La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante un seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander en junio. ROMÁN G. AGUILERA (EFE)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

En conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas [anticompetitivas]”.

El modus operandi del grupo (denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas) consistía en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían para asegurarse las adjudicaciones.

Para evitar sospechas, “los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas”, según ha indicado la CNMC en un comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras tenían que atenerse a él, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”, indica la CNMC.

Entre las Administraciones Públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. La multa total será repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

En este caso, el expediente no se abrió a raíz de la delación de una de las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanción, como suele ser habitual, sino por una investigación paralela sobre unos contratos de hormigón armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia del cártel.

Las consecuencias para las grandes firmas constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública por si cabe la prohibición de contratar con la Administración. El regulador puede activar este procedimiento que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que permite que se prohíba la participación de las sociedades infractoras en futuros contratos públicos hasta tres años. Pero las empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cláusula solo se puede aplicar tras una sanción firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía judicial puede alargarse durante años.

Grave perjuicio público

En el expediente hecho público este jueves, se denuncia que las empresas compartían en muchos casos la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica, asegurándose así la adjudicación de contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos. “El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”, explica el organismo.

En 2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etcétera”.

En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.

Al tomar una posición de ventaja en los concursos públicos, las prácticas de las constructoras “produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo”. Los rivales debían soportar mayor coste en la preparación de sus ofertas, además de carecer de información sobre los movimientos de sus competidores

Detenido el 'jefazo' de La Razón y La Sexta por el desvío de 67 millones de euros públicos

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El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha este jueves la Operación Hanta por el supuesto desvío de 67 millones de euros en ayudas públicas a la empresa tecnológica Zed Worldwide, creadora, entre otros, del célebre videojuego de los años 90 Comanndos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policíahan procedido a la detención de ocho personas, entre ellos los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, cabezas visibles de la compañía considerada el epicentro de las irregularidades. Los delitos que se investigan son fraude en subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental, coacciones y tráfico de influencias.

También hay 19 imputados. Uno de ellos es Mauricio Casals, presidente del Grupo Planeta y del diario La Razón, además de vicepresidente del grupo Atresmedia, que incluye a las cadenas Antena 3 y La Sexta. Los investigadores le señalan como el presunto 'conseguidor' de créditos blandos del Ministerio de Industriapara proyectos de I+D de Zed y el posterior desvío de cerca de 2 millones a La Razón con falsos acuerdos de publicidad. Casals ha reconocido sus contactos con Zed y el registro de su despacho en la sede del periódico, pero niega el papel de intermediario que le adjudica Anticorrupción. El directivo estuvo imputado recientemente en el caso Lezo.

Las pesquisas que desembocaron este jueves en los arrestos y una veintena de registros en Madrid, Valenciay Barcelona se iniciaron hace un año. La fiscalía se había hecho cargo de una denuncia del propio Ignacio Pérez Dolset contra un grupo de inversores rusos a los que acusaba de hundir la compañía, pero terminó descubriendo los primeros indicios de desvío de ayudas públicas desde Zed, que el año pasado se declaró en concurso de acreedores con un pasivo cercano a los 370 millones de euros.

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Marhuenda, director de La Razón, imputado por coaccionar a Cristina Cifuentes http://bit.ly/2o3FZ0j 

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15:41 - 19 abr. 2017

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La investigación apunta a que la empresa tecnológica había sido vaciada de fondos con destino a otras empresas del entorno familiar, entre ellas Pure Action Sports Europe, dedicada a la venta de artículos deportivos y que se encargaba de organizar competiciones de kitesurf. Según fuentes cercanas a la investigación, en esta acabaron 6 millones de euros.

La UDEF también han revelado que parte de los proyectos de investigación que Zed había presentado para recibir los créditos, en su mayor parte del Ministerio de Industria, pero también de Economía y otros organismo públicos, nunca se llegaron a desarrollar. Todos estos créditos se concedieron en el periodo 2010-2015, que abarca la etapa final de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y la primera Legislaturade Mariano Rajoy. De los 67 millones de euros concedidos, 20 millones corresponden a Zed, mientras el resto recayeron en otras compañías del entramado de los Pérez Dolset, según fuentes cercanas a la investigación. Estas apuntan que, hasta el momento, se ha podido recoger sólidos indicios de la apropiación indebida de, al menos, 10 millones de euros. "El análisis de la documentación intervenida posiblemente eleven esta cifra", añaden.

