Franco no murió en la cama

Jordi Barbeta 
Barcelona. Jueves, 7 de marzo de 2019
3 minutos

Todo el mundo se asusta por la irrupción de un partido de extrema derecha como Vox en la política española con capacidad de determinar mayorías de gobierno, pero la infiltración de personajes nostálgicos de la dictadura en las instituciones es un fenómeno que viene de lejos. Los principales testigos que intervienen en el juicio del procés dispuestos a alimentar las tesis de la fiscalía son un ejemplo paradigmático.

El coronel Diego López de los Cobos, hijo de una familia vinculada al partido fascista Fuerza Nueva, era muy joven cuando se presentó como voluntario en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla (Murcia) para ponerse al servicio de Tejero y los golpistas del 23-F. El año 2013, el general Ángel Gozalo, siendo jefe de la Guardia Civil en Catalunya, participó activamente en un homenaje a la Hermandad de Excombatientes de la División Azul, la unidad militar franquista que apoyó al ejército de Hitler en el frente ruso. El acto se celebró en la Comandancia de Sant Andreu de la Barca y entre los diplomados figuraban falangistas uniformados. Ha trascendido que Montserrat del Toro, la secretaria judicial del juzgado número 13, es seguidora de páginas web de la extrema derecha y de Ciudadanos. Como ha dejado claro el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, la ideología de los testigos no puede ser tenida en cuenta porque no forma parte de los hechos.

La gran paradoja es que en España se han erigido en defensores fundamentalistas de la Constitución gentes que la combatieron, la votaron en contra o que defienden posiciones absolutamente contrarias al espíritu con que se elaboró la Carta Magna del 78.

La gran paradoja es que en España se han erigido en defensores fundamentalistas de la Constitución gentes que la combatieron

La principal referencia de ello es José María Aznar, que no tuvo ningún inconveniente en hacer público su voto negativo a la Constitución y cuando accedió al poder anunció una "segunda Transición", que consistió en centrar todos sus esfuerzos en reinterpretar el texto del 78 para limitar derechos y restringir libertades en nombre de un supuesto constitucionalismo de carácter hermético que tergiversaba y pervertía las ansias democráticas con las que los españoles votaron hace 40 años. La tarea continuó después con Mariano Rajoy, no sólo con leyes, tales como la "ley mordaza". También y sobre todo con la ocupación ideológica de las instituciones y muy especialmente de los tribunales. Se apoderaron del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y situaron jueces afines en puestos clave. El caso más escandaloso fue precisamente el ascenso a magistrado del Constitucional ―y luego presidente― a Francisco Pérez de los Cobos, hermano de Diego, que para acceder al tribunal ocultó su militancia en el Partido Popular, cuando la propia Constitución lo prohíbe taxativamente. Carlos Lesmes fue promovido a la presidencia del Tribunal Supremo después de ocupar cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aznar.

Más allá de la causa general contra el independentismo catalán, las sentencias de La Manada, del caso Altsasu, las condenas a cantantes, actores y titiriteros forman parte de la evidente involución antidemocrática del Estado. Ni con la exhumación de los restos de Franco se sale el Gobierno de Pedro Sánchez. La Fundación dedicada a glorificar la figura del dictador ya sabe a dónde debe dirigirse para detener la iniciativa socialista. José Yusty Bastarreche es el magistrado que ha suspendido la exhumación. Hijo y nieto de militares franquistas condecorados, defiende el escudo del águila como el auténticamente constitucional y considera las iniciativas de la memoria histórica fruto del “el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil”. Yusty tiene razón en una cosa. Vencieron. Ganaron y ejercen la victoria, porque lo cierto es que Franco no murió en la cama.

Procés soberanista

El Nacional