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Indonesia enfrenta una ola de protestas sin precedentes tras revelarse que los 580 legisladores del país aumentaron sus sueldos a 50 millones de rupias mensuales (≈3,000 USD), diez veces más que el salario mínimo.
La medida generó indignación en una población afectada por el desempleo y los altos costos de vida, lo que motivó que miles de ciudadanos salieran a las calles en distintas provincias exigiendo transparencia y justicia económica.
La violencia escaló especialmente en la provincia de Makassar, donde manifestantes incendiaron el Congreso regional, dejando al menos tres muertos y varios heridos, y atacaron viviendas de legisladores y edificios gubernamentales en Surabaya y Bandung.
El descontento se intensificó tras la muerte de Affan Kurniawan, un joven atropellado por un vehículo policial durante las protestas, y por la imagen de diputados bailando durante el receso antes de aprobar el aumento salarial, extendiendo las manifestaciones a 32 de las 38 provincias del país.
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