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- septiembre 20º, 2017
La situación que se está viviendo acerca del conflicto catalán ha recibido varios enfoques jurídicos y políticos muy variados y contestados por expertos y no expertos en la materia. Sin duda alguna, el análisis apenas comentado es el global, me explico.
Si tuviéramos la oportunidad de efectuar una descripción de lo que está sucediendo, mediante una cámara de fotos, aplicando con pericia el zoom, desde el lugar concreto -Catalunya- hasta alejar el objetivo y mirar cual un observador imparcial, nos daríamos cuenta de que la situación que se vive es, obviamente, excepcional.
A estas alturas, todos sabemos que la falta de diálogo político ha traído estas consecuencias. Ya da igual perderse en el origen, quién llegó antes, si el huevo o la gallina.
Los ciudadanos solo esperamos que nuestros gobernantes tomen las riendas políticas y, con ello, se esfume este delirio de represión. Por ello, entiendo que quien está llamado a resolverlo es nuestro presidente, que, no en vano, lo es de todos los españoles.
Desde que se aprobara la Ley de Referéndum en el Parlament, muchos pasos se han dado, no siendo ninguno de carácter político, según requerían las circunstancias: al problema político se le asignará una respuesta política; así mismo, ante un problema jurídico, la respuesta será la judicial.
Si acercamos el zoom, veremos que, ante los requerimientos del Tribunal Constitucional, los responsables del Govern habrían cometido delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y, quién sabe, malversación de fondos públicos.
Por eso, la Fiscalía presentó querella contra diversos y numerosos altos cargos ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.
Alejemos el zoom y veremos, de entrada, la rareza que supone que representantes políticos de millones de ciudadanos catalanes serán tratados como querellados, investigados, encausados, acusados y después, condenados.
Acerquemos de nuevo la imagen y fijémosla -ya grabada en muchas retinas- de identificaciones a periodistas, decomiso o incautación de planchas de imprenta, incautación de urnas y de millones de papeletas electorales, incursiones de la Guardia Civil en redacciones de prensa, en empresas postales -sean públicas o privadas-, cierre de páginas web, prohibición de publicar campaña electoral a los medios de comunicación.
Todo ello, claro está, en el marco de la investigación judicial que inició la querella presentada por Fiscalía. Alejemos el zoom: ante la persistencia de la falta de diálogo político, la máquina judicial se hace imparable y nos prodiga imágenes más propias de otros tiempos pasados; sin duda alguna, nuestro observador no puede evitar ver, con cierta incomodidad, que en el corazón de Europa se están llevando a cabo medidas coercitivas de marcado talante autoritario.
La imagen vuelve a acercarse: el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, es decir, de su plena y máxima confianza, emite una instrucción a los fiscales provinciales de Catalunya para que citen a declarar acompañados de sus abogados, a través de la Policía judicial, a 712 Alcaldes que públicamente han puesto a disposición del Govern los locales municipales para la realización del Referéndum.
En caso de no acudir al llamamiento, se ordenará su detención.
He aquí un marco no estrictamente judicial que invade las funciones jurisdiccionales de investigación del delito, hurtándolas al juez natural predeterminado por ley, que ya estaba investigando los mismos hechos: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Alejemos la imagen: nuestro observador aprecia una persecución contra un amplio colectivo, que representa a dos millones de ciudadanos y se ha limitado a anunciar algo que haría en un futuro, pero que aún no ha cometido.
Una auténtica anticipación al presunto hecho delictivo, ni siquiera un acto preparatorio del delito, que más se le parece a una medida preventiva contra un amplio grupo social e institucional, que a unas medidas de investigación.
De nuevo hemos acercado la imagen y vemos que el Consejo de Ministros ha aprobado in extremis la intervención de las finanzas catalanas, con el fin de evitar, nos dicen, que se empleen recursos públicos en la realización del Referéndum anunciado para el 1-O.
Alejando el zoom, nuestro observador se percata de que en una reunión de carácter administrativo se ha acordado una medida administrativa no contemplada en el Ordenamiento Jurídico.
O sí, porque el artículo 155 de la Constitución española da cabida a esta medida, pero ha sido hurtada a la deliberación y debate y decisión conjunta del Parlamento.
Por último, el objetivo enfoca al Juez titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona: lleva seis meses investigando a cargos públicos, a raíz de dos denuncias presentadas contra diversas personas por colaborar, presuntamente, en el Referéndum previsto para el 1 de octubre.
No en vano, los hechos investigados han sido calificados como desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
¿Les suena?
Sí, lo mismos delitos y hechos conexos por los que se hallan investigados numerosos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a raíz de la querella presentada por Fiscalía.
Sin embargo, lejos de inhibirse a favor del órgano superior, ha ordenado de oficio numerosos entradas y registros en sedes públicas y privadas, a personas públicas y no públicas.
Alejemos ya definitivamente la imagen: es cierto que este juez está investigando a no aforados, pero también lo es que, tratándose de hechos íntimamente conexos con los que se están investigando ante el órgano superior, debiera haberse inhibido a favor de éste, es decir, del Tribunal Superior de Justicia.
¿Qué cerilla ha prendido que ha provocado que multitud de ciudadanos se manifiesten espontáneamente reclamando el respeto de los derechos y libertades públicas?
Rajoy sigue parapetado tras las decisiones judiciales y bajo el manto de apariencia de legalidad, cuando de facto, tenemos un estado de excepción, que está socavando los derechos fundamentales previstos en nuestra democracia.
Este manto no es otro que la Constitución Española que, si bien, a muchos se nos ha quedado pequeña, lo cierto es que contiene preceptos dignos de ser respetados, precisamente en los momentos de crisis, que es cuando un Estado democrático y de Derecho se pone a prueba.
Rajoy está actuando en fraude de ley: se está amparando en la defensa de la Constitución Española justo para atacarla frontalmente, pues ésta y no otra es la deriva que estamos padeciendo en relación al obligado respeto a los derechos fundamentales.
Fraude de ley es actuar bajo el amparo de la ley, cumpliendo escrupulosamente los requisitos formales que la ley exige, para conseguir un resultado ilícito, no consentido por el ordenamiento jurídico.
Nuestro Ordenamiento Jurídico no consiente que se utilice al poder judicial para salvar un problema político ni que el Fiscal General del Estado, cual brazo ejecutor, ordene a sus subordinados que invadan la función jurisdiccional sólo reservada a los jueces.
En este resultado no consentido por nuestro ordenamiento jurídico, se ha propiciado un contexto cómodo para que algunos jueces marcadamente afines a la derecha más reaccionaria, versos sueltos de un poder judicial cada vez más depauperado y denostado, hayan actuado, con olvido de los más elementales derechos básicos.
Sin embargo, aún está por ver si esta consecuencia no consentida por nuestro marco constitucional llegará a buen puerto, pues, sin duda, lo que avistamos es una imagen maltrecha de las Instituciones que nos gobiernan y el consiguiente deterioro del Estado de Derecho.
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