Los planes secretos de la Generalitat para la independencia
- Los puntos clave de la “desconexión” más allá de las afirmaciones del exjuez Santi Vidal
Santi Vidal dimitió este viernes como senador de ERC por afirmar, entre otras cosas, que el Govern contaba con datos fiscales de todos los catalanes obtenidos de forma ilegal. En una serie de conferencias, Vidal daba su versión de los planes independentistas del ejecutivo catalán, según declaró él mismo, para insuflar ánimos. Sin embargo, ha sido el propio gobierno de Carles Puigdemont el que ha desautorizado al ex juez.
Pero si Vidal no tenía razón y todo era producto de su creatividad, ¿cuál es el plan real? Lo cierto es que, cartera por cartera, el Executiu sigue a lo suyo, impulsando estructuras de estado, aprobando leyes de desconexión, preparando una legalidad paralela que ampare el referéndum y una eventual independencia. Estos son los planes secretos del Govern:
Viver Pi-Sunyer, el arquitecto
El epicentro de estos planes se encuentra en tres organismos. Primero, la Oficina d’Estudis per l’Autogovern, creada en febrero de 2016 y heredera de l’Institut d’Estudis Autonòmic. La oficina está bajo el mando del constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer, quien fue Comisionado del Govern para la Transició Nacional, cargo suspendido por el Tribunal Constitucional.
El triunvirato de la inteligencia del proceso lo completan el politólogo Josep Maria Reniu, director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern -que pende de Vicepresidència- y Víctor Cullell, secretario para el Desenvolupament de l’Autogovern.
Este último organismo, tiene un presupuesto de 1.037.000 euros, resultado de 240.000 euros anuales a los que hay que añadir 797.000 del capítulo de personal. La oficina, que articula y prepara las estructuras de un virtual estado catalán, tiene 15 personas adscritas, de las cuales 6 tienen el nivel 29 y 30, el máximo de la administración.
Por su parte, la oficina de Viver Pi-Sunyer coordina los trabajos preparatorios para garantizar que el día de la independencia, Catalunya actúe como un Estado con cierta normalidad. La estrategia de la oficina es vietnamita, es decir, cada departamento del Govern tiene una célula que redacta un plan concreto que atañe estrictamente a su ámbito. Ninguna de estas células departamentales comparte información con otra. De este modo, quién prepara la desconexión de Cultura no sabe qué preparan en Empresa i Ocupació, y sólo rinden cuentas a la oficina de Viver Pi-Sunyer, que coordina todos los trabajos y planes.
El Pacte Nacional pel Referéndum
Después de la cuestión de confianza, el Govern y la mayoría del Parlament fijaron un nuevo rumbo con la esperanza de embarcar como tripulación a las confluencias encuadras en el colauismo o los comuns. El lema Referéndum o referéndum reactivó un viejo conocido de la política catalana contemporánea: el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Puigdemont convocó la reunión del pacto el 23 de diciembre, con alguna baja provocada por la justicia como la de los colegios profesionales de colegiación obligatoria. La reunión, copresidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sirvió para rebautizar el pacto como el Pacte Nacional pel Referèndum.
Asimismo, nombró una comisión de “vigilantes del referéndum” procedentes de distintos espacios políticos catalanes poco identificados con el independentismo pero sí muy partidarios del derecho a decidir. Así el exsocialista Joan Ignasi Elena, que actúa de coordinador; Francesc Pané y Jaume Bosch, de ICV; Carme Porta, vinculada a ERC; Itziar González, impulsora de movimientos sociales anticorrupción; Francesc de Dalmases, experto en cooperación y la exconsellera Carme Laura Gil.
Esta comisión ejecutiva presentó el pasado lunes 23 de enero, el manifiesto en favor del referéndum, que esquiva la posibilidad de un referéndum unilateral. Este manifiesto buscará adhesiones a lo largo y ancho del territorio catalán. Esta misma semana tuvo un apoyo de fuerte sentido simbólico, el del sindicato CC.OO.
Ley de Transitoriedad
La ley de Règim Jurídic Català, conocida en el argot político como la ley de Transitorietat, es el texto que definirá el marco de un posible referéndum independentista antes de acabar el mes de setiembre de 2017, establecerá el nuevo marco jurídico catalán y regulará el proceso constituyente. Además, es el pilar del triunvirato legal de la desconexión junto a la leyes de seguridad social catalana y de la agencia tributaria.
