El Tribunal de Cuentas Europeo ha dictaminado que el Fondo de Recuperación de la UE contra el Coronavirus (el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) presenta importantes deficiencias en lo que respecta a la trazabilidad y la transparencia del gasto. El organismo fiscalizador comunitario considera que millones de euros procedentes de los contribuyentes europeos se han distribuido sin mecanismos suficientemente claros para conocer con exactitud quién recibió finalmente el dinero, cuánto costaron realmente los proyectos y cuáles fueron sus resultados concretos.
La auditoría, realizada en diez Estados miembros de la Unión Europea, concluye que existe una enorme disparidad entre países a la hora de facilitar información sobre el destino de estos fondos. Según denunció la responsable de la investigación, la croata Ivana Maletić, algunos gobiernos sólo entregaron datos básicos tras insistentes reclamaciones del tribunal, mientras que otros directamente evitaron colaborar plenamente.
Uno de los casos que más llamó la atención de los auditores fue el de Francia, que ni siquiera remitió toda la documentación solicitada. Alemania también puso dificultades para facilitar información detallada. Incluso Países Bajos, considerado tradicionalmente uno de los socios más disciplinados dentro de la UE, solo accedió a revelar los costes reales de determinados proyectos después de recibir fuertes presiones desde Luxemburgo, sede del Tribunal de Cuentas Europeo.
El informe cuestiona especialmente el modelo diseñado por la Comisión Europea para gestionar el fondo pospandemia. Bruselas optó por un sistema denominado «financiación no vinculada a los costes«, mediante el cual los pagos no dependen de justificar el gasto real efectuado por los beneficiarios finales. En lugar de controlar facturas y desembolsos concretos, el mecanismo se basa en verificar si los Estados cumplen determinados hitos y objetivos previamente pactados.
Para el Tribunal de Cuentas, esta metodología dificulta enormemente el seguimiento del dinero público y abre la puerta a abusos, favoritismos y posibles fraudes. Los auditores alertan de que, en numerosos casos, únicamente se identificó a los cien mayores receptores de fondos de cada país, que suelen ser ministerios, agencias estatales o entidades públicas. Sin embargo, el destino final de miles de millones transferidos posteriormente a empresas privadas sigue siendo opaco.
«Los ciudadanos tienen derecho a saber quién recibe el dinero público y en qué se gasta realmente», defendió Maletić ante varios medios internacionales. A su juicio, la falta de transparencia erosiona la confianza de la población en las instituciones europeas y en la gestión financiera comunitaria.
El choque entre el Tribunal de Cuentas y Bruselas llega además en un momento especialmente delicado. La Unión Europea negocia actualmente su próximo presupuesto plurianual, valorado en más de dos billones de euros, y la Comisión pretende extender precisamente este mismo modelo de «financiación sin costes» a futuras partidas europeas.
El órgano fiscalizador comunitario rechaza frontalmente esa posibilidad. Advierte de que trasladar este sistema a políticas agrícolas, subvenciones regionales o fondos de cohesión supondría multiplicar el riesgo de irregularidades en toda la UE. Según el tribunal, si los Estados miembros ni siquiera son capaces de detallar qué empresas terminan beneficiándose de los fondos europeos, el modelo favorece inevitablemente el amiguismo político y el uso indebido del dinero público.
El fondo de recuperación creado tras la pandemia movilizó hasta ahora alrededor de 577.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos. La distribución se realizó mediante una clave de reparto basada en el impacto económico sufrido por cada país durante la crisis sanitaria. Así, Estados como Italia recibieron cantidades equivalentes a cerca del 10% de su renta nacional, mientras otros socios europeos apenas obtuvieron ayudas inferiores al 1% de su PIB.
Buena parte de esos recursos se dirigieron a proyectos vinculados con la transición ecológica y la digitalización. Sin embargo, algunos programas financiados con dinero europeo acabaron generando fuertes polémicas, como ocurrió en Italia con determinadas ayudas a la eficiencia energética que llegaron a cubrir incluso más del 100% del coste de las obras realizadas.
El Tribunal de Cuentas Europeo insiste ahora en que las carencias detectadas en el fondo poscovid no pueden convertirse en el modelo habitual de financiación de la Unión Europea para los próximos años.
