Asistimos al espectáculo más sorprendente en la historia de las democracias, una acontecimiento que pasará a los anales de patología electoral. España prohíbe unas votaciones y, por lo tanto, no habrá votaciones. Es imposible que las haya porque está prohibido, algo que no pasa ni con la marihuana. El referéndum catalán no sólo es un delito sino una paranoia.
“Haremos todo lo que sea necesario y pertinente para impedir el referéndum”, ha dicho Rajoy al anunciar las medidas que ha tomado el gobierno para anular la consulta independentista. El ejecutivo trabaja en dos frentes complementarios: el judicial y el policial. En este segundo se incluye una operación para intentar conocer dónde se encuentran las urnas y las papeletas que se van a intentar utilizar para el 1 de octubre.
Uno de los objetivos del gobierno central es tratar de localizar los instrumentos necesarios para poder celebrar el referéndum. El propio Carles Puigdemont reconoció hace unos días que tenían listas más de 6.000 urnas y se sospecha, además, que en algún lugar se tendrán que imprimir (si no se ha hecho ya) las papeletas necesarias para la jornada de votación. Moncloa sabe que si consiguen dar con su localización los independentistas tendrán un problema añadido para cumplir su amenaza de votar el día 1 de octubre.
Los servicios de información están investigando dónde se encuentran esas urnas y esas papeletas, si es que ya se han impreso o se piensan imprimir en los próximos días. En la operación trabajan agentes de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y del Centro Nacional de Inteligencia, que tienen orden de comunicar a sus superiores cualquier actividad relacionada con la organización del referéndum.
El propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, anunció que ha impartido instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) investiguen cualquier actuación relacionada con el referéndum “al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”.
“Haremos todo lo que sea necesario y pertinente para impedir el referéndum”, ha dicho Rajoy al anunciar las medidas que ha tomado el gobierno para anular la consulta independentista. El ejecutivo trabaja en dos frentes complementarios: el judicial y el policial. En este segundo se incluye una operación para intentar conocer dónde se encuentran las urnas y las papeletas que se van a intentar utilizar para el 1 de octubre.
Uno de los objetivos del gobierno central es tratar de localizar los instrumentos necesarios para poder celebrar el referéndum. El propio Carles Puigdemont reconoció hace unos días que tenían listas más de 6.000 urnas y se sospecha, además, que en algún lugar se tendrán que imprimir (si no se ha hecho ya) las papeletas necesarias para la jornada de votación. Moncloa sabe que si consiguen dar con su localización los independentistas tendrán un problema añadido para cumplir su amenaza de votar el día 1 de octubre.
Los servicios de información están investigando dónde se encuentran esas urnas y esas papeletas, si es que ya se han impreso o se piensan imprimir en los próximos días. En la operación trabajan agentes de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y del Centro Nacional de Inteligencia, que tienen orden de comunicar a sus superiores cualquier actividad relacionada con la organización del referéndum.
El propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, anunció que ha impartido instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) investiguen cualquier actuación relacionada con el referéndum “al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”.
El Ministerio del Interior tiene diseñado un dispositivo en el que se contempla un despliegue especial con más de 2.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil concretado en tres fases. La primera es incrementar la seguridad en aquellos edificios del Estado en Cataluña con la excusa de que pueden ser atacados u ocupados por radicales. La segunda supone la retirada de urnas y el cierre, llegado el caso, de centros públicos convertidos en colegios electorales. La tercera y última será la presencia en las calles de unidades antidisturbios para contener posibles manifestaciones públicas o acampadas en las calles.
El gobierno pretende con esta investigación interceptar las urnas antes de que sean distribuidas por los diferentes lugares de votación, evitando así escenas de tensión el mismo 1 de octubre si tienen que retirarlas y confiscarlas.
Una de las opciones que maneja el gobierno central es que Puigdemont pueda haber adquirido esas más de 6.000 urnas en China. Es desde el país asiático de donde Catalunya podría recibir miles de urnas electorales y hacerlo, además, aprovechándose de unos precios muy reducidos.
Comprar urnas de votación en China es relativamente sencillo. Cualquiera lo podría hacer desde su casa. Basta con teclear la web Alibaba y buscar “diseño hábil de la urna de acrílico para la elección”. Precio por unidad: 8,58 euros. Multiplicado por 8.000 (la cantidad que licitó la Generalitat) resultaría 68.640 euros. Una cantidad, por tanto, que quedaría muy por debajo de los 184.000 euros que licitó en un principio el gobierno autonómico.
Incluso, el citado portal chino ofrece cabinas de votación de cartón a un precio de 41,70 euros la unidad. No haría falta, en definitiva, recurrir a un concurso público ni que los poderes públicos autonómicos se comprometieran a desembolsar el dinero.
http://www.lainformacion.com/politica/Guardia-Civil-Policia-CNI-referendum-papeletas-urnas_0_1060994992.html
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