La articulación del texto se lleva con más secreto que discreción. De hecho, se llegó a cambiar el sistema de debate y elaboración para este fin. En un principio fue una ponencia legislativa en el Parlament, pero la presión de la oposición y del Tribunal Constitucional, ‘aconsejaron’ a JxSí y la CUP tramitarla como proposición de ley. El texto ya está redactado y tiene el visto bueno de la oficina de Carles Viver Pi-Sunyer.
La norma fue apuntada, pero no presentada, a través de una nota de prensa en la que se destacaba que “Catalunya se constituye en una República de derecho, democrática y social”. Contiene los siguientes epígrafes: preámbulo; disposiciones generales, nacionalidad y territorio; la sucesión de ordenamientos y de administraciones; los derechos y deberes; el sistema institucional; el poder judicial y la administración de justicia; las finanzas; el referéndum de independencia; el proceso constituyente y las disposiciones finales y de descuelgue.
El único punto a esclarecer es el referéndum, a la espera de los trabajos que realicen los miembros del Pacte Nacional pel Referéndum. No obstante, la ley ya dota y habilita a las instituciones públicas catalanas de las “herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana”.
Agència Tributària
El departament que dirige Oriol Junqueras lo tiene relativamente fácil. El desarrollo de la Agència Tributària catalana tiene margen estatutario. De hecho, Economia está reformando sus capacidades para llegar al desarrollo competencial que tiene la Comunidad Canaria, una tarea que ya medio empezó el Govern de Artur Mas con el apoyo de las oficinas de gestión tributaria de las cuatro diputaciones catalanas. El plan de Junqueras es asumir la recaudación ejecutiva y la gestión directa de todos los tributos cedidos.
Este 2017, después de un cambio de domicilio de la central de la Agència Tributària de Catalunya -de la calle Fontanella a la Zona Franca-, empieza la cuenta atrás para articular la Hacienda catalana. Según el plan expuesto en el proyecto de presupuestos de 2017, la agencia tendrá un presupuesto de 93,3 millones de euros, es decir, más del doble que el último presupuesto.
La primera medida efectiva del departamento ha sido la denuncia del convenio que la Generalitat tenía con los Registradores de la Propiedad para la gestión de cobro de sus oficinas liquidadoras, una decisión que ha ahorrado un montón de dinero a la Generalitat. Por otro lado, el Govern ya tiene los fondos para contratar 459 personas para la ATC, que duplicará plantilla hasta llegar a las 800 plazas. Asimismo, el proyecto incluye abrir 19 oficinas territoriales además de las 11 que compartirá con administraciones locales.
Además de la recaudación de los tributos que hasta ahora liquidaban los registradores de la propiedad, el Govern asumirá este año la recaudación ejecutiva y la gestión directa de los tributos cedidos. Los procesos ejecutivos estaban “subcontratados” a la agencia tributaria española desde los gobiernos de Jordi Pujol, que nunca creyeron prudente, por imagen, ser los que embargan las cuentas por multas de tráfico.
Este mes de enero, Economia ya ha anunciado la licitación por 45.000 euros del estudio del tax gap. El informe tiene por objetivo averiguar la relación entre los ingresos fiscales que se podrían obtener en un territorio concreto aplicando tanto la presión fiscal derivada de la legislación (recaudación potencial) como los recursos que realmente se obtienen (recaudación efectiva). Más concretamente, se trata de estudio exhaustivo que calcula los ingresos fiscales que genera un territorio poniendo en relación variables tales como: la economía sumergida relacionada con las actividades legales, las actividades declaradas incorrectamente o la deuda fiscal reconocido pero no ingresado. En definitiva, una herramienta imprescindible para estimar los niveles de fraude tributario existentes en un territorio. De esta manera, antes de diciembre de 2017, Junqueras tendrá sobre la mesa un mapa de lo que podría recaudar en Catalunya con una hacienda de plenas competencias.
Por otro lado, el Parlament ya ha encara la recta final de la base legal del futuro sistema tributario catalán. El pleno del pasado 20 de diciembre aprobó el debate a la totalidad de la proposición de ley del Codi Tributari de Catalunya y de la aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat de Catalunya.
Este texto es la otra ley de desconexión que también cambió el camino parlamentario, de ponencia a proposición, para esquivar la suspensión del TC. Este código dará cuerpo a la administración tributaria de Catalunya y pondrá negro sobre blanco a la filosofía fiscal de una virtual Catalunya independiente.
