros de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 a Tec Pharma Europe, S.L., una empresa ubicada en la localidad granadina de Armilla y regentada por el ciudadano iraní Armin Ghodsian Bazaz. El precio estipulado por cada uno fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 20.000 euros, aunque algunas fuentes lo rebajan a menos de 16.000. Dicha empresa, una de las de «dirección desconocida», empezó sus operaciones el 31 de enero de 2019 con un capital social de apenas 3.000 euros y entre sus objetos sociales figuran actividades tan variopintas como la fabricación de complementos alimenticios, el comercio al por mayor de ordenadores y equipos periféricos o la intermediación con medicamentos. El sobreprecio estimado de la operación rozó los seis millones de euros.
Otro de los múltiples contratos polémicos rubricado por el Ingesa durante los primeros meses de pandemia fue el adjudicado a MJ Steps. El organismo que entonces dirigía Jiménez Palacios abonó más de 5,2 millones de euros por un millón de hisopos para la toma de muestras en los test a esta empresa textil. Cada escobillón le costó a las arcas públicas 5,2 euros, cuando su valor unitario de mercado no superaba entonces los 1,2 euros. A la firma Value&Bro, Sanidad llegó a pagarle hasta 6,05 euros por hisopo. En ese tiempo, numerosas adjudicaciones realizadas fueron a parar a empresas emplazadas a escasa distancia de La Roca del Vallés, el pueblo del entonces ministro. Como se recordará, varias organizaciones se han querellado contra el Gobierno por la política de compras en la pandemia.
De hecho, el 20% de los proveedores a los que el Ministerio de Sanidad compró material sanitario hasta junio fueron, en principio, desconocidos. Además, el importe de las adquisiciones que se hicieron a estas empresas representan un 54,2% del total gastado, más de 577 millones de euros. Así lo ponía de manifiesto un informe de la Fundación Civismo, hecho público en junio, en el que se apuntaba que, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), España figuraba como país de residencia de estos suministradores y, el 12 de mayo, hubo que modificarlo por China.
Según informaba la Fundación Civismo, dichos datos están extraídos a partir de 77 contratos elevados a públicos por el Ministerio de Sanidad, y evidencian “la confusa gestión que ha realizado el Gobierno de España en la compra de este material”, lo que se ha traducido en retrasos. Según el informe, a fecha de 17 de marzo el Ministerio tan sólo había repartido medio millón de mascarillas y hasta el 26 del mismo mes no se anunció un nuevo contrato por valor de 500 millones de euros. Esto, asegura el texto, ha provocado desabastecimiento de las autonomías, algo realzado por la centralización, y que el personal sanitario se encontrara desprotegido. Con fecha de 14 de mayo, España era el primer país del mundo con más infectados por millón de habitantes (5.831) y el segundo en números absolutos, sólo por detrás de EE UU.
El informe resalta además la falta de especialización de algunas de las empresas a las que se adjudicaron los contratos. Cita en concreto dos: Hyperin Grupo Empresaria, con un CNAE de 2.352, se dedicaba a la fabricación de cal y yeso, pero se le encargaron 144 respiradores por valor de 3,3 millones de euros, mientras que a Value&Bro, con un CNAE de 6.910, correspondiente a actividades jurídicas, se le asignaron dos contratos por valor de 9,3 millones de euros, en concepto de 1,4 millones de hisopos, suministrados a diferente precio, pese a haberse adjudicado en la misma fecha (17 de abril).
Los autores, José Francisco López y Francisco Coll, subrayaban en dicho informe que “aunque es cierto que el Gobierno debía actuar con la máxima rapidez posible y que muchas empresas se han reconvertido, cuesta creer que en España no hubiera compañías especializadas en un campo determinado, lo cual habría dotado a la transacción de mayores probabilidades de éxito”. Frente a las ineficiencias del sector público, el informe repasa cuál ha sido la actuación del sector privado.
Según apunta, las donaciones directas de 15 empresas españolas han supuesto un 35% de todo lo invertido por el Ministerio de Sanidad (381 millones frente a 1.064).
Otro caso llamativo por el sobreprecio, según informó LA RAZÓN, fue el de la firma también por parte de Ingesa de 41 contratos entre el 10 de marzo, antes de declararse el estado de alarma, y el 17 de abril. Se trató de acuerdos para la adquisición de batas, geles y otros productos. En algunos de ellos, las diferencias de precios pagados fueron gigantescas. De acuerdo con la misma información, esto ocurrió con las batas. Las empresas españolas contratadas vendían al Ingesa este tipo de ropa sanitaria, ya sea impermeable o desechable, con precios que oscilaban en aquel momento entre los 0,27 y los 1,86 euros la unidad, mientras que las chinas han costado al erario público entre 15,58 y 22,07 euros. Se trata de una horquilla máxima de 21,8 euros.
