“Hacen más caso cuando uno presenta la demanda, que si la interponen 40 personas al mismo tiempo”. Luis Javier Carro, jubilado y vecino de León, reivindicó a primeros de agosto una prestación de al menos 650 euros ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Tras plantear una primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de León, este ciudadano de 65 años eleva ahora una reclamación ante la instancia judicial europea por el incumplimiento que viene realizando el Estado español de la Carta Social Europea; En la Carta, alega Luis Javier Carro, se establece que todo ciudadano de la UE que lo requiera “ha de recibir una prestación o jubilación nunca por debajo del umbral de la pobreza”, que según los criterios de Eurostat se situaría en torno a los 653 euros. La Carta Social Europea fue adoptada por los estados miembros del Consejo de Europa en 1961. El Estado español rubricó y ratificó la versión inicial de 1961 y el Protocolo adicional de 1988; sin embargo, la Carta Social revisada de 1996 fue firmada pero no ratificada por España.
Luis Javier Carro cobra actualmente una pensión de 367 euros mensuales, con la que afronta un alquiler de 180 euros. Vive cotidianamente una situación de pobreza crónica: con carencias alimentarias, sin prácticamente muelas ni dientes (tratamientos que en muchos casos no cubre la seguridad social) y tres años sin energía eléctrica ni calefacción en el piso que habita (un quinto sin ascensor). Teme que el corte de suministros básicos como la luz, se extienda al agua corriente. Mientras, se mantiene a la espera de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos; el alto tribunal le remitió un formulario, que el ciudadano rellenó junto al aporte de la documentación requerida. El procedimiento continúa con la apertura, por parte de una comisión del tribunal, de un expediente informativo que después se trasladará al pleno. En el comunicado que informaba de estos pormenores, también se explicaba el contexto de la denuncia: “Todo esto sucede en la llamada Sociedad del Bienestar, en un estado que dice tener una economía social de mercado; se castiga a los pobres y desempleados a una situación de miseria y también de exclusión: del transporte público, al no poderlo pagar; de la cobertura de las necesidades básicas, de vestido y el mínimo vital”. “No se puede aguantar mucho en tales condiciones”, remata.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en mayo de 2016, la tasa de riesgo de pobreza en 2015 (considerando los ingresos de 2014) se situó en el 22,1% de la población residente en España, cifra muy similar a la del 22,2% del año anterior. La estadística resalta que la tasa de riesgo de pobreza en los menores de 16 años se situó en el 28,8%, lo que supone 6,7 puntos por encima que la del conjunto de la población. En el momento de realización de la encuesta (primavera de 2015), el 13,7% de los hogares señaló que llegaba a finales de mes “con mucha dificultad”; el 39,4%, no contaba con capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 40,6%, no podía ir de vacaciones al menos una semana al año. Además, el 9,4% de los hogares tenía retrasos a la hora de abonar pagos como los de la hipoteca y alquiler, o recibos del agua y la electricidad. En cuanto al indicador Arrope de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 28,6%; este indicador incluye a la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, hogares sin trabajo o baja “intensidad” en el empleo; o carencia material severa.
¿Por qué ha preferido Luis Javier Carro plantear la denuncia como una acción individual, “como un señor que da un paso por su cuenta”? Para evitar que el TEDH considere que se trata de un acto político, “comunitario”, y la reivindicación tenga más dificultades para prosperar. En conversación telefónica, caracteriza la situación de pobreza energética “por lo que conozco en León”: afecta principalmente al jubilados con escasos recursos y parados de larga duración, todos ellos con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (653 euros). “Es una lacra social”. Este pensionista dejó de trabajar hace aproximadamente una década, cuando tuvo que cerrar el bar que regentaba, con dos empleados. “Y yo como uno más, los tres éramos obreros”. En términos sencillos, describe la cruda realidad del mercado laboral: “Aquí, a las chicas que trabajan en los pubs de música, cuando pasan de una determinada edad las despiden; y pasada una cierta edad ya no te cogen en ninguna parte”. Cerró las puertas del bar con 58 años, pero aunque tuviera diez menos no encontraría trabajo en León, asegura. Porque no lo hay y además porque prefieren a la gente joven, insiste. Así las cosas, ¿qué futuro le queda a quien pierda el puesto de trabajo? “Coger la maleta y marcharse”.
Como pequeño empresario que liquidó su negocio, no tuvo derecho a prestación por desempleo. Desde entonces y hasta su jubilación, cobró una prestación no contributiva de la Junta de Castilla y León (425 euros), superior a la pensión que cobra actualmente (367 euros). Es cierto que ha perdido poder adquisitivo -incluso dentro de los raquíticos márgenes en los que sobrevive-, pero si ha decidido adentrarse en un procedimiento judicial “es porque hay mucha gente como yo”. Tiene claro, además, que no quiere una utilización política de su acción, desarrollada a título individual con el apoyo de un conocido activista, Ramiro Pinto. Se trata de una reivindicación “social”, “no política”, matiza, que lleva a término una persona. Entre debates de investidura y maniobras estratégicas sin fin, y con un gobierno en funciones que se aferra a la “bonanza” económica, Luis Javier Carro no se muestra halagüeño: “Veo muy negra la situación actual, esto no tiene solución; el gobierno se ha acostumbrado a vivir de la caridad de Bruselas y de Alemania, quienes reparten los millones; el ejecutivo no tiene dinero, la deuda es tremenda”. En la rueda de prensa a la salida de los juzgados de León, se preguntó en público: “¿Dónde está el dinero que han recibido de la Unión Europea?” “¿En esas obras públicas y privadas con presupuestos inflados?” “Después han de pedir préstamos a los bancos que construyen las obras, y que también son accionistas de las empresas”, explica. Tampoco entiende la posición del candidato Rajoy: “Se enroca en la idea de gobernar, sin tener mayoría para ello”.
En el descenso a lo local, este ciudadano empobrecido ve a León reflejada en trenes y coches cada vez más llenos de gente, que salen de la ciudad. Llama la atención de cómo la capital castellana se está quedando en una “zona residencial de ancianos y funcionarios, sean de los juzgados, sanitarios o guardias civiles”. “Es lo único que nos queda, León está prácticamente muerto”. Parece inevitable la comparación con otra capital, Salamanca: “Allí tienen la universidad que es toda una industria, mi impresión es que el día que la cierran la ciudad morirá”. Pero las empresas que echan el cierre en León, nunca vuelven a abrir, o se marchan fuera, subraya. Le indignan prácticas empresariales como la liquidación de un negocio, con los consiguientes despidos, a las que sigue la apertura de una empresa en otro lugar. “Hace unos años quebró un hotel en León, y al cabo de un tiempo uno de los socios se compró un palacete”. El edificio, bienes y mobiliario se tuvo que vender para poder pagar a los trabajadores, concluye.
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