Los muertos que el Gobierno oculta hasta a sus familias

Patricia Simón
La Marea


Ser informados de la defunción de sus familiares, reconocer sus cadáveres, conocer los resultados de las autopsias o disponer de los cuerpos para repatriarlos son derechos básicos a menudo vulnerados para las personas migrantes. Más grave resulta si cabe, cuando las muertes se producen bajo la tutela del Estado



Tras cinco días en Melilla, Abdelghafar por fin ha podido ver cuerpo de su hijo. Llegó el viernes a la Ciudad Autónoma desde Casablanca tras una llamada de un miembro de la ONG Prodein que, ante la dejación de funciones del gobierno local, le comunicó su fallecimiento. Soufiane, 17 años, había aparecido muerto el día anterior en su cama en el centro de menores Gota de Leche. Vivía allí desde el 26 de diciembre, cuando recibió el alta médica después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos del camión en el que intentaba colarse en el ferry que debía traerle a la Península. Soufiane apenas llevaba dos meses en Melilla, adonde había llegado tras escaparse de su casa para dejar de ser una carga para la familia y poder buscarse un futuro mejor en Europa desde donde ayudarles, según nos cuenta su representante legal.
Tras cuatro días solo en la Ciudad Autónoma sin que nadie de un organismo oficial le atendiese o informase de la situación de su descendiente, a Abdelghafar ayer se le unieron la madre, Soumia, y su otro hijo, llegados también desde Casablanca. Junto a su abogada, intentaron reunirse con el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, o algún representante del organismo responsable del menor. Nadie les atendió. En el juzgado, donde pidieron que se les permitiese cumplir con su derecho a reconocer el cadáver, les pidieron una traducción jurada de sus necua (el documento nacional de identificación marroquí) y de su libro de familia. “Es absurdo, porque se ve perfectamente que el apellido del padre coincide con el del niño y que se corresponde con la fotografía de la necua”, nos decía ayer la abogada. “También están poniendo como excusa que no se puede ver a Soufiane hasta que no estén los resultados de la autopsia, cuando eso no es legal. El reconocimiento se puede hacer antes, durante y después de la autopsia. Ya está amortajado”.
En todo este tiempo, ningún organismo oficial les había comunicado la defunción de Soufiane a su familia, a lo que hay que sumar la gravedad de las declaraciones realizadas por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, por Twitter el sábado, cuando se hizo público que Prodein había llamado a los padres: “ O sea q este menor tiene padres y han aparecido ahora o Palazón sabía q existían y tenía contacto con ellos? Para la administración familia no tenía y por ello estaba acogido” [sic].
Como explica la representante legal de la familia de Soufiane, el consejero “confunde desamparo con orfandad. Cualquier menor que entra solo en otro país está en desamparo y queda automáticamente bajo la tutela de la Administración local, como marca la Ley de Protección del Menor. Me preocupa muchísimo que se haga este tipo de declaraciones porque supone la interpretación de la norma al gusto del consumidor”, sostiene. Unas declaraciones que también han sido criticadas por Patricia Fernández Vicens, abogada del colectivo Coordinadora de Barrios y experta en temas de extranjería de menores. “Todos los niños y niñas tutelados tienen padres. Obviamente. Es la diferencia entre un niño en desamparo y un niño huérfano. Padres que no pueden cuidar de ellos. Pero que les quieren y sufren. Usted debería saberlo. Es su responsabilidad”, escribía en su cuenta de Twitter.
En la misma Consejería, ayer por la mañana los padres y el hermano de Soufiane se cruzaron con Mamadou Barry, tío del joven con el mismo nombre –también de 17 años– que murió hace dos semanas en la UCI del Hospital Comarcal. Originario de Guinea Conakry, fue hospitalizado el 24 de noviembre después de que sufriera varias paradas cardiorrespiratorias durante una pelea en el centro de menores infractores de la Ciudad Autónoma.
Mamadou pasó más de 20 días en coma antes de morir el 22 de diciembre. De nuevo, ninguna comunicación oficial a su familia, ni ninguna gestión para facilitar el reconocimiento del cuerpo. Ayer, tras viajar desde Almería, donde vive, Mamadou Barry se dirigió a la Consejería de Bienestar Social para recibir algún tipo de información sobre lo ocurrido con su sobrino y tener así algo que decirle a sus padres, que no pararon de llamarle durante toda la mañana desde Guinea Conakry. Acompañado por José Palazón, de la ONG local Prodein, pidieron hasta en ocho ocasiones que algún responsable les atendiera. No fue hasta que solicitaron un documento en el que poner una queja por la supuesta ausencia de todos los responsables citados, que un director general les atendió. “Nos dijo que si hasta jugadores de fútbol mueren de repente, por qué no iba a hacerlo su sobrino por la tensión en una pelea”, expone Palazón.
