Estado catalán: ¿la Tercera República?

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per Adrià Belenguer Sòria
Hoy en día, España se encuentra en uno de los momentos más inciertos de su larga trayectoria como Estado. La posible segregación territorial, la corrupción, el papel de una monarquía cada día más deteriorada y el control de la economía por agentes económicos internacionales marcarán el rumbo de los Estados más longevos del mundo. El contexto extraordinario que se vive España es fruto del déficit democrático por el cual se han regido las políticas de Estado en este país; marcado además por una tradición de monarquías absolutas y de catolicismo retrógrado aún no superada totalmente después de una dictadura de 40 años y un posterior proceso de amnesia colectiva.

La necesidad de una reforma agraria que acabara con el control de los terratenientes sobre los latifundios, la nula inversión en la modernización de la industria y de la agricultura, los históricos privilegios de los que gozan las élites económicas y políticas, así como el rechazo de la diversidad nacional como riqueza sociocultural por parte del imperialismo castellano son, entre otros, los principales motivos de descontento y desafección ciudadana. Esto lleva inexorablemente a pensar en un cambio de paradigma.

Cambio: sí o sí

España está predeterminada al cambio: el actual sistema político y económico no aguantará mucho más los envites de una sociedad cada día más movilizada contra las consecuencias de una crisis económica que ha dejado a la ciudadanía desprotegida.

 Una de las tasas de paro más altas de Europa, una juventud formada sin esperanza de futuro, que se ve obligada a buscar oportunidades en el extranjero; los desahucios, el incremento del índice de población en riesgo de exclusión social y pobreza o el aumento de la desigualdad entre los más ricos y pobres son sólo algunos de los resultados de las políticas elitistas y oligárquicas que han implantado los gobiernos de PSOE y PP. Estos ejecutivos se han dedicado a proteger a la banca, a la gran empresa y al capital financiero dejando en un segundo plano las necesidades del pueblo, que en teoría, sólo en teoría, es el titular de la soberanía.

Así, el gobierno actual no sólo debe lidiar con la crisis socioeconómica que está eliminando la clase media, sino que una de las Comunidades Autónomas con mayor PIB per cápita (Cataluña), se encuentra en un proceso bottom-up reclamando el derecho a la autodeterminación. España ha tenido la posibilidad histórica de demostrar al mundo y a sí misma que existe algo más allá del Estado-nación. La existencia de diferentes pueblos, lenguas, culturas y tradiciones es una fuente inagotable de riqueza. La diversidad debería generar sinergias y oportunidades para desarrollar un camino común hacía un mayor bienestar general. Sin embargo, el centralismo castellano ha tenido por objetivo imponerse a los otros pueblos y culturas en todo el territorio intentando homogeneizar la sociedad, siguiendo el modelo de gobernanza francés.

Sin democracia no hay futuro
España debe entender que necesita renegociar el modelo de Estado, repensar el proyecto común de convivencia. Para ello, es necesario modificar la Constitución, que no debería ser una ley rígida sino que debería estar sujeta a un régimen de reforma mucho más flexible. El panorama actual difiere en gran medida del de 1978, donde ya no existe la amenaza de un segundo advenimiento de la dictadura. Además, ha habido un cambio generacional, de forma que parte de los posibles votantes de una reforma constitucional nacieron y han vivido toda su vida en democracia. Y esta población requiere de un marco político que se adecue a las necesidades relativas su época, el siglo XXI.
Pero el actual gobierno del Partido Popular tiene miedo al cambio. En vez de concebirlo como una oportunidad para avanzar, entiende que cabe comenzar un proceso de regresión que lleve, entre otras cosas, a una concepción más centralizada del Estado. Leyes aprobadas en la actual legislatura como la ley Wert, el proyecto de ley sobre la reforma de la actual ley del aborto y la ley sobre seguridad ciudadana son solo unas muestras de la nostalgia del franquismo que se respira en las acciones del gobierno Rajoy.

El Estado catalán como alternativa al actual modelo político
La independencia de un territorio per se no conlleva ningún beneficio directo a su ciudadanía. Es más, a corto y a medio plazo implica un período de inestabilidad institucional, durante el cual se debe diseñar un nuevo Estado, un nuevo marco político y, a la vez, establecer nuevas relaciones internacionales, mientras se lidia con los problemas del día a día del Estado.
 Hoy en día, para los catalanes independentistas y federalistas, la autodeterminación supone una oportunidad para poder cambiar el actual régimen político y el modelo de Estado. Porque independencia significa tener soberanía y capacidad de elección. Un Estado independiente es aquél en el que sus ciudadanos son soberanos del poder político y económico, que pueden elegir el rumbo que seguirá su país.

 Por contra, si el Estado catalán resultante se rige por políticas neoliberales y antisociales, el nuevo proyecto puede resultar un gran fracaso para la ciudadanía catalana, que perderá sus derechos económicos y sociales delante de los grandes intereses económicos globales.

Cataluña tiene una magnífica oportunidad para crear un Estado tomando como referencia los valores de la II República española y actualizarlos para el siglo XXI. Un Estado que prime la justicia social y la igualdad de oportunidades por encima de los beneficios económicos. Un verdadero Estado social y de derecho en el que todos los ciudadanos tengan salarios y pensiones dignas y donde haya un reparto justo del trabajo.
 ¿Podrá España ser reformada? ¿Será el Estado catalán la III República que los federalistas soñamos? Cabe esperar mucha resistencia, pero ante nosotros se abre una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar.