12/08/2019
Ha pasado ya un año desde que el Colegio de Registradores remitió al Gobierno el listado de todos los bienes de los que la Iglesia católica se ha apropiado en virtud de la ley de 1998 que promovió José Mª Aznar, inspirándose a su vez en una ley franquista. Los bienes que la Iglesia ha inscrito a su nombre asciende ya a 30.000, sin que haya pasado por La Moncloa un sólo Gobierno con el coraje de evitar este saqueo... ni siquiera de publicar el listado.
La avaricia de la Iglesia no tiene límites: no sólo se ha apropiado de catedrales, iglesias o ermitas, también de cementerios, de plazas, de casas de maestros, de locales comerciales, de parcelas... incluso de fuentes y frontones... Un robo en toda regla, un saqueo legalizado por el Partido Popular (PP) y consentido por el PSOE, que siempre ha sido tan servil a la Iglesia como los populares.
La presión contra estas apropiaciones está creciendo gracias a la labor de colectivos como la Coordinadora Recuperando, cuyo objetivo es detener estar sangría de patrimonio público que va a parar al agujero negro de la Iglesia católica, que se enriquece explotando bienes como la Mezquita de Córdoba. Esa Iglesia vil que disfruta cómo unas Administraciones cobardes permiten que sean nuestros impuestos los que financien las rehabilitaciones de muchos de esos edificios y que los beneficios de ellas sólo lleguen a la Iglesia.
Esta es una prueba más de la mezquindad de ese grupo de poder. No se puede hablar de las dos caras de la Iglesia , intentando hablar de una lado bueno (el que siempre se asocia a Cáritas) y otro malo, con esta avaricia material que la condena al más profundo de los infiernos, según sus propias directrices. Y no se puede, sencillamente, porque las malas prácticas son tan deleznables que terminan por dominarlo todo. No hay acción lo suficientemente buena que consiga hacer menos nauseabundo el comportamiento de la Iglesia, que se enriquece a costa de todas y todos, que amasa fortunas que no llegan a quienes más lo necesitan.
Querer justificar estas más de 30.000 inmatriculaciones indebidas es ponerse del lado del saqueo. En lo que al Gobierno se refiere, no pararlo, no publicar el listado para que se abra la veda a los pleitos que reclamarán legítimamente la recuperación de todo ese patrominio, es volver a arrodillarse ante una Iglesia que tanto daño ha hecho históricamente a la democracia española
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