Los empresarios valencianos ‘cantan’: pagaron ilegalmente para la campaña de Rajoy

'OTRA BOMBA CONTRA EL PP'

Todos los implicados reconocen la veracidad de las acusaciones de la Fiscalía recogidas en el sumario

FRANCISCO MEDINA
Otra mala noticia para el PP. Y sólo a dos días de que se inicie su Congreso Nacional. Según ha conocido ELPLURAL.COM en fuentes jurídicas, nuevos empresarios valencianos involucrados la financiación ilegal del PP están a punto de firmar un reconocimiento de que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción son ciertas. Es decir, que a las campañas locales y autonómicas de 2007 con Francisco Camps como cabeza de cartel, pero también las generales de 2008 con Mariano Rajoy al frente, el PP acudió dopado.

Los donantes reconocen los delitos

Tres de los nueve imputados ya han reconocido, en escritos presentados por sus abogados, la veracidad de “la relación fáctica descrita por el Ministerio Público (la Fiscalía) y por la acusación popuar”. Hechos de enorme gravedad. Porque se trata de aceptar “falsedad en documentos mercantil y falsedad en las cuentas electorales”. Estos tres empresarios son Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá García y Enrique Ortiz Selfa.

Pero ahora, según consta a este periódico, están a punto de sumarse en un escrito similar, los otros siete empresarios involucrados en esta pieza separada de la trama Gürtel, conocida en medios jurídicos como “Financiación del PP a través de Orange Market”. Esos empresarios son Enrique Gimeo Escrig, Antonio Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Raigada, Vicento Cotino Escrivá, Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna.

Evidentemente, el hecho de que nuevos empresarios imputados reconozcan su acuerdo con la trama Gürtel a través de la empresa Orange Market, y con la dirección del PP de Valencia para financiar las campañas locales, autonómicas y generales en aquel bienio, parecen sustanciar de manera casi irrefutable las acusaciones de Fiscalía y Acusación Particular. Mala noticia judicial, otra, para el PP.

Un modo de actuar, muchas cajas B

Como adelantamos recientemente también en ELPLURAL.COM, ya se conocen el calendario y el orden de declaraciones para este nuevo macrojuicio, que se celebrará también en las salas de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, de manera paralela y a escasos metros a la vista de la pieza principal, el caso Gürtel 1999-2005.

Los acusados en este caso se agrupan en tres grandes bloques que deben testificar entre los días 13 y 15 de marzo. Esos grupos son por un lado los nueve empresarios a los que hacemos referencia. Por otro, los miembros de la propia trama Gürtel, de manera muy significada el principal responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, pero también los imputados habituales, desde Correa al blanqueador Ramón Blanco Balín. Y un tercer grupo, cuyas confesiones también pueden producir olas altas, de los antiguos dirigentes del PP de Camps, muy especialmente Ricardo Costa, entonces número dos del partido, y que en su momento ya pidió que se tomara testimonio en este caso a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, para demostrar que su comportamiento no hacía sino seguir las pautas habituales en las campañas del PP.

en su momento, ante el juez Pablo Ruz, repitió hasta la saciedad el propio Luis Bárcenas, que explicó cómo las cajas B del PP funcionaban de manera generalizada y con un modus operandi similar a nivel local, autonómico y nacional. Es decir, y esto es lo que vienen a reconocer los empresarios valencianos, la trama Gürtel se ponía en contacto con empresarios, que aportaban dinero a cambio de concesiones públicas, con las que se pagaban gastos y campañas del Partido Popular.

El agujero del dinero negro

En el caso de Valencia, por ejemplo, la fiscalía en su escrito apunta cómo durante “los procesos electorales de 2007 y 2008, la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL (organizadora de los eventos) y por el Partido Popular en Valencia fue 175.000€”, mientras que los servicios prestados, según consta en las investigaciones fueron muy superiores.

Dice la fiscalía que las cantidades “que con motivo de las elecciones de 2007 no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria son, al menos, las siguientes: en las elecciones autonómica, 1.155.231,43€; en las elecciones municipales: 78.878,33€”. Cantidades a las que hay que añadir “los servicios prestados por Orange Market SL con motivo de las elecciones de 2008, que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria (y que) son al menos 801.810,56€”. Es decir, más de 2.035.000€, de los que sólo se legalizaron esos 175.000€.

El problema añadido para el PP, y desde luego para los procesados del PP y de la trama Gürtel en estas y otras causas, es que los empresarios están cantando de manera ya generalizada. Como informamos en su momento, también un constructor de Boadilla del Monte, Alfonso García-Pozuelo, y el gran amigo de Alejandro Agag, el empresario y blanqueador, Jacobo Gordon, reconocieron comportamientos similares en lo referido a las relaciones entre el clan de Paco Correa y el PP madrileño.