DANIEL PONCE ALEGRE - 25 DICIEMBRE 2020
La Demanda Criminal interpuesta contra el cargo electo del Gobierno de España, para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y funcionario de la Administración General del Estado, del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado - Grupo A1, D. Fernando Simón Soria por Genocidio y Crímenes contra la Humanidad es mucho más que la exigencia de responsabilidades civiles y penales contra una persona en el desempeño de sus funciones públicas.
Esta Demanda implica una valoración, moral, civil y penal, de la Gestión Pública de una “Crisis Sanitaria” por parte de cada uno de los miembros implicados del Gobierno Globalista y Social-Comunista de España, desde el inmediato superior de Soria, el Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, hasta el superior de éste, el Vicepresidente Social, D. Pablo Iglesias, y el jefe de todos ellos, el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez; y de forma indirecta o colegiada, pero no menos importante (habrá que determinar la responsabilidad civil y penal, como se valora en los colaboradores necesarios de los delitos o de los Golpes de Estado) del resto de ministros y también de los medios de comunicación, destacando las televisiones públicas (TVE y las autonómicas) y las privadas, con una especial consideración a determinados “presentadores estrella” que muy bien pagados por lobistas como George Soros (testaferro de la familia Rothschild) han ejercido el papel de colaboracionistas en la histeria o en la condescendencia de la sociedad con todas las medidas inhumanas aplicadas.
La Denuncia ha sido posible, y real a pesar del ocultamiento de los grandes Medios de Comunicación audiovisuales y escritos (aunque no de todos como por ejemplo este prestigioso Digital, El Correo de España, “La Voz” de César Vidal u otros Digitales más modestos, pero igualmente honorables y veraces) y está a la espera de Abogado.
Decenas de miles de personas ingresadas en Residencias para mayores u hospitales, dependientes del Vicepresidente Social del Gobierno de España, D. Pablo Iglesias, que también es Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (ministerio puramente globalista para la implantación del llamado Nuevo Orden Mundial, la Nueva Normalidad o el Plan Kalergi y en la que la población ha de ser reducida 2/3, y de manera muy especial la de las naciones occidentales) y del Ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, fueron torturadas física (por las condiciones de saturación, hacinamiento y administración de “tratamientos”) y psicológicamente (por el aislamiento social, reclusión, confinamientos e imposibilidad de visitas de amigos y familiares) antes de morir, no por COVID-19 sino “con” o en muchos casos ni siquiera en esas causas, sino por las condiciones antes mencionadas que fueron aplicadas por un inexistente Comité de Expertos del Gobierno que en realidad era el propio Soria, Illa, Iglesias, Sánchez y el resto del Gobierno implicado que además han estado sometiendo a gran parte de la población a una prueba que no es diagnóstica, la PCR, como dejó claro su creador, el Premio Nóbel de Bioquímica, Karry Mullys, y que les ha repercutido muy grandes beneficios (al igual que el IVA de las mascarillas) en especial al parecer al Ministro Ábalos.
Además de lo expuesto en el párrafo precedente debemos sumar la Orden Ministerial publicada en el BOE por la que se ordenaba la prohibición de autopsias, y sólo se permitían las cremaciones, violando todos los protocolos sanitarios establecidos (algo similar a lo que sucedió en el 11M con la destrucción de los trenes y el lavado con acetona de los restos encontrados) tal y como denunció el prestigioso Médico Forense, el Dr. Cabeza.
Entre las personas que han Interpuesto la Demanda por Crímenes contra la Humanidad (que en un principio se negaron ilegalmente a admitir, alegando razones sanitarias, en el Jugado de Gandía, acabó finalmente en ese mismo Jugado por medio de la Comisaría del CNP de la misma localidad valenciana ante el Instructor 115618 y según atestado 2995/20) asesoradas, como antes hemos apuntado, por D. César Vidal, se encuentran:
- El prestigioso Investigador, Analista y Gestor Informático, D. José Ignacio Díaz Tejedo.
- El reconocido Jurista y secretario de la APET (Asociación Plataforma Elecciones Transparentes) D. Ignacio Vargas Pineda, que dio forma al borrador convirtiéndolo en denuncia, y del que hablamos en un reciente artículo de El Correo de España con motivo de la Carta Abierta al Pte. de los EEUU, Donald J. Trump, en la que la APET, con el respaldo del Movimiento Q en España (HispaniQa) mostraban su preocupación por la Injerencia (colaboración en el Fraude Electoral o Golpe de Estado, tal y como señalaron los abogados Rudi Giuliani y Sidney Powell) en el proceso electoral a través de la Empresa Estatal, INDRA y la contrata de SCYTL bajo la supervisión de la venezolana SMARTMATIC y la canadiense DOMINION, y solicitaban la intervención Penal, y Militar si fuera preciso, contra el actual Gobierno Global-Comunista, y muy probablemente Genocida, de España.
- Junto a ellos está, el también prestigioso Jurista, D. José Roberto Roca Torregrosa, y como hemos dicho, también D. César Vidal como Asesor Jurídico e Internacional desde EEUU.
De forma externa a la Interposición de la Denuncia, el mismo citado Movimiento Q en España (HispaniaQa) que respaldó a la APET en la Carta al Pte. Trump, apoya la Denuncia contra D. Fernando Simón Soria (homólogo en el Cargo del Dr. Fauci, Dir. de los CDC o Centros de Control de Enfermedades) y desea que todo el peso de la Justicia caiga sobre todos ellos, como cayó antes sobre otros en la Corte Penal Internacional de La Haya. Desde El Correo de España también lo deseamos y, Dios mediante, seguiremos informando.
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