“No entiendo nada. Cómo es posible que en Europa, con todos los avances que hay, no me digan nada sobre cómo ha muerto mi sobrino. No sé que voy a decirle a sus padres. ¿Cómo te vas a pelear y te vas a morir de los nervios?”. Tras un silencio por teléfono en el que se intuye el llanto de Mamadou, continúa: “Yo estuve en su bautizo, en 2001”, añade. La familia desea repatriar su cadáver, una gestión que puede superar los 6.000 euros, una cifra que difícilmente podrían asumir. En cualquier caso, para ello, primero tendrían que poder reconocerlo.
La muerte de Budalbala en la cárcel CIE de Archidona
A menos de 300 kilómetros, la semana pasada vivió una situación parecida el hermano de Mohammed Budalbala, fallecido en la cárcel ilegal de Archidona (Málaga) donde fue encerrado tras llegar en patera a España procedente de Argelia en noviembre. Como bien ha contado el equipo de Entrefronteras en La Marea, mientras que la versión oficial sostiene que se suicidó, su hermano lo niega y pide una investigación inmediata e independiente.
Desde que Ahmed Budalbala llegó a Archidona el 31 de diciembre, dos días después de que su hermano apareciese muerto –de lo que fue informado por otro familiar internado en la prisión–, hasta que pudo ver sus restos el 5 de diciembre, pasaron seis días. Según su abogada, Amanda Romero, se sumaron distintos factores. Por las fiestas, el juzgado de jurisdicción única de Archidona -que está saturado, según reconoce Romero–, no contaba con personal suficiente por las vacaciones hasta el día 2 de enero. Esa jornada la dedicaron a gestiones notariales para acreditarla como representante legal.
El 3 de enero Ahmed Budalbala se dirigió al Instituto Médico Forense de Málaga, donde le dijeron que necesitaba el mandamiento judicial. “Me consta, porque ha ocurrido en otros casos que he llevado, que siendo preceptivo, cuando eso ocurre con familias de aquí en los que no había agravantes, el Instituto Médico Forense no les ha requerido ese mandamiento judicial y sí les ha permitido ver el cadáver”, explica Romero.
De esta manera llegamos al día 4, en el que el juzgado no remitió el mandamiento hasta las dos y media de la tarde, hora de cierre de la morgue. “Es verdad que están sobrecargados de trabajo, pero también que no lo priorizaron, como sí priorizaron archivar el caso de la muerte de Mohammed”. Archivo que, como  ha contado La Marea, ha sido recurrido por la familia de Mohamed Budalbala con numerosos y pesados argumentos: No hay informe final de la autopsia aún, sino el estudio preliminar que recoge sólo la causa de la muerte, no de sus posibles detonantes; no se ha realizado ningún tipo de investigación judicial, sólo se ha valorado la policial en la que se recoge la declaración de los policías implicados; el juez no se ha planteado siquiera que los testigos, los otros afectados, puedan tener una versión que escuchar.
Entre otros, algunos vídeos grabados por los propios inmigrantes –todos ellos encarcelados directamente tras su llegada a las costas murcianas– muestran a antidisturbios agrediéndoles dentro de las instalaciones en los días previos a su muerte.
“Nos genera indignación que no se guarden siquiera ciertas formas. [La causa] se archivó el mismo día en el que tuvimos acceso al auto. Ha habido una precipitación absoluta”, sostiene Romero. “Propusimos la detención de las deportaciones porque podía haber testigos oculares. Además, incluso en el caso de que se confirmase que hubiese sido un suicidio -lo digo con toda la precaución- eso no significa que no pueda haber responsabilidades penales, porque estaba bajo custodia policial y podría haber muchas circunstancias que habría que investigar. Además, el hecho de que Archidona haya sido objeto de numerosas denuncias por parte de ONGs pero también de organismos como el Defensor del Pueblo Español, aumenta si cabe el celo que habría que guardar a la hora de investigar. Más cuando se han evidenciado numerosas ilegalidades como la existencia de menores en el centro o las irregularidades con las que se puso en marcha”.
