protestas en el mayor centro de refugiados de Bulgaria

25 de octubre de 2016

Unos 300 refugiados que se encuentran en el mayor centro de recepción búlgaro, cerca de la frontera con Turquía, se manifestaron este lunes por las malas condiciones de vida y reclamaron la posibilidad de seguir su camino hacia el oeste de Europa, informaron medios locales.

El portal de noticias búlgaro 24 Chassa informó que la protesta ocurrió en una antigua base del Ejercito búlgaro en Harmanli, a 50 kilómetros de la frontera, reconvertida en centro para 3.200 personas, la mitad, afganas, y concluyó horas después sin incidentes violentos, aunque hubo una masiva presencia policial.

Iliana Savova, portavoz de la ONG búlgara Comité de Helsinki, sostuvo que los refugiados no quieren estar retenidos en Bulgaria contra su voluntad y reclaman poder salir hacia Serbia y, desde allí, hacia Europa occidental, informó la agencia de noticias EFE.

Savova agregó que los refugiados solicitaron asilo político en Bulgaria y hasta que no se decida sobre su petición no pueden abandonar las precarias instalaciones, que ya recibieron las críticas de varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

En lo que va del año, más de 16.000 personas fueron interceptadas y quedaron bloqueadas en Bulgaria tras cruzar la frontera, sobre todo desde Turquía, según datos del Ministerio del Interior búlgaro.

La mayoría son de Afganistán, seguidos de refugiados de las guerras de Irak y Siria. La semana pasada, la policía interceptó a 417 inmigrantes, un numero menor a otras semanas debido a la bajada de las temperaturas y las lluvias otoñales.

Bulgaria reforzó el control de los migrantes que, junto con un aumento de la vigilancia en la frontera serbia, complicó el tránsito en el país.

El viernes pasado, la ministra del Interior, Rumiana Bachvarova, anunció la construcción de tres nuevos campamentos en la frontera con Turquía.

Telam

¿Puede un comunista ser profesor de Universidad en Alemania?

25 de octubre de 2016

Kerem Schamberger ha estudiado comunicación en la Universidad Ludwig Maximilian (LMU) y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre. 

En Alemania, los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un contrato laboral que incluye una parte de investigación y otra de docencia en la Universidad en la que se desarrolla.

El joven, de 30 años, no ha podido comenzar aún su relación laboral con dicha institución porque según un decreto que data de 1972 todos los funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser controladas por el Estado frente a su posible radicalismo, para lo cual deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán interno (lo que vendría a ser el CNI español).

La razón es que Schamberger no solo es comunista, sino que además es portavoz del partido comunista alemán DKP en Múnich. A pesar de que es un partido legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.

La Universidad conocía la norma y la posición de Kerem en el partido comunista, por lo que pidió a las autoridades dicho consentimiento ya en julio. Sin embargo, este organismo aún no se ha pronunciado sobre la fiabilidad ideológica de Schamberger, con lo cual no ha podido comenzar a trabajar hasta el momento. Según el profesor Michael Meyen, que lleva la tesis de Kerem, en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, éste ha sido un alumno excelente y asegura que tiene interés en contratarle “no porque sea comunista, ni tampoco a pesar de ello”.

Para Kerem, se trata de una exclusión práctica de la función docente para los comunistas. Y ello supondría un hecho anticonstitucional, ya que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.

Schamberger asegura a este diario que de esta forma “se demoniza a los comunistas”, y explica que esta medida sirve como forma de intimidación: “Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el sector público”, asegura.

Schamberger explica además que en los últimos días, desde que se hizo pública la noticia, ha recibido numerosas muestras de solidaridad, desde los partidos políticos socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke), así como de los sindicatos.

Herta Däubler-Gmelin, abogada de Kerem y ministra de Justicia entre 1998 y 2002– ha declarado al Süddeutsche que la actuación del servicio de protección a la Constitución “seguramente no es legal”. A raíz del suceso, se debatirá en el parlamento regional de Baviera la idoneidad de dicha ley, creada en el contexto de la guerra fría.

Las autoridades han comunicado a la prensa que no se pueden dar a conocer datos del caso por cuestiones de privacidad del afectado, así como que en ocasiones se tarda más tiempo en recibir una respuesta a este tipo de consultas porque hay que “comprobar todos los hechos”.

Esta no es la primera vez que Kerem Schamberger se ve en apuros por sus ideas políticas. En 2014 el Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta bancaria, como se contó en este medio. Kerem veía detrás de esta acción asimismo una motivación política y cómo no pudo hacer nada para impedirla.

Limpieza ideológica de facto

El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. En dicha ley se especifica que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un requisito para poder trabajar en el sector público. Pertenecer a una organización catalogada por el servicio secreto interno alemán como peligrosa para dicho orden era excluyente de la función pública.

Ya en los 50 y 60 algunos candidatos a funcionarios fueron rechazados, pero a partir de entonces se mencionaba dicho requisito explícitamente. La guerra fría no solo continuaba su curso, sino que se acentuaba. De ahí que el Estado alemán pretendiese de ese modo acabar con todo tipo de influencia de su enemigo comunista en el interior del Estado.

La prohibición de ejercer una profesión pública por motivos políticos afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar por ejemplo como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones se accedía únicamente a través del empleo público. Desde que la ley se creó hasta 1991 alrededor de 1,4 millones de personas tuvieron que pasar por dicho proceso de control.

Esta praxis fue muy criticada en el interior de Alemania, así como en el exterior. En Francia por ejemplo François Mitterrand, el entonces presidente del partido socialista, se opuso a dicha ley. Las personas afectadas por el decreto continúan aún hoy reclamando una reparación y rehabilitación de su función pública.

Después de la caída del muro de Berlín, en el este de Alemania hubo una auténtica limpieza en el profesorado, desde infantil a universitario. Cientos de profesores fueron despedidos por su relación con el comunismo. Muchos investigadores se marcharon al extranjero a otras universidades, otros se reciclaron en la empresa privada con otras profesiones. La democracia de mercado de la Alemania reunificada demostraba en aquel momento muy poca flexibilidad.

Aunque la legislación continúa vigente, en cada Estado alemán se aplica de forma diferente. Por una parte existe la autocensura de la que hablaba Kerem Schamberger más arriba, en el sentido de que las personas que ya saben desde muy pronto que quieren dedicarse a la función pública no suelen formar parte oficial en organizaciones vigiladas. Por otro lado, la justicia ha ido dando la razón en parte a quien se ha mostrado contrario a que siga vigente una ley creada en un contexto muy diferente al actual.

En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos al haber suspendido a una maestra por el mero hecho de pertenecer al partido comunista DKP. Dichos artículos garantizan la libertad de opinión y reunión. La maestra Dorothea Voigt recuperó su empleo y el Estado alemán fue condenado a pagar una multa.

En 2004 el profesor de instituto Michael Csaszkóczy fue suspendido de la función pública por sus actividades como activista antifascista. A pesar de no haber sido condenado por crimen alguno, durante 25 años el servicio secreto le tuvo sometido a vigilancia y en 2004 le despidieron por formar parte de la comitiva de la asociación Rote Hilfe, que se encarga de ofrecer ayuda jurídica a activistas cuando se encuentran con problemas legales.

En 2007 Csaszkóczy ganó un juicio y volvió a su puesto como profesor. Seguramente Kerem conseguirá su puesto en la Universidad, pero el tufillo a guerra fría y a las dos Alemanias no ha desaparecido del todo en el país.

Carmela Negrete | El Diario