Los ilegales mienten con su edad y se hacen pasar por menas

Menas en Canarias. Redes sociales

• septiembre 7, 2025

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias adelantada por el usuario @CanaroToday ha confirmado cómo los inmigrantes ilegales mienten sobre su edad para hacerse pasar por menores extranjeros no acompañados (menas), con el fin de acceder a la red pública de acogida y evitar la expulsión.

El fallo afecta al marroquí Said Rifki, que llegó en patera a Canarias y, pese a ser mayor de edad, se declaró menor. Gracias a esa falsedad pudo beneficiarse de los recursos reservados a los menas, como tutela institucional, asistencia social y escolarización, derechos a los que no hubiera accedido de haber reconocido su edad real.

La justicia señala que Rifki permaneció bajo tutela hasta que solicitó autorización de residencia como menor extutelado. Sin embargo, cuando finalmente aportó un pasaporte emitido por Marruecos quedó demostrado que ya era mayor de edad en el momento de su llegada. Ese documento probaba que había engañado deliberadamente al sistema durante años.

El TSJ de Canarias revocó la decisión de primera instancia que había anulado su expulsión y ordenó la salida obligatoria de España con prohibición de entrada durante tres años. En la resolución, los magistrados subrayan que el recurrente no sólo entró de manera irregular por un punto no habilitado —en patera y sin documentación—, sino que también falseó su edad para acogerse a un régimen de protección reservado a menores.

Además, la sentencia recuerda que incumplió una orden previa de salida notificada en marzo de 2022, y que llegó a ser detenido en Telde en julio de 2023 sin haber abandonado el país, lo que refuerza la decisión de su expulsión.

Este caso, según refleja la propia resolución, pone de manifiesto una práctica cada vez más común: declarar una edad falsa para beneficiarse de los programas de protección social destinados a menores inmigrantes no acompañados. Una estrategia que, como advierte el fallo, distorsiona los limitados recursos públicos y retrasa los procedimientos de expulsión de quienes entran en España de forma irregular.

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