Tras declararse en quiebra, los administradores concursales de Zed descubrieron nuevos indicios de irregularidades y, sobre todo, del vaciamiento de la compañía. Entre ellas, operaciones con sociedades en las que figuraban personas relacionadas con el Consejo de Administración y "su entorno" que no aportaban valor a la compañía. También revelaron la existencia de una compleja estructura empresarial cuyo supuesto objetivo era separar la administración de la compañía de la propiedad en lo que es interpretado como un intento de los hermanos Pérez Dolset de impedir que sus bienes fueron intervenidos judicialmente para hacer frente a las deudas de la compañía.

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La Sexta inicia una campaña para que España acoja a 17.387 refugiados http://bit.ly/2qYjBH4  #Islam #Refugiados

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19:05 - 6 jun. 2017

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De este modo, el origen de las pesquisas –las supuestas maquinaciones de empresarios rusos para quebrar Zed que denunció Dolset- quedaron en un segundo plano, al menos en España. No obstante, las agencias de investigación estadounidenses FBI y SEC han seguido indagando en esa línea e, incluso, interrogaron a finales del año pasado a Javier Pérez Dolset. Los vínculos de Zed con Rusia se remontan a 2009. Aquel año, la compañía adquirió el 50,1% de Temafon, una sociedad que era propiedad de la operadora rusa VimpelCom, cuyo principal accionista es el magnate Mijail Fridman, considerado el segundo hombre más rico de Rusia.

Las investigaciones apuntaban a un supuesto desvío de fondos millonarios a través de Temafon para el pago de sobornos tanto en Rusia (al hijo de un ministro del gabinete Putin) como en el vecino Uzbekistán. La supuesta colaboración de Pérez Dolset con el FBI, provocaron una guerra entre el empresario español y sus socios rusos que desembocó en una batalla judicial en Holanda, donde el primero había creado su holdingZed+, que pasó a ser dirigido por el abogado Peter Wakkie. Este ligado, a Fridman fue detenido el pasado mes de enero en el aeropuerto de madrileño de Barajas por la policía para ser interrogado.

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TV3 lideró la audiencia en febrero. Los catalanes son los que consumen menos telebasura y ODIO (A3+T5+La1)

TV3 lidera las cadenas autonómicas. Si sumamos las 5 cadenas de la corporación (en Madrid siguen diciendo que son 7...) tenemos:
-TV3 14,5%
-3/24 (solo noticias tipo CNN) 1,9%
-Super 3/33 (infantil, juvenil, cultural) 1%
-TV3 CAT (canal internacional vía satélite) 0,6%
-Esport3 (deportes) 0,5%

TOTAL: 18,5%

Media estatal de las autonómicas: 8,5%

T5+A3+TV1 suman un 36,8% en España
Esas mismas cadenas en Catalunya solo representan el 26,8% (10 puntos menos...).


Los liderazgos por targets se reparten de la siguiente manera:
- Telecinco: líder en mujeres, en 13 a 24 años (empate con Antena3) y en mayores de 64 años (empate con La1).
- Antena3: Líder en hombres, en jóvenes de 13 a 24 años (empate con Telecinco), en adultos jóvenes, de 25 a 44 años, y en maduros, de 45 a 64 años. Además, es la cadena más vista en el “Target Comercial”.
- La1: Líder en los mayores de 64 años (empate con Telecinco).
- Clan: líder en niños de 4 a 12 años (14.1%).

En cuanto al desglose por regiones y naciones:
- Telecinco: País Vasco, Galicia, Madrid, Canarias, Asturias y Murcia.
- Antena3: Andalucía, Valencia, Castilla La Mancha y Aragón.
- La1: Baleares, Castilla y León y Resto.
- TV3: Catalunya.

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Una manera distinta de leer las noticias. Cuando la Realidad no se encuentra en los Medios

La avalancha de información política que recibimos cada día está orientada a mostrarnos realidades que señalan derroteros dirigidos a fijar puntos de vista y opiniones, así como a hacer dictámenes y veredictos sobre los distintos temas del acontecer nacional e internacional.

Otro tanto ocurre con lo relacionado a la publicidad y la propaganda comercial dispuesta y configurada para forjar gustos y crear intereses, encaminados a incrementar las ventas de una serie de productos no obligatoriamente necesarios para la vida cotidiana. 

La información política es algo parecido: los ciudadanos terminan consumiendo lo que el vendedor (en este caso, los medios de comunicación del establishment) desean que sea consumido. 

De esa manera dirigen la construcción de razonamientos y la aprobación de juicios acerca de temas que, incluso, resultan perjudiciales para el que los recibe y los transmite.

Esta es una manifestación de la lógica perversa del capital, para el que los ciudadanos son solo objetos de consumo, no sujetos de cambio de la sociedad que los oprime, lo cual se debe impedir a toda costa. Para ello, se utiliza lo que Carlos Fazio llama “instrumentos de colonización mental”.

Pero, en el mundo siguen ocurriendo hechos que influyen, condicionan y transforman la cotidianidad de los ciudadanos. 

Hoy, este proceso transcurre a tal velocidad que no tenemos capacidad de medir cuánto ascendiente tienen en nuestras vidas, aunque lo peor no es eso, sino la evolución de lo anormal, lo inusual, lo aberrante, lo brutal a estadios de normalidad y natural convivencia que casi pasan inadvertidos.

Sin embargo, podríamos leer las noticias desde diferentes ópticas, siempre y cuando uno tenga la imaginación necesaria… y algo de valor para hacerlo, si quiere desprenderse de la visión dominante y totalizante que nos vende verdades como si fuéramos ignorantes e iletrados.

En Colombia, donde su gobierno regurgita democracia cotidianamente, han intentado asesinar a un candidato presidencial, pero eso es tan normal en ese país que a nadie le importó. Ninguna autoridad se ha inmutado.

En el caso de que lamentablemente tal bochornoso hecho se hubiera concretado, solo habría constituido uno más en la larga lista de eventos de ese tipo que han ocurrido a la largo de la historia colombiana, donde la vida tiene poco valor a la luz de las más de 200 mil personas asesinadas y los 83 mil desaparecidos en los últimos 60 años. 

De ellos, 282 líderes sociales, 106 defensores de derechos humanos asesinados impunemente desde el año pasado, así como 47 combatientes desmovilizados de las Farc, desde que comenzó ese proceso.

En ese marco, en la “normal” Colombia, el jefe paramilitar John Jairo Velázquez, alias Popeye, opinó en público —a través de las redes sociales— a favor del asesinato de Gustavo Petro, quien curiosamente puntea en las encuestas de cara a los comicios presidenciales de ese país.

Unos días después, con la mayor naturalidad, el presidente de la máxima instancia electoral, en medio de los comicios para elegir en primarias a los candidatos de las alianzas que aspirarán a la más alta magistratura del país, ordenó que se sacaran fotocopias de las papeletas electorales, ante la carencia de las mismas en las mesas de votación. 

No cabe duda de que si Gabriel García Márquez estuviera vivo, tendría suficiente material para una nueva novela de ese gran Macondo que es su país de origen.

Todo esto puede ocurrir en Colombia, porque tiene el aval de la llamada comunidad internacional (es decir, Estados Unidos y Europa) para hacer cualquier desmán. 

Al Presidente, confeso de ordenar la invasión militar de un país vecino y autor intelectual de la creación y aplicación de la política de “falsos positivos”, consistente en asesinar ciudadanos para mostrarlos como combatientes guerrilleros a fin de argumentar a favor de la eficiencia de las fuerzas armadas en la lucha contra los insurgentes y, de esa manera, hacerse acreedor de mayores recursos financieros de Estados Unidos, se le recompensó con el Premio Nobel de la Paz.

Es la razón por la cual el Presidente de Estados Unidos ha dicho que ambos países tienen similares intereses y valores, lo que ha conducido a que las más altas autoridades militares y civiles estadounidenses hayan hecho de Bogotá su destino preferido en América Latina y el Caribe, incluyendo al propio Trump, quien ha anunciado viaje para abril.

