Puertas giratorias hacia empresas privatizadas de energia

La actividad privada se ha abierto para once exmiembros del gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado antes de los dos años de margen que marca la ley. El portal de la transparencia recoge las autorizaciones vigentes para regular la transición de lo público a la empresa privada.
La actividad privada se ha abierto para once exmiembros del gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado antes de los dos años de margen que marca la ley. El portal de la transparencia recoge las autorizaciones vigentes para regular la transición de lo público a la empresa privada, un fenómeno que ha recogido numerosos ejemplos de lo que se conoce por “puertas giratorias”.
Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro de justicia y recién salido del Consejo Consultivo de Madrid, es el que más autorizaciones ha conseguido en esta tanda de huída a lo privado: será profesor ayudante en la Universidad Internacional de La Rioja, estará en nómina de la consultora especializada en conferencias Thinking Heads y podrá, por último, ejercer la abogacía.
El permiso más reciente para dar el salto a lo privado se lo ha quedado el expresidente deRTVE, Leopoldo González-Echenique, que se marcha al bufete internacional Herbert Smith Freehills. No obstante, desde marzo de 2015, el que fuera responsable de buena parte de la caída de audiencia de TVE estaba ya en nómina de la consultora Everis.
También en septiembre obtuvo su autorización la exdirectora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Susana de la Sierra. La jurista dimitió de su cargo en 2014 por la “falta de voluntad política” de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, de cumplir con las promesas al sector del cine. Ahora podrá ser miembro del consejo editorial de Agenda Pública, la editora de El Periódico.
La puerta perfecta
Desde el Ministerio de Defensa, a principios de año, tuvo lugar un salto a lo privado que encarna la sublimación de la puerta giratoria. El exjefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire Fernando Sacristán, ha conseguido en medio año fichar por tres empresas: Tecnobit, Bess-Beyond Soluciones y Servicios y Hornet Consulting. Las dos primeras trabajan en el ámbito de la defensa, y la tercera es una consultoría especializada en logística, energía, petróleo y derivados, entre otras materias.
Uno de los nombres más ilustres en este ‘equipo’ es el exfiscal General del EstadoEduardo Torres-Dulce, que pasó al despacho de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad después de su cese. Tras conocerse la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ejecutivo de Mariano Rajoy, de permitir este trabajo al exfiscal, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) calificó de “enormemente preocupante” los hechos.
El ex subsecretario de la Presidencia hasta junio, Jaime Pérez Renovales, pasará a trabajar para Banco Santander. Tras la familia Botín hay un segundo banco que se hace con un alto cargo en 2015: el Banco Sabadell se queda, nada más y nada menos, que con la exconsejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ana Isabel Fernández.
César Augusto Miralles, procedente de Industria, dedicará su experiencia a asesorar a centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. José Ripoll, expresidente de la autoridad portuaria de Alicante, se pasa a un despacho de abogados y economistas. Por otro lado, una nueva salida a los despachos jurídicos fue la del exdirector general de artes y bienes culturales, Jesús Prieto.
Estas once puertas giratorias se suman a las 12 que el portal de la transparencia publicó el pasado año. Según dicta la ley que regula los conflictos de intereses, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas “relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Es decir, si dictaron resoluciones en relación con esas empresas o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron esas resoluciones.
Agencias/Prensa