Irregularidades que fueron definidas por el juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, en una entrevista publicada en Ctxt.es, como “fraude de ley puesto que con la legislación española vigente no se puede meter en ninguna cárcel, con independencia de cómo estén sus instalaciones, a las personas inmigrantes en situación irregular. Lo único que autorizó el Tribunal Supremo es que, en base al reglamento de los CIE, en casos de urgente necesidad se pudiera alojar provisionalmente a los inmigrantes en centros que tuvieran las condiciones íntegras similares a un CIE. Y eso significa que tuvieran los mismos derechos y servicios de tipo asistencial, de ocio, servicio médico, de tramitación de solicitudes de asilo, de servicios de asistencia jurídica, de visitas y control de la situación por parte de un juez de control… Y en Archidona no los tienen. Además no se ha justificado la necesidad, puesto que los habrían podido repartirlos por los distintos CIE del Estado”.
De hecho, el auto de internamiento por el que una jueza de Lorca (Murcia) ordenaba el internamiento de Mohammed Budalbala –a requerimiento de la Policía–, lo destinaba a un supuesto “Centro Temporal de Inmigrantes” (una figura que no existe legalmente) “dependiente del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga”, que tampoco existe puesto que fue clausurado en 2012.
Es en este contexto en el que Ahmed Budalbala no consiguió ver los restos de su hermano hasta el 5 de enero, seis días después de su llegada a Archidona y tras sortear numerosos obstáculos contrarios al ius sepulchri, el reconocimiento del derecho de la familia a ver y a enterrar el cadáver de un ser querido, recogido en el artículo 16 de la Constitución Española y corroborado por la Convención Europea de Derechos Humanos.
Un atropello que ya sufrieron los familiares de los 15 hombres que murieron entre disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil cuando intentaban llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal en 2014. El Gobierno español les denegó los visados necesarios para viajar a España y poder reconocer así sus cuerpos y repatriarlos en los casos en los que fuese posible. Tampoco vieron este derecho reconocido los familiares de Idrissa Diallo, el guineano de 21 años que murió bajo custodia policial en el CIE de Zona Franca de Barcelona en la Noche de Reyes de 2012. Tras seis años en los que su cuerpo ha permanecido desaparecido, y gracias a una investigación del equipo de La Directa que lo localizó en el cementerio de Montjuïc sin lápida ni identificación alguna, será por fin repatriado. Su familia jamás recibió comunicación alguna de su defunción.
Casi  300 personas  perdieron la vida intentando alcanzar las costas del sur de España en 2016, según el conteo que realizó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por las noticias publicadas. Las cifras de 2017 se prevén mucho mayores, ya que la llegada por vía marítima ha pasado de 10.200 en 2016 a 18.500 en 2017, según la Organización Internacional de las Migraciones. Sin embargo, el ostracismo es total. Se desconoce dónde se encuentran sus cuerpos, si se han intentado identificar o si se ha contactado con sus familiares en los casos en los que haya sido posible.
Mientras, la familia de Soufiane y de Mamadou siguen esperando en Melilla saber más de lo ocurrido con sus hijos y poder disponer de sus cuerpos. Ayer, tras no recibirles, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, declaró ante los medios que no tenía por qué hacerlo, dado que no tenía qué decirles ni sabía si eran quienes decían ser. “Para que vengan a llevarse un cadáver, que hubieran venido a llevarse a su hijo (…) Era un niño de la calle y tenía problemas de adicción”, declaró, como recogía el martes el Faro de Melilla. En el artículo, firmado por la periodista Irene Quirante, se puede leer “Ventura opinó que si hubiera conseguido colarse en un barco para llegar a la península, hubiera continuado en situación de calle”.
Pero sus descalificaciones no se quedan ahí. También atacó a José Palazón, de la ONG Prodein, a la que tildó de “persona que no contribuye para nada a la vida de los menores, sólo los mantiene en la calle y vive de las desgracias (…) A ver si es que tiene contacto con los padres en Marruecos y nos están llegando los niños, no sé cómo”, manifestó. Según expuso, consultaría sus sospechas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Un nuevo ejemplo de la criminalización que sufren la personas y las organizaciones que defienden los derechos humanos de los y las inmigrantes en la frontera sur de España y en el Mediterráneo, como ya ha pasado con Helena Maleno, Médicos Sin Fronteras y ProActiva Open Arms.