Los 23 contratos en el limbo

Esconden compras de material BÉLICO
Defensa oculta compras por casi 30 millones a una empresa relacionada con Morenés
El Ministerio de Defensa entregó información incompleta al Congreso de los Diputados sobre una empresa relacionada directamente con el ministro, ¿intencional o casualidad?




El Ministerio de Defensa oculta al menos 23 compras de material bélico realizadas a Instalaza, empresa en la que trabajó hasta asumir el cargo Pedro Morenés, máximo responsable de este departamento durante la actual legislatura. El detalle de los contratos ha sido denegado tanto a dos diputados que lo solicitaron en el Congreso como a este diario, que los solicitó amparándose en los mecanismos de la Ley de Transparencia. Las compras suman casi 30 millones de euros y se han realizado en el periodo en que Morenés, dirigente de Instalaza entre 2005 y 2011, ya encabezaba la institución pública.
A pesar de las repetidas peticiones, realizadas desde diferentes ámbitos, los contratos no han sido hecho públicos por el ministerio. El primero en interesarse por la relación Instalaza-Morenés fue el diputado de Amaiur Jon Iñarritu. El 2 de diciembre de 2014, casi tres años después de que el ministro tomara posesión, solicitó al Ministerio de Defensa la lista de contratos suscritos con Instalaza desde 2000 hasta esa fecha.
La respuesta llegó al Congreso el 9 de marzo de 2015 e incluía únicamente el año, el número de expediente y el órgano de contratación que realizó la compra. Pero una investigación realizada por este medio comparó la respuesta con los contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público entre 2010 y 2014 y da cuenta de 23 adjudicaciones no reportadas por el Ministerio al Congreso.
Que el Gobierno oculte información a diputados, concejales u otras organizaciones interesadas puede llevar a una condena judicial. El Reglamento del Congreso de los Diputados brinda a sus miembros la autoridad de realizar preguntas parlamentarias y obliga a la Administración a facilitar la documentación solicitada.
En varias ocasiones, se ha condenado a alcaldes y a responsables de gobiernos autonómicos por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados, concejales y otras organizaciones interesadas por negarse a entregar información o facilitar datos incompletos. Ejemplo de ello es el caso del juzgado de lo contencioso administrativo que condenó en enero de 2014 al Gobierno local de Gandía por ocultar facturas de la empresa pública IPG a la oposición dentro del Ayuntamiento. En esa ocasión, el juez consideró que se estaba vulnerando el derecho de acceso a la información al concejal que las solicitó.
Los 23 contratos en el limbo
La respuesta enviada a Iñarritu contiene en total 140 expedientes, de los cuales 51 corresponden al periodo de 2010 a 2014. Pero, como ha podido comprobar este diario a través del Portal de Contratación del Estado, 23 contratos con Instalaza entre 2010 y 2014 no fueron incluidos en la respuesta parlamentaria.
Para confirmar que el Ministerio de Defensa está ocultando al Congreso contratos de Instalaza, El Confidencial ha elaborado una base de datos con todos los contratos relacionados con equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa entre 2010 y el 8 de marzo de 2015 publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Junto a los registros de Instalaza, S.A., se tienen registrados los contratos realizados por la Administración general del Estado con 209 empresas.

Cuando se preguntó al jefe de prensa de ese Ministerio, Miguel Morer, sobre la razón por la que no se entregaron el monto y la descripción de los contratos en la respuesta parlamentaria, dijo que este medio “jamás” obtendría esos detalles porque “lo que es público es público y lo que no, no”.
El diputado Iñarritu cree que podría deberse a un error humano o a que intencionalmente se ocultan datos. De ser el último caso podría “llevarse al Gobierno a los tribunales”, asegura. Aunque dice que “en muy pocos casos los grupos parlamentarios lo hacen”.
Sin embargo, también la diputada Irene Lozano de UPyD solicitó el detalle de los contratos con Instalaza. En junio de 2015, la parlamentaria magenta obtuvo una respuesta a su pregunta, recibiendo un enlace al Portal de Transparencia. Allí se adjuntan seis contratos, tres de los cuales no habían sido incluidos en la respuesta a Iñarritu. Se queda, pues, 'solo' en 20 el número de contratos ocultos: "El ministro sabía que su relación con Instalaza era cuestionable, y que oculte información tiene una explicación clara: sabe que ese tema se estaría vigilando muy de cerca", argumenta Lozano a El Confidencial.
El Gobierno no responde
El 12 de marzo pasado, el diputado de Amaiur envió otra pregunta parlamentaria donde se pidió el detalle de cada una de las compras reportadas en la primera respuesta. Aún no ha recibido los documentos.
Además, el 26 de marzo Iñarritu envió otra pregunta para obtener los datos de las compras de material de Defensa entre 2010 y marzo de 2015, lo que serviría para comparar si la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público coincide con las compras realizadas por el ministerio.
Dos meses después, la respuesta del Gobierno deniega toda la información aludiendo "perjuicio a la seguridad nacional, defensa y seguridad pública". Como último intento, el mismo diputado solicitó el 8 de mayo una explicación sobre los expedientes no incluidos, encontrados tras esta investigación, y al momento de la publicación de este reportaje seguía sin respuesta. Según el Congreso de los Diputados, la institución armada tenía de tiempo para responder hasta el 20 de junio.
