Primero de todo hay que explicar que de la legalidad a la legalidad quiere decir que el nuevo estado catalán no perdonará penas ni aliviará condenas hechas bajo la justicia española. Pero sí podrá juzgar, incluso con normas españolas, los flagrantes casos de ilegalidades que han ocurrido estas últimas semanas. Todo ese estadio de sitio no declarado se ha perpetrado dando patadas a la democracia y a la constitución española.
De momento los 700 alcaldes perseguidos ya han anunciado que se querellarán contra el fiscal general del Estado.
Y que las multas enloquecidas a los miembros de la sindicatura electoral irán a Estrasburgo...
Grandes cantidades de demandas y denuncias habrán cuando eche a andar el nuevo Estado. Y a muchos les van a caer multas, inhabilitaciones y sentencias condenatorias.
Algunos guardias urbanos perderán su trabajo ya que no entra en sus atribuciones requisar carteles.
Toda esa gente que se ha extralimitado creen que finalmente Catalunya no será independiente y que el Estado corrupto y sus organismos les salvaguardará. Una Fiscalía, TSJ, Supremo y Constitucional que siempre darán la razón a los que se saltaron los derechos fundamentales de los catalanes.
Ya, ¿y si no es así?
Es muy posible que el primer día de la independencia veamos a muchos fiscales y jueces huir de Catalunya... aunque eso no quita que después se puedan embargar sus bienes...
Es más, muchos deberán largarse porque perderán su trabajo en Catalunya porque no estarán legitimados para volver a "servir" al pueblo catalán.
La nueva república catalana no deberá perdonar todas las barrabasadas que estamos sufriendo. Y la prevaricación será perseguida.
El cerrar una web sin orden judicial es ilegal y, aunque sea la guardia civil, deberá ser juzgada por la justicia catalana ya sea bajo la leyes actuales o bajo la norma más favorable que espero que no sea la catalana ya que el nuevo Estado deberá castigar con dureza todo acto represor y antidemocrático.
Muchos daños y perjuicios que la policía nacional y la guardia civil deberá afrontar con su patrimonio en Catalunya.
Y, además de los caso individuales y al conjunto de procesos jurisdiccionales, se deberá emprender una comisión en el Parlament sobre la persecución a que se ha visto sometido el pueblo catalán y en el que queden retratados para la Historia los políticos unionistas y colaboracionistas
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