La preparación de la agencia tributaria tiene un comandante en jefe en la Generalitat: el secretario general de Hisenda, Lluís Salvadó. Miembro de la máxima confianza de Junqueras, Salvadó siempre ha advertido que el cambio de Estado “será cuando se comunique a los ciudadanos y a las empresas que en vez de pagar los impuestos a través de una página web se haga por otra y cuando tengamos que comunicar a los bancos que los impuestos ingresados no se transfieran al Tesoro del Estado sino al de Catalunya”.
Cómo se hará y cuál será la fuerza ejecutiva para hacerlo cumplir ya es harina de otro costal. En este caso, fuentes del Govern admiten que se conformarían con que el 50% de los contribuyentes pagaran a las arcas de la Generalitat. De todos modos, los informes que maneja el Govern apuntan que hasta dos o tres ejercicios fiscales no llegarán a los niveles de tributación como los actuales.
Dos son los quebraderos de cabeza sobre la información que tiene la agencia: los datos fiscales de los ciudadanos y el catastro, de titularidad estatal y que sirve para definir uno de los principales ingresos de la administración local, el Impuesto sobre Bienes inmuebles. En este sentido, un trabajo de “chinos y carísimo” es la coordinación de estos datos para obtener un registro preciso.
Seguridad
El departamento de Interior es el más sensible, el más sometido a control y el más prudente. Los Mossos d’Esquadra es el cuerpo de policía integral en Catalunya, cuyo departamento ha elaborado una agenda para su integración en el círculo internacional de los cuerpos policiales.
En este sentido, el departamento que dirige Jordi Jané ha intentado de manera firme -pero por ahora sin éxito- acceder a bases de datos imprescindibles para poder trabajar con información de manera inmediata, y no a través de la gestión del Ministerio del Interior. En este grupo se incluyen el archivo del DNI, NIE-ADEXTTRA, Armas, Embarcaciones, Registro de Vehículos, IFADO (documentos falsos y auténticos on line), INTERPOL, como el Child Sexual Explotacion Database) y la entrada en EUROPOL. Dichas peticiones han sido también respaldadas por resoluciones del Parlament.
Por otro lado, los Mossos están articulando un sistema de información compartido con las policias locales o, lo que es lo mismo, un “sistema unificado de información policial” que los Mossos compartirán con 209 cuerpos de policías locales de las 214 existentes en Catalunya. Se trata de un primer paso para un sistema de información de ámbito catalán, una auténtica obsesión del futuro Mayor de los Mossos, actual comisario en jefe Josep Lluís Trapero. El departamento también tramita la fusión fría entre Mossos y policías locales bajo el nombre de Policia Catalana, a través de una nueva ley de Policía de Catalunya.
Asimismo, existe la recomendación por parte de lo que antes era el comisionado para la Transición Nacional de la elaboración de un informe que estudie la creación de cuerpos especializados. En principio se preveían 6 unidades: control de fronteras -control efectivo del territorio y frontera externa con la UE sea marítima, terrestre o aérea-; unidad de control de información antiterrorista que se coordinaria con las agencias internacionales de seguridad; una unidad de registro de identidad que gestionaría datos de identidad personal, pasaportes, automóviles y conductores, que gestionaría la transferencia de datos del gobierno español; unidad de control de la inmigración; unidad de control de armas y unidad de ciberdelincuencia con criterios de European Cybercrime Center. Ésta última ha sido motivo de controversia gubernamental puesto que Palau ha puesto en marcha una agencia de ciberseguridad al margen de los Mossos.
Una de las decisiones más polémicas de los últimos meses ha sido la compra de armamento de asalto para los Mossos con motivo del Nivel 4 de alerta antiterrorista. Concretamente, 272 fusiles de asalto, fusiles y subfusiles que utilizarán el Grupo Especial de Intervención (La unidad especial del cuerpo) que también utilizan las fuerzas especiales norteamericanas, la Brigada Mòbil (antidisturbios) y las ARRO, las áreas de recursos operativos. Un rearme que equipara la policía catalana con los cuerpos policiales del entorno europeo con plenas competencias.
Exteriores
Una de las prioridades del Govern es la política exterior para explicar el proceso soberanista al exterior y defender los intereses comerciales de Catalunya.
Bajo el mando del exeurodiputado Raül Romeva, se ha ampliado el número de “delegaciones” -embajadas de la Generalitat- pensadas como hubs de áreas de influencia así como consolidar un representante permanente ante la Unión Europea, con Amadeu Altafaj al frente, el funcionario catalán con más alto rango en la burocracia europea.