A la solicitud de acceso de información realizada por este diario, Defensa ha contestado que no puede dar respuesta debido a "la confidencialidad" de lo solicitado. Iñarritu insiste en que este "comportamiento sistemático" del Ministerio de Defensa "supone una incapacidad de control por parte del poder legislativo en la actuación del Gobierno en asuntos sensibles como este".
Instalaza, la puerta giratoria de Morenés
La relación de Instalaza y el ministro Pedro Morenés empezó el 9 de septiembre de 2005: 17 meses después de dejar el puesto de secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Morenés fue nombrado consejero de dicha empresa.
Oficialmente, Morenés dejó el puesto dos años después, el 13 de junio de 2007, y fue reemplazado en el cargo por la empresa Boguillas, S.L. Esta empresa se dedica a asesorías jurídicas y Morenés era el administrador único. Boguillas, S.L. se mantuvo en el puesto de consejería hasta el 10 de octubre de 2011, 72 días antes de que el actual ministro fuese nombrado.
En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el 26 de enero de 2012, el ministro Morenés afirmó que fue “consejero de Instalaza del año 2005 a 2007” y declaró que estuvo ocupando el puesto “a petición del presidente de la empresa y sin recibir ninguna remuneración” para “tratar de ayudar a una empresa que estaba a punto de quebrar”.
Esta información se contradice con lo reportado por la empresa Instalaza en el Registro Mercantil, que lo vincula a la empresa hasta el 20 de septiembre de 2011. Luego, el mismo Morenés envió una carta a la Comisión -filtrada al diario 'Público'-, en la que explicaba que su relación había finalizado con Instalaza en 2009 y que el error se debía a sus “problemas de memoria”.
Pero su relación con Boguillas, S.L., consejera de Instalaza, solo terminó el 1 de marzo de 2012, cuando ya era titular de la cartera de Defensa. Su puesto como administrador único fue ocupado por el abogado José Javier Blanch del Casar. Se intentó hablar con él, pero se negó a ofrecer declaraciones, según la secretaria del bufete Proximity, en el que trabaja.
Pedro Morenés también fue presidente y consejero de Segur Ibérica, S.A., una empresa dedicada a servicios de seguridad privada y contratista del Estado. Su relación con esta terminó el 30 de enero de 2012, cuando ya era ministro.
Según los datos recabados de la Plataforma de Contratación del Sector Público, Instalaza es el tercer proveedor en el sector de armas y municiones desde 2010 hasta la fecha. Los montos adjudicados también lo convierten en el sexto proveedor de material de defensa del Estado.
Eva Belmonte, periodista de la Fundación Civio especializada en contratación pública, cree que hay un problema evidente según la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses por la relación entre Morenés, Instalaza y Segur Ibérica: “la ley es muy clara, que una empresa con la que estuvo relacionada el ministro sea contratista del Estado la incumple”.
Belmonte aseguró que si “la Oficina de Conflictos de Intereses fuera seria, tendría que decirle a Morenés que no puede ser ministro”.
Instalaza y el ministerio
César Pintado, experto en material de defensa del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE), señaló que “Instalaza tiene una larga tradición como proveedor de Defensa”.
La empresa vende a las Fuerzas Armadas Españolas la granada Alhambra, la única granada de mano que están autorizadas a usar. Asimismo, provee de dispositivos de visión nocturna y lanzagranadas para derribar tanques, búnkeres o blancos con blindaje.
El arma que más se ha comprado a Instalaza en el periodo 2010-2014 es el Alcotan 100, un lanzagranadas con 600 metros de alcance y visión nocturna. Entre las armas de este tipo, sus repuestos y municiones, el Estado ha pagado 26 millones de euros, el 81% de lo recibido por Instalaza, según el análisis realizado de los registros públicos entre 2010 y 2014.
La publicación 'InfoDefensa', el medio de comunicación que dedica más cobertura a la industria armamentística, indica que las Fuerzas Armadas Españolas “son el primer y principal cliente de Instalaza, habiendo utilizado todos sus productos”. Estos montos representan solo una parte de las compras que se realizan a la empresa.
El Ministerio de Defensa se negó a entregar a este medio los datos totales de las compras a Instalaza y es imposible saber qué porcentaje del número de contratos representa lo que se publica.
Instalaza declinó manifestarse sobre su relación con el Ministerio de Defensa aduciendo que no están autorizados a hablar.
Los ingresos de Instalaza
La cifra de ventas de Instalaza aumentó un 110% de 2010 a 2013. En 2010, la empresa reportó 8,3 millones de euros en transacciones. En 2013 vendió 17,4 millones de euros, según las cifras entregadas en sus cuentas anuales al Registro Mercantil de Zaragoza.
Conforme al análisis de los datos, en 2012 el Ministerio de Defensa publicó contratos firmados con Instalaza por algo más de 12 millones de euros, eso deja entender que al menos 8,4 de cada 10 euros que la empresa ingresó durante ese año provinieron del departamento dirigido por Morenés. En 2013 descendió la cantidad de publicaciones y los montos que el Ministerio de Defensa adjudicó a la empresa. Según los registros públicos, contrató un millón de euros.