Uno de los contratos, del 23 de marzo de 2020, se suscribió con Suministros Hospitalarios, S.A. El importe fue de 168.705,46 euros por la entrega de 606.200 batas protectoras desechables, siendo el precio unitario de 0,278 euros. Cuatro días más tarde, el Ingesa sellaba un acuerdo con Weihai Textile Group Import&Sport Co. Ltd por un importe de 11,03 millones de euros, a cambio de 500.000 batas protectoras desechables. El precio unitario alcanza los 22,07 euros. Salieron 21,8 euros más caras.
Las diferencias son colosales también si se comparan los contratos sellados por ejemplo con la empresa Medline International Iberia SL, con otra extranjera como China National Instruments Import & Export Group Corporation. En la primera, el importe de cada bata impermeable fue de 0,32 euros. En la segunda, el precio unitario de cada bata protectora desechable fue de 15,584 euros, a tenor de los contratos suscritos. ¿Hubo intermediaros? Se desconoce todavía.
Estas diferencias no se ciñen sólo a las compras de batas. También afectan a otros productos como los geles higienizantes. De acuerdo con la información en poder de este periódico, hubo dos adjudicatarios de los mismos. La empresa española Mixer & Pack, S.L., y la china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd.
La primera fue contratada el 19 de marzo, y la segunda el 26 del mismo mes. Ingesa pagó a la primera 3,058 euros por litro de gel desinfectante. En el caso de la segunda, el coste de cada litro ascendió a 10,832 euros. Se trata de un precio 354% más elevado. Fuentes sanitarias explican que si todo el gel se hubiera pagado al precio que cobró la empresa española, el Estado podría haber ahorrado 730.000 euros.
Del mismo modo, la primera vez que el Ministerio de Sanidad usó la contratación de emergencia para hacerse con mascarillas fue el 10 de marzo, poco antes de declarar el estado de alarma, y cuando aún no eran obligatorias, ni siquiera recomendadas, para la población en general. Las pagó a algo más de dos euros la unidad, muy por encima del precio que solo días antes estaban pagando algunas comunidades, 80 céntimas abonó Cantabria o 1,40 Canarias.
También compras recientes
Sin embargo, este tipo de contratos no solo se produjeron durante los primeros meses de la pandemia. Así, Sanidad, pese a que España no estaba ya en estado de alarma, no renunció a las compras de material sanitario mediante procesos de negociación acelerados en los que el adjudicatario es el único proveedor que se presenta al «concurso».
Destaca otro caso protagonizado, cómo no, por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11 de enero de este año, este organismo pagaba 15,5 millones de euros por cinco millones de test de detección rápida de antígeno de SARS-CoV-2 de la marca Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device Nasal 25-T NS (ref. 41 FK11).
Cada uno de estos test, de uso profesional y no de autodiagnóstico, le costará a las arcas públicas 3,1 euros, cantidad a la que hay que sumar el importe correspondiente a los impuestos. Y la adjudicataria es la multinacional Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., la única empresa que concurrió a este procedimiento.
El pasado 10 de octubre de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publicaba otro anuncio de formalización de contratos del Ingesa para el suministro de cinco millones de test de detección rápida de antígeno por un importe, entonces, de 22,5 millones de euros. La fecha de adjudicación había sido el 30 de septiembre de ese mismo año y la adjudicataria de este procedimiento «sin publicidad acelerado» bajo la justificación de situación de extrema urgencia por la Covid-19 fue también Abbot Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.
Según el anuncio de adjudicación publicado el 11 de enero, el plazo de ejecución de este nuevo contrato con Abbot es un mes, carece de financiación con fondos de la Unión Europea y el acuerdo que lo origina tiene por fecha el 5 de enero de este año. El texto asegura que la tramitación es de «emergencia», la tramitación del gasto «ordinaria» y la presentación de la oferta «manual».
En este documento el Ingesa, el organismo que también gestiona la sanidad en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, hace constar que el número de ofertas recibidas fue una, el número de ofertas recibidas de pequeñas y medianas empresas fue 0. Asimismo, añade que en el procedimiento no se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas.