La red de delegaciones se concreta en las siguientes ciudades: Bruselas, Washington, París, Londres, Viena, Roma, Berlín y Lisboa. Un listado que ahora se ampliará a Copenhague, Varsovia, Zagreb, Ginebra y el Vaticano.
La paradiplomacia catalana no acaba aquí. Así, la fundación Diplocat, la Diplomàcia Pública Catalana, mantiene una intensa actividad política y cultural para explicar el proceso de autodeterminación en Europa.
Pero el trabajo en exteriores no se ciñe sólo en el ámbito internacional. El Palau de la Generalitat es un lugar habitual de citas -a menudo publicitadas otras casi clandestinas- con el cuerpo consular en Barcelona y el cuerpo diplomático situado en Madrid, que quiere saber de primera mano los detalles de la política catalana.
Una de las actuaciones más efectivas del departamento de Romeva ha sido reactivar las comunidades catalanas en el exterior, con una nueva ley que ampara sus derechos y las organiza con cierta pátina de diplomacia oficiosa. La ley superó el debate a la totalidad el pasado 9 de noviembre y ahora se encuentra en trámite parlamentario.
En el mismo departamento, hay un grupo de funcionarios que identifican y clasifican los más de 3.370 tratados o convenios internacionales de los que Catalunya forma parte a través del Estado español. El trabajo de criba es notorio puesto que un futuro Estado catalán debe decidir a cuales se subroga.
Del mismo modo, el Govern lleva a cabo un proceloso trabajo de identificación de contactos en agencias y organismos internacionales para saber a qué puerta llamar en caso de declarar Catalunya como un Estado independiente.
Voto electrónico
El voto exterior en las elecciones catalanas siempre ha sido un misterio envuelto en un enigma. Las sospechas de negligencia por parte del Estado en la custodia y facilitación del voto obligaron al Govern a ponerse manos a la obra. Y más, cuando, el voto exterior puede decantar la balanza en el resultado de un referéndum.
Así, la conselleria de Governació, dirigida por una veterana convergente, Meritxell Borràs, elaboró un proyecto de ley de Procedimient de Votació Electrònica per als Catalans i Catalanes Residents a l’Extranger, una norma novedosa que cuenta con el aval -aunque con algún reparo en cuanto al redactado- de la poderosa Agència Catalana de Protecció de Dades. La ley superó el trámite a la totalidad del Parlament el pasado 30 de noviembre.
Aduanas
Además del control efectivo del territorio en fronteras, puertos y aeropuertos que deberían ejercer los Mossos o la policía portuaria, hay un elemento que ha obligado al Govern a preparar una estructura absolutamente imprescindible: los inspectores de exportaciones, funcionarios que deciden si los productos agroalimentarios pueden pasar o no la frontera.
Con la divisa de que el tráfico comercial no puede paralizarse ni un minuto, el Govern prepara una nómina de sustitutos del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE), que ahora depende del ministerio con competencias en Comercio.
Este cuerpo es absolutamente indispensable para uno de los sectores económicos fundamentales de Catalunya, el agroalimentario, que llega casi al 4% del PIB catalán, y que no podría permitirse el lujo de tener sus productos frenados en la aduana.
Justícia
Material sensible. Con un proceso catalán profundamente judicializado, la conselleria de dirige Carles Mundó procura no levantar ampollas en la demarcación y planta catalana. El departamento de Justícia se muestra sereno ante un escenario de transición puesto que las “carpetas de los juzgados” son propiedad de la conselleria.
La preocupación básica se halla en los funcionarios y los archivos de penales así como la protocolarización de actas notariales. En cuanto a los funcionarios, jueces, letrados, fiscales y forenses, el objetivo es conseguir una ratio europea de jueces por ciudadano, con una media del 14,8% por cada 100.000 habitantes, esto es unos 1.000 jueces.
Una cifra todavía alejada de los 810 jueces (80) y magistrados (730) en activo en Catalunya, a pesar de que la dirección de la conselleria calcula que con 700 jueces se pararía el golpe de los primeros meses de la transición sin colapsar el sistema judicial.
Más allá de la administración judicial, la conselleria tenía otro objetivo en esta legislatura: completar el Código Civil catalán. Un objetivo a punto de caramelo, puesto que el proyecto de ley ya ha superado casi todo el trámite parlamentario con el aval del Consell de Garanties Estatutàries, el TC catalán. Con el proyecto de ley del libro sexto del Código Civil catalán, Catalunya ya es independiente en derecho civil.
Puertos y aeropuertos
Un trabajo discreto de la conselleria de Territori i Sostenibilitat bajo el mando de un independentista confeso como el conseller Josep Rull. Su iniciativa de ley de Ports i de Transport en Aigües Marítimes i Continentals ha levantado polvareda.
La ley encara la recta final de su aprobación en el Parlament. Un proyecto que regula con todo detalle los puertos catalanes, una infraestructura clave de la economía catalana. “Es una ley de estructura de Estado”, apuntan desde el departamento. Como ejemplo, destacan que el texto reserva incluso espacios para la “defensa nacional” y define como única autoridad policial en los puertos catalanes a los Mossos.
En el paquete que dirige Rull también se encuentra la licitación de la redacción del nuevo plan estratégico de la aviación de Catalunya, que establecerá las prioridades y la gestión de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos hasta el 2030.
El proyecto debe redactarse en 16 meses y tiene un coste de 320.000 euros. Este documento debe servir para calibrar y gestionar la demanda de la actividad comercial, industrial y de mercancías de los aeropuertos de Barcelona El Prat, Girona, Reus, Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu.
Seguridad Social
Una de las estructuras de estado reinas de la legislatura es la ley de Creació de la Agència Catalana de Protecció Social, un texto que articula el diseño de la futura seguridad social catalana. La ley encara su recta final parlamentaria con las 74 enmiendas presentadas conjuntamente por el PSC y CSQP.
Esta ley otorga plena competencias de recaudación, cotización y control de las prestaciones de la seguridad social, e imagina un sistema similar de pensiones al español, bajo la tutela de uno de los expertos del Govern en la materia, el secretario de Ocupació, Josep Ginesta.
Banca Pública
La creación de la Banca Pública catalana es uno de los compromisos de JxSí y la CUP para esta legislatura de la “preindependencia”. A pesar de su urgencia, los trabajos no empezaron hasta el pasado 24 de enero, con una reunión del grupo de trabajo para proponer calendario. El día 10 de febrero se volverán a reunir para concretar los expertos que deben formar parte de las comparecencias para redactar la ley.
Ciberseguridad
La creación de una agencia de ciberseguridad es una verdadera obsesión del Govern. Para comandar su creación y desarrollo, se ha nombrado a Jordi Puigneró, responsable de la secretaría de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, un experto político en la materia, y que siempre lamenta la falta de fondos para su consecución.
Puigneró ha sido el promotor de la ley de Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ya ha superado su trámite parlamentario. El proyecto ha topado con los Mossos que reclamaban su parte en cuanto a la creación de una unidad de ciberdelincuencia. Por el momento, esta agencia no tendrá dependencia de Interior y actuará de manera independiente pero si colaborativa con los Mossos.
Deporte
La delegación del Govern en los Juegos Olímpicos de Río ya tuvo acreditación propia del Comité Olímpico Internacional. El programa del Govern, que dirige Gerard Figueras, incluye una intensa acción internacional para que exista un reconocimiento federativo al deporte catalán así como el COI admita un comité catalán en los próximos Juegos de Tokio.
Nucleares
Las instalaciones nucleares en Catalunya son prioridad absoluta para el Govern. En seguridad nuclear, la Generalitat no tiene competencias, situación que preocupa relativamente al departament de Empresa y Ocupació que dirige Jordi Baiget.
A pesar de no tener competencias en seguridad nuclear, la Generalitat sí que tiene un registro de las actividades radiológicas que hay en Catalunya a través de un organismo creado en 1987 bautizado como Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) y que hasta hace pocos meses suministraba datos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
A pesar que el CSN tiene su base de datos propia, el SCAR continúa plenamente operativo y, por tanto, hay un control específico catalán de la actividad radioactiva. Asimismo, la Generalitat, además del control ambiental del entorno de las centrales nucleares, controla la maquinaria de segundo y tercer nivel, como son 270 instalaciones o 5.000 aparatos de rayos X.
“El conocimiento lo tenemos, y la mayoría de los técnicos del CSN en Catalunya son catalanes”, apuntan fuentes del departamento. Asimismo, desde Empresa recuerdan que los técnicos de la Generalitat tienen reconocimiento internacional, como se demostró en el último encuentro del prestigiosa convención de física nuclear de Brasil, que participaron con misión propia. “En caso de independencia, podemos garantizar sin ninguna duda la seguridad y la continuidad de las instalaciones nucleares catalanas”, sentencian.
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