En los últimos días, el precio de la luz ha levantado una intensa polvareda a nivel político y social, generando con ello una mayor confusión entre la opinión pública sobre una materia que ya de por sí es muy compleja. En primer lugar, el Gobierno incumplió su promesa de cubrir el déficit de tarifa generado en 2013 -unos 3.600 millones de euros- mediante los Presupuestos Generales del Estado para evitar desviarse del objetivo de déficit público fijado por Bruselas.
Como consecuencia de esta decisión, el Ministerio de Industria anunció que elevaría los peajes de acceso (la parte regulada del recibo que fija el Gobierno), lo cual se traducirá en una subida de la luz de entre un 1% y un 2% para el consumidor final, pese a que el responsable de este departamento, José Manuel Soria, afirmó lo contrario pocos días antes.
Pero este particular revuelo alcanzó su cénit el jueves, cuando la subasta eléctrica (la parte del recibo que depende del mercado) se zanjó con una subida de casi el 30%, lo cual, trasladado al recibo final, supondría para familias y empresas un encarecimiento superior al 10% a partir de enero, causando con ello un considerable alarmismo social y mediático.
El mensaje del Gobierno
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), regulador controlado por el poder político, decidió en la madrugada de este viernes invalidar el resultado de la subasta, empleando como argumento la "concurrencia de circunstancias atípicas" que, hoy por hoy, todavía no ha precisado.
Cabe recordar que nada más conocerse la subasta, Gobierno, PP y la inmensa mayoría de partidos políticos apuntaron a una supuesta manipulación orquestada por las eléctricas para elevar de forma artificial el precio de la luz. Empresas y expertos del sector, por el contrario, han negado de forma rotunda tal acusación. Pero, más allá de quién tenga o no razón, la cuestión es que Industria ya ha anulado la polémica subida y ahora trabaja en la elaboración de un nuevo mecanismo "alternativo" al de la subasta para determinar el precio de la energía en el mercado mayorista.
Así pues, la posición del Gobierno -y del poder político, en general- es evidente: el brusco encarecimiento que pretende imponer el mercado es "inaceptable" y, por tanto, el Estado debe intervenir para poner orden. Pero lo que no dice el Ejecutivo es que los españoles soportan hoy una de las facturas eléctricas más caras de la UE debido, precisamente, a ese mismo intervencionismo público.
El propio Ministerio de Industria admite que se ha disparado algo más de un 80% desde 2004. Sin embargo, este aumento no se debe a los precios del mercado sino a los costes regulados, cuya evolución depende del Gobierno. La factura de la luz -excluyendo impuestos- se divide en dos grandes bloques:
- Precio libre (coste de la energía): lo que le cuesta la electricidad a la empresa que nos la vende (subastas en el mercado mayorista).
- Precio regulado (peaje de acceso): refleja el coste de acceder a las redes, y su precio lo fija arbitrariamente el Gobierno de turno. Aquí se debería incluir el coste total que supone transportar y distribuir la energía (actividades reguladas por el Estado), pero también abarca el coste de la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración, así como la financiación del déficit de tarifa de años previos.
La subasta refleja poco más del 40% del coste
La polémica subasta del jueves se encuadra en el precio libre, y pesa algo más de un 40% en la factura, siempre y cuando se excluyan impuestos. En concreto, este mecanismo, llamado CESUR, refleja el coste de la energía que tienen que pagar los clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), unos 18 millones de consumidores en España (familias y pymes), y se celebra cada tres meses.
El mercado mayorista fijó un precio de 6,18 céntimos de euro por KWh para el período que va de enero a marzo, casi un 30% más que el presente trimestre, pero como este coste supone poco más del 40% de la factura, una vez realizados los ajustes pertinentes, se traduciría en un encarecimiento del 10,5% para el consumidor final.
¿Mucho o poco? Mucho si se compara con el precio vigente este trimestre, pero poco si se amplía la perspectiva temporal. Lo cierto es que el precio libre de la energía, es decir, el que depende directamente del mercado, se ha mantenido más o menos estable a lo largo de la última década. El precio libre de la energía es prácticamente el mismo que en 2004. De hecho, tal y como recuerda Juan Ramón Rallo, el precio de la polémica subasta es un 15% inferior en términos nominales (casi 25% en términos reales si se descuanta la inflación) al que se alcanzó en el tercer trimestre de 2008, y hasta un 7% inferior en términos reales al precio medio del mercado diario de generación eléctrica de todo 2005. Dicho de otro modo, el precio libre no ha subido en los últimos años.
Por tanto, la subida de la factura ha de buscarse en la parte que depende del Gobierno, los costes regulados, cuya peso en la factura -sin impuestos- es algo inferior al 60%. Su evolución no deja lugar a dudas: los costes eléctricos que dependen del Gobierno se han triplicado desde 2004, hasta rondar los 21.000 millones de euros en 2012.
Pese a ello, los políticos se han negado a trasladar todos estos costes al recibo que pagan los consumidores, ya que subir la luz es impopular -resta votos-. Así, mientras dichos costes se triplicaban, los peajes de acceso (la parte del recibo que fija el Gobierno) también subían, pero en menor medida -casi se han duplicado desde 2004-.
La diferencia entre costes regulados y peajes de acceso es lo que se conoce como déficit de tarifa, cuya cuantía no ha dejado de crecer en la última década -rondará los 30.000 millones de euros al cierre de 2013-. Es decir, los españoles pagan uno de los recibos más caros de la UE y, aún así, no cubre el coste real de producir electricidad en España.
Así pues, el encarecimiento del recibo final de la luz se debe a la parte regulada -dependiente del Gobierno, no del mercado-. Y, más concretamente, a la burbuja de las renovables, tal y como refleja el siguiente cuadro -las subvenciones a la cogeneración y energías renovables han crecido un 600% desde 2004-.
Y a todo ello hay que sumarle los correspondientes impuestos. El siguiente gráfico resume cómo se desglosa la factura eléctrica final en España, incluyendo impuestos: el coste de la energía en el mercado (subastas CESUR), eliminando primas y subvenciones, asciende a cerca del 35% de la factura total; casi el 22% corresponde a primas verdes y subvenciones; el 20% a impuestos (IVA y tasas eléctricas); el 12,8% a distribución (llevar la energía a los consumidores); 3,7%, al transporte (líneas de alta tensión que conducen la electricidad desde las centrales hasta el entorno de las poblaciones); y el 6,6% restante a otras cargas (costes extrapeninsulares, servicio de interrumpibilidad, etc.).
Es decir, el 35% de la factura total es la que depende directamente del mercado, y el 65% restante del poder político -si se suman también los impuestos-. De este modo, eliminando tales costes políticos, la factura bajaría hasta un 65%. Pese a ello, cabe recordar que dentro de la parte regulada también se incluye la distribución y el transporte, que, siendo actividades ligadas a la generación de electricidad, están bajo el control directo del Estado en cuanto a su desarrollo y su retribución. Aún en el caso de incluirlos como actividades asociadas al mercado, dando por válidos sus actuales costes intervenidos, el precio de producir electricidad apenas ascendería al 52% del recibo total o, lo que es lo mismo, eliminando todo atisbo de intervención pública, la luz que pagan familias y empresas bajaría, como mínimo, un 50%.
Por último, cabe destacar que el precio libre de la energía no sólo se ha mantenido estable en la última década sino que, además, su peso en la factura eléctrica ha ido descendiendo de forma progresiva, conforme aumentaban la cuantía de los costes regulados, pasando del 54% al 35% en los últimos años.
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