Por su parte, en Chile, con total normalidad se ha producido el cambio de un gobierno de la derecha anti pinochetista a otro de la derecha pinochetista. Solo en eso radica la diferencia.

Cuando menciono que tal traspaso del poder se ha dado en un marco de normalidad, no lo digo porque mi aspiración haya sido que el mismo se produjera en un ámbito de violencia. 

Todo lo contrario, solo que uno podría suponer que, ante el retorno del pinochetismo al poder, se produciría un estremecimiento de la sociedad.

Nada de ello ocurrió, lo cual es normal cuando no existen diferencias de fondo entre ambas administraciones. 

Finalmente, uno tiene que entender que ambos gobiernos son neoliberales, compiten por su lealtad y sumisión a Estados Unidos, protegen a los criminales de la dictadura y reprimen las justas demandas de estudiantes, trabajadores y mapuches.

Bachelet pasará a la posteridad como el mayor fraude de la historia de Chile y la mayor traidora en transitar por la Presidencia de la república, superando a González Videla y a Pinochet.

Su traición comienza por haber mancillado la memoria de su propio padre, asesinado por la dictadura. Quedará para siempre como el peor esperpento que haya pasado jamás por La Moneda.

Ojo, en política, traidor no necesariamente es quien hace algo contra el pueblo, sino quien dice defenderlo y hacer todo lo contrario.

Se fue Bachelet, se fue Heraldo. 

El estercolero de la historia los espera junto a su amigo el corrupto General de Carabineros, Bruno Villalobos, a quien protegieron hasta el último momento, mientras que a Piñera le bastaron solo unas horas de gobierno para mandarlo a su casa.

Hablando de la toma de posesión de Piñera, pareciera que la era de los grandes eventos al que asistían decenas de jefes de Estado ha quedado en el olvido.

Si al fraude que impuso a Juan Orlando Hernández en la Presidencia de Honduras no asistió ninguno de sus colegas, el de Chile no fue menos sombrío: además de los ilegales mandatarios de Honduras y Brasil, solo estuvieron presentes, Macri, hijo de p…, la p… que te parió, según la frase de la canción más escuchada en los eventos públicos recientes de Argentina; también Kuczynski, quien fue a intercambiar experiencias de cómo se libera y se protege a un dictador asesino, a fin de sostenerse en el poder.

Así mismo, Enrique Peña Nieto acudió para conocer los hábitos del Chile dictatorial en materia de desapariciones forzadas, sin que posteriormente los culpables sean juzgados ni condenados. 

Él sabe que el fin de su mandato se acerca y los familiares de los 42 estudiantes de Ayotzinapa, además de la mayoría del pueblo mexicano, claman por verdad y justicia.

Además, estuvo presente en el evento el controversial Presidente ecuatoriano, quien sostuvo una “importante” reunión con Bachelet, cuyo contenido pareció no interesarle a nadie.

El más aplaudido entre todos los jefes de Estado presentes fue Evo Morales, quien aprovechó la ocasión para dar a conocer un mensaje de futuro del pueblo boliviano al pueblo chileno, dando un furibundo golpe con puño de seda al racismo y la xenofobia que la oligarquía chilena interesadamente ha inoculado para mantenerse en el poder y maximizar sus riquezas.

Hay que recordar que uno de los mayores detentores modernos de la riqueza producida por los territorios bolivianos usurpados en la guerra imperialista que enfrentó a ese país con Chile es el yerno de Pinochet, quien utilizó esa riqueza para comprar indiscriminadamente a políticos de todas las corrientes de ese país, con la “vista gorda” necesaria de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, incluyendo a la “izquierdista” Bachelet y su gobierno.

En fin: siguen pasando cosas, ocurren eventos y acontecimientos a los que los medios les dan una mirada condicionante, dirigida a ocultar la podredumbre del sistema capitalista, mientras esconden tras de sí procesos que inexorablemente avanzan en otra dirección y que anuncian que no todo está perdido, como nos quieren hacer suponer.

SERGIO RODRÍGUEZ GELFENSTEIN

Fuente: INSURGENTE