Aun así, las ventas de Instalaza, que tiene como principal comprador a Defensa, siguieron aumentando. Ese año facturó 17,4 millones de euros. El Ministerio de Defensa no quiso hacer declaraciones sobre el tema. Conforme al artículo 138 de la ley de Contratos del Sector Público, la institución está obligada a publicar todas las compras, salvo las inferiores a 18.000 euros.
Ocultación: una política histórica de Defensa
Según Bernardo Navazo, analista en materia de Defensa, aunque en diciembre de 2014 se puso en marcha la Ley de Transparencia y de Buen Gobierno que obliga a todos los ministerios a dar a conocer la información sobre sus adquisiciones, el que dirige Morenés seguirá ocultando los datos por una cuestión histórica. “Es necesario entender que esta industria creció de la mano de las Fuerzas Armadas”, aseguró.
Por ejemplo, las primeras dos empresas de fabricación de material bélico del país -Santa Bárbara Sistemas y Navantia, ahora privadas- se crearon entre los siglos XVI y XVIII, siendo parte de las instituciones de Defensa del Estado. “En España se hizo un pacto de silencio en la Transición, cuando se acordó que los militares no entrarían en política y los políticos no se inmiscuirían en el Ministerio de Defensa”, añadió Navazo.
El ministerio también protege los intereses privados. En la respuesta a la solicitud de información enviada por este medio el pasado 12 de marzo, la institución negó el acceso al registro de empresas de la Dirección General de Armamento y Material porque estaba limitada por un “interés público o privado superior”. Además de suponer un “perjuicio para la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública”, también afectaba “intereses económicos y comerciales”, según la denegación recibida.
A esto se suma que el 29 de mayo, el Consejo de Ministros acordó que “el Gobierno adoptará cuantas medidas considere necesarias para proteger” a los contratistas de material de defensa cuando sean “esenciales para salvaguardar” los intereses de la seguridad y la defensa. La decisión fue apoyada por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE), que integra a la mayor parte de las empresas españolas del sector de defensa, al publicar un comunicado respecto al acuerdo en el que reconoce y agradece “el esfuerzo” del Gobierno y el Ministerio de Defensa al declarar que protegerían a la industria.
Esto también se evidencia en el libro 'Españopoly', escrito por la periodista Eva Belmonte, donde cuantifica los contratos publicados por el Ministerio de Defensa durante 2013. De los 2.334 contratos realizados, el 68% se hizo a través del procedimiento negociado sin publicidad. Esto les permite no hacer concursos públicos y otorgar las adjudicaciones a discrecionalidad del ministerio. Además, les permite ocultar detalles en la descripción de la compra. Esto podría excusarse por motivos de seguridad nacional si todas las compras de la institución estuvieran relacionadas con armamento.
Victoria Anderica, coordinadora de proyectos en Access Info Europe y experta en transparencia y derecho a la información, asegura que “no hay ninguna duda de que todos debemos saber la cantidad de dinero que se destina a defensa, qué se compra y de quién”. Así ocurre en países como Reino Unido o Estados Unidos, defiende Anderica.
El estudio de Transparencia Internacional 'Un solo proveedor, un análisis a varios países sobre la política de no competición en el área de defensa' califica a Estados Unidos, Reino Unidos y Eslovaquia como los países más transparentes en el área de contratación de defensa. Según ese informe, Estados Unidos aloja en un sistema de datos de adquisiciones federales los detalles de los contratos de defensa explicando, incluso, cómo se realizó la adjudicación.
Navazo cree que “sería un error estratégico” dar los detalles del material bélico que se compra porque el país “no quiere que sus enemigos conozcan su capacidad militar”. El ministerio utiliza esta excusa para realizar la mayoría de sus contratos sin ningún tipo de transparencia, incluso los correspondientes al mantenimiento de sus ascensores, como relata Belmonte en su libro.
La TEDAE, que agrupa la mayor cantidad de empresas del sector de defensa, declinó pronunciarse sobre el sistema de contrataciones del ministerio y su relación con Pedro Morenés. Su portavoz, Begoña Francoy, dijo que los directivos de la asociación no tenían tiempo para contestar.
De todas las compras de material de defensa publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público entre 2010 y 2014 -que suman 642.484.000 euros-, el 33% fue negociado sin publicidad. En ese porcentaje se incluyen compras de sables para la Academia Militar, camisetas para la lucha contra incendios e incluso estufas.
La discrecionalidad en las compras y la falta de transparencia en los asuntos relacionados con Defensa fue demostrada tras la denegación de solicitudes de información, el ocultamiento de datos y la negación del Ministerio de Defensa a explicar la situación. Según el analista Bernardo Navazo, esto seguirá ocurriendo porque la institución funciona como “un búnker dentro del Estado que hace lo que quiere con muy poco control”.
Esta investigación fue realizada como Trabajo Final de Máster del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Fue asesorado y editado  por el periodista Marcos García Rey.