Como se persigue a los medios comunitarios en España

22-03-2018 


El Gobierno ha sido denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero los grandes medios comerciales lo han silenciado.

Como se persigue a los medios comunitarios en España



Rebelión

A raíz de la denuncia contra el Gobierno español ante Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su incumplimiento de la ley que lo obliga a regular el otorgamiento de licencias de radio y televisión a medios comunitarios el periodista Pascual Serrano señala en su blog ‘otrasmiradas” que “Los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados (sobre todo en función de su afinidad ideológica), pero han ido conteniendo a los medios comunitarios, sabedores de que en ellos podía encontrarse la línea colectiva y periodística más crítica y más difícilmente manejable.

El desprecio es tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010 donde se les da reconocimiento, se aclara que “salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica”.
Es decir, los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Es debido a ese límite de facturación que no pueden generar empleo, de hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.

Vale la pena contrastar esta situación con la legislada en esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados tanto han presentado como depredadores de la libertad de expresión. En países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios: un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales y otro tercio para los colectivos comunitarios. Estos últimos, en un amplio espectro que incluye grupos indígenas, sindicales, vecinales… contaban, además, con gran cantidad de recursos públicos que iban desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.

La gran mayoría de esos medios comunitarios, con una calidad técnica muy dispar, han proporcionado a la ciudadanía un lugar donde expresarse, una visión de los acontecimientos diferente a las líneas comerciales de los privados y una independencia del gobierno que ha sido reconocida por la sociedad.

Mientras tanto, en España, los medios comunitarios, quienes representan, con sus limitaciones pero también con su grandeza, la vitalidad de una sociedad organizada y preocupada por la información han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena son televisiones. En ellos, unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.

Ahora el gobierno español tiene seis meses para responder al requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estén tranquilos, la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan las licencias, no nos contaran lo que vaya sucediendo.

Leer: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13013/sabias-que-la-onu-investiga-a-espana-por-negar-la-legalizacion-a-200-medios-de